Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0383/2019-S1 Sucre, 12 de junio de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 26886-2018-54-AAC Departamento: Potosí
En revisión la Resolución 05/2018 de 5 de noviembre, cursante de fs. 439 a 442, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edson Kiben Coro Condori contra Santiago Delgadillo Villalpando, Juan Luis Cuevas Guagama, Alfredo Miguel Vilca Conde, Ángel Guillermo Dávalos Castillo y Javier Freddy Huanca Tintaya, miembros del Tribunal Disciplinario Superior Permanente; y, Guido Germán Aranda Márquez, Wilson Ortiz Santos, Williams Alfredo Torrejón Tirado, Juan Carlos Huanca Condori y Víctor Cárdenas Tapia, miembros del Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí, todos de la Policía Boliviana.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 28 de septiembre y 8 de octubre ambos de 2018, cursantes de fs. 36 a 48 y de 52 a 54, el accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante proceso disciplinario administrativo iniciado en su contra, por la supuesta comisión de las faltas previstas en los arts. 12.19 -consumir bebidas alcohólicas o sustancias controladas, durante el cumplimiento de funciones- y 13.21 -No reparar o restituir los daños materiales ocasionados a los bienes de la institución- ambos de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) Ley 101 de 4 de abril de 2011, y el Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí de la Policía Boliviana mediante Resolución Administrativa (RA) 048/2015 de 21 de septiembre, dispuso absolverlo de las dos faltas al impetrante de tutela; sin embargo, ante tal determinación el Fiscal Policial planteó recurso de apelación; motivo por el cual, los miembros del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana emitieron la RA 061/2017 de 10 de marzo; concediendo la apelación, a raíz de ello el Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí de la Policía Boliviana nuevamente emitió la RA 038/2017 de 1 de agosto; mediante la cual, si bien determinaron su absolución en relación a la falta contenida en el numeral 21 del art. 13 de la LRDPB; empero, respecto al art. 12.19 de la misma norma, resolvieron imponerle la sanción del retiro temporal por tres meses con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes, decisión que fue pronunciada "...sin valorar objetivamente las pruebas documentales y testificales de descargo y mucho menos resolvieron la exclusión probatoria de la prueba documental consistente en la prueba de alcoholemia, ya que esta prueba documental fue obtenida de manera ilegal..." (sic); frente a lo cual, en ejercicio de su derecho a la defensa interpuso recurso de apelación denunciando las irregularidades a tiempo de emitir resolución; en consecuencia, el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana emitió la RA 227/2017 de 6 de octubre, declarando improbado el recurso y confirmando la determinación impugnada, sin realizar una objetiva revisión del proceso y menos reparar todas las irregularidades e ilegalidades cometidas a lo largo del proceso.
Así, en el recurso de apelación se denunció las siguientes irregularidades:
- a)Ausencia de certeza y seguridad jurídica en la RA 038/2017;
- b)Preclusión de competencia del Tribunal ad quem por transcurso del tiempo sin emitir resolución; y,
- c)Falta de certeza en la prueba de "alcohotest" en sangre por cuanto:
- 1)El mismo no estaba avalado mediante un requerimiento fiscal que pida dicho estudio, lo que desde el principio vicia de nulidad ese elemento;
- 2)En ninguna parte del certificado de prueba de alcoholemia refiere si existe un positivo para presencia del alcohol en la sangre;
- 3)La galena en ningún momento fue convocada en calidad de perito o testigo a fin de corroborar el contenido de su certificado de alcoholemia; y,
- 4)Los valores del certificado de alcoholemia no son congruentes con un resultado de interpretación judicial; ya que, en el mismo se encuentra como valor la numeración "37.00 mg/dl" usando la medida de miligramos por decilitros de sangre, siendo confuso el valor, teniendo en cuenta que el Decreto Supremo (DS) 1347 de septiembre de 2012, establece como grado alcohólico máximo permitido a -0.50 grados en cada 1000 ml de sangre-; frente a lo cual, los miembros del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana manifestaron que la prueba de alcoholemia no fue obtenida legalmente, pero finalmente decidieron declarar improbado el recurso de apelación interpuesto y por ende confirmar la RA 038/2017, sin reparar los actos y determinaciones ilegales, ni exponer los suficientes y razonables fundamentos jurídicos, siendo el veredicto sancionatorio arbitrario e ilegal; por cuanto, no realizaron una revisión adecuada de los antecedentes; por lo que, no cumplieron su obligación constitucional de reparar todas las arbitrariedades, restableciendo sus derechos vulnerados, no habiendo fundamentado su respuesta respecto a la obtención ilegal de la prueba y sobre la limitación de la misma, convalidando las irregularidades e ilegalidades en las que incurrió el Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí de la Policía Boliviana.
