0373/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0373/2023-S1 Sucre, 2 de mayo de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional

Expediente: 49850-2022-100-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 102/2022 de 18 de agosto, cursante de fs. 196 a 200 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sonia Choque Callisaya de Cáceres contra Rosario Inés Rodríguez Sánchez, Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 16 de agosto de 2022, cursante de fs. 84 a 88, la impetrante de tutela expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la ahora accionante como víctima contra Vidal Cáceres Mamani, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica fue iniciado el 21 de septiembre de 2018; el 29 de abril de 2022, la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro -autoridad ahora demandada-, celebró audiencia de procedimiento abreviado propuesta por el imputado y el Ministerio Público, pronunciando la Sentencia 19/2022 de 29 de abril, la cual condena al acusado a la pena privativa de libertad de tres años, leyéndose en dicho actuado únicamente la parte resolutiva del fallo, tal como muestran las fotocopias legalizadas adjuntas.

Dicho pronunciamiento judicial, no se encontraba registrado hasta el 12 de julio de 2022, menos aún, se le notificó personalmente conforme prevé el art. 163.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Dicho reclamo formalizado en la precitada fecha tuvo como respuesta la providencia de fecha 15 de julio de 2022; mediante la cual, la Jueza demandada señaló "en consecuencia curse copia de la sentencia a las partes, conforme a procedimiento y proceder al registro de tomas de razón" (sic); sin que dicha actuación procesal de orden fundamental se haya realizado hasta la interposición de la presente acción tutelar.

En el marco de la consolidación del Derecho Penal de género y la protección estatal, la administración de justicia debe ejercitar el principio de protección a la víctima, así como posterior al hecho, asumir decisiones vinculadas a su reparación conforme lo dispuesto por el art. 7.b de la Convención Belém do Pará, referida a la actuación con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer que incluye respetar los procedimientos para generar los mecanismos necesarios para la reparación del daño.

En ese sentido, se debe considerar que el principio de celeridad no importa rapidez, sino oportunidad y respeto pleno a los plazos y procedimientos, siendo inaceptable que transcurriesen tres meses y dieciocho días sin que la Sentencia se notifique a los sujetos procesales, particularmente a su persona en su calidad de víctima, limitándose su derecho a la reparación, y la ejecución de un mandamiento de condena que no puede ser expedido porque dicha Resolución no está ejecutoriada, al margen de los efectos impugnatorios que pueda tener, priorizando audiencias para considerar una suspensión condicional de la pena sin que la autoridad demandada haya ejercitado un control de la causa; máxime, si se le notificó personalmente, en su domicilio real, con una audiencia para considerar el citado beneficio penitenciario cuando su competencia, entretanto no se ejecutoríe la Sentencia, no alcanza a esa institución jurídica.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La solicitante de tutela señala como lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva; citando al efecto, los arts. 113.I y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas se le notifique de forma personal con la Sentencia 19/2022 de 29 de abril.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional se realizó el 18 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 188 a 195, donde se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Vidal Cáceres Mamani, en audiencia a través de su abogado, solicitó se declare improcedente la acción tutelar, toda vez que lo manifestado por la impetrante de tutela resulta falso al verificarse que consta la diligencia notificación extrañada en el cuaderno procesal.

I.2.4. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes de la causa, se estable lo siguiente:

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Sonia Choque Callisaya de Cáceres -accionante- contra Vidal Cáceres Mamani -tercero interesado- por el delito de violencia familiar o doméstica, el 29 de abril de 2022, Rosario Inés Rodríguez Sánchez, Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro -autoridad demandada- celebró audiencia de juicio oral, actuado donde en aplicación de lo dispuesto por el art. 373 "parágrafo 3º" del CPP, determinó la salida alternativa de procedimiento abreviado, emitiéndose el Auto 202/2022 de la misma fecha que resolvió por dicha salida alternativa, constando únicamente la parte resolutiva del mismo (fs. 5 a 6 vta.)

II.2. Cursa Sentencia condenatoria 019/2022 de 29 de abril emitida por la Jueza ahora demandada (fs. 7 a 9 vta.).

