0379/2022-S3

Solicita se conceda la tutela impetrada y se determine:

1. a)Instruir a la ARIT Cochabamba dictar una nueva resolución declarando la nulidad absoluta de la RD 41/2019 por vencimiento del plazo y/o caducidad del procedimiento administrativo;
2. b)Que el GAM de Cochabamba, proceda a reponer los datos técnicos de la Base Impositiva de su vivienda alteradas de forma abusiva e ilegal;
3. c)Levantar cualquier medida precautoria y/o administrativa emergente de los exabruptos legales cometidos por el GAM de Cochabamba; y,
4. d)La ARIT Cochabamba dicte una nueva resolución anulando obrados hasta la Orden de Fiscalización 549/2016 de 19 de mayo, por haber omitido el pronunciamiento sobre la reposición de datos técnicos del inmueble 121479, contrario al derecho de petición consagrado en la Constitución Política del Estado.

Katia Mariana Rivera Gonzáles, Directora Ejecutiva General a.i. de la AGIT; mediante informe cursante de fs. 339 a 346 vta., y en audiencia virtual, a través de sus representantes señaló:

1. 1)El 11 de agosto de 2016, la Administración Tributaria Municipal notificó personalmente al ahora accionante, con la Orden de Fiscalización 549/2016, comunicando el inicio de un proceso de Fiscalización para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias sobre el Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IMPBI) correspondientes a las gestiones 2013 y 2014 del inmueble con registro 121479, solicitando igualmente documentación;
2. 2)El 17 de febrero de 2017, la Administración Tributaria Municipal labró el Acta de incumplimiento, señalando que el accionante fue notificado con la referida Orden de Fiscalización, sin haber presentado ninguna documentación; emitiéndose Auto de ampliación de plazo "018/2017", resolviendo extender el plazo por seis meses más a partir de la fecha del cumplimiento de los doce meses del proceso de fiscalización con la Orden de Fiscalización 549/2016;
3. 3)Con la Vista de Cargo 175, se notificó al contribuyente el 2 de abril de 2018, que estableció una deuda preliminar del IMPBI de UFV´s3 818,97.- (tres mil ochocientos dieciocho 97/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), afirmándose que el sujeto pasivo incurrió en omisión de pago;
4. 4)El 20 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria Municipal, notificó personalmente al accionante con la RD 41/2019, que declaró la existencia de una deuda por concepto del IMPBI por las gestiones 2013 y 2014 sobre el 50% de "AADD" del inmueble 121479, establecida sobre Base Cierta contra el impetrante de tutela por el importe de UFV´s4 670,60.- (cuatro mil seiscientos setenta 60/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), por concepto de tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento de deberes formales; de igual manera calificó la conducta como omisión de pago e impuso la sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido en UFV´s2 730,21.- (dos mil setecientos treinta 21/100 Unidades de Fomento a la Vivienda);
5. 5)Dicho acto que al haber sido impugnado mereció la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0048/2020, misma que anuló obrados hasta la Vista de Cargo 175 y que ante su impugnación, la AGIT emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1250/2020;
6. 6)Revisado el memorial de amparo constitucional se evidencia que en el caso no se cumplió con la relación de los hechos y la identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados, previsto en los numerales 4 y 5 del art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo); concurriendo igualmente la inexistencia de la relación de causalidad entre los hechos y la lesión acusada que impide poder ingresar al análisis de fondo, además de haberse alegado argumentos que no poseen relevancia constitucional;
7. 7)La acción de amparo constitucional tiene como finalidad garantizar los derechos de toda persona reconocidos por la Norma Fundamental contra actos ilegales o las omisiones indebidas de los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir, aclarando que la misma acción constitucional no puede revisar todo el proceso administrativo llevado a cabo o peor aún examinar la hermenéutica adoptada, así como no es una instancia casacional;
8. 8)En la instancia administrativa no se vulneraron derechos ni garantías constitucionales, al haberse sujetado al procedimiento y la normativa jurídica de carácter especial conforme al debido proceso y el principio de congruencia, así de la revisión y compulsa del expediente se evidencia que el 4 de diciembre de 2019, el sujeto pasivo presentó recurso de alzada exponiendo como agravios ausencia de fundamento técnico y legal, que se realizaron inspecciones técnicas que no dieron ningún resultado, el plazo para la conclusión del proceso al haber supuestamente la administración tributaria incumplido plazos procesales dispuestos en el Código Tributario Boliviano; que los resultados de la inspección fueron arbitrarios, improvisados e irresponsables; así como existió arbitrariedad en la calificación del tipo de construcción y superficie, dado que el acto administrativo impugnado reclasificó el inmueble mediante inspecciones técnicas carentes de respaldo técnico; que la agregación de nuevas construcciones, indicando que los funcionarios municipales en lugar de advertir dichas incorporaciones y exigir el cumplimiento de la normativa, aplicaron una valoración como si estas fueran legales con el objetivo de cobrar impuestos, en ese sentido indicó que el cálculo de la base imponible era errónea; y, finalmente la vulneración al debido proceso, al haberse modificado la base impositiva sin un respaldo técnico; por lo que, no correspondía la supuesta base cierta, pidiendo además que se anulen todos los actuados de fiscalización y medidas intimatorias;
