0371/2023-S1

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo:

1. a)Se ordene a Rolando Severo Soliz Plata, Juez del Juzgado Público Civil y Comercial Quinto de El Alto del departamento de La Paz, cumpla las medidas cautelares ordenadas por sus similares Doceavo de la citada ciudad y departamento, y tercero de la Capital del mismo departamento;
2. b)Se restituya la posesión del inmueble y los muebles de la fábrica; y,
3. c)Se remita a la instancia disciplinaria a los funcionarios demandados.

Los accionantes por intermedio de su abogado, ratificaron los argumentos de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándola manifestaron que:

1. 1)La Resolución 733/2021 de 9 de julio, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Doceavo de El Alto del citado departamento, dispuso la prohibición de innovar sobre el bien inmueble objeto de la litis, nombrando a un interventor administrativo que entre sus funciones estaba garantizar la continuidad del funcionamiento de la empresa;
2. 2)En el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de La Paz, se dictó un Auto Interlocutorio que estableció también la prohibición de innovar, estando identificados como sujetos procesales el Banco de Desarrollo Productivo y el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); por lo que, el mandamiento de desapoderamiento no podía ser ejecutado mientras no se hubiese dictado una sentencia firme en las causas descritas;
3. 3)En su condición de trabajadores de HILTRABOL, su pretensión está vinculada a la protección de sus derechos laborales y pese a no ser parte del proceso civil, hicieron conocer mediante actos de comunicación a la autoridad judicial demandada e incluso, los Jueces antes mencionados, también le hicieron llegar oficios al prenombrado y al Comando Nacional de la Policía Boliviana, a fin de evitar que se consume el desapoderamiento; empero, desobedeció los mandatos de sus similares, asumiendo una conducta abusiva que devino en medidas de hecho; y,
4. 4)La Oficial de Diligencias codemandada de forma arbitraria les ha desprovisto de sus herramientas y maquinaria de trabajo, impidiendo que puedan ejercer la actividad de la hilandería, excediendo el mandato de desapoderamiento, considerando que la causa principal emerge por un acuerdo conciliatorio que realizó la distinción entre bienes muebles e inmuebles, y no le alcanzaba a estos últimos; por lo que, solicitaron se conceda la tutela pedida.

Ante la consulta de los Vocales Constitucionales, respondieron que:

1. i)No pueden observar la subsidiariedad al no formar parte del proceso ordinario, sustanciado ante el Juez demandado, al no ostentar ningún tipo de legitimación, debiendo tomarse en cuenta que las medidas cautelares son autosuficientes; es decir, basta su emisión para que sean obedecidas;
2. ii)Sobre la representación de la Directiva, son las personas que fueron citadas como terceros interesados en la presente acción de defensa;
3. iii)El proceso que se sustancia ante el Juez Público Civil y Comercial Doceavo de El Alto del departamento de La Paz, si bien fue admitida y formalizada la demanda, se encuentra para sentencia y señalamiento de audiencia preliminar;
4. iv)El Juzgado de Trabajo Primero de la citada ciudad y departamento, mediante Sentencia 76/2009 de 9 de diciembre, ejecutoriada y en compensación de los beneficios sociales por tantos años trabajados, les otorgaron el 50% de la propiedad de las maquinarias, así como los predios, de ahí emerge la vinculación directa y su interés legítimo en esta acción de amparo constitucional, decisión que fue confirmada mediante la Resolución 077/12 SSA-1, que fue ejecutoriada el 10 de agosto de 2012, al no haber sido recurrida en casación;
5. v)Las medidas cautelares tienen como base el principio de autosuficiencia; empero, acudieron a muchas instancias de reclamaciones, medios de prensa, gestores de desapoderamiento, incluso el Comando Policial, que devolvieron el primer mandamiento de desapoderamiento, explicándole al Juez demandado que existe un interventor y prohibición de innovación;
6. vi)El 50% de la maquinaria fue dada en calidad de beneficios sociales y el otro 50% fue para el Banco de Desarrollo Productivo; en consecuencia, no cedieron ni trasladaron su derecho propietario a Víctor Ramiro Gutiérrez Siles; pues, si hubiese ingresado a trabajar el 2015 como señaló, ya debió subrogarse la deuda del Banco de Desarrollo Productivo, pero como no sucedió, el inmueble se encuentra en remate en favor de la referida entidad estatal bancaria, de igual forma, la Gerencia GRACO del SIN, instauró acciones de cobro coactivo de las deudas impositivas;
7. vii)En el acta de constitución de HILOBONITO los bienes muebles no están declarados como su patrimonio, no pudiendo ser registrados en FUNDEMPRESA; por consiguiente, siguen siendo de su titularidad; y,
8. viii)Se negaron rotundamente que a través de sus personeros suscribieron un convenio con Víctor Ramiro Gutiérrez Siles, que genere o vincule el desprendimiento de ese patrimonio, convenio que ni siquiera establece el pago de un precio; empero, si existe una colusión de ex dirigentes con el prenombrado, a efectos de aparentar esa disposición que nunca sucedió.

