Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0380/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 55227-2023-111-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 18/2023 de 26 de enero, cursante de fs. 476 a 477 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Gonzalo Molina Díaz contra Edgar Montaño Rojas, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante por memoriales presentados el 26 de octubre y 15 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 107 a 122; y, 125 a 130, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 15 de octubre de 2004, mediante Contrato de Consultoría YHYD/028/2004, inició su relación laboral con la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) -Institución ahora tercera interesada-, bajo la protección de la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario conforme establecía el Reglamento Interno de AASANA aprobado por la Resolución Ministerial (RM) 566/80 de 27 de octubre de 1980. El 4 de abril de 2005, después de la conclusión de su Contrato de Consultoría -31 de marzo de ese mismo año-, se le otorgó un ítem para encargarse del área financiera, habiendo ascendido de manera meritoria en esa Institución.
En la vía pública, el 13 de diciembre de 2021, uno de los trabajadores de la AASANA -en liquidación por determinación de la Disposición Adicional Primera del Decreto Supremo (DS) 4630 de 30 de noviembre de igual año que creó la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL)- le manifestó que por instrucciones del Liquidador de esa Institución -AASANA- se ponía a su conocimiento el Formulario de Finiquito de 10 de diciembre del referido año por retiro forzoso a los trabajadores de la Institución hoy tercera interesada, el cual no contenía un cálculo correcto, incumpliéndose los principios de legalidad y verdad material; aspecto que fue manifestado verbalmente bajo el principio de informalismo, solicitando su corrección. El 15 de ese mes y año, su cuenta del Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.) reflejó el monto de la liquidación que fue observado, para posteriormente entregársele una copia del citado Formulario de Finiquito signado por Luis Boris Barroso Arias, Director Liquidador de AASANA. El 17 de igual mes y año mediante Nota dirigida al indicado Director, impugnó la liquidación, pidiendo su subsanación y detallando las observaciones que afectaron al pago de sus beneficios sociales como ser:
- a)La fecha de ingreso a la Institución hoy tercera interesada que en el señalado Formulario de Finiquito fue consignado como 4 de abril de 2005, sin considerar el Contrato de Consultoría YHYD/028/2004 y los Autos Supremos (AASS) 92 de 23 de abril de 2012, 316 de 6 de julio de 2018 y 0037/2019 de 30 de enero, respecto a la continuidad de la relación laboral, y sobre el cumplimiento obligatorio y carácter vinculante de autos supremos y sentencias;
- b)El cómputo de vacaciones que corresponde a doscientos veintinueve días y no solo a dos gestiones, conforme se evidencia del Informe INF-YHYD/0279/2014 de -13 de junio-, la Comunicación Interna CMI-YHYE/0152/2016 de 7 de diciembre, el Informe Legal INF-YHYD-0286/2021 de 9 de junio y la Nota CAI-YHYE-0876/2021 de 22 de octubre que detalló sus vacaciones y a la cual dio su conformidad mediante Nota de 27 de ese mes de 2021 dirigida la Jefatura Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.) de AASANA -en liquidación-; y,
- c)El pago de refrigerio al no considerarse en el promedio del total ganado de Bs600.- (seiscientos bolivianos), cuyo pago era mensual y fue inclusive homologado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, debiendo considerarse lo dispuesto en el , que en un caso análogo dispuso que aquel monto debía formar parte del promedio indemnizable para la reliquidación de los beneficios y demás derechos sociales demandados.
En respuesta, mediante Nota con Cite: MOPSV/LIQ-AASANA/CAR 0059/2022 de 1 de febrero, fue remitido el Informe MOPSV/LIQ/AL/INF-021 de 31 de diciembre, que extrañamente le fue notificado el 4 de febrero de 2022 -un mes y tres días posteriores a su emisión-, en el que se indicó que no correspondía la observación del cálculo del Finiquito de 10 de diciembre de 2021 -ingreso, vacaciones y refrigerio-.
El 15 de febrero de 2022, planteó recurso jerárquico requiriendo revocar y subsanar el Formulario de Finiquito de 10 de diciembre de 2021, instruyendo la reliquidación y el cálculo correcto, conforme a la normativa vigente, emitiéndose el 22 de marzo de 2022 el Auto DGAJ-RJ/AR-009/2022 que admitió su recurso jerárquico y le fue notificado el 25 del mismo mes y año. El 13 de mayo de ese año, el Ministro ahora accionado emitió la Resolución Ministerial (RM) 093 desestimando su recurso jerárquico, alegando que este no se encuentra dentro de las competencias del Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, debiendo su persona acudir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social o a la vía ordinaria judicial laboral, incumpliendo de esa manera, el Ministro hoy accionado, sus funciones específicas de supervisión de las entidades bajo su tuición, previstas en la Página 10 inciso e) del Manual de Organización y Funciones aprobado por RM "271"; en este caso, de los actos administrativos emitidos por el Director Liquidador de AASANA, quien tiene la obligación de cumplir con la Norma Suprema, la Ley General del Trabajo, disposiciones sociales y jurisprudencia, debiendo el Ministro ahora accionado considerar el fondo del recurso jerárquico planteado; ya que, al no hacerlo estaría incumpliendo sus deberes conforme mandan los arts. 108.1 y 232 de la Constitución Política del Estado (CPE), afectando su derecho a la justicia e incumpliendo el Dictamen General 01/2015 de 30 de enero de la Procuraduría General del Estado y las Disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo.
El Ministro hoy accionado le cuartó la posibilidad de seguir capacitándose, vulnerando su derecho a la educación, a la salud y a la alimentación; además, al incumplir sus deberes desestimando su recurso jerárquico vulneró su derecho a la defensa. Entonces, en razón a lo dispuesto por el art. 67.II de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) procede a su favor el silencio administrativo positivo, porque el citado Ministro no se pronunció sobre el fondo de su recurso jerárquico, transgrediendo su derecho al debido proceso y su derecho al trabajo y a una remuneración justa.
I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
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