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TCP

0382/2019-S4

Tribunal Constitucional Plurinacional
18 de junio de 2019SALA CUARTA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0382/2019-S4

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0382/2019-S4 Sucre, 18 de junio de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional

Expediente: 27196-2019-55-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 03/19 de 8 de enero de 2019, cursante de fs. 677 a 681 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roxana Villarreal Fernández contra Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 4 de diciembre de 2018, cursante de fs. 624 a 649 vta., y el de subsanación el 19 del mismo mes y año a fs. 652 a 661, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de denegación de auxilio, tipificado en el art. 281 del Código Penal (CP), a cargo de la Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz ?ahora demandada?, se viene tramitando la etapa de juicio oral, donde se vulneró sus derechos y garantías constitucionales, en el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, para el acusado, porque la persecución penal no puede ser para siempre, lesiones que motivaron la presente acción de amparo constitucional por la ilegalidad y arbitraria acción y omisión en las que incurrió la Jueza demandada, toda vez que, en la tramitación del proceso judicial en etapa de juicio oral no se efectuó de acuerdo a procedimiento y las reglas de juicio, establecidas en el Código de Procedimiento Penal (CPP), conforme se advierte de las pruebas que adjuntó y los antecedentes que cursan en el proceso judicial.

En ese sentido, se tiene que, el 16 de junio de 2015, mediante resolución radicó la causa penal, conforme establece el art. 340.I de la Ley 586 ?Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal de 30 de octubre de 2014?, con la que se notificó al Ministerio Público para que presente prueba física, emitiéndose Auto de apertura de juicio de 29 de octubre del indicado año, fijándose audiencia para el 30 de noviembre de igual año, acto verificativo con el que se empezó a dilatar la tramitación del juicio; toda vez que; en reiteradas oportunidades no pudo celebrarse por diversas causas atribuibles a la inasistencia de los sujetos procesales, por lo que, la autoridad judicial debió tomar las previsiones para que deje de suspenderse el juicio y aplicar los arts. 104 y 105 del CPP, pero como las faltas de la Jueza eran recurrentes la misma debería ser generosa con las inasistencias de los abogados o de los fiscales, lo que hizo que contribuya a la retardación de justicia, simplemente suspendiendo las audiencias por diferentes motivos; por lo que, la dilación del proceso no es atribuible a su persona sino a la Jueza demandada.

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