9. 9)De la lectura de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0048/2020 se puede advertir que la ARIT Cochabamba, refirió que de acuerdo al Auto de admisión el sujeto pasivo interpuso recurso de alzada contra la RD 41/2019, que estableció la existencia de deuda tributaria correspondiente al IMPBI de las gestiones 2013 y 2014 y que de acuerdo al recurso de alzada al momento de objetar la retención de sus cuentas bancarias, hizo alusión a que dicha medida coactiva corresponde a deudas tributarias originadas en la liquidación de determinación mixta de otras gestiones; por lo que, la instancia de alzada determinó que lo pretendido responde a procesos ajenos al objeto de la impugnación, impidiéndole efectuar un pronunciamiento al respecto, más aún cuando el recurso de alzada no era admisible contra medidas precautorias que se adopten a la ejecución tributaria ni contra ninguno de los títulos de ejecución tributaria;
10. 10)Sobre el argumento de que existe una negación tendenciosa respecto de la alteración de los datos de la base impositiva, a pesar de la existencia de notas de reclamo y que nadie se responsabilizó por la arbitraria modificación de datos, existiendo una premeditada practica de dilación, distorsión, confusión y derivación de los trámites de una unidad a otra para provocar el cansancio del sujeto pasivo; se señaló que los agravios ocasionados por la conducta funcionaria de los servidores públicos del ente recaudador, constituyen un aspecto que debe ser revisado por la Administración Tributaria Municipal, al ser éste propio de la competencia del régimen disciplinario que posee la entidad pública no pudiendo ser dicha situación analizada en instancia recursiva por carecer de competencia para ello;
11. 11)La Resolución de alzada se refirió sobre el incumplimiento de plazos indicando que ello no sería evidente, puesto que no hubo incumplimiento del mismo en la emisión de la Vista de Cargo 175, pero si en la Resolución Determinativa, aclarando que las actuaciones administrativas establecidas fuera de tiempo sólo serán anulables cuando estén dispuestas por la norma;
12. 12)Así con relación al punto de falta de fundamentación en la determinación, se expusieron los argumentos del sujeto pasivo y de la administración tributaria municipal, indicando que el contribuyente cuestionó el fundamento técnico para efectuar el cambio de datos del inmueble, aclarando que los informes emitidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, constituyen actuaciones internas que tienen por finalidad informar a la máxima autoridad acerca de la actuación realizada; sin embargo, dichos informes no generan efectos jurídicos sobre el administrado; por lo que, el contribuyente no puede pretender argumentar la vulneración al derecho al debido proceso y la defensa por la ausencia de informes emitidos como consecuencia de una inspección realizada al inmueble;
13. 13)La ARIT Cochabamba señaló que la descripción del contenido de la Vista de Cargo 175 permitió advertir que la Administración Tributaria Municipal no explicó, desarrolló y menos fundamento la forma en que llegó a establecer los datos técnicos del inmueble, es decir no expuso de forma clara y precisa los parámetros, aspectos, datos y elementos de convicción que permitieron establecer que la superficie, tipo y antigüedad de las construcciones resulta distinta a la consignada en los registros tributarios, lo cual fue expresamente observado por el contribuyente quien extrañó la metodología sobre al cual el GAM determinó la modificación de datos técnicos de su inmueble, identificando falta de fundamentación de la citada administración para efectuar la determinación de la base imponible. Por lo que, al haber la instancia de alzada referido la falta de fundamentación en la determinación no emitió un fallo incongruente, se circunscribió a lo aludido en el petitorio, además al haberse evidenciado un vicio de forma, se encontraba impedida dicha instancia de ingresar al análisis y consideración de los aspectos de fondo;
14. 14)Sobre la incongruencia supuestamente cometida por la instancia de alzada al haber desvirtuado la nulidad de la RD 41/2019 por el vencimiento de los plazos procesales, cabe señalar que el art. 99.I del CTB, no dispone la nulidad de dicho acto cuando hubiese sido emitido y notificado fuera del plazo establecido, aspecto correctamente advertido por la ARIT Cochabamba desvirtuando el agravio denunciado; y,
15. 15)Con relación a la conculcación de derechos y garantías constitucionales, de la simple lectura de la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1250/2020, ésta realizó una adecuada motivación sobre todos los aspectos observados, más aun si la fundamentación no necesariamente debe ser ampulosa o exagerada en sus consideraciones y citas legales; empero, debe ser concisa, clara y responder a todos los aspectos demandados, lo cual ocurrió en el presente caso al haberse identificado correctamente el objeto de la litis, resolviendo cada uno de los puntos impugnados, no siendo viable que se señale la falta de motivación y congruencia cuando contrariamente a lo manifestado sus pretensiones fueron atendidas de manera específica.

