0379/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0379/2019-S1 Sucre, 12 de junio de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 26833-2018-54-AAC Departamento: Tarija

En revisión la Resolución de 4 de diciembre de 2018, cursante de fs. 202 a 209, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por William Carrizo Abán contra Aimoré Francisco Álvarez Barba, Fiscal Departamental de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 12 y 19 de ambos de noviembre de 2018, cursantes de fs. 114 a 122; y, 131 a 134 vta., el accionante expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 18 de octubre de 2017, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Ángel María Reyes Serrudo, Juez Agroambiental de Bermejo del departamento de Tarija por los presuntos delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, proceso que concluyó con la Resolución Fiscal de Rechazo de 5 de marzo de 2018, emitido por el Fiscal de Materia, Aldo Francisco Corrillo Machicado, misma que una vez objetada, fue resuelta por el entonces Fiscal Departamental de Tarija, Carlos Andrés Oblitas Álvarez mediante Resolución de 12 de abril de igual año, que ratificó el citado rechazo de denuncia a través de un fallo que no resolvió sus agravios, pues omitió pronunciarse sobre el fondo de su objeción, vulnerando con ello su derecho a la tutela judicial efectiva que requiere que el mismo resuelva el fondo de la pretensión que está íntimamente relacionado con el derecho a una Resolución motivada y fundamentada como componente del debido proceso, elementos que están conectados por su característica de interdependencia reconocido por el art. 13.I de la Constitución Política del Estado (CPE); asimismo, el Tribunal Constitucional Plurinacional en su amplia jurisprudencia, señaló respecto a la congruencia, que ésta se cumple solamente si los Tribunales se pronuncian sobre todos y cada uno de los agravios planteados.

En base a esos parámetros constitucionales y citas jurisprudenciales, sostiene que "...la resolución es carente de toda fundamentación, limitándose en su requerimiento a transcribir citas jurisprudenciales y legales pero sin hacer ningún análisis del caso y la documentación cursante..." (sic); observa también, que durante la investigación en cuestión, no se realizaron los actos investigativos mínimos para llegar a la averiguación de la verdad de los hechos; por lo que, dicha investigación aún no ha concluido.

Además, la citada Resolución de 12 de abril de 2018, sólo refleja en su primera parte una relación de antecedentes y de normativa, para luego señalar totalmente fuera de contexto que: "...Por su parte el Consejo de la Magistratura formula objeción..." (sic), siendo que esa institución no participó dentro el proceso, menos objetó el rechazo a la denuncia. Asimismo, realizó una consideración genérica de sus agravios, obviando manifestarse respecto al problema jurídico planteado, en especial con referencia al último agravio, respecto a la producción de la prueba testifical, extremo que lesiona su derecho a la tutela judicial efectiva en relación al derecho a una Resolución motivada y congruente.

I.1.2.Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denuncia como lesionados sus derechos a la tutela judicial con relación al debido proceso en sus elementos a la fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto el art. 115 de la CPE.

I.1.3. Petitorio