Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0373/2019-S3 Sucre, 31 de julio de 2019
SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de amparo constitucional
Expediente: 27862-2019-56-AAC Departamento: Tarija
En revisión la Resolución de 26 de febrero de 2019, cursante de fs. 756 a 770 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Julio César Gonzales Padilla contra Olvis Eguez Oliva y Edwin Aguayo Arando, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 19 y 27 de noviembre de 2018, cursantes de fs. 449 a 460 vta.; y, 483 y vta., el accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Juan Tomás Hoyos en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de homicidio, el hecho sucedió el 9 de febrero de 2008, y el inicio de las investigaciones al siguiente día; posteriormente, la investigación y querella fueron ampliadas, pero no por su causa, por lo que se emitió Sentencia absolutoria en su favor, misma que fue casada en dos oportunidades, encontrándose con un nuevo recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, como efecto de un Auto de Vista que inusitadamente modificó la Sentencia condenándole por el delito mencionado.
En ese antecedente, siendo que por el lapso de tiempo transcurrido, por causas ajenas a su voluntad y a la de su defensa técnica, se encuentra sometido a persecución penal por más de diez años, por lo que planteó excepción de extinción de la acción penal por prescripción, conforme a los arts. 27.8 y ss.; y, 314 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 115, 116, 178, 180 y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 29 inc. a) y 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 14 de la "Declaración" -siendo lo correcto Pacto Internacional- de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), acompañando prueba documental idónea, misma que fue tramitada por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia que pronunció el , declarando infundada su pretensión.
El fallo hoy impugnado, refirió que:
- a)El peticionante indicó que el plazo de la prescripción comenzó a correr desde el 9 de febrero de 2008, haciendo alusión al certificado médico forense; sin embargo, no señaló si emerge de una prueba que curse en antecedentes, es parte del proceso, o fue prueba introducida al juicio que fuera parte del análisis de la Sentencia, para fijar con precisión las circunstancias del hecho y la fecha del mismo, inobservando el deber de cumplir con la carga argumentativa y probatoria requerida para esa excepción, y exponer todos los presupuestos que hacen a la demostración indubitable del transcurso del tiempo;
- b)En relación a que no se encontraría inmerso dentro de las previsiones de los arts. 31 y 32 del CPP; es decir, que no fue declarado rebelde ni incurrió en la adecuación de algunas de las cuatro causales del citado precepto normativo, el excepcionista soslayó el deber de exponer fundadamente de qué modo se produjo la extinción de la acción penal por prescripción, pues no demostró objetivamente que no concurrieron, y si bien en el punto "V PRUEBA" de su recurso, ofreció cuatro documentos, no realizó la relación que estos tienen con sus argumentos, no se adjuntó prueba idónea y pertinente conforme exige el art. 314 del mismo Código;
- c)Quedó claro que el impetrante no adjuntó alguna literal que acredite o evidencia los extremos mencionados respecto a que no incurrió en las causales de suspensión previstas en el art. 32 del mencionado Código; y,
- d)Concluyendo que al no existir ofrecimiento de prueba idónea y pertinente que respalde lo solicitado al exponer de manera simple actuados sin el sustento probatorio, no corresponde sean analizados a tiempo de resolver la excepción aludida, pues no pueden subsanarse las falencias en las que incurrió.
Las autoridades ahora demandadas, recurren a argumentos poco serios, ya que, ante la incuestionable realidad de encontrarse perseguido por un lapso mucho mayor al permitido, incluso para la peor hipótesis acusatoria, realizan interpretaciones irrazonables, pues exigen la procedencia de las pruebas y/o extrañan una supuesta relación de las mismas, aspectos que no están previstos por ninguna norma, como requisito esencial, vulnerando la garantía de reserva legal, al ser obvio que la denuncia corresponde a su caso, al tratarse de los mismo hechos, objeto y partes. Por otro lado, sostuvieron además que no expuso fundadamente la forma en la que se produjo la extinción; sin embargo, se realizó la explicación, constando esta situación en obrados como prueba para su excepción.
En cuanto a las causales descritas en los arts. 31 y 32 del CPP, fueron descartadas por el certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), actualizado al 4 de septiembre de 2017, y de otros anteriores, el cual se acompañó, por lo que sostener lo contrario además de ser una impostura, cae dentro de lo irrazonable e inequitativo; toda vez que, el citado certificado, indica no tener sentencia condenatoria, declaratoria de rebeldía, ni suspensión condicional del proceso, incluso se adjuntó certificación del Secretario del Juzgado a cargo de su causa, por el cual se acreditó que no tiene ninguna solicitud o antecedente donde se haya beneficiado con alguna salida alternativa se le haya declarado rebelde, se hubiere sometido a procedimiento abreviado, suspensión condicional del proceso u otros.
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