Virginia Vidal Ayala, Directora Ejecutiva Regional de la ARIT Cochabamba, por informe cursante de fs. 294 a 304 vta., y en audiencia virtual, señaló que:

1. i)La ARIT Cochabamba ajustó su decisión a los puntos impugnados del recurso de alzada de forma motivada, fundamentada y orientada sobre los principios básicos y reglas constitucionales inmersos en la Constitución Política del Estado; toda vez que, antes de resolver el recurso de alzada, delimitó el análisis al advertir de la lectura del memorial de interposición del recurso que la parte recurrente al momento de exponer los agravios ocasionados por el proceso determinativo sustanciado en su contra también objetó la aplicación de medidas coactivas realizadas y la forma en la que actuaron los funcionarios públicos de la Admiración Tributaria Municipal;
2. ii)De la compulsa del memorial de impugnación así como del Auto de admisión el accionante interpuso recurso de alzada contra la RD 41/2019, la cual estableció la existencia de deuda tributaria correspondiente al IMPBI solamente de las gestiones 2013 y 2014;
3. iii)El impetrante de tutela en su memorial de interposición de recurso de alzada al momento de objetar la retención de sus cuentas bancarias, aludió que dicha medida coactiva corresponde a deudas tributarias originadas en liquidaciones por determinación mixta de otras gestiones, lo que permitió colegir que lo pretendido por el peticionante de tutela responde a procesos ajenos al objeto del Recurso de Alzada y el alcance de la fiscalización, impidiendo que esa instancia recursiva efectue un pronunciamiento al respecto, más aún si conforme el art. 195 del CTB, el recurso de alzada no es admisible contra medidas precautorias que se adopten en la ejecución tributaria ni contra ninguno de los títulos de ejecución tributaria;
4. iv)El accionante argumentó la existencia de una negación tendenciosa por parte de los funcionarios de la Administración Tributaria Municipal sobre la alteración de los datos de la base impositiva, no obstante de la existencia de notas de reclamo, siendo que nadie se responsabilizó por la modificación de datos; al respecto se advierte que el nombrado reclamó el actuar de los funcionarios públicos durante la interacción que tuvo con la administración tributaria municipal; empero, tales hechos o agravios debieron ser dilucidados por la propia administración a través de su régimen disciplinario, no pudiendo ser esa situación examinada en el recurso de alzada por carecer la ARIT Cochabamba de competencia para ello, de acuerdo al art. 197 del CTB;
5. v)En la vía recursiva el impetrante de tutela manifestó que notificada la Orden de Fiscalización 549/2016, la administración tributaria no realizó movimiento hasta el mes de enero de 2018, con la realización de la inspección técnica y posteriormente la conclusión del proceso, con la notificación de la RD 41/2019 el 20 de noviembre de 2019, es decir tres años y cinco meses después; al respecto corresponde señalar que en temas del instituto jurídico de la nulidad, debe considerarse también el principio de especificidad, así el art. 104.V del CTB, prevé que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce meses; sin embargo, cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la MAE de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis meses más; de la misma manera el art. 36.III de la LPA, aplicable en materia tributaria conforme los arts. 74 y 201 del CTB, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo;
6. vi)La Administración Tributaria Municipal emitió la Orden de Fiscalización 549/2016 comunicando al contribuyente el inicio de una fiscalización del IMPBI de las gestiones 2013 y 2014 correspondiente al inmueble con código catastral "05-012-006-0-00-000-000", acto que fue notificado el 11 de agosto de 2016, iniciándose de esa manera el proceso determinativo; asimismo, el 9 de agosto de 2017, la Dirección de Recaudaciones del GAM de Cochabamba, emitió el Auto de ampliación del plazo 018/2017, aumentando el mismo por seis meses más a partir de su fecha de cumplimiento de los doce meses del proceso de fiscalización iniciado con la Orden de Fiscalización 549/2016, motivo por el cual el ente recaudador debió emitir la Vista de Cargo hasta el 11 de febrero de 2018; así la Vista de Cargo 175, fue notificada de manera personal al accionante el 2 de abril de 2018; y desde el inicio del proceso determinativo con la notificación de la señalada Orden de Fiscalización, hasta la conclusión del trabajo de campo con la emisión de la Vista de Cargo referida, no transcurrió más del plazo dispuesto en el art. 104.V del CTB, en ese sentido la Administración Tributaria Municipal respetó el plazo establecido para la emisión de la Vista de Cargo;
7. vii)La Vista de Cargo 175 fue notificada el 2 de abril de 2018, así el plazo establecido para la presentación de descargo dispuesto por el art. 98 del CTB feneció el 2 de mayo del mismo año, de esta manera la Administración Tributaria Municipal debió emitir y notificar la RD 41/2019 hasta el 1 de julio del referido año; empero, fue emitida el 12 de marzo de 2019, resultando evidente que la Administración Tributaria Municipal vulneró lo dispuesto en el art. 99.I del CTB, en lo referido al plazo establecido para su emisión y notificación; no obstante se aclaró al accionante que dicha norma establece que la vulneración del plazo previsto para la emisión de la Resolución Determinativa, deriva en que la Administración Tributaria al momento de liquidar la deuda tributaria, no establezca intereses sobre el tributo determinado, desde el día en que debió dictarse hasta el día de la notificación con dicha resolución; empero, no contiene en su redacción la nulidad del proceso como penalización al incumplimiento de plazo;
8. viii)En ese sentido al no encontrarse expresamente establecida la nulidad del proceso por incumplimiento de plazos para la emisión de la Resolución Determinativa, bajo el principio de especificidad, no correspondía anular el proceso determinativo por esa situación, más aún si el art. 36.III de la LPA, dispone que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas, solo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, razonamiento que recoge su fundamento en la SCP 0022/2015-S2 de 16 de enero, respecto al principio de especificidad o legalidad;
9. ix)La parte accionante denunció que la RD 41/2019, el formulario de actualización de dados y la Vista de Cargo, no contienen un informe de valoración o aspecto metodológico sobre la calificación de las construcciones; por lo que, la base imponible fue alterada arbitrariamente sin previo aviso y con ausencia de fundamento técnico y legal, ratificando las notas "AZ/RUAT/019/14" y "AZ/RUAT/036/14"; en ese sentido por mandato del art. 201 del CTB, se tiene conforme el art. 36 de la LPA, es procedente la revocación de un acto anulable por vicios del procedimiento, únicamente cuando éste ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público, la anualidad de un acto se configura cuando el acto en cuestión genera un estado de indefensión al administrado;
10. x)De la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la Vista de Cargo 175, señaló que en ejerció de la facultad de verificación y control de los datos técnicos del inmueble mediante informe DGC 129/2018 de 30 de enero, fue determinado que el inmueble fiscalizado se encontraría sobre una vía asfaltada y ubicado en zona tributaria 6, encontrándose conformado por un bloque A de 541.42 m2, tipología muy buena a partir de la gestión 2008, bloque B de 87.79 m2 tipología económica a partir de la gestión 2014, construcción adicional 64 (tinglado) de 16 m2 tipología marginal y desde el 2004 otra construcción adicional 60 (garaje) de 24 m2 topología muy económica, citado acto que señaló que la Administración Tributaria Municipal procedió a establecer el impuesto omitido sobre base cierta de acuerdo al art. 43.I de CTB, se expuso el cuadro técnico del inmueble identificando entre otros, la superficie, el tipo y la antigüedad de las construcciones, datos sobre los cuales estableció la base imponible y liquidó la deuda tributaria determinando un importe total de UFV`s3 818,97.-;
11. xi)Si bien el sujeto pasivo dentro del Recurso de Alzada manifestó la falta de emisión de un informe que recoja todos los aspectos recabados durante la realización de la inspección técnica al inmueble y que le permita ejercer su derecho a la defensa objetando su contenido, no obstante de la compulsa de los antecedentes administrativos, permiten desvirtuar dicho extremo, siendo que la Administración Tributaria Municipal ante la inspección realizada y utilizado como fundamento en la Vista de Cargo 175 para la modificación de los datos del inmueble emitió el Informe DGC 129/2018, el cual además no generó efecto jurídico sobre el administrativo; motivo por el cual, no se puede argumentar la vulneración al derecho al debido proceso y a la defensa por la ausencia de informes emitidos como consecuencia de una inspección realizada al inmueble;
12. xii)En el presente caso la descripción del contenido de la Vista de Cargo 175, permitió advertir que la Administración Tributaria Municipal, no explicó, desarrolló y menos fundamentó la forma en que llegó a establecer los datos técnicos del inmueble, es decir no expuso de forma clara y precisa los parámetros, aspectos, datos y elementos de convicción que permitieron establecer que la superficie, tipo y antigüedad de las construcciones resulta distinta a la consignada en los registros tributarios, aspecto que fue expresamente agraviado por el accionante, quien extrañó la metodología sobre el cual se determinó la modificación de los datos técnicos de su inmueble; consecuentemente, resultó evidente que la Vista de Cargo 175, no contenía la fundamentación necesaria para comprender la metodología aplicada por el ente recaudador para establecer la modificación de los datos técnicos del inmueble, generando indefensión al sujeto pasivo y que vició de nulidad del acto, al desconocer el art. 96 del CTB;
13. xiii)La RD 41/2019 impugnada igualmente incurrió en la misma falta de fundamentación y motivación contenida en la Vista de Cargo 175, en cuanto a la forma en la que fueron establecidos los nuevos datos del inmueble, aspecto que vulneró lo dispuesto en el art. 99.II del CTB, relacionado a los requisitos que debe contener la RD 41/2019, al haberse limitado a establecer conclusiones sin exponer la forma en que arribó a dicho resultado y si bien hizo alusión a la inspección efectuada en el inmueble; sin embargo, de la compulsa de obrados, se tiene que el formulario para la actualización de datos técnicos no consigna la firma del sujeto pasivo a efecto de poder corroborar su participación y conocimiento de los datos recabados, así como los parámetros utilizados en el establecimiento de los datos técnicos del inmueble referidos a superficie, tipo de construcción y antigüedad;
14. xiv)En ese contexto al haberse identificado los vicios de nulidad denunciados por el accionante, la instancia de alzada se vio imposibilitada de pronunciarse sobre los aspectos de fondo planteados relacionados a la determinación de la base imponible, debido a que de forma previa la Administración Tributaria Municipal, debía subsanar los vicios procedimentales en los que incurrió; por tales circunstancias se estableció que esa Administración vulneró el derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y a la defensa, correspondiendo a la ARIT Cochabamba, anular la RD 41/2019, emitida por la Dirección de Ingresos Tributarios del GAM de Cochabamba, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la Vista de Cargo 175, en resguardo de los derechos del accionante;
15. xv)La instancia de alzada realizó un análisis y compulsa objetiva de los reclamos, hechos, antecedentes y pruebas conducentes a desvirtuar la presente acción de defensa invocada por la parte impetrante de tutela, los actos emitidos por esa instancia por si solos demuestran que no existió vulneración de derechos invocados; y,
16. xvi)Lo fundamentado en la acción tutelar y su petitorio no tienen respaldo legal ni fáctico, dado que la decisión asumida en alzada fue conforme a una correcta interpretación de la norma y los antecedentes del proceso, los cuales se encuentran desarrollados en los fundamentos técnico y jurídicos de la resolución ahora cuestionada, no siendo evidente la vulneración de derechos.

Iván Marcelo Tellería Arévalo, Alcalde del GAM de Cochabamba, a través de su representante legal, por memorial cursante de fs. 322 a 325, y en audiencia indicó que:

1. a)Si bien la labor interpretativa de la Ley corresponde a la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional puede excepcionalmente verificar si en aquella acción se incurrió en lesión de derechos fundamentales, los que deben ser acreditados por quien los reclama expresando los motivos por los cuales considera que la labor interpretativa resulta lesiva a sus derechos estableciendo la forma en la que fueron vulnerados a partir de la errónea interpretación de la ley; requisitos sin los cuales la jurisdicción constitucional se ve impedida de efectuar la verificación, lo contrario implicaría la intromisión de la jurisdicción constitucional en la ordinaria; en el caso al no haberse cumplido con los estándares argumentativos exigidos que evidencie la relación de vinculación entre la actividad argumentativa desarrollada por la autoridad accionada y los presuntos derechos vulnerados, no se cumplió con dichos presupuestos para que se pueda ingresar a la revisión de la legalidad ordinaria, correspondiendo denegar la tutela solicitada;
2. b)En cuanto a la valoración y determinación de los datos técnicos del inmueble, se tomó en cuenta la realización de la inspección in situ realizada el 18 de enero de 2018, así como la verificación de imágenes satelitales por gestión, verificación del plazo de construcción y otros, así en la búsqueda de la verdad material, se agotaron todos los mecanismos a fin de asumir el conocimiento cierto de las circunstancias y hechos que permitan determinar la base imponible del tributo sobre base cierta, de lo que se tiene que la tipología modificada al inmueble fue realizada en resguardo del principio de verdad material y previa verificación del inmueble y correlación con la documentación adjunta por el sujeto pasivo, con respaldo de medios tecnológicos, como el "SISCAT" e Infraestructura de Datos Especiales (IDE) del Departamento de Catastro entre otros, sistemas certificados y autorizado para su utilización por la Dirección de Administración Geográfica y Catastro del GAM de Cochabamba;
3. c)Se realizó la inspección de datos sobre Base Cierta y como consecuencia de la inspección y actualización de datos se emitió la Vista de Cargo 175 y la RD 41/2019, y en el ejercicio de las facultades de verificación, control y fiscalización de la Administración Tributaria Municipal dispuso se realice la inspección técnica del inmueble del ahora accionante, dando como resultado el Informe DGC 129/2018, el cual estableció realizar la verificación de las construcciones sobre base cierta y se realizó la actualización de datos técnicos del inmueble;
4. d)Fue de conocimiento del accionante el informe "AZ/RUAT/019/14" por el que el Jefe de Departamento de Atención al Ciudadano vía la Subalcaldía "Adela Zamudio", que el Sistema de Registro Unico para la Administración Tributaria (RUAT)-Inmuebles reportó que se realizó una modificación de datos técnicos el 9 de octubre de 2009, por la Arquitecta Alejandra Antezana Rojas, en los bloques A y B, de lo que se tiene que la funcionaria municipal luego de haber ingresado a la vivienda verificó en detalle los materiales y estado de las construcciones y por tanto el cálculo de la deuda tributaria se realizó sobre base cierta;
5. e)Asimismo fue de conocimiento del accionante mediante nota "SAAZ-DUTA/934/2016", emitida por la División de Urbanismo y Trámites Administrativos y la Encargada de RUAT-Inmuebles, que no se pudo realizar la revisión de la modificación de datos técnicos del inmueble debido a que estas modificaciones pudieron ser registradas en el referido sistema con inspecciones previas de algún técnico de esa gestión o a través del cartográfico (presunta) o sea un error manual como se menciona en la solicitud; sin embargo, el propietario pudo solicitar la programación de una inspección al inmueble para definir el cobro correcto de los impuestos;
6. f)Los informes emitidos por los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones se constituyen en actuaciones internas que tiene la única finalidad de informar a la MAE sobre la actuación realizada, dichos informes no generan efectos jurídicos sobre el administrado; motivo por el que, el impetrante de tutela no puede argumentar la vulneración de los derechos al debido proceso y a la defensa por la ausencia de informes emitidos como consecuencia de una inspección realizada al inmueble; y,
7. g)De la revisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1250/2020, que confirmó la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0048/2020, que anuló la Vista de Cargo 175, se evidencia una correcta compulsa del caso, el fallo impugnado no presenta una fundamentación incongruente, reiterando la propia resolución que al haber evidenciado un vicio de forma, se encontraba impedido de ingresar al análisis de consideración de los aspectos de fondo, cumpliendo con los arts. 198 y 211 del CTB, no siendo evidente la vulneración del art. 115 de la CPE y menos de la jurisprudencia presentada que no resulta vinculante al caso concreto, aclarándose además que los actos del GAM de Cochabamba no transgredieron el marco normativo, como pretende hacer ver el accionante, consolidándose así las autorestricciones regladas de la propia jurisdicción constitucional para la revisión de actividad de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 0045/2021 de 15 de abril, cursante de fs. 356 a 365 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)De la revisión de las resolución impugnada se evidencia que no existe ausencia de fundamentación y motivación, por el contrario las autoridades accionadas expusieron los hechos resolviendo la problemática planteada bajo los parámetros establecidos por Ley, tanto en el fondo como en la forma, más aún si una resolución no necesariamente debe ser ampulosa sino que exprese las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas;
2. 2)De la compulsa de los antecedentes se tiene que las autoridades accionadas se pronunciaron expresamente y fundadamente respecto a los agravios que expuso el ahora accionante en sus impugnaciones, no observándose que las resoluciones sean incongruentes, en el entendido de que no se ingresó a considerar los aspectos de fondo planteados en específico, al haberse evidenciado un vicio de forma que ameritó la anulabilidad de la RD 41/2019 hasta el vicio más antiguo como es la Vista de Cargo 175, bajo el criterio de la existencia de una falta de fundamentación y motivación incurrida en ese actuado que eventualmente ocasionó que no cumpla su finalidad y vulneró derechos, al no contener todos los elementos necesarios para asegurar el ejercicio a la defensa del administrado; por lo que, será en la nueva Vista de Cargo a emitirse, si corresponde, en que se solicite nuevos elementos para establecer si corresponde la deuda que motiva su reclamo o sea la base para la emisión de una nueva resolución determinativa; en ese sentido las resoluciones emitidas no son incongruentes, además de que no se ingresó al fondo de la problemática planteada, lo que puede dar lugar incluso a que las supuestas vulneraciones sean reclamadas en la instancia administrativa por el demandante;
3. 3)No obstante a ello, si la intención del ahora accionante es observar tanto los fundamentos de la Relación del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0048/2020 así como la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1250/2020, ello implica una revisión de las resoluciones de fondo cuestionadas, al respecto se debe dejar claramente establecido que la acción de amparo constitucional no es una instancia procesal ni casacional supletoria, conforme a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional;
4. 4)Asimismo, conforme a la SCP 1737/2014 de 5 de septiembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede inmiscuirse en la labor que efectúan los Jueces y Tribunales ordinarios y menos puede convertirse en un supra tribunal con facultades de revisar lo obrado por autoridades de otras jurisdicciones, a menos que se hubiera manifestado de manera precisa una errónea valoración de la prueba, individualizando la misma indicando el alejamiento de los marcos de razonabilidad y equidad, una errónea interpretación del derecho, precisando igualmente qué normas legales fueron equívocamente interpretadas y cómo su interpretación vulneró derechos fundamentales de manera puntual y concreta o cómo los elementos de congruencia y fundamentación fueron vulnerados al emitir una resolución judicial, debiendo la parte impetrante de tutela bajo una correcta carga argumentativa y probatoria demostrar objetivamente tales vulneraciones, no basta realizar una relación de los hechos y en cuanto a los elementos de congruencia y fundamentación, también debe establecerse la relevancia constitucional, la arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de la resolución que tenga efecto modificatorio en el fondo de la decisión; extremos que en el caso de autos no se cumplen al haberse limitado la parte accionante a realizar una relación de hechos en cuanto se refiere a la legalidad ordinaria y fundamentalmente sobre las normas aplicadas en cuanto se refiere a la emisión y notificación con la Vista de Cargo 175 así como la RD 41/2019, sin señalar el nexo de causalidad entre estos y la supuesta interpretación errónea;
5. 5)No se tomó en cuenta que a ese Tribunal le corresponde conceder la tutela únicamente cuando se evidencie vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales, no pudiendo ingresar a verificar si las autoridades demandadas interpretaron o aplicaron correctamente la ley o cómo debió interpretarla o aplicarla, lo contrario significaría sustituir a las autoridades judiciales en su labor legalmente encomendada; y,
6. 6)Con relación al principio de seguridad jurídica, conforme a la "SCP 2222/2012", éste no se encuentra consagrado como derecho fundamental, sino como principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo, no pudiendo ser tutelado por la acción de amparo constitucional que tiene por finalidad la protección de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y las normas internacionales de derechos humanos.