Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0377/2019-S4 Sucre, 18 de junio de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 27191-2019-55-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 16 de 31 de diciembre de 2018, cursante de fs. 176 a 177 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María René Sánchez Frías contra Fausto Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 18 de diciembre de 2018, cursante de fs. 117 a 125 vta., la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante Memorando CITE FGE/FJLP/AG 028/2018 de 19 de noviembre, emitido por el demandado, le fueron agradecidos sus servicios, por lo que, contra dicha determinación, el 22 de igual mes y año, interpuso impugnación vía recurso de revocatoria y/o jerárquico, que fue resuelto por Resolución FGE/JLP/DAJ 067/2018 de 23 del indicado mes, que ratificó la decisión objetada.
El fallo proferido por el demandado, no se pronunció de manera específica, motivada y fundamentada respecto a los agravios expuestos, no habiendo además, valorado los elementos de prueba aportados que demostraban que se encontraba a cargo de sus padres, ambos con discapacidad; por lo que, al imperio del art. 2 del Decreto Supremo (DS) 29608 de 18 de junio 2008, que modificó el art. 5.II del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, gozaba de inamovilidad funcionaria, al ser la responsable de la manutención de sus progenitores; aspectos sobre los cuales el Fiscal General del Estado, omitió pronunciarse, al igual que no se refirió al hecho de que nunca había sido procesada o merecido llamadas de atención durante más de un año de trabajo en que ejerció sus funciones, operando la tácita reconducción del vínculo laboral; tampoco existió un análisis razonado respecto a su sometimiento a evaluaciones, a que de acuerdo al Reglamento Interno de Control del Ministerio Público, ante la duda del procedimiento a aplicarse debe acudirse a la normativa vigente; y, que al ser el único sostén de su madre discapacitada, acorde a lo previsto por la Ley General para personas con Discapacidad (LGPD) -Ley 223 de 2 de marzo de 2012-, goza de inamovilidad funcionaria, siendo además que, conforme estableció la jurisprudencia constitucional contenida en la , no existe discriminación alguna entre funcionarios públicos de carrera y provisorios al momento de considerarse la inamovilidad laboral.
Consecuentemente, la determinación asumida por el ahora demandado, incurrió en incongruencia omisiva al no haberse pronunciado respecto a todos los agravios denunciados en la impugnación, valiéndose únicamente de argumentos generales que no responden de manera clara a los puntos reclamados, lo que importa la concurrencia de defectos absolutos inconvalidables que no tomaron en cuenta y no valoraron debidamente, los elementos de prueba adjuntos a su objeción, que acreditaban fehacientemente el estado de salud de su madre y la imposibilidad laboral de su padre.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
La accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; a la salud, al trabajo y a la estabilidad laboral, sin citar la norma constitucional alguna.
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