0376/2022-S2

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar:

1. a)La nulidad del proceso administrativo interno hasta el Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo Interno PSAI-DNAJ 18/2020 de 21 de septiembre;
2. b)La restitución a su cargo como Administrador Regional de la Caja de Salud de Caminos y R.A., en las mismas condiciones que al momento en que se produjo su desvinculación;
3. c)El pago sueldos devengados desde 9 de diciembre de 2020; y,
4. d)A la Contraloría General del Estado, deje sin efecto lo dispuesto en la Resolución Final 023/2020 de 26 de octubre.

Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Director General Ejecutivo de la Caja de Salud de Caminos y R.A., remitió informe escrito el 28 de abril de 2021, cursante de fs. 1237 a 1240 vta., mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos:

1. 1)Desconocía si la Resolución de Recurso Jerárquico D.G.E 024/2020, emitida por Edgar Jorge Zelada Vargas, ex Director General de la referida entidad, fue sometida al análisis legal de la Dirección Nacional de Asuntos Administrativos, conforme establece el art. 32 del DS 27113 de 23 de julio de 2003;
2. 2)La causal de subsidiariedad prevista por el art. 54.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), aplicaba al caso concreto;
3. 3)En el mismo sentido, no se hizo uso de los medios de impugnación dentro del proceso sumario interno, se permitió la emisión de la Resolución Final 023/2020, sin objetar la competencia de la Autoridad Sumariante;
4. 4)De manera errónea mediante un incidente se solicitó la anulación del Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo Interno PSAI-DNAJ 18/2020, alegando que la Autoridad Sumariante titular estaba por encima de la alterna, sin haber tomado en cuenta que dicho medio de impugnación no era el idóneo para solicitar la perdida de competencia, que era una figura procesal no prevista en la normativa jurídica administrativa aplicable al caso;
5. 5)En ese orden, los agravios, errores de procedimiento, vulneración de derechos o falta de prueba material sobre la responsabilidad administrativa, se realizó en la respuesta al Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo Interno PSAI-DNAJ 18/2020;
6. 6)La normativa aplicable al caso, tiene reglas claras respecto a la recusación y excusa de la Autoridad Sumariante, así "...el Artículo 26 del Reglamento de la Responsabilidad de la Función Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 23318-A de 3 de noviembre de 1992 modificado por Decreto Supremo N° 26237, 29 de junio de 2001, que deriva su tratamiento a las previsiones del artículos 3 y 4 de la Ley N° 1760 de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar..." (sic), norma derogada por el Código Procesal Civil;
7. 7)La competencia no se pierde solo por excusa y recusación, sino también por inhibitoria o declinatoria, conforme el art. 17 del Código Procesal Civil (CPC), las cuales debieron presentarse antes de consentir la competencia reclamada;
8. 8)La SCP 0708/2013 de 20 de septiembre, dispone que: '"...el carácter subsidiario del amparo constitucional, no sólo se agota en el aspecto formal, es decir en la obligación de que la persona utilice todos los recursos establecidos por el ordenamiento jurídico, sino que es preciso que a través de esos medios la persona reclame todos los actos ilegales que supuestamente le causen agravio; dado que si la persona no efectuó el reclamo pertinente, pese a haber utilizado el medio de defensa previsto por ley, se entiende que consintió con todos aquellos presuntos actos ilegales u omisiones indebidas que no impugnó oportunamente, impidiendo con ello que las autoridades judiciales o administrativas se pronuncien sobre el particular..."' (sic). En este ámbito, correspondía analizar la causal de subsidiariedad prevista en el art. 54.I del CPCo; y,
9. 9)Sobrevino otra causal de improcedencia fundada en que se evidenció la existencia de actos consentidos libre y expresamente; debido a que, el impetrante de tutela pretendió que la jurisdicción constitucional salve su propia negligencia, al no haber hecho uso de los medios de defensa idóneos aplicables al proceso administrativo interno.

Omar Rolando Alarcón García, ex Autoridad Sumariante de la Caja de Salud de Caminos y R.A., presentó informe escrito el 28 de abril de 2021, cursante de fs. 671 a 673, manifestando lo siguiente:

1. i)El Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo Interno PSAI-DNAJ 18/2020 fue dictado dentro del plazo; toda vez que, el sumariante alterno tomó conocimiento de la denuncia el 7 del mismo mes y año;
2. ii)No se argumentó de qué forma se violentó la garantía del debido proceso en su elemento del derecho a la defensa;
3. iii)Se notificó legalmente a Richard Oscar Camacho Coca con el incidente por el cual solicitaron la anulación del Auto Inicial de Proceso Sumario Administrativo Interno PSAI-DNAJ 18/2020, debido a que adolecía de vicios y el fin fue la observancia del debido proceso. En ese orden, el accionante nunca solicitó que se le tome su declaración informativa;
4. iv)La Resolución Final 023/2020 estableció la responsabilidad administrativa del impetrante de tutela, con base en los art. 42 y 46 del Reglamento Interno de Personal de la referida entidad;
5. v)El funcionario policial realizó la denuncia, complementó su informe e identificó a otras personas que consumían bebidas alcohólicas con el accionante;
6. vi)"...el Asesor Jurídico del 2do. Bat. De Seguridad Física ABOG. Freddy Chacón Vásquez, mediante proveído niega la solicitud de información a Richard Camacho Coca, a fin de no ingresar en error administrativo, en virtud a que Richard Camacho Coca suscribió la solicitud estando ya suspendido, cometiendo así otro delito como es del de usurpación de funciones" (sic);
7. vii)La Asociación de Jubilados, Rentistas y Derecho-Habientes del Servicio Nacional de Caminos Distrito Cochabamba (JUBISENAC); en calidad de control social, estaba plenamente facultada para ejercer control y vigilancia en las entidades públicas que administran recursos fiscales; y,
8. viii)La prueba documental adjunta fue contundente para demostrar que el impetrante de tutela vulneró en varias oportunidades el Reglamento Interno de Personal, incurriendo en conducta pública inmoral y escandalosa.