Rolando Severo Soliz Plata, Juez Público Civil y Comercial Quinto de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 2 de marzo de 2022, cursante de fs. 146 a 147 vta., señaló que:

1. a)El proceso caratulado HILBOCRIL S.R.L. contra HILTRABOL S.A., emerge por un acuerdo conciliatorio, suscrito entre partes, que ante su incumplimiento solicitaron la entrega del bien inmueble, dictándose la Sentencia Inicial de Resolución 321/2019, que declaró probada la demanda monitoria sobre entrega del bien, y ante la interposición de excepciones se pronunció la Sentencia - Definitiva Resolución 31/2021, que fue confirmada por Auto de Vista 259/2021, dictaminada por la Sala Civil Tercera del departamento de La Paz; en mérito a ello, en ejecución de sentencia, se ordenó el mandamiento de desapoderamiento y ante el no cumplimiento voluntario se libró el mismo con facultades de allanamiento con ruptura de chapas y candados;
2. b)Respecto a la prohibición de innovar dispuesta por dos Jueces en materia Civil y Comercial, ello recae en la propiedad y titularidad del referido bien inmueble; empero, el desapoderamiento incumbe a la entrega de la posesión del mismo;
3. c)No fue cierto que los impetrantes de tutela le hicieron conocer las decisiones de los otros juzgados, sino se debió al informe presentado por el Comando de la Policía, ante lo cual emitió el Auto de 23 de noviembre de 2021, que no fue objeto de impugnación por ninguno de los sujetos procesales, quedando ejecutoriado por Auto de 2 de diciembre de 2021;
4. d)Respecto a Jaime Ricardo Ambolumbet Arancibia, durante la sustanciación de la causa, este no se apersonó como tercero interesado; asimismo, en el acta de desapoderamiento tampoco consta el nombrado; y,
5. e)Los peticionantes de tutela presentaron una primera acción de amparo constitucional, que mereció la Resolución constitucional 075/2021 de 16 de junio; por lo que, solicitó se deniegue la tutela pedida.

Víctor Ramiro Gutiérrez Siles, mediante informe presentado el 25 de febrero de 2022, cursante de fs. 323 a 324 vta., en representación de la "SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", y en audiencia a través de su abogado, señaló que:

1. 1)Tiene interés legítimo en la presente acción de defensa, al ser representante legal de la empresa HILBOCRIL TEXTILES S.R.L. y demandante dentro del proceso monitorio entre "...HILBOCRIL c/ RAMOS..." (sic), proceso en el que se hubiese cometido el acto lesivo; en ese sentido, presentó pruebas documentales que demostrarían aún se encuentran en etapa de apelación, no se dispuso la suspensión de la ejecución de sentencia;
2. 2)Afirma que no se superó la subsidiariedad; al no haberse agotado los medios administrativos ni jurisdiccionales, no pudiendo considerarse el mandamiento de desapoderamiento como medida de hecho, estando en etapa de ejecución de sentencia y atendiendo lo previsto en el art. 400 del CPC;
3. 3)Respecto a que los accionantes son trabajadores, la declaración notarial voluntaria 77/2019, señaló que "...Ramírez Susaño, Armando Mamani Poma, Edgar Ramos Quispe, declaran en la cláusula cuarta que han recurrido la mano propia para tomar la propiedad ajena en fecha 26 de noviembre de 2018, es decir, dicen ser trabajadores cuando han tomado a la fuerza margen de la ley..." (sic);
4. 4)No se cumplió con los presupuestos establecidos en la SCP 0119/2018-S2 de 11 de abril, respecto a la carga de la prueba de quienes alegan medidas de hecho;
5. 5)El proceso judicial es el medio idóneo para dirimir hechos y derechos; en ese sentido, el mandamiento de desapoderamiento librado en ejecución coactiva de sentencia, no puede ser suspendido por ninguna circunstancia, incluso si con anterioridad existiese una medida cautelar;
6. 6)Sostiene que dentro del presente caso no hay nexo causal entre la causa pretendi y el petitorio, al solicitar que la autoridad judicial demandada ordene a su similar doceavo de El Alto del departamento de La Paz, haga cumplir las medidas cautelares, debiendo entenderse como un desplazamiento de competencia; y,
7. 7)De igual forma, la segunda petición en esta acción de defensa, versa en que se les entregue la posesión del inmueble, entendiendo que ello implica el uso, goce y comportarse como propietario; por lo que, los trabajadores pretenden adueñarse de la propiedad ajena, solicitando se deniegue la tutela.

Ante las consultas de los Vocales Constitucionales, respondió que:

1. i)Luego de haber tomado posesión en el mes de enero de 2022, tomaron contacto con el Banco de Desarrollo Productivo para subrogar la deuda total, al igual que con GRACO La Paz del SIN, solicitando les otorguen un plan de pagos a treinta y seis meses; empero, no se pudo concretar ni realizar ninguna cancelación, tampoco en la gestión del interventor;
2. ii)Dentro del proceso sustanciado ante el Juez Público Civil y Comercial Doceavo de El Alto del departamento de La Paz, admitieron y formalizaron la demanda, pero aún no se notificó a la totalidad de los demandados; debido a ese retraso denunciaron ante el Consejo de la Magistratura ciertas irregularidades, causa que se encuentra radicada en el Juzgado Disciplinario, emitiéndose en esa instancia el Informe 08/2021 de 17 de enero, que sugirió la remisión de obrados al Ministerio Público;
3. iii)Afirmó que es de conocimiento público que la empresa HILBO quebró el 2008, y como no pudo pagar los beneficios sociales de los trabajadores, les dio como parte del pago el inmueble y la maquinaria; por tal motivo, estos últimos al no contar con el suficiente capital para reactivar la empresa, obtuvieron un crédito bancario, interviniendo el Banco Productivo de Desarrollo; sin embargo, volvieron a quebrar, transfiriéndole la empresa el 2015, que la denominó HILBOCRIL;
4. iv)Los bienes de HILBO, fueron transferidos a favor de HILTRABOL S.A.; es decir, la maquinaria industrial constituyó la garantía sin desplazamiento a favor del Banco de Desarrollo Productivo; entidad a la cual solicitó la subrogación de la deuda como nuevo propietario de la empresa, el bien inmueble y todo lo que está detallado en el documento de convenio de compra venta que se adjuntó en calidad de prueba; y,
5. v)Si bien la transferencia a su favor data del 2015, intentó que la empresa recupere; pero, en noviembre de 2018, fue avasallado por algunos ex trabajadores; por esa razón, instauró una demanda a fin de que prevalezcan sus derechos de la compra que hizo, causa sustanciada ante el Juez ahora demandado.