Volver a sentencias
TCP

0371/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de marzo de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0371/2026-S1

Proceso
—

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0371/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 66549-2024-134-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 113/24 de 12 de agosto de 2024, cursante de fs. 2257 a 2260 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yamil Klinsky Vásquez, Alexandre Ledezma Echeverría y Elder Alejandro Molina Meneses por sí y en representación legal de Sueli Adriana Rodríguez Chávez, Christian Mario Toranzos Caero, Alfredo Céspedes Otterburg, Jorge Enrique Ríos Martínez, Juan José Mallo Moscoso, Yves Antonio Urioste Bravo, Pablo Roberto Antelo Bazoalto y Hugo Félix Suárez Ribera contra José Antonio Revilla Martínez y Esteban Miranda Terán, ex Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante por memorial presentado el 28 de junio de 2024, cursante de fs. 2153 a 2163, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Interpusieron un proceso laboral de sueldos devengados, beneficios sociales y otros derechos laborales contra la empresa Telefónica Celular de Bolivia Sociedad Anónima (TELECEL S.A.) -ahora tercera interesada-, el cual fue radicado en el Juzgado Séptimo de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la Capital del Departamento de Santa Cruz, que emitió la Sentencia 19 de 30 de abril de 2021, declarando probada en parte la demanda por pago de beneficios sociales al evidenciar la existencia de una relación laboral de dependencia y subordinación; prestación de trabajo por cuenta ajena; y, la remuneración advertida en la modalidad de comisiones, lo cual cumplía con las exigencias legales. Ante esa determinación, la parte contraria interpuso recurso de apelación, emitiéndose el Auto de Vista 185 de 3 de noviembre de 2022, que revocó en parte la Sentencia impugnada y declaró probada en parte la demanda opuesta, reconociéndose el monto equivalente a sus derechos y beneficios sociales. Contra ese Auto de Vista la parte empleadora -hoy tercera interesada- planteó recurso de casación en la forma y en el fondo; por consiguiente, mediante , los entonces Magistrados hoy accionados casaron el referido Auto de Vista, refutado y deliberando en el fondo declararon improbada la demanda de beneficios sociales, arguyendo que debía ser considerado el Contrato de Comisión Comercial y Licencia de uso de marca que se suscribió con la empresa ahora tercera interesada, cursante de "fs. 720 a 781" del expediente, del cual se estableció que no existía relación de dependencia ni de subordinación del comisionista con la empresa comitente ni la prestación de trabajo por cuenta ajena, porque el comisionista desarrolla una actividad propia y sujeta al pago de comisiones, tampoco existía -según dichos Magistrados hoy accionados- una percepción de salario o remuneración; puesto que, en la Cláusula Octava del contrato, el comitente reconoció en favor del comisionista el pago de una comisión. Por consiguiente, los Magistrados ahora accionados concluyeron que no se aportó ningún elemento de prueba que lleve a presumir que se hubiese establecido una relación laboral aparente ni la dependencia a un empleador, ni que se hubiese realizado alguna tarea o trabajo por cuenta ajena en beneficio de un tercero o que se percibió un salario o remuneración, cualquiera que fuera la manera en la que se hubiese producido. Además, los Magistrados hoy accionados señalaron que quedó demostrada la relación comercial por los contratos existentes y que no quedaba duda de que se trató de una relación civil-comercial de conformidad al art. 4 del Código de Comercio (CCom) y no de una relación de dependencia laboral.

Los Magistrados ahora accionados no consideraron que para determinar la existencia de una relación laboral priman los hechos sobre lo determinado por acuerdo de partes; es decir, el principio de la primacía de la realidad que deriva de la obligación de las autoridades judiciales de llegar a la verdad material; puesto que, en el presente caso, de acuerdo al Informe de "fs. 31 a 33" -Informe de Inspección Laboral JDTSC/INS/WHCS de 15 de julio de 2011-, el Inspector de Trabajo de la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, ingresó en las oficinas de la empresa hoy tercera interesada y advirtió que, sus personas en calidad de free lance se encontraban utilizando instalaciones, mobiliarios y equipos de computación de TELECEL S.A.; y, la emisión de órdenes de personal jerárquico sobre ellos. Hechos que también se observan en la Resolución Ministerial (RM) 117/12 de 27 de febrero de 2012, de "fs. 77 a 79 vta."; asimismo, la verificación in situ efectuada por dicho funcionario no fue cuestionada ni tampoco impugnada por la empresa hoy tercera interesada; por lo tanto, lo actuado por el señalado Ministerio se constituye en prueba sobre el desarrollo de la relación laboral, habiéndose valorado correctamente esa prueba por parte del Juez de primera instancia, quien de acuerdo a lo previsto por el art. 158 del Código Procesal del Trabajo (CPT), no se encuentra sujeto a la "tarifa" legal de la prueba, habiendo formado libremente su convencimiento bajo los principios de la sana crítica y atendiendo a las circunstancias relevantes de la causa; asimismo, el art. 159 del mismo Código determina que los informes son documentos.

En virtud al principio de verdad material y primacía de la realidad, se probó que el objeto de la contratación de como free lance fue para la oferta, promoción y venta de teléfonos celulares, conexiones de líneas, tarjetas prepago, entre otros; es decir, que realizaban tareas permanentes, continuas y propias del giro habitual de TELECEL S.A. -empresa hoy tercera interesada-; ya que, esa empresa lucra y subsiste en el mercado por la venta de esos servicios y productos.

En conclusión, la supuesta contratación civil-comercial en tareas propias y habituales de la empresa hoy tercera interesada contravino -el art. 2 de- la RM 108/10 de 23 de febrero de 2010, que prohíbe la subcontratación en dichas tareas. Asimismo, el art. 5 del Decreto Supremo (DS) 0521 de 26 de mayo de 2010, dispone que los empleadores que contraten personal mediante otras empresas para tareas propias y permanentes de su actividad, son responsables de las obligaciones socio laborales y de los aportes a la Seguridad Social. De la misma manera, los arts. 1, 2 inc. a) y 4 del mismo Decreto Supremo, establecen que toda figura contractual no laboral que encubra una relación con características laborales, será considerada como una relación de trabajo con todos sus efectos, lo cual concuerda con lo previsto por el art. 5 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, que establece que cualquier forma de contrato comercial o civil que encubra una relación laboral no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo primar el principio de la realidad respecto a la relación aparente.

La prueba documental de "fs. 39 a 72"; y, "fs. 1726 a 1742" demuestran que sus personas -accionantes- percibían abonos de sueldos en sus cuentas personales, remuneración que es propia de las relaciones laborales y no civiles o comerciales, siendo que el pago en concepto de salarios se mantuvo vigente o de manera indefinida durante los años de vigencia de la relación laboral, lo que evidencia que el pago por servicios prestados fue por concepto de salario, configurándose de esa manera una de las características esenciales de la relación laboral conforme al art. 2 del DS 28699. En ese sentido, se probó indubitablemente la relación laboral con la empresa tercera interesada, de subordinación y dependencia, trabajo por cuenta ajena y remuneración según lo previsto en los arts. 1 del DS 23570 de 26 de julio de 1996 y 2 del DS 28699.

El AS 580-1, transgredió el art. 14.III de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece el libre y eficaz ejercicio de los derechos; puesto que, casó el Auto de Vista 185, vulnerando los derechos al debido proceso, a la "seguridad jurídica" y a la defensa; asimismo, vulneró el parágrafo IV de dicho artículo y el art. 115 de la CPE, al pretender obligarlos a aceptar lo que la Norma Suprema y las leyes no mandan; es decir, un Auto Supremo incongruente, sin fundamentación debida y que desconoce los precitados derechos; además, del derecho de acceso a la justicia.

Asimismo, el AS 580-1, vulneró el principio de legalidad al negar ilegalmente resolver el fondo de la impugnación planteada en recurso de casación, y también, es contrario a la "reserva legal" al vulnerar derechos y garantías fundamentales, pretendiendo estar por encima de la ley, por fundarse en criterios ilegales y falsos, transgrediendo al mismo tiempo el principio, fin y derecho a la seguridad jurídica que garantiza que las autoridades y los particulares al ejercer sus funciones se enmarquen en la norma y respeten los límites impuestos previamente en beneficio de la certitud colectiva.

El AS 580-1, vulneró el principio de la carga probatoria, al no valorar los medios de prueba que demuestran de manera indubitable y fehaciente la existencia de la relación laboral, misma que fue propuesta por sus personas -accionantes-, cuando el deber de inversión de la carga probatoria, conforme a los arts. 3 inc. h) y 150 del CPT y 48.II de la CPE, correspondía a la empresa ahora tercera interesada.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, -en audiencia se añadió también como vulnerado el elemento de motivación- y congruencia, a la defensa, de acceso a la justicia; y, los principios de primacía de la realidad, de verdad material, de seguridad jurídica, de legalidad y "reserva legal" y de la carga probatoria; citando al efecto los arts. 14.III y IV, 48.II y 115 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga, dejar sin efecto el , y se emita un nuevo auto supremo.

Mostrando 21 de 104 parrafos.

Lee el fallo completo con Pixi Lector

Estás viendo aproximadamente el primer 20% del fallo. Activa Pixi Lector para acceder al texto íntegro y al PDF original completo.

Bs. 20/mesPixi Lector

  • Texto íntegro de las sentencias del TCP y TSJ
  • PDF oficial de cada resolución, listo para descargar
  • Citas listas para usar en tus escritos

¿Necesitas también el asistente IA? Compara todos los planes

Tribunal Constitucional Plurinacional19 de marzo de 20260371/2026-S1Fuente oficial