Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0379/2019-RCA Sucre, 10 de diciembre de 2019
Expediente: 31912-2019-64-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Oruro
En revisión la Resolución de 13 de noviembre de 2019, cursante de fs. 111 a 113, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Wilma Jeanette Soto Pareja y Martin Salvador Sejas Torrico en representación legal de Oscar Daniel Arancibia Bracamonte, Gerente Regional Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) contra Osvaldo Fernández Quispe, Presidente y Filimon Condori Calizaya, Vocal, ambos de la Sala Especializada Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia; y, Antonio Menacho Aillón, Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario Tercero, todos del departamento de Oruro.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 8 de noviembre de 2019, cursante de fs. 98 a 110 vta., el accionante mediante sus representantes legales manifiesta que no habiendo sido objeto de recurso de impugnación la Resolución Sancionatoria AN-GROGR-ULEOR 003/2013 de 30 de noviembre emitida por la Gerencia Regional de Oruro de la ANB, se conminó a Depósitos Aduaneros Bolivianos al pago de la respectiva multa, advirtiendo que en caso de incumplimiento se procedería a la ejecución coactiva en sede judicial conforme a lo previsto por el art. 114 del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de junio de 20013 -Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo-. Por lo que ante el incumplimiento a dicha conminatoria de pago, la administración aduanera planteó demanda coactiva fiscal contra Depósitos Aduaneros Bolivianos, mediante memorial de 20 de abril de 2015, que fue modificada como "demanda de ejecución de cobro coactivo", admitida en el Juzgado Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario -ahora Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Administrativo-, mediante Auto 040/2015 de 22 de mayo, dictándose la correspondiente nota de cargo.
Contestada la demanda de "ejecución de cobro coactivo" y respondida la misma por la parte demandante, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Administrativo Tercero del departamento de Oruro emitió el Auto 40/2016 de 26 de septiembre, declarando probada la excepción de incompetencia en razón de materia formulada por la entidad demandada, declarándose por ello incompetente en la causa, disponiendo que la misma sea remitida al juez de turno en materia civil y comercial -ahora juez público en materia civil y comercial-. Resolución que en apelación fue confirmada por la Sala Especializada Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social Administrativa del Tribunal departamental de Justicia de Oruro mediante Auto de Vista 43/2019 de 7 de mayo, atentando contra los derechos de la Administración Aduanera.
I.2. Derechos supuestamente vulnerados
El accionante a través de sus representantes considera lesionados los derechos de la entidad que representa al debido proceso en sus componentes del derecho a la motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones; y, al principio de "seguridad jurídica", citando al efecto los arts. 115.II, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela, disponiendo la anulación del Auto de Vista 43/2019 de 7 de mayo, se dicte nueva resolución debidamente motivada con relación a todos los aspectos alegados en el recurso de apelación y considerando el lineamiento jurisprudencial aplicable.
I.4. Resolución de la Sala Constitucional
La Sala Constitucional Primera del departamento de Oruro, mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, cursante de fs. 111 a 113, declaró la improcedencia "in limine" de esta demanda tutelar, puesto que la parte no utilizó los medios idóneos para realizar sus reclamaciones ante las autoridades llamadas por ley, fundamentando que:
- a)El accionante mediante la acción de defensa busca la nulidad del Auto de Vista SECCA-SA 43/2019 de 7 de mayo dictado por los Vocales ahora demandados;
- b)Revisados los antecedentes se tiene que la parte accionante no hizo uso del recurso de casación contra la referida Resolución de la cual solicita su nulidad, tomando en cuenta que el Auto 40/2016. elevado en apelación que declaró probada la nulidad de obrados y la incompetencia en razón de materia, planteada por la entidad demandada en el proceso de origen, fue concedido en el efecto suspensivo, por lo cual correspondía que el accionante interponga recurso de casación conforme a lo dispuesto por el art., 270 de la Ley 439 aplicable al caso por disposición de art. 1 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal (LPCF); y,
- c)Por ello se tiene que el accionante no hizo uso oportuno del recurso de impugnación llamado por ley.
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