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TCP

0379/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
8 de abril de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0379/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0379/2026-S3 Sucre, 8 de abril de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 52702-2023-106-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 32/2022 de 8 de diciembre, cursante de fs. 153 a 154 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Pablo Lijerón Castellón en representación sin mandato de Lidi Irene Gonzáles Ardaya contra Alain Núñez Rojas, Vocal de la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda; Albania Chane Caballero Saavedra, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia las Mujeres Primera; y, Lilian Moreno Cuéllar, Jueza de Sentencia Penal Décimo Cuarta, todas de la Capital del departamento de Santa Cruz; Roberto Francisco Ruíz Pizarro, María Francisca Rivero Guzmán, Oswaldo Dante Tejerina Ríos, Rose María Barrientos Ruiz, y Karla Vanessa Barrón Hidalgo, Fiscales de Materia; Paola Jimena Muñoz Poveda, Notaria de Fe Pública; Juan Carlos Galeas, Justino Quispe Choque, Willian Gutiérrez García, Domingo Zeballos, Fuat Camacho Ticona, Víctor Hugo Quispe Castro, Dennys Vargas Ferrufino y Abdón Zenón Mendoza Flores, Funcionarios Policiales; David Mancilla Camacho, Giovanni Mancilla Suárez, Ángel Esteban Castellanos Costas, Aideé Paz vda. de Añez, Denver Pedraza López, Jorge Marcelo Castellanos Lijerón, Mario Javier Colombo Saucedo, Holvy Paúl Añez Paz, Eudal Ruiz Loayza, y Hugo Molina Camargo.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURIDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de diciembre de 2022, cursante de fs. 3 a 31, la accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde hace más de nueve años, David Mancilla Camacho -ahora demandado- coludido con el también demandado Ángel Esteban Castellanos Costas, ex Representante Legal de la empresa "Capital Privado Inmobiliario Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)", y otras personas no identificadas, a través de medios ilícitos vienen efectuando actos de represión, persecución y violación sistemática de derechos humanos contra las más de quince personas que se encuentran habitando el bien inmueble de la mencionada empresa a diferentes títulos, siendo su persona una de ellas, donde además ejerce su actividad laboral. Todo con el único fin de usurpar dicho bien inmueble y repartirse entre todos los ahora demandados los beneficios económicos que el mismo genera.

En ese contexto, a pesar de que esta jurisdicción a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0028/2019-S4 de 1 de abril, y del Auto Constitucional (AC) 0183/2019-RCA de 24 de junio, que gozan de calidad de cosa juzgada constitucional; determinó que, -los ahora demandados- "...José Eduardo, Juan Carlos, Ronald Fidel, Luis Enrique, Holvy Paúl y Fátima todos Añez Paz, y la Empresa Bolivia Mahogany S.R.L..." (sic), no cuentan con derecho propietario alguno sobre el bien inmueble de la mencionada empresa, estos en franco desconocimiento de esas determinaciones constitucionales vienen planteando y promoviendo una serie de denuncias penales falsas en su contra y de los otros habitantes de dicho bien inmueble, así como en contra de "PRESUNTOS AUTORES", como las signadas con Código Único de Denuncias (CUD) "70110201210874" y Formulario Único de Denuncias (FUD) "701102012202920", que en complicidad con las autoridades y funcionarios policiales -ahora demandados-, y procediendo a la manipulación informática de los sorteos, fueron admitidas y tramitadas con el único objeto de que a través de medidas de hecho encubiertas por las diferentes anotaciones preventivas y mandamientos de allanamiento, requisa y aprehensión, pronunciados y ejecutados de manera irregular por las señaladas autoridades y funcionarios policiales, y hasta incluyendo informes y reportes policiales falsos, puedan avasallar el referido bien inmueble, como ya ocurrió el 27 de octubre de 2021, a las 06:45, cuando los funcionarios policiales demandados subiendo por encima de la barda desenfundaron sus "armas de fuego" y sin explicación alguna amenazaron de muerte a las personas presentes, esposándolas delante de sus familiares, y apropiándose de dinero, objetos de valor y documentos privados de forma abusiva, bajo la excusa de supuestamente buscar armas de fuego, atentando con ello su derecho a la libertad, a la vida y vulnerando sus derechos a la honra, al honor y a la dignidad; reiterándose esas medidas de hecho encubiertas el 30 de mayo de 2022, a las 09:30, cuando en un nuevo allanamiento fueron amenazados con la instauración de más procesos penales si no procedían al desalojo del indicado bien inmueble.

En ese sentido, a consecuencia de esas medidas de hecho, junto con el resto de personas que habitan y trabajan en el bien inmueble objeto de controversia, se encuentra ilegal e indebidamente procesada y perseguida por los diferentes mandamientos pronunciados dentro de las denuncias falsas promovidas y tramitadas en conjunto por los ahora demandados.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la vida digna, a la libertad, al debido proceso, a la vivienda, a la propiedad privada, a la inviolabilidad del domicilio, al acceso a la justicia, al trabajo, al ejercicio de actividades empresariales, a la dignidad, a la igualdad, a la comunicación, a la presunción de inocencia, y a la seguridad jurídica; y, de los principios de vivir bien y de verdad material; citando al efecto a los arts. 8.II, 9.2 y 5, 13.I, 14.III, 15.I, 18.2, 19.I, 21.2, 22, 23.I y III, 25.I, 46.II, 47.I, 56, 68, 87, 106, 108.5, 109.I, 115, 116, 119.I, 180.I, 203, 235.1, 308.II, 311.II inc. 5), y 410.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 11.1, 2 y 3; y, 21.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 17.1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH).

I.1.3. Petitorio

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