Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0377/2026-S2 Sucre, 19 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de cumplimiento
Expediente: 76340-2025-153-ACU Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 088/2025 de 11 de abril, cursante de fs. 333 a 336, pronunciada dentro de la acción de cumplimiento interpuesta por Irma Calle Alfaro y Freddy Maydana Mamani contra Andrés Mamani Liuca, Juez Público Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Chulumani del departamento de la Paz, Benjamín y Emilse, ambos Lara Tonconi, Emilio Huanca Jimmy, Adolfo Prince Mitma, Rubén Riveros Aguirre, Jimmy Alberto Tonconi Yaviri y Evlin Maraina Mamani Ramírez.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 26 de febrero y 13 de marzo de 2025, cursantes de fs. 195 a 200; y, 203 a 205 vta., los accionantes manifestaron lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 26 de noviembre de 2021, personas en estado de ebriedad, los amenazaron con palos y machetes, saquearon y destruyeron sus viviendas, obligándolos a huir y esconderse hasta la llegada de autoridades. En ese entendido, perdieron todas sus pertenencias y desde entonces viven desplazados, bajo amenazas constantes, con afectación física y psicológica.
Posteriormente, el 21 de febrero de 2022, se interpuso una acción de amparo constitucional, contra Benjamín y Emilse, ambos Lara Tonconi, Emilio Huanca Jimmy, Adolfo Prince Mitma, Rubén Riveros Aguirre, Jimmy Alberto Tonconi Yaviri y Evlin Maraina Mamani Ramirez -codemandados-, ante Andrés Mamani Liuca, Juez Público Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Chulumani del departamento de la Paz -hoy demandado-, donde se emitió la Resolución 01/2022 de 24 de febrero, es así que el 18 de octubre 2022, se ejecutó el desapoderamiento de sus propiedades en la urbanización Vida Nueva Marcela, del Distrito 3 de la ciudad de Caranavi del departamento de La Paz, con "...intervención policial, fuerza Pública, defensoría de la Niñez, adulto mayor, Focoma, Notaria y otras instituciones..." (sic).
Pese a ello, al verlos desprotegidos, sin dinero ni capital para reconstruir, los agresores retomaron los predios a los tres días del desapoderamiento, impidiendo nuevamente el ejercicio de su derecho propietario y de posesión, sin respetar la referida Resolución constitucional.
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