Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0384/2026-S2 Sucre, 20 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 53913-2023-108-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 11/2023 de 26 de enero, cursante de fs. 298 a 305, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Felipa Benigna Ramos Apaza contra Juan Diego Tejerina Morato, Director Departamental; José Fernando Vera Quispe y Sofía Susana Condori Lisme, actual y ex Autoridad Sumariante todos del Servicio de Registro Cívico (SERECI) de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 6 de enero de 2023, cursante de fs. 231 a 249, la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En su condición de Oficial de Registro Civil, mediante Auto Inicial de Procesamiento RES.SUM.ORC SSCL 005/2022 de 24 de marzo, la ex Autoridad Sumariante del SERECI de La Paz -hoy codemandada- inició proceso administrativo interno en su contra, con base en las siguientes cinco faltas y/o contravenciones:
- a)Desobediencia a órdenes e instrucciones de instancias técnicas y administrativas establecidas en el reglamento;
- b)No atender a los usuarios del servicio, de manera respetuosa, oportuna y responsable;
- c)No informar a las personas sobre los alcances del derecho a la identidad y su ejercicio;
- d)Falta de cortesía, uso de lenguaje inadecuado, maltrato y falta de respeto al público y funcionarios del SERECI; y,
- e)Incumplimiento a instrucciones emitidas por el SERECI Nacional o Departamental.
En dicho Auto Inicial de Procesamiento, la mencionada autoridad refirió que la denunciante Mireyza Silvaneth Yujra Huanca -ahora tercera interesada- indicó que su persona hubiera ofrecido realizar el trámite de cambio de apellido de su hija menor de edad de manera ilegal por la suma "POR DEBAJO" de Bs7 000.- (siete mil bolivianos) confabulada con el supuesto abogado Diego Armando Martínez Canaza y que como prueba de ello, le hubiera entregado una Certificación -de 8 de febrero de 2021- firmada por su persona, misma que nunca fue presentada en original a lo largo de todo el proceso. Así también, en dicho Auto Inicial de Procedimiento no se estableció de manera fehaciente, formal, certera y veraz el lugar, tiempo y forma en que su persona hubiera transgredido las antes referidas faltas administrativas que se le atribuyeron y ya dentro del término probatorio, estableció que su persona debía presentarse para prestar su declaración informativa; no obstante, suspendió dicho actuado.
Posteriormente, la ex Autoridad Sumariante codemandada emitió la Resolución Final RES.SUM.ORC SSCL 005/2022 de 25 de abril, que en lo principal dispuso imponerle la sanción de destitución de sus funciones como Oficial de Registro Civil, en la cual:
- 1)Concluyó que no se presentaron pruebas de descargo que desvirtúen la denuncia presentada en su contra, desconociendo su estado de inocencia;
- 2)Incurrió en incongruencia interna toda vez que el art. 52 del Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil -aprobado por Resolución TSE-RSP-035/2011 de 1 de marzo-, establece la sanción de amonestación escrita en el caso de la cuarta falta mencionada supra; no obstante, se dispuso su destitución;
- 3)No se probó ninguna de las contravenciones administrativas por las que se le inició el sumario administrativo, y menos se mencionó ninguna de ellas;
- 4)Expresó que su persona no activó mecanismos de defensa contra los responsables de la emisión de la Certificación de 8 de febrero de 2021, lo que resulta absurdo ya que no podría denunciar la falsedad de un documento presentado en fotocopia simple;
- 5)Indicó que su persona no presentó prueba de descargo ni impugnación contra la "Resolución" emitida por el Tribunal Departamental de Ética de La Paz dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional;
- 6)Con relación a la valoración de la prueba, sustentó su destitución con base en una fotocopia simple, y no se analizó el documento donde el supuesto abogado confesó que su persona no tuvo nada que ver en el hecho; y,
- 7)No existe ningún punto de coherencia entre el Auto Inicial de Procesamiento RES.SUM.ORC SSCL 005/2022 y la Resolución Final RES.SUM.ORC SSCL 005/2022, pues se le inició el sumario administrativo por determinadas transgresiones y se determinó su destitución sin expresar por cuál acción, que este respaldada con prueba plena y fehaciente, lo que derivó en su destitución.
Interpuesto el recurso de revocatoria, el mismo mereció la Resolución de Recurso de Revocatoria RES.SUM.ORC SSCL 020/2022 de 30 de mayo, por la cual la ex Autoridad Sumariante codemandada, sin resolver los agravios planteados, ratificó la Resolución Final RES.SUM.ORC SSCL 005/2022, por lo que presentó recurso jerárquico.
El Director Departamental del SERECI de La Paz -ahora demandado- emitió la Resolución de Recurso Jerárquico SERECI LP-DD-RJ 001/2022 de 4 de julio, en la cual:
- i)Erróneamente aplicó la Ley del Órgano Judicial y el Código Procesal Civil, siendo que ante el vacío normativo del Decreto Supremo (DS) 23318-A -de 2 de noviembre de 1992- debió aplicar de manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo; y,
- ii)Omitió pronunciarse sobre dos puntos de agravio expresados en el "numeral 4" de su memorial de recurso jerárquico, esto es:
- a)Incongruencia fáctica entre el Auto Inicial de Procesamiento RES.SUM.ORC SSCL 005/2022 y la Resolución Final RES.SUM.ORC SSCL 005/2022, que vulnera el principio de congruencia conexo al derecho a