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TCP

0378/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de marzo de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0378/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0378/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 58202-2023-117-AAC Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 058/2023 de 5 de septiembre, cursante de fs. 91 a 95, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lucia Pérez Maita contra Germán Salvador Torrez, ex Director Departamental de Educación de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memorial presentado el 31 de agosto de 2023, cursante de fs. 11 a 14 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 10 de enero de 2023 -en el proceso disciplinario interpuesto contra su persona- planteó recurso de revocatoria contra el Memorando DDEMP 01/2023 de 4 de igual mes, que no fue respondido. En consecuencia, ante el silencio administrativo, presentó recurso de revocatoria por memorial de 23 de febrero del mismo año, se emitió la Resolución Administrativa Departamental 001/2023 -de 17 de julio-.

Como primer agravio señaló que a la fecha de presentación de los recursos de revocatoria y jerárquico no existió respuesta a la solicitud de prescripción y extinción de la acción que fue de previo pronunciamiento, aspecto que fue refrendado por la Nota CITE OF. 365/2022, que -respondiendo el memorial de 10 de agosto de 2022; por el que, reiteró su petición- indicó que correspondía al entonces Director Departamental -hoy accionado- contestar a su solicitud de manera positiva o negativa. Asimismo, alegó que no fue citado con el informe Cite OF 133/2022 de 2 de diciembre, que refirió que el plazo para plantear recurso jerárquico había precluido. Finalmente, aclaró que se encontraba cumpliendo funciones en una sede distinta a la que fue sancionada; por lo que, no fue atendible la "sanción" que pretendía imponérsele. No obstante, la Resolución Administrativa Departamental 001/2023 se limitó a indicar que la Resolución Final 01/2019 adquirió calidad de cosa juzgada; por lo que, correspondía disponer su ejecución sin importar el Distrito Educativo en el que su persona -accionante- prestaba sus servicios. Como segundo agravio, alegó que en la causa penal seguida contra su persona existía una resolución fiscal de rechazo de denuncia que la favorecía para plantear la solicitud de prescripción y extinción de la sanción; ya que, dicha resolución no fue impugnada ni tampoco fue re aperturada el proceso penal, encontrándose ejecutoriada. Ese actuado acreditó que nunca fue responsable de la denuncia planteada en su contra; por lo que, sancionarla -en la vía administrativa- implicaría vulnerar sus derechos constitucionales; más aún, cuando se encontraba en otro cargo y en un municipio distinto. Sin embargo, la Resolución Administrativa Departamental 001/2023, refirió que un proceso disciplinario en vía administrativa es independiente de uno penal en la vía ordinaria; por lo que, la resolución final pronunciada en el proceso administrativo no depende de la decisión que se hubiese tomado sobre la misma causa en proceso penal, y viceversa.

Las decisiones administrativas no deben vulnerar el derecho al debido proceso sino cumplir con la carga de la motivación y fundamentación, resguardando los marcos de razonabilidad y proporcionalidad; en ese sentido, la Resolución Administrativa Departamental 001/2023 no se pronunció respecto a todos los agravios, indicando respecto al derecho al trabajo y estabilidad laboral, que este no fue afectado; ello, sin considerar que la sanción es inaplicable debido a que su persona fue sancionada en el municipio de Puna del departamento de Potosí, cuando ejerció sus funciones en la Unidad Educativa "Litoral", en la que percibió un salario distinto al actual; por lo que, no se consideró el principio de proporcionalidad, e inclusive a la "fecha" no fue notificada con la respuesta a su solicitud de prescripción de la sanción impuesta en su contra. En ese orden, fue lesionado su derecho al debido proceso por ausencia de una respuesta fundamentada y motivada, y en consecuencia, su derecho a la defensa como administrada, al no contar con una oportunidad para hacer valer sus derechos, y al mismo tiempo, su derecho a la igualdad jurídica que le asegura una pronta y recta administración de justicia en el proceso administrativo y que posibilita la seguridad jurídica y la razonabilidad en los pronunciamientos "judiciales".

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación, vinculados a los derechos al trabajo y estabilidad laboral y al principio de seguridad jurídica; y, a la defensa e igualdad jurídica; citando al efecto los arts. "10", 46. I.2, 115.II, 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.2 incs. d) y f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución Administrativa Departamental 001/2023 de 17 de julio. Asimismo, en audiencia pidió que se disponga la emisión de una nueva resolución que se pronuncie respecto a lo denunciado en su recurso jerárquico.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 5 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 82 a 90 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

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