En ese sentido, la Resolución 227/2017 emitida por el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, no cuenta con una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes y necesarios para realizar una correcta y nueva evaluación del proceso y del fallo emitido en primera instancia, debiéndose considerar que la labor de las autoridades que resuelven un Recurso de Alzada, es verificar si el proceso y el fallo dictado por sus inferiores fue correcto y apegado a la normativa jurídica vigente; en el caso de autos, los miembros de dicho órgano, se limitaron a realizar una relación incompleta de los antecedentes y no efectuaron una adecuada identificación de cada una de las problemáticas del recurso de apelación así como de la problemática principal que era la obtención ilegal de la prueba de alcoholemia, ni identificaron con propiedad el derecho aplicable tampoco precisaron los supuestos de hecho contenidos en las normas utilizadas en la resolución del caso y menos explicaron las razones por las que las normas jurídicas deben ser aplicadas al caso en el sentido que consideró el Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí de la Policía Boliviana, lo que dio lugar a que, no se pueda comprender a cabalidad el nexo de causalidad entre las denuncias que fueron planteadas en el recurso de apelación y el problema central sobre el cual giró el proceso oral; es decir, que en la referida Resolución 227/2017, solamente se expusieron textos de carácter relacional como son los argumentos que expresan una resumida e incompleta relación de los antecedentes y las denuncias interpuestas en el recurso de apelación haciendo mención a supuestas respuestas a las problemáticas planteadas sin entrar a considerar en momento alguno la problemática central del caso como es la imposición de una sanción contra su persona producto de un proceso disciplinario lleno de irregularidades; por lo que, las autoridades demandadas no aplicaron correctamente el derecho ni fundamentaron su decisión final; pues, no expusieron las razones jurídicas que justifiquen su determinación de confirmar una resolución viciada de nulidad por ser el resultado de un proceso llevado a cabo con graves irregularidades y cuya sanción fue impuesta sin que se haya cometido falta; tampoco, se indicó cuál es la norma jurídica que sustentaría dicha decisión de confirmar una resolución vulneradora de derechos fundamentales, evidenciando un pronunciamiento insuficientemente motivado.
Asimismo, los miembros del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana convalidaron la vulneración de su derecho a la defensa; por cuanto, no resolvieron la denuncia de que el Tribunal inferior le quitó la posibilidad de asumir defensa en condiciones de igualdad frente a la otra parte, habiéndose concentrado en todo lo indicado por la Fiscalía Policial y no sobre sus reclamos de las pruebas ilegalmente obtenidas que nunca fueron resueltos de forma objetiva.
Finalmente, denuncia la vulneración de su derecho al trabajo; por lo que, a partir de las Resoluciones emitidas en su contra por supuestamente haber cometido una falta que en los hechos no existió, se le impedirá ejercer sus funciones en la institución policial, sin que dicha medida resulte legal o justificada.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El peticionante de tutela, considera lesionados sus derechos a la defensa, a la igualdad procesal, al debido proceso en sus elementos de motivación de las resoluciones, incluyendo en audiencia el componente de fundamentación y congruencia; y, al trabajo; citando al efecto los arts. 46, 115.II, 119.II, 121, 128 y 129 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.2 incs. c), d), e) y h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14.3 incs. d) y e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
I.1.3. Petitorio
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