II.3. Por memorial de 9 de junio de 2022, Vidal Cáceres Mamani -ahora tercero interesado- solicitó a la Jueza demandada la suspensión condicional de la pena; señalando dicha autoridad audiencia para el 23 de ese mes y año (fs. 50 a 51), notificándose a la solicitante de tutela en su domicilio ubicado en la calle Brasil 400 entre calles "I" y "G" (fs. 57).

II.4. El 12 de julio de 2022, la impetrante de tutela solicitó a la Jueza demandada, saneamiento procesal alegando que a la fecha no se notificó a los sujetos procesales con el tenor íntegro de la Sentencia, la cual ni siquiera estaría registrada en el Libro de Tomas de Razón, "tal como se establece de las fotocopias legalizadas" (sic), que le fueron entregadas, ameritando la providencia de 15 de julio de 2022, por el cual la Jueza demandada dispuso tener presente lo argumentado en dicho memorial "y en consecuencia curse copia de la sentencia a las partes conforme a procedimiento y proceder al registro de Tomas de Razón" [(sic) fs. 66 a 67].

II.5. Constan diligencias de notificación de 27 de julio de 2022 a Vidal Cáceres Mamani -tercero interesado- en su domicilio ubicado en la calle final Brasil 100, entre calles "I" y "G" de la ciudad de Oruro con la Sentencia de "03-05-2022", constando como denunciantes "Delia Copa Taquichiri, Abel Quispe Orosco y otros" (fs. 10), así como al Fiscal de Materia Wladimir Martínez Michaga (fs. 12), y al abogado Julio César Torrico Salinas como apoderado de la víctima Sonia Choque Callisaya de Cáceres en el domicilio procesal, of. 10 y 11 del edificio Tapia Funes sito en la calle La Plata entre Ayacucho y Junín (fs. 104).

II.6. Mediante providencia de 28 de junio de 2022 se señaló nueva audiencia de consideración de suspensión condicional de la pena para el 21 de julio de 2022 (fs. 150), actuación que se reprogramó para el 11 de agosto del mismo año (fs. 164 y vta.) dictándose en dicha fecha el Auto Interlocutorio 379/2022 que admite este beneficio penitenciario (fs. 175 a 178 vta.).

II.7. Por escrito presentado el 12 de agosto de 2022, el Fiscal de Materia solicitó corrección procesal y complementación respecto al beneficio de suspensión condicional de la pena emitido a favor del procesado (fs. 179 a 180) que mereció el proveído de 15 del mismo mes y año mediante el cual se deja sin efecto el Auto Interlocutorio 379/2022 de 11 de agosto señalando nueva audiencia para el 30 del mismo mes y año (fs. 181).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La demandante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva; toda vez que, la Jueza ahora demandada luego de aceptar la salida alternativa de procedimiento abreviado en favor del acusado no se le notificó personalmente con la Sentencia para luego sin encontrarse ejecutoriado dicho pronunciamiento otorgar el beneficio de suspensión condicional de la pena al sentenciado, pese a que impetró saneamiento procesal por la falta de notificación y registro de la Resolución en el libro correspondiente, impidiéndosele de este modo acceder a los recursos de impugnación, reparación del daño y medidas de protección en su favor por tratarse del delito de violencia familiar o doméstica.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0659/2021-S1 de 16 de noviembre, asumió el siguiente entendimiento:

El Código de Procedimiento Penal, a partir de los arts. 160 al 166, estableció la exigencia de que determinadas resoluciones deben ser notificadas de forma personal a las partes que intervienen dentro del proceso penal, instaurando una serie de requisitos formas y condiciones que deben ser cumplidas para tal efecto. Así, el art. 160 citado Código delimita el objeto principal de este acto procesal al determinar que "Las notificaciones tienen por objeto hacer conocer a las partes o a terceros las resoluciones judiciales "; bajo esa directriz, el art. 163 del mencionado Código, estableció excepciones a la regla general descrita en el art. 160 de la norma mencionada, citando específicamente el término personal, lo que implica que dicho acto procesal debe ser efectuado a las partes del proceso, permitiendo el ejercicio de derechos fundamentales como la defensa y la impugnación de las resoluciones.

