Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0379/2022-S3 Sucre, 3 de mayo de 2022
SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 40161-2021-81-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 0045/2021 de 15 de abril, cursante de fs. 356 a 365 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rodolfo Saavedra López contra Katia Mariana Rivera Gonzáles, Directora Ejecutiva General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); y, Virginia Vidal Ayala, Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 23 de marzo y 5 de abril ambos de 2021, cursantes de fs. 34 a 51 vta.; y, 84, el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En junio de 2011, se apersonó para pagar los impuestos adeudados de su inmueble, llevándose la sorpresa de que los mismos se habían incrementado en más de trescientos por ciento, por lo que, acudió ante las oficinas de recaudaciones para presentar una denuncia, instancia que le indicó que revisarían su caso y que retorne en quince días; empero, ni ese tiempo ni meses sirvieron para obtener una respuesta. Luego de haber hecho seguimiento a su reclamo y de hacerse presente personal de la Alcaldía a su domicilio y realizado inspecciones técnicas, entre otros, el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Cochabamba, le inició un proceso de fiscalización en base a una alteración arbitraria de la Base Impositiva de su vivienda, lo que suscitó que le notificaran el 20 de noviembre de 2019, con la Resolución Determinativa (RD) 41/2019 de 12 de marzo, luego de ocho meses de haber sido emitida, la cual fue anulada hasta el vicio más antiguo con reposición de obrados hasta la Vista de Cargo 175 de 9 de febrero de 2018, mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0048/2020 de 9 de marzo, notificada el 11 de marzo de 2020, ignorando resolver aspectos de fondo no obstante que uno de los importantes era el cumplimiento de los plazos procesales, y en esencial el plazo final para dictar resolución o el plazo dentro del cual se debía llevar a cabo un proceso administrativo; asimismo, denunció que la fecha de la Resolución Determinativa y su notificación denotan incumplimiento de plazos que desconocen el art. 37.III de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), que señala que las resoluciones deben ser notificadas dentro del plazo máximo de cinco días posteriores a su emisión; empero, la resolución fue notificada ocho meses después, lo que constituye causal de nulidad.
Interpuesto el recurso jerárquico, la AGIT emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1250/2020 de 21 de septiembre; la cual resolvió confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0048/2020, cuando en el petitorio del recurso de alzada se solicitó que se anulen todos los actuados de fiscalización y las medidas intimatorias al constituir actos nulos y que vulneran el debido proceso y esquivan la responsabilidad de reponer los datos técnico originales, anular todos los actos procesales y ordenar la realización de una inspección técnica seria y profesional; asimismo, en el recurso jerárquico el petitorio estaba circunscrito a que se revoque la Resolución de Recurso de Alzada y se ordene a la ARIT Cochabamba que emita una nueva resolución debidamente justificada en la que se resuelva temas de fondo planteados en el recurso de alzada, observando el debido proceso en sus principios de pertinencia y congruencia; razón por la que no existe coherencia entre lo solicitado y lo resuelto, al haberse pedido un pronunciamiento sobre aspectos de fondo de la RD 41/2019, es decir sobre la legalidad de la supuesta deuda tributaria de las gestiones 2013 y 2014, que tiene su origen en alteración de hecho de datos técnicos de la Base Imponible y la absoluta falta de fundamentación, defectuosa valoración de la inspección técnica y el sesgado proceso de fiscalización; y si bien la RD 41/2019 tiene defectos de fondo y de forma, la ARIT Cochabamba al anular obrados hasta el vicio más antiguo atendió parcialmente lo solicitado; empero, la parte resolutiva contiene un sesgo legal importante ya que pretende convalidar los eventos sucedidos antes de la fiscalización como son la alteración de la base impositiva y dar como cierto la deuda emergente de dicho acto ilegal, pretendiendo de la misma manera desconocer el vencimiento de plazos procesales y tergiversando la verdad material de los hechos y haciendo conjeturas sobre fechas que no corresponden.
Alegó que los accionados en vez de considerar la verdad material de los hechos, las pruebas, actuaciones y las fechas como hechos ciertos y de cumplimiento obligatorio, las tergiversan y relativizan, ya que ni la notificación de fiscalización fue realizada el 2 de abril de 2018, ni la RD 41/2019 fue notificada el 12 de marzo de 2019; es decir que, siendo que el proceso administrativo surge con la modificación arbitraria de datos técnicos suscitados el 9 de octubre de 2009 y concluyó con la notificación de la RD 41/2019, transcurrieron más de diez años y no así en las fechas y plazos que la ARIT Cochabamba supone, desconociéndose la verdad material de los hechos, así las notas "AZ/RUAT/019/2014" y "AZ/RUAT/036/2014" que establecieron la realización de una inspección técnica que son la principal prueba fáctica, no sólo de la alteración de la base impositiva, sino también del inicio de un proceso de fiscalización; asimismo, de la notificación de inspección técnica correspondiendo la más antigua al 5 de febrero de 2015, si se considera esta como fecha de inicio el plazo es aún mayor, cuatro años, nueve meses y quince días, documentados en etapa recursiva y sin importar cualquiera de los actuados del GAM de Cochabamba como la fecha de inicio del proceso administrativo, los plazos fueron superabundantemente vencidos, desconociéndose lo establecido por el art. 104 del Código Tributario Boliviano (CTB) -Ley 2492 de 2 de agosto de 2003-, que señala que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo 175 no podrán transcurrir más de doce meses, pudiendo ser prorrogado en seis meses más, previa solicitud fundamentada a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la administración tributaria; plazo que no es un capricho de interpretación si no que se encuentra íntimamente relacionada con el concepto de prescripción previsto en el art. 154.IV del CTB, que prevé que la acción administrativa para ejecutar sanciones prescriben a los dos años; por su parte el art. 57 inc. c) del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003, señala que el acto administrativo se extingue de pleno derecho sin necesidad de otro acto posterior por expiración del plazo para el cumplimiento de su objeto; en ese sentido el argumento de la ARIT Cochabamba que señala que no existe norma alguna que limite el plazo de duración de un proceso administrativo y no declarar la nulidad de la RD 41/2019 impugnada por vencimiento de plazo procesal o caducidad, no es cierto, siendo más bien contrario al marco normativo de los arts. 35 y 36 de la LPA, que afecta directamente al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y legalidad; e incurriendo en una mala valoración de la prueba.
Concluyó indicando que ha existido una flagrante vulneración al cumplimiento de plazos procesales que son máximos y obligatorios y que nunca fueron considerados por los accionados dejándolo en absoluta indefensión al imponerle una deuda tributaria totalmente inexistente y arbitraria.
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
El impetrante de tutela denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, legalidad, sometimiento a la Ley y a la valoración de la prueba; señalando igualmente los principios de verdad material y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica.
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada y se determine:
- a)Instruir a la ARIT Cochabamba dictar una nueva resolución declarando la nulidad absoluta de la RD 41/2019 por vencimiento del plazo y/o caducidad del procedimiento administrativo;
- b)Que el GAM de Cochabamba, proceda a reponer los datos técnicos de la Base Impositiva de su vivienda alteradas de forma abusiva e ilegal;
- c)Levantar cualquier medida precautoria y/o administrativa emergente de los exabruptos legales cometidos por el GAM de Cochabamba; y,
- d)La ARIT Cochabamba dicte una nueva resolución anulando obrados hasta la Orden de Fiscalización 549/2016 de 19 de mayo, por haber omitido el pronunciamiento sobre la reposición de datos técnicos del inmueble 121479, contrario al derecho de petición consagrado en la Constitución Política del Estado.
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