0376/2019-S3

Expediente: 27908-2019-56-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 091/2019 de 21 de febrero, cursante de fs. 242 a 247 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Agustina Marquez Rojas de Arcani y Walter Arcani Mamani contra William Eduard Alave Laura; y, Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Adán Willy Arias Aguilar, ex y actuales Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y Patricia Chávez García, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del mismo departamento. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Mediante memoriales presentados el 1 y 14 de febrero de 2019, cursantes de fs. 147 a 159 vta., y 164 a 175; los accionantes señalaron que: I.1.1. Hechos que motivan la acción Simona Hilaya Mamani, por memorial de 19 de octubre de 2017, interpuso proceso de reparación de daños y perjuicios en su contra y la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, emitió la Sentencia 01/2018 de 3 de enero, declarando probada en parte la demanda y disponiendo el pago de Bs42 800.- (cuarenta y dos mil ochocientos bolivianos), fallo que fue recurrido en apelación y los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del departamento citado, por Auto de Vista 128/2018 de 30 de mayo, confirmaron la Sentencia. La Jueza demandada, concluyó que la demandante no presentó prueba plena con relación a las pretensiones planteadas; pero, la norma penal determina la indemnización de todo perjuicio causado a la víctima y habiéndose acreditado la existencia de responsabilidad penal a través de la Sentencia Condenatoria 05/2016 de 7 de marzo -emitida dentro de un proceso penal seguido en su contra, por la demandante-, alegando aplicación de la sana crítica y parámetros de razonabilidad, determinó que hubo daño ocasionado y declaró probada en parte la demanda. El razonamiento fue compartido por los Vocales demandados quienes señalaron que "'...el juez ad-quo hace la correcta aplicación de la norma adjetiva penal al enmarcarse en lo establecido por el art. 87 del CP que establece [la] responsabilidad civil...'" (sic); sin embargo, la precitada Sentencia, no correspondía ser valorada como un documento de cargo de la parte actora para declarar probada en parte la demanda de reparación de daño; toda vez que, la autoridad judicial debió fundamentar y motivar su sentencia con medios probatorios ofrecidos y producidos por la demandante, conducentes y pertinentes a la causa y no basarse en supuestos hechos no acreditados de manera idónea. La falta de motivación y fundamentación fue reclamada en el recurso de apelación, pero los Vocales demandados "...negaron [su] denuncia de vulneración del debido proceso..." (sic). La Jueza demandada sustentó la Sentencia 01/2018 en el art. 91 del Código Penal (CP), aspecto que consideran infundado; si bien tal precepto regula la responsabilidad civil emergente de una sentencia penal, no es menos cierto que para acoger una demanda de reparación de daño, la misma debe cumplir la siguiente estructura técnica jurídica:

1. a)La existencia de una sentencia de condena o la que imponga una medida de seguridad;
2. b)Existencia de un daño determinado o cuantificado;
3. c)Culpa o dolo del agente del daño; y,
4. d)Vínculo o nexo de causalidad entre la conducta del agente del daño ocasionado a la víctima; estructura carente en el fallo emitido. El método de valoración de la prueba basada en la sana crítica prevista en el art. 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP), vincula normas, criterios basados en las reglas de la lógica, la experiencia, los principios, normas básicas de la sicología y el sentido común como medio para llegar a un convencimiento, a tiempo de valorar las pruebas para dictar sentencia se debe justificar y fundamentar las razones por las que se les otorga un determinado valor de convicción, así también cuales se considera y las que se desecha, labor que la Jueza demandada no cumplió; agravios que no fueron reparados por los Vocales demandados quienes validaron la Sentencia 01/2018 a través del Auto de Vista 128/2018. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados