0377/2022-S1

El impetrante de tutela, por intermedio de su representante legal y abogado, en audiencia ratificó el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando en audiencia señaló que:

1. a)En 1999 se creó el área urbana Pueblos Colina del Urubó y en octubre del mismo año registró su inmueble;
2. b)Pasado el tiempo Juan Carlos Quiroga Saavedra construyó una reja en un área verde, en una calle, que es administración netamente municipal y no judicial;
3. c)"...se entienda bien claro la Acción de Amparo está concentrado en la libre circulación en el retiro de la reja de la calle, es así eso como fundamento de derecho como se tiene presentado en la documentación acotejado y a lo que se va a fundamental en este caso en la demanda." (sic);
4. d)Sabiendo el municipio de Porongo que se construyó esta reja, procedieron a "probarle" un parcelamiento al ahora accionante, existiendo la RA S.O.T. 041-2017 de 19 de diciembre, en la cual se aprobó dicho parcelamiento del inmueble a nombre de Franz Grover Valverde Padilla, habiendo procedido a la cesión de áreas a favor del Municipio en lo que corresponde a la calle y demás áreas públicas;
5. e)Como resultado de la denuncia el ahora impetrante de tutela en su condición de propietario, el municipio de Porongo admitió la misma y ordenó la demolición en caso de que no se retire la reja, pero no se dio cumplimiento a dicha Resolución Administrativa;
6. f)El informe del Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo es contradictorio, primero porque reconoció un derecho propietario y luego refiere que no puede dar cumplimiento a una resolución hasta que se resuelva el proceso ordinario que se hubiera estado ventilando;
7. g)Dicho proceso ordinario no es por la calle, lo que está en litigio es una sobreposición de 200 m2;
8. h)"...los abogados de la otra parte han hecho caer en error a la Autoridad haciéndole creer que lo que se está pidiendo mediante Amparo es el terreno por el derecho propietario no lo es, es por el derecho de circular por la calle el conflicto derecho propietario eso va a seguir su curso se tiene ya ejecutoriado el Mandamiento de Desapoderamiento eso es en cuestión de tiempo con esto aclaramos de que no estamos pidiendo de que el Municipio intervenga la propiedad privada adentro no..." (sic);
9. i)El art. 1 de la Resolución Sub-Prefectural 03/2008 de 19 de mayo, prohíbe el cierre a título de propiedad de los caminos prefecturales, municipales, vecinales y de orden público que vincule provincias, municipios, comunidades, vecinos colindantes y/o usuarios permanentes que transitan de forma regular para llegar a sus predios y cultivos en caminos tradicionales de uso público o privado;
10. j)No existe ningún elemento que sustente que el circular por una calle tenga que ver con un derecho de un propietario "x";
11. k)La parte accionante el 14 y 25 de mayo de 2021 solicitó al Gobierno Autónomo Municipal de Porongo el retiro de la reja, no teniéndose respuesta;
12. l)Se mencionará algún otro informe que no es cierto ni evidente;
13. m)La documentación presentada con el derecho propietario demuestra la legitimación activa;
14. n)"...acudimos a su autoridad en virtud a que el municipio no ha dado respuesta..."(sic); y,
15. o)Juan Carlos Quiroga Saavedra presentó documentación en fotocopia simple y no original y mucho menos fotocopia legalizada para demostrar el derecho propietario que él tuviera sobre algún bien dentro de la propiedad, es así que la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico GAMP-SOT.01/2016 de 25 de noviembre, que en su art. 1 revocó totalmente los actos administrativos, planos de ubicación de uso de suelo; es decir que, no pudo probar que tiene algún documento en la vía administrativa ante el referido Municipio.

Neptaly Mendoza Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 2 de julio de 2021, cursante de fs. 187 a 193, manifestó que:

1. 1)"...según observ. Nº 5179 de 10 de octubre de 2016" (sic), Franz Grover Valverde Padilla, solicitó demolición de muro y portón clandestino, habiéndose realizado una primera notificación el 21 de diciembre de 2016, que en sus observaciones indica: no tener permiso de línea de reja;
2. 2)El 30 del mencionado mes y año, el municipio de Porongo realizó una segunda notificación con proceso de demolición a Juan Carlos Quiroga Saavedra, con acta de infracción emitida por la Secretaría Municipal de Ordenamiento Territorial del referido Municipio, que en sus observaciones señala: No presenta documentación de la línea de verja, ya que existe una barda construida;
3. 3)El 10 de enero de 2017, el municipio de Porongo realizó una tercera notificación a Juan Carlos Quiroga Saavedra con acta de infracción emitida por Secretaría Municipal de Ordenamiento Territorial del mencionado Municipio, que en sus observaciones establece: No presenta documentación de la línea y nivel, obstruyendo el ingreso a propietario, con Nota: barda para proceso de demolición;
4. 4)La Secretaría Municipal de Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo mediante Informe Legal A.L. SOT.010/2017 de 30 de marzo, señala en su recomendación, que el afectado Juan Carlos Quiroga Saavedra, puede recurrir a los recursos que la franquee la ley y las vías que considere necesario;
5. 5)El 28 de abril de 2017 mediante RA 06/2017, se declaró obra en contravención la construcción de la barda de la reja de ingreso, construida por Juan Carlos Quiroga Saavedra, por no contar con autorización de línea y nivel y autorización de construcción de obra, ordenando el retiro de las mismas en el plazo de diez días hábiles a partir de su notificación, bajo apercibimiento de que si no se realiza el retiro, el Gobierno Autónomo Municipal de Porongo procederá a retirarla;
6. 6)Mediante Informe Técnico 11/2017-S.O.T/D.O.U/T.I.02/2017, se declaró como obra en contravención la construcción de la barda y de las rejas de ingreso, por no contar con autorización de línea y nivel y autorización de construcción y obra, ordenando el retiro de las mismas en el plazo de diez días hábiles a partir de la notificación realizada el 18 de mayo de 2017, bajo apercibimiento de que si no se realiza el retiro, el municipio de Porongo procederá a retirar la barda y reja de ingreso;
7. 7)El 22 del referido mes y año Juan Carlos Quiroga Saavedra mediante memorial con "obs. Nº 2541", interpuso recurso de revocatoria de la RA 006/2017;
8. 8)La Secretaría Municipal de Ordenamiento Territorial del citado Municipio, rechazó dicho recurso mediante RA 017/2017 de 16 de junio, y ratificó la referida Resolución Administrativa;
9. 9)Por memorial con "Obs. Nº 3225" Juan Carlos Quiroga Saavedra interpuso recurso jerárquico, solicitando dejar sin efecto la RA 0017/2017 y en definitiva se anule la RA 006/2017, no existiendo respuesta de parte de la Secretaría de Ordenamiento Territorial de la anterior Gestión Municipal de Porongo;
10. 10)Dentro del trámite administrativo de obra en contravención el acta de audiencia de acción de amparo constitucional de 16 de marzo de 2011, en la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, interpuesto por Franz Grover Valverde Padilla contra Juan Carlos Saavedra Quiroga, David Iver Soria Ruiz, Julio Cesar Carrillo Melgar en su condición de ex Alcalde Municipal de Porongo, por vulneración de derechos fundamentales de petición y propiedad, se denegó la acción de amparo constitucional del derecho propietario por resultar controvertido y se concedió respecto al derecho a petición;
11. 11)Cursa dentro del proceso administrativo de obra en contravención, fotocopias de un proceso ordinario de reivindicación, desocupación y entrega de inmueble seguido por Franz Grover Valverde Padilla contra Juan Carlos Quiroga Saavedra, sobre el cual existe Auto de Vista de 10 de mayo de 2017, desconociéndose su estado actual en lo relativo a su ejecutoria o presentación de otro recurso pendiente de resolución, por tal razón la administración municipal se encontraría impedida de dar cumplimiento a la RA 006/2017, mientras no esté definido el derecho propietario sobre el inmueble y como lo dispone la Resolución de Rechazo de 10 de octubre de 2012 dentro de caso FIS-ANTI-012325;
12. 12)El Gobierno Autónomo Municipal de Porongo dio respuesta al memorial presentado por Franz Grover Valverde Padilla presentado el 25 de enero de 2021, por el que requirió se dé cumplimiento a la RA 006/2017, es así que la Secretaría Municipal de Ordenamiento Territorial mediante OF. EXT.SMOT. 23/2021 de 5 de febrero, dio respuesta, informando que cursa una resolución emitida por el Ministerio Público, dentro del proceso penal caso FIS-ANTI-012325, con IANUS 201230429, estableciendo que no se puede activar en la Administración Municipal la ejecución y resolución de algún trámite administrativo;
13. 13)Por Oficio Ext. FAMP 121/2021 de 4 de febrero, dirigido al Juzgado Público Civil Comercial Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, suscrito por el ex Alcalde Municipal, en el cual solicitó certificación del estado actual del proceso signado con el Numero de Registro Judicial (NUREJ) 201455235, expediente 106/2016; y,
14. 14)Solicita la improcedencia de la acción tutelar por existir subsidiariedad al existir un proceso ordinario de reivindicación desocupación y entrega de inmueble y vulneración al principio de inmediatez.