JUBISENAC, remitió informe escrito el 27 de abril de 2021, cursante de fs. 659 a 663, mediante el cual solicitó se deniegue la tutela, en atención a los siguientes argumentos:

1. a)Toda vez que se llevó a cabo un proceso administrativo donde se hizo uso de los recursos de revocatoria y jerárquico; correspondía que el accionante siga la misma vía e inicie un proceso contencioso administrativo ante una de las salas del Tribunal Supremo de Justicia; al existir cuestiones que no podían ser revisadas en sede constitucional;
2. b)No se demostró el nexo directo que debía existir entre los hechos denunciados y los derechos y garantías constitucionales vulnerados, lo cual ameritó el rechazo sin un análisis de fondo;
3. c)Sobre las firmas insertas en el Voto Resolutivo de la Asociación de Jubilados Rentistas y Derecho habientes del Servicio Nacional de Caminos Distrito Cochabamba, se aclaró que algunos firmantes son familiares que participan por sus padres en las reuniones, por lo que era normal que estos firmen en representación de los titulares;
4. d)Mediante el citado Voto una gran cantidad de personas denunció actos irregulares. Sobre la alegada nulidad del mismo, aspecto debió ser dilucidado dentro un proceso en la jurisdicción ordinaria, y no en la administrativa;
5. e)La denuncia presentada sobre consumo de bebida alcohólicas en ningún momento fue desvirtuada por el ahora accionante; en ese sentido, el prenombrado realizó todo tipo de solicitudes cuando ya perdió su calidad de Administrador;
6. f)No tiene fundamento al invocar silencio administrativo con el fin que se lo libere de responsabilidad; toda vez que, no existía ningún antecedente jurisprudencial al respecto;
7. g)Esta fuera de lugar su justificación de derecho al trabajo; toda vez que, el impetrante de tutela tiene grado de licenciatura por lo tanto es profesional; en ese sentido, podía acceder a una fuente laboral en cualquier empresa privada a nivel nacional; y,
8. h)Se inició un proceso penal y una auditoria de la gestión por irregularidades cometidas por Richard Oscar Camacho Coca, ahora accionante.

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución de 29 de abril de 2021, cursante de fs. 1254 a 1259, denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos:

1. 1)La pretensión de la parte accionante implicaría una revisión de las resoluciones de fondo cuestionadas; en tal sentido, se debe dejar claro que la acción de amparo constitucional no es una instancia procesal ni casacional supletoria; conforme lo dispone la SCP 0294/2012 de 8 de junio;
2. 2)Dada la problemática jurídica expuesta, era obligación del solicitante de tutela presentar la carga argumentativa y probatoria suficiente para demostrar las lesiones denunciadas; en relación a la incorrecta actividad valorativa desarrollada por los demandados, debe establecer que: "...a) las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
3. b)Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y,
4. c)Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación y, además debe demostrar la relevancia constitucional..." (sic);
5. 3)Por otro lado sobre la interpretación del derecho o legalidad ordinaria se debió señalar, por qué razón la labor interpretativa impugnada resultó insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, identificando en su caso las reglas interpretativas que fueron omitidas por la autoridad respectiva; identificar cuáles fueron los derechos y garantías constitucionales lesionados por el intérprete; el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que consideró debió efectuarse, según lo previsto en la SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril;
6. 4)Se evidenció incongruencia entre lo argumentado en la relación de hechos y el petitorio; en razón que, solicitó la nulidad del proceso administrativo interno sin identificar cuáles son las causales de nulidad insertas en la norma que debieron ser aplicadas al caso; de igual modo, la petición debió ser acorde a los principios de especificidad y trascendencia, tomando en cuenta que es en la vía administrativa donde se debió realizar dicha labor; y,
7. 5)"...el peticionante de tutela, no ha identificado con claridad y precisión qué criterios o principios interpretativos no fueron empleados o desconocidos por las autoridades demandadas, y en qué forma esa interpretación y aplicación lesionó sus derechos y garantías, explicando la razón por la que consideran que la aplicación de las normas no resulta razonable..." (sic).

Conforme a este razonamiento, la jurisprudencia constitucional prevista en la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, dispuso que se deben observar las siguientes sub reglas de improcedencia por subsidiariedad, cuando: "1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así:a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así:

1. a)cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados yb) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución" (las negrillas son nuestras).

1. b.1)Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una 'decisión sin motivación', debido a que 'decidir no es motivar'. La 'justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]'.

1. b.2)Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una 'motivación arbitraria'. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- 'Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales'.

1. b.3)De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una 'motivación insuficiente'.