En esa línea, el art. 163 del CPP, modificado por disposición de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, estableció los casos en los que la notificación debe ser realizada de forma personal, enumerándolos de la siguiente forma:

1. La denuncia, la querella o cualquier otra forma de inicio de la acción penal;

2. La primera resolución que se dicte respecto de las partes;

3. Las sentencias y resoluciones judiciales de carácter definitivo;

4. Las resoluciones que impongan medidas cautelares personales; y,

5. Otras resoluciones que por disposición del presente Código, deban notificarse personalmente.

Cuando la notificación sea realizada en audiencia, se entregará una copia del registro digital dejando constancia de su recepción.

Cuando la notificación no sea realizada en audiencia, se entregará una copia de los documentos o resolución al interesado en su domicilio real o donde sea habido con la advertencia de los recursos posibles y el plazo para interponerlos, dejando constancia de la recepción. El imputado privado de su libertad, será notificado en el lugar de su detención y en el buzón de notificaciones de ciudadanía digital de la o el abogado.

Si el interesado no fuera encontrado, se la practicará dejando copia de los documentos o resolución en su domicilio real, en presencia de un testigo idóneo que firmará la diligencia; la copia de los documentos o resoluciones también será enviada a su buzón de notificaciones de ciudadanía digital si lo tuviera.

Entonces al tenor de dichos articulados, es concluyente manifestar que la notificación de las sentencias y resoluciones de carácter definitivo necesariamente deben ser cumplidas guardando las exigencias y formalidades establecidas; es decir, deben ser efectuadas de forma personal, con la entrega de la copia de la resolución a las partes, ya que lo contrario se configura en una notificación que no resulta valida, por el incumplimiento de las exigencias formales establecidas en la norma señalada, puesto que debe entenderse que el objeto principal de la notificación personal, es permitir que las partes procesales tengan conocimiento de las razones, motivos y fundamentos jurídicos que fueron base de la resolución, permitiendo a la vez el pleno ejercicio del derecho a recurrir o impugnarla.

En esa línea, la SCP 0953/2019-S2 de 15 de octubre, estableció:

Este instituto procesal, establecido en el art. 160 del Código de Procedimiento Penal (CPP), cuya efectivización compete a la autoridad jurisdiccional y personal subalterno en el marco de sus atribuciones, tiene por objeto hacer conocer a los sujetos procesales o a terceros con interés legítimo en el proceso, las providencias, autos, sentencias y todas las actuaciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales; cuya finalidad es garantizar los derechos de contradicción, defensa e impugnación, como elementos esenciales del debido proceso consagrados en los arts. 115.II y 180.II de la CPE; es decir, la notificación, permite la publicidad de los actos procesales y el uso de los mecanismos de impugnación a su alcance para la protección de aquellos; sobre el particular De Santo señaló "la notificación tiene por objeto, fundamentalmente, asegurar la vigencia del principio de contradicción y establecer un punto de partida para el cómputo de los plazos

De lo expuesto, se establece que la omisión de la notificación, hace que esta diligencia no cumple su finalidad, es susceptible de nulidad, porque anula la materialización del normal desarrollo del proceso; puesto que, impide a ejercer el derecho a la defensa e impugnación, ya que, el desconocimiento real y efectivo de las resoluciones emergentes del proceso, coloca al sujeto procesal en un estado de indefensión; al respecto, la SCP 1074/2014 de 10 de junio señaló: "...la falta de notificación de aquellos actos que involucren derechos y/o garantías constitucionales de las partes procesales, acarrea indiscutiblemente una disminución o el cercenamiento total y arbitrario de las posibilidades del ejercicio de la defensa, lo cual, afecta directamente el desarrollo del proceso dentro de los cánones del debido proceso".

III.2. La antinomia entre el Código de Procedimiento Penal y la Ley 348

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0721/2018-S2 de 31 de octubre, asumió el siguiente razonamiento:

III.2.1. La suspensión condicional de la pena en el Código de Procedimiento Penal

El art. 366 de CPP, respecto a la suspensión condicional de la pena, señala:

La jueza o el juez o tribunal, previo los informes necesarios y tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración;

2. Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior, por delito doloso en los últimos cinco años.

La suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción.

De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la suspensión condicional de la pena, busca reorientar el comportamiento del condenado, reinsertándolo a la sociedad, otorgándole oportunidades de enmienda en ejercicio de su libertad -0SC 0528/2010-R de 12 de julio1-; entendimiento que tiene su antecedente en la 0SC 1614/2005-R de 9 de diciembre2, que hizo el análisis del perdón judicial como una medida de política criminal,

destinada a paliar los efectos de la llamada contaminación penitenciaria; y, de la desvinculación del recluso con su familia y la colectividad.

En la referida 0SC 1614/2005-R, el Tribunal Constitucional entendió que no se justifica la continuación de la detención preventiva hasta que se ejecutoríe la sentencia, de quien fue favorecido con el perdón judicial, argumentando en el Fundamento Jurídico III.2, que:

...el sacrificio del valor libertad sería injustificado al haber desparecido la utilidad procesal en la que se sustenta la medida cautelar personal, y es más, no guardaría congruencia con el principio de intervención penal mínima que caracteriza al derecho sancionador en todo Estado democrático de derecho, en el que la imposición de toda medida restrictiva de la libertad se justifica solamente en casos de estricta necesidad, por la utilidad que la misma representa para la consecución de otros fines, que como se dijo, que también sean constitucionalmente legítimos.

Conforme a ese entendimiento, el imputado condenado que cumpla con los requisitos previstos por el art. 366 del CPP, puede acogerse al beneficio de la suspensión condicional de la pena, aun se encuentre pendiente de resolución el recurso de apelación restringida contra la sentencia que se hubiere pronunciado.

El razonamiento respecto al perdón judicial, fue aplicado también a la suspensión condicional de la pena a través de la 0SC 0797/2006-R de 15 de agosto3, al señalar que:

...la suspensión condicional de la pena, al igual que el perdón judicial, constituye un beneficio instituido por el legislador como una medida de política criminal con similar finalidad a la que persigue el perdón judicial, encuentra su fundamento en la necesidad de privar de los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración, por ello es un instituto de carácter sustantivo que se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos que el legislador ha previsto (Fundamento Jurídico III.2).

Este entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0509/2016-S2 de 23 de mayo y 1099/2016-S2 de 3 de noviembre, entre otras; esta última, en su Fundamento Jurídico III.3, indica:

...a efectivización del beneficio de suspensión condicional de la pena, dada su naturaleza jurídica, no puede estar supeditada o condicionada a la ejecutoria de la resolución que lo concedió, ya que implicaría ir contra la finalidad de dicho beneficio, cual es la necesidad de evitar los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración; por lo que, una vez otorgada la suspensión condicional de la pena su efecto inmediato, cual es dejar en suspenso la ejecución de la condena, la misma que únicamente podrá ser revocada por la autoridad que la concedió, conforme lo precisado en el art. 367 del CPP, que establece los efectos del beneficio de la suspensión condicional de la pena.

III.2.2. La obligación de sancionar la violencia en razón de género y la Ley 348

La magnitud de la violencia hacia las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a las víctimas, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, que la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; sin embargo, en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad.

Sobre el particular, Patricia Faraldo Cabana4 refiere que la situación de la mujer en el ámbito de la pareja, no puede ser equiparada con la de las personas dependientes; en todo caso, de la patología de la relación, que a través del maltrato y el ejercicio de la violencia, la hace vulnerable frente a su agresor.

Ahora bien, la violencia de género se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fue transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho, comprende la violencia que sufre en el ámbito doméstico o familiar.

Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la efectuada en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades y que el Estado no puede desatender; en tal sentido, el abordaje de una problemática vinculada a un tema de violencia de género, no puede perder de vista este componente básico, que subyace y es su razón última, que son las relaciones de dominación y subordinación.

Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, menciona que:

...la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos (...)5.

...la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto de hombre6.

Asimismo, el art. 1 de la referida Declaración, entiende por violencia contra la mujer:

...todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

En igual sentido, en el ámbito del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994, señala en el Preámbulo, que la violencia contra la mujer es: "...una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres" y que su eliminación es una: "...condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida..." 7.

La Convención de Belém do Pará, en su art. 2, también otorga una definición de violencia, señalando que:

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;