En audiencia, a través de su abogado, manifestó que:

1. i)La barda no fue construida por el Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, es más, viene de la RA 006/2017 que la declaró obra en contravención; y,
2. ii)El accionante menciona un recurso de revocatoria y un recurso jerárquico, pero son dos temas distintos, uno de ellos, la construcción de la barda, que por un tema de conflicto de derecho propietario no se ejecutó hasta el momento; y, parcelamiento relacionado con la RA S.O.T. 041/2017 que aprueba un parcelamiento urbano, dejada sin efecto mediante Resolución Administrativa Secretarial 002/2019; es decir que, la Resolución donde menciona que hay calle, avenida, parcelamiento, quedó anulada.

Juan Carlos Quiroga Saavedra, mediante informe escrito presentado el 1 de julio de 2021, cursante de fs. 162 a 163 vta., a través de su apoderado, manifestó que:

1. a)Adjuntó prueba documental a efecto que sea considerada en audiencia de acción de amparo constitucional;
2. b)El accionante intenta sorprender a la Sala Constitucional, así como al Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, puesto que ocultó que existe cosa juzgada constitucional, para lo cual adjuntó fotocopias legalizadas de una anterior acción tutelar interpuesto por el mismo impetrante de tutela en el que se denegó la tutela pretendida, resuelta por la SCP 1964/2012 de 12 de octubre; y,
3. c)El peticionante de tutela ocultó al Tribunal que existe un proceso ordinario que se encuentra en estado de admisión de la demanda, radicado en el Juzgado Público Civil, Comercial Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, siendo las partes procesales Franz Grover Valverde contra Juan Carlos Quiroga y treinta personas con derecho sobrepuesto.

En audiencia, a través de su apoderado, manifestó que:

1. 1)En ningún momento el accionante ha establecido un nexo causal entre lo que considera el acto ilegal y la supuesta vulneración a sus derechos constitucionales;
2. 2)Indicó que existen treinta y dos familias perjudicadas aparte de él; sin embargo, no presentó ningún poder de representación;
3. 3)Existe notoria temeridad en la forma que fue planteada esta acción tutelar porque funda su demanda en dos premisas, en primer lugar de que su derecho estaría consolidado y en segundo lugar de que existiría una barda y una reja levantada sobre una calle;
4. 4)Se ocultó al Tribunal de que existen procesos pendientes sobre su pretendido derecho propietario, donde hay más de treinta derechos sobrepuestos sobre el mismo inmueble, existiendo un proceso radicado en el Juzgado Público Civil Comercial Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz que él mismo inició y que no puede alegar desconocimiento de esa situación;
5. 5)El municipio de Porongo reconoció su derecho propietario, cuando dicho derecho lo declaran los jueces y no un municipio;
6. 6)Señaló que existiría una reja sobre una calle, lo cual es falso, ya que la barda y la reja se construyeron sobre propiedad privada;
7. 7)Existe un proceso civil iniciado por el mismo accionante radicado en el Juzgado Público Civil y Comercial Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz contra Juan Carlos Quiroga Saavedra, que se refiere al mismo inmueble, barda y muro, lo que evidencia que existe litigiosidad, proceso que fue anulado hasta el auto de admisión de la demanda y se ordenó al juez natural que integre la litis con todos los titulares de derechos; si el ahora impetrante de tutela tiene algún reclamo puede acudir directamente al juez natural del asunto litigioso;
8. 8)Existe un recurso jerárquico pendiente que no fue resuelto hasta la fecha sobre las solicitudes de línea nivel realizada por Juan Carlos Quiroga Saavedra y los derechos controvertidos no pueden dilucidarse por vía de acción amparo constitucional;
9. 9)Su mandante realizó la petición de línea y nivel el 4 de octubre de 2010, trámite que se encuentra pendiente de un recurso jerárquico aún no resuelto; y,
10. 10)Franz Grover Valverde Padilla inició un proceso contra David Iver Soria Ruiz el 6 de enero de 2008, existiendo propietarios con derechos convergentes sobre el mismo inmueble lo cual dependerá de la sentencia de las autoridades jurisdiccionales.

La Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 107 de 2 de julio de 2021, cursante de fs. 202 a 204 vta., concedió en parte la tutela solicitada en lo que se refiere al derecho a la petición, disponiendo: "...SE RESPONDA EN UN TÉRMINO MÁXIMO DE 3 DÍAS A PARTIR DE LA PRESENTE AUDIENCIA y en consecuencia se DENIEGA CON RESPECTO A LOS DEMÁS DERECHOS INVOCADOS POR EL ACCIONANTE" (sic), bajo los siguientes fundamentos:

1. i)En la SCP 1964/2012, el accionante alegó justamente estos extremos, señalando entre los derechos y garantías supuestamente vulnerados, entre otros, a la propiedad y seguridad jurídica, aspecto por el cual la Sala Constitucional en revisión, argumentó que no se contaría con el derecho a la propiedad consolidado, existiendo hechos controvertidos que no podrían ser sometidos a la vía constitucional, sino a la jurisdicción ordinaria o administrativa pertinente; a partir de ello, este Tribunal no podría ingresar al análisis del derecho invocado por el impetrante de tutela con respecto a la propiedad privada y lo que derive de él; y,
2. ii)El peticionante de tutela argumenta que habría realizado solicitudes al Gobierno Autónomo Municipal de Porongo el 14, 25 y 31 de mayo, y el 1 de junio todos de 2021, donde solicitó el retiro inmediato de la reja que impide el ingreso a su propiedad; la entidad edil demandada manifiesta que no habría dado respuesta a dichos petitorios, y por último la inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho a la petición; por lo que, en este contexto corresponde conceder en parte la tutela de acción de amparo constitucional para que el accionante pueda conocer de forma positiva o negativa la respuesta a las solicitudes realizadas.

El accionante a través de su representante legal, denuncia la lesión de sus derechos al hábitat y vivienda, a circular libre por las calles, a una respuesta formal y oportuna, al trabajo digno, a una fuente laboral estable, al trabajo lícito, a la propiedad privada, al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta y oportuna, a la igualdad de oportunidades, a ser oído por la autoridad, a la seguridad jurídica y al establecimiento de los bienes; toda vez que, el "2017" sorpresivamente se inició la construcción de una reja en la calle de entrada a su propiedad, impidiéndole el ingreso a la misma; por lo que, presentó una denuncia al municipio de Porongo, como consecuencia de ello:

1. a)La Secretaría de Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, emitió la RA 006/2017 de 28 de abril, declarando como obra en contravención la construcción de la barda y rejas construidas por Juan Carlos Quiroga Saavedra -ahora tercero interesado-, por no contar con las autorizaciones de línea y nivel, y de construcción y obra, ordenando el retiro de las mismas en el plazo de diez días hábiles a partir de su notificación, y que de no hacerlo, el citado Municipio procedería a retirarlas; sin embargo, no dio cumplimiento a dicha Resolución Administrativa; y,
2. b)El impetrante de tutela hizo el reclamo como corresponde, a la autoridad edil, por el incumplimiento de la mencionada Resolución Administrativa, el cual nunca respondió.

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes ejes temáticos:1) Cambio de razonamiento de esta Magistratura respecto a la protección del derecho a la petición en base al estándar jurisprudencial más alto;

1. 2)La justicia constitucional no es la vía para hacer cumplir las resoluciones pronunciadas en la jurisdicción ordinaria o en la vía administrativa; y,
2. 3)Análisis del caso concreto.

No obstante, ha manifestado también, independientemente estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo, el derecho a la petición, para ser protegido por la acción de amparo constitucional, deben cumplir con los siguientes contenidos temáticos:

1. i)Contenido esencial;
2. ii)Requisitos de procedencia;
3. iii)Legitimación activa;
4. iv)Legitimación pasiva; y,
5. v)Plazo para emitir respuesta.

En referencia al contenido esencial, haciendo referencia a la SC 218/01-R de 20 de marzo de 20012, una vez interpuesta la solicitud la respuesta debe ser:

1. a)Emitida de forma pronta y oportuna3, esto es dentro el plazo establecido por la ley o dentro de un plazo razonable;
2. b)Formal4; es decir que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley;
3. c)Material5, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; atender y resolver de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y,
4. d)Argumentada6; vale decir, la respuesta debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.

En relación a los requisitos de procedencia, que debe contener el derecho a la petición, señaló que la SCP 1995/2010-R de 26 de octubre, moduló el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de su tutela, en ese mérito sólo debe cumplir con tres requisitos:1) La existencia de una petición oral o escrita;

1. 2)La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y,
2. 3)La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición; al efecto precisó:

...a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos:

1. a)la formulación de una solicitud expresa en forma escrita;
2. b)que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente;
3. c)que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y
4. d)se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión.

Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: "...a) La existencia de una petición oral o escrita;

1. b)La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y,
2. c)La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición"; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:

Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente:

1. 1)La existencia de una petición oral o escrita;
2. 2)La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: 2.i) Ausencia de respuesta formal; 2.ii) Falta de respuesta material; 2.iii) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y,
3. 3)El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito".

En relación a la legitimación pasiva, partiendo de un análisis de la SC 0275/2003-R de 11 de marzo7, luego haciendo referencia a las 0SSCC 0310/2004-R8, 00560/2010-R9, 1995/2010-R10, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0085/2012 de 16 de abril11, 2051/2013 de 18 de noviembre12 y 1064/2019-S2 de 3 de diciembre13, entre otras; concluyó que, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción tutelar por derecho de petición:

1. i)Todas las autoridades o servidores públicos, aún no fuesen competentes para resolver el fondo de la pretensión de lo peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quién se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y,
2. ii)Las personas particulares.

Respecto al plazo para responder a la petición efectuada por el peticionante, la jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos:

1. a)En el término establecido por ley14; y,
2. b)Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable15.

De los argumentos descritos en la señalada SCP 0112/2020-S1, se puede concluir que, ante una petición efectuada en el marco del art. 24 de la CPE, la respuesta a ser emitida por la persona o autoridad responsable de su emisión, deberá ser:

1. 1)Pronta y oportuna; es decir, dentro el término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá ser dentro de un plazo razonable;
2. 2)Formal, referida a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa;
3. 3)Material, porque debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionante; y,
4. 4)Argumentada, relaciona a que, la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición.