Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0381/2019-S3 Sucre, 2 de agosto de 2019
SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de libertad
Expediente: 28156-2019-57-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 21/2019 de 15 de marzo, cursante de fs. 19 a 20 pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ariel Reynaldo Ramos Chávez contra Jhonny Rivera Paniagua, Director del Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 14 de marzo de 2019, cursante de fs. 1 a 2, el accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Se encuentra recluido en el mencionado Centro Penitenciario, cumpliendo condena de treinta años de presidio por el delito de asesinato, de los cuales transcurrieron dieciséis y sin que haber tenido antecedente disciplinario alguno en el último periodo.
El 15 de enero -no cita año-, a raíz de una crisis emocional, se vio involucrado en el hurto de las pertenencias de otro interno, que posteriormente fueron devueltas en presencia del Jefe de Seguridad del indicado Centro Penitenciario, quién prometió ayudarle por el arrepentimiento mostrado; no obstante, por Resolución -sin mencionar número ni fecha-, fue sancionado con aislamiento de sesenta días en el sector "D"; posteriormente, sin motivo alguno fue trasladado al sector "J", a una habitación de un metro de ancho por cuatro de largo junto a tres personas, teniendo que dormir en el suelo y sin abrigo, sin que se le permita tomar algo de sol ni bañarse, recibiendo únicamente almuerzo y té con dos panes, con la posibilidad de ir una sola vez al baño a hacer sus necesidades y sin atención médica o acceso a áreas de trabajo social y psicología, indicándole los policías que se encontraba castigado y "...que les deje de molestar..." (sic), deteriorando así su salud y poniendo en riesgo su vida.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Considera lesionados sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la comunicación; citando a este efecto, el art. 13 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
El impetrante de tutela solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga su trasladado al Pabellón "C4" del Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro de La Paz.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia pública el 15 de marzo de 2019, según fue registrado en el medio magnético cursante a fs. 18, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante ratificó el contenido de la acción tutelar y ampliándola señaló que:
- a)A pesar de su condición de drogodependiente, fue delegado y encargado de disciplina en el mencionado Centro Penitenciario; y, durante el último año, no cometió errores ni faltas; por lo que, tampoco tuvo sanciones; y,
- b)Al no contar con los recursos adecuados para trabajar, se vio en la necesidad de hurtar y robar; pese a ello, devolvió los bienes sustraídos; sin embargo, fue sancionado con sesenta días de aislamiento por el solo hecho de no querer declarar, siendo que pasado un mes de lo ocurrido, recién le notificaron con el referido castigo, el cual en su criterio es injusto; solicitando por último, que se vele por su bienestar ante alguna represalia.
En respuesta a la consulta de los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz sobre si impugnó o no la sanción impuesta en su contra, respondió de forma negativa, debido a que cuando fue convocado a Secretaría del referido Centro Penitenciario consideró que una vez devueltas las pertenencias sustraídas el caso había sido resuelto, manifestando predisposición para cumplir su castigo, razón por la que tampoco vio necesario impugnar.
I.2.2. Informe del demandado
Jaime Néstor Quiroga Iriarte, Director del Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro de La Paz, en audiencia manifestó que:
- 1)El hecho denunciado se suscitó el 8 de enero de 2019, en la gestión del anterior Director, oportunidad en la que el interno afectado presentó denuncia escrita haciendo conocer el robo de una radio, un Disco Versátil Digital (DVD), una bolsa de coca valuada en Bs80.- (ochenta bolivianos) más Bs200.- (doscientos bolivianos) en efectivo. De acuerdo a los informes elaborados por los efectivos policiales que intervinieron en el caso, se procedió con el sumario y la toma de denuncia, para luego de una hora recuperar dichos objetos, notificándose al ahora solicitante de tutela, quien se negó a prestar la entrevista correspondiente; por lo que, en aplicación del art. 130 inc. 8) de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, se sancionó al sumariado con sesenta días por haber incurrido en un hecho delictivo sin perjuicio de la responsabilidad penal; y,
- 2)Desde el 7 de mayo de 2010, el interno incurrió en diferentes faltas. En respuesta a la consulta de los miembros de la citada Sala Constitucional, la autoridad demandada, señaló que:
- i)La Resolución 004/2019 -no indica fecha- fue notificada al accionante el 21 de enero de 2019;
- ii)El art. 133 inc. 5) de la LEPS, establece el traslado a otra sección del establecimiento penitenciario con un régimen más riguroso, lo que significa reducción del espacio físico en una celda más pequeña hasta el cumplimiento de la sanción; y,
- iii)Como no fue su autoridad la que emitió la Resolución impugnada, considera que se impuso el máximo de la sanción -sesenta días- en virtud a la reincidencia del interno.
I.2.3. Resolución
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 21/2019 de 15 de marzo, cursante de fs. 19 a 20, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución 004/2019 de 21 de enero, y que en el plazo de setenta y dos horas la autoridad demandada emita un nuevo fallo cumpliendo las previsiones expuestas, entre tanto "...el privado de libertad tendrá que ser repuesto al lugar en el que se encontraba antes de la sanción..." (sic); sobre la base de los siguientes fundamentos:
- a)La Ley de Ejecución Penal y Supervisión además de definir las competencias de las autoridades establece los derechos y garantías de los privados de libertad con vistas a su reinserción social. El sistema de derechos humanos es vinculante para nuestro Estado por mandato constitucional, instituyendo los parámetros que deben guiar la estadía de los privados de libertad en los centros de reclusión y uno de ellos es el referido a la higiene y alimentación;
- b)La persona recluida en ningún momento pierde sus derechos ni por la comisión de una falta grave debiendo garantizarse el debido proceso en sus vertientes de motivación y fundamentación; es decir, los criterios que llevaron a la autoridad a imponer una sanción;
- c)La Resolución 004/2019 adolece del elemento central sancionatorio, pues castiga al accionante con aislamiento de sesenta días calendario sin explicar cuál fue el criterio fáctico y normativo para esta decisión; y,
- d)No se ingresó a valorar si el interno es culpable o inocente, debiendo entre tanto respetarse sus derechos ya que en el ámbito administrativo sancionatorio al igual que en el penal rige la presunción de inocencia, debiendo al efecto emitirse criterios de oportunidad y favorabilidad.
II. CONCLUSIONES
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