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TCP

0380/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0380/2026-S2

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0380/2026-S2 Sucre, 20 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 55529-2023-112-AAC Departamento: La Paz

En revisión de la Resolución 63/2023 de 15 de marzo, cursante de fs. 176 a 178, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edwin Aruquipa Callisaya contra José Luis Gutiérrez Gutiérrez, Viceministro de Educación Superior de Formación Profesional del Ministerio de Educación.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 26 de enero y 6 de febrero de 2023, cursantes de fs. 107 a 124; y, 149 a 155 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ingresó a desempeñar funciones como Asesor Legal de la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros "Santiago de Huata", cargo al que accedió mediante la Segunda Convocatoria Pública 001/2021, para las gestiones 2021, 2022 y 2023. El 7 de marzo de 2022, dirigentes de la Central Agraria de Santiago de Huata presentaron ante la Dirección General de dicha institución una solicitud de destitución inmediata en su contra, atribuyéndole presuntos malos manejos dentro del proceso de admisión de postulantes de la modalidad B1, así como el supuesto cobro de dinero a la madre de una postulante que no habría sido admitida.

A partir de esas denuncias, se promovieron actuaciones y reuniones sin su participación, orientadas a lograr su alejamiento del cargo; en ese contexto, el 14 de marzo de 2022 fue convocado al auditorio de la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros "Santiago de Huata", donde autoridades sindicales e indígenas le exigieron que deje el cargo, profiriendo insultos, expresiones denigrantes y amenazas; en medio de esa situación de presión, fue obligado a redactar y firmar una renuncia manuscrita, bajo advertencias de agresión física si no accedía a ello; tales hechos ocurrieron en presencia del Director General de la institución, Víctor Ramiro Poma Apaza, quien no asumió ninguna acción para resguardar su permanencia ni su integridad.

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