Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0371/2026-S3 Sucre, 8 de abril de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 51222-2022-103-AL Departamento: Beni
En revisión la Resolución 09/2022 de 14 de octubre, cursante de fs. 290 a 297 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Pedro Salas Arteaga contra Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 12 de octubre de 2022, cursante de fs. 259 a 268 vta., el accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso investigativo seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el 8 de junio de 2022, peticionó la cesación de la medida cautelar de detención preventiva adjuntando nuevos elementos de convicción consistentes en un dictamen pericial psicológico y documentos de trabajo, que fue resuelto por Auto Interlocutorio 33/2022 de 22 de junio, disponiendo la cesación de la medida extrema debido a una correcta valoración del certificado de trabajo a futuro y otros documentos que acreditaron que su empleador es ganadero y cuenta con derecho propietario de la propiedad ganadera Jurutungo; con relación al art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP) presentó un dictamen pericial, el cual establece que no es una persona peligrosa para la sociedad o víctima, que no tiene conducta impulsiva o peligrosa, gozando de buen estado biopsicosocial, sin signos de depresión, ansiedad o trastorno mental o conductas que lo hagan proclive al consumo de sustancias controladas; adjuntando además, jurisprudencia en sentido que para determinar este riesgo procesal no es suficiente tomar en cuenta la gravedad del delito, sino que deben considerarse los antecedentes personales del imputado, a cuyo efecto presentó certificado negativo del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), como tampoco existió un informe policial que establezca que su persona es un peligro para la sociedad.
La decisión del juez a quo fue apelada por el Ministerio Público, alegando que el contrato no cumpliría con lo establecido por la Ley General del Trabajo al no contar el empleador con el Número de Identificación Tributaria (NIT) y Registro Obligatorio de Empleadores (ROE); respecto al art. 234.7 del CPP la Fiscalía argumentó que, no se hubiese presentado documentación que enerve este riesgo procesal.
La referida apelación incidental fue resuelta por el Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -demandado- mediante Auto de Vista 240/2022 de 30 de septiembre, revocando el Auto Interlocutorio impugnado, bajo el argumento que, si bien, el contrato cumplía con las formalidades legales, no obstante, el empleador no tenía NIT, ROE, el visado de la inspectoría del trabajo ni registro de Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA), para identificar si la empresa estaba constituida legalmente; por lo que, era insuficiente para enervar dicho riesgo procesal contraviniendo lo dispuesto por el art. 231 bis pár. V del adjetivo penal, referido a que los riesgos deben ser demostrados por quien imputa o acusa, así como, lo previsto por la parte in fine del art. 234 del citado código; en ese sentido, la valoración debe realizarse atendiendo la situación socioeconómica del imputado.
Con relación al art. 234.7 del CPP, en su elemento peligro para la sociedad, la autoridad demandada argumentó que el juez de primera instancia no realizó una valoración objetiva y congruente; ya que, no aplicó lo señalado por el art. 362 del Adjetivo Penal, referido al principio de congruencia, al no guardar relación entre lo que se decide y "...lo que se va a tomar para dictar el fallo..." (sic), entre otros argumentos.
Como se puede advertir, el fallo de alzada le obligó directamente a tener que "...cumplir una sentencia de culpabilidad anticipada..." (sic), cuando su participación en el supuesto delito acusado será considerado dentro del juicio oral, lesionando además la presunción de inocencia porque no existe margen para que pueda demostrar con nuevos elementos que no es un peligro para la sociedad; toda vez que, según el Auto de Vista 240/2022 el peritaje psicológico y el REJAP son insuficientes, esto tomando en cuenta que el juez de instrucción penal estableció los riesgos procesales con base en una Sentencia Constitucional Plurinacional que ya fue modulada; asimismo, se vulneró sus derechos fundamentales al exigir que su persona presente ROE y NIT, contraviniendo la parte in fine del art. 234 del CPP, que establece: "...no está obligada incluso a presentar contrato formal.." (sic); no obstante, se presentó documentación que acreditó la existencia real de la propiedad donde desempeñaría funciones como administrador; pero no fueron valoradas conforme a derecho. Exigencias contrarias a la ley; ya que, de acuerdo con la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- no es vinculante para el imputado "...presentar más allá de las referencias del trabajo..." (sic), de existir duda, el Ministerio Público tiene facultades investigativas para determinar si existe dicho trabajo; de igual manera, la autoridad demandada insiste que la gravedad del delito es una vertiente para considerar el peligro efectivo para la sociedad; aspecto sobre el cual, se mencionó lo señalado por la , que da razonabilidad a todo lo señalado de su parte, pero no se consideró la documentación presentada; ya que, la peligrosidad "...no puede ser sometida a elementos subjetivos como es la GRAVEDAD DEL DELITO..." (sic), y al carecer de antecedentes daría certeza a la presunción de inocencia; jurisprudencia aplicable al caso por ser análogo al señalar que: "...el delito de tráfico de sustancias controladas es un peligro efectivo para la sociedad por ser atentatorio a los sectores más vulnerables (...); sin embargo no es razonable que por el solo hecho de que el imputado se encuentra procesado por ese ilícito sea necesariamente un peligro para la sociedad..." (sic), más aún si el legislador no consideró la gravedad del delito para medir el riesgo procesal.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de su derecho a la libertad vinculado, al debido proceso en su vertiente de legalidad y presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 15.I, 22, 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga su inmediata libertad, en audiencia impetró se deje sin efecto "...la orden de detención preventiva ya ordenada y ejecutada por las autoridades competentes y que se disponga la libertad inmediata" (sic).
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
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