Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 19 de junio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 24587-2018-50-AAC Departamento: Potosí Partes: José Veizaga Rojas en representación legal de Richard Sande López Rondal contra Marco Antonio López Zamora, ex, y Paola Jimena Troche García, actual, Gerente Regional Potosí a. i., de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y Amanda Tania Torrico Ramírez, Responsable Departamental de Recursos de Alzada de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Chuquisaca.
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada, expresa su disidencia con lo resuelto en la , que confirma la Resolución 01/2019 de 17 de abril, cursante de fs. 611 vta. a 614 vta., pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera del departamento de Potosí constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia, deniega la tutela solicitada.
En todo caso, considero que debió Revocar dicha Resolución 01/2019 de 17 de abril; y en consecuencia: CONCEDER totalmente la tutela, conforme a los siguientes fundamentos jurídicos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
El impetrante de tutela alega la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos principio de legalidad y derecho a la motivación de resoluciones, a la impugnación y a la igualdad; toda vez que, dentro del proceso contravencional seguido en su contra, solicitó al Gerente Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), la nulidad de obrados hasta que se practique notificación personal con la orden de fiscalización y/o en su defecto hasta el informe de conclusión de fiscalización y la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-006/2014 de 1 de octubre, que fue rechazado mediante proveído AN-GRPGR-ULEPR-SET-P 050/2017 de 13 de noviembre, sin una debida fundamentación, contra el cual se interpuso recurso de alzada, que fue desestimado por Auto de Rechazo de 13 de diciembre de igual año; posteriormente, planteó Recurso Jerárquico que fue denegado por proveído de 28 del citado mes y año; por ello, solicita que:
- i)Se deje sin efecto el proveído impugnado, disponiendo en resolución la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta que la Gerencia Regional de Aduana Potosí notifique con el informe de conclusión de la Fiscalización (control posterior) con GRP011/2014 de 17 de febrero;
- ii)Y/o en su defecto se disponga que las Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria (ARIT) Chuquisaca, admita su recurso de alzada el 6 de diciembre de 2017; y,
- iii)Se condene a la reparación de daños y perjuicios a las autoridades demandadas y costas procesales.
En consecuencia, correspondía en revisión, que la verifique si tales extremos eran evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para ello, debió desarrollar los siguientes temas:
- a)Respecto a la flexibilización de los requisitos de la acción de amparo constitucional en la fase de admisión;
- b)Sobre los medios de impugnación contra los actos definitivos particulares de la Administración Tributaria. Excepciones;
- c)Respecto a la notificación personal de las Resoluciones Sancionatorias de Contrabando;
- d)Sobre la tutela judicial efectiva; y,
- e)Análisis del caso concreto.
II.1. Respecto a la flexibilización de los requisitos de la acción de amparo constitucional en la fase de admisión.
La , estableció los requisitos de admisión del denominado recurso de amparo constitucional, interpretando los requisitos de forma y de contenido regulados por el art. 97 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC). En este contexto, se estableció que los requisitos de forma eran requisitos subsanables y no así los requisitos de contenido, como por ejemplo la omisión de precisión del nexo de causalidad entre el acto lesivo, los derechos denunciados como vulnerados y el petitorio.
La SCP 0030/20131 de 4 de enero, mutó el entendimiento de la , estableciendo que los requisitos de admisibilidad de las acciones de defensa son subsanables y deberán ser verificados por las y los jueces y tribunales de garantías en la fase de admisibilidad y no en otra fase; cambio jurisprudencial que responde a la nueva normativa verificada como consecuencia de la vigencia del Código Procesal Constitucional, que no realiza distinción entre requisitos de forma y de contenido. Asimismo, esta sentencia estableció que las causales de improcedencia también deben ser verificadas en fase de admisibilidad y en caso de advertirse la existencia de alguna de ellas, se emitirá un auto motivado de improcedencia que podrá ser impugnado por la parte accionante y será resuelto por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional.
A su vez, la misma , en la acción de amparo constitucional determinó la flexibilización de los requisitos en la fase de admisibilidad cuando exista una duda razonable sobre una lesión manifiesta y "grosera" a derechos fundamentales, en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho para que en un análisis de fondo pueda prevalecer la justicia material de acuerdo al principio pro-actione.
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