0370/2019-S2

Texto de la resolucion

VOTO DISIDENTE DE LA SCP 0370/2019-S2 Sucre, 12 de junio de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad

Expediente: 26998-2018-54-AL Departamento: La Paz Partes: Cristian Marcelo Alanes Flores en representación sin mandato de Lilian Katushya Tirado Terrazas contra Víctor Luis Guaqui Condori y Ana María Villa Gómez Oña, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Dina Jenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA

La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la SCP 0370/2019-S2 de 12 de junio, que confirmó la Resolución 035/2018 de 29 de noviembre, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz -constituido en Tribunal de garantías- y denegó la tutela impetrada.

En todo caso, considera que correspondía CONFIRMAR la referida Resolución Constitucional; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada; empero, debió ingresar al análisis del fondo de la problemática planteada, sobre la base de los siguientes fundamentos jurídicos y términos dispositivos:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA

El accionante alega que se lesionó sus derechos al debido proceso vinculado a su libertad, al acceso a la justicia, y los principios de tipicidad, legalidad, presunción de inocencia, excepcionalidad de la restricción de la libertad y seguridad jurídica; por cuanto, la Jueza demandada, no fundamentó ni motivo la Resolución 175/2018 de 24 de mayo, que dispuso su detención preventiva, que fue apelada y conocida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 215/2018 de 11 de julio, resolución de segunda instancia que enerva algunos riesgos procesales, pero con una falta de fundamentación e inexistencia de prueba mantiene firmes y subsistentes los numerales 1 y 2 del art. 235 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que, pide se conceda la tutela, se deje sin efecto la Resolución 175/2018; el Auto de Vista 215/2018; y, se restituya su derecho a la libertad.

II.1. El debido proceso vía acción de libertad con relación al estándar jurisprudencial más alto

Este Despacho en los votos disidentes correspondientes a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0040/2018-S2 de 6 de marzo y 0204/2018-S2 de 22 de mayo, entre otros, dejó establecido que:

El debido proceso es una garantía procesal que busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana, a los derechos y garantías constitucionales, dentro de cualquier tipo de proceso, entendido éste como "...aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto..."1.

En el proceso penal, que es el medio por el cual se investigan hechos delictivos -para garantizar el resultado del mismo y su acervo probatorio-, se permite establecer algunas restricciones a la libertad del procesado, dentro de ciertos límites previamente establecidos por la ley y sobre la base del principio de proporcionalidad, teniendo siempre en cuenta, el respeto del derecho a la libertad a partir del principio de presunción de inocencia. Ello justificó que se hayan establecido, para el proceso penal, una serie de garantías más amplias que para otro tipo de procesos en los que por su propia naturaleza, no le serían aplicables.

En ese sentido, el tratamiento que la Convención Americana sobre Derechos Humanos le da al debido proceso, está contemplado fundamentalmente en su art. 8, que desarrolla algunos principios del debido proceso penal asumidos por los sistemas penales y procesales penales actualmente en vigencia. Dichos principios apuntan hacia un garantismo del ciudadano frente a un poder casi ilimitado y más fuerte que él, el del Estado que realiza la función de investigar los actos que afectan la normal y armónica convivencia social. Siendo por ello, necesaria la existencia de un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado, donde las garantías procesales adquieran sentido y actualidad, al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia de reglas en la investigación policial y judicial, en las que queden de lado los intereses del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia.

Existe una estrecha relación entre los derechos humanos y el proceso penal que se genera en la propia naturaleza de este tipo de proceso, donde se compromete la libertad personal del imputado. Como aspectos generales, el derecho de defensa en materia penal, debe ser no solo formal, sino también material; es decir, ejercido de hecho, plena y eficazmente, lo cual implica además, el derecho de hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa, sin exponerse a sanción ni censura algunas, por ese ejercicio.

Las exigencias del principio del debido proceso se extreman en el campo del proceso penal, en el cual se manifiestan, entre otros, los principios de legalidad, de juez natural, de inocencia, in dubio pro reo, de doble instancia y los derechos de defensa en sí, a una sentencia justa, a la cosa juzgada, a la valoración razonable de la prueba, a la fundamentación de las resoluciones, etc.

Ahora bien, ante la lesión de los elementos que componen la garantía del debido proceso, es posible acudir a la justicia constitucional, a través de las acciones de defensa, denunciando el acto ilegal lesivo de dicha garantía; sin embargo, respecto a qué acción de defensa es la idónea para su tutela, no existe unanimidad de criterios en la jurisprudencia constitucional, en especial en cuanto a su protección a través de la acción de libertad.

Efectivamente, sobre la protección del debido proceso vía acción de libertad, cabe mencionar como antecedente a la SC 024/2001-R de 16 de enero2, la cual estableció que la protección al debido proceso a través del entonces recurso de habeas corpus, era viable solamente en aquellos casos en los cuales exista directa causalidad con la libertad personal o de locomoción; es decir, cuando los actos u omisiones denunciados sean la causa directa para la restricción o supresión del derecho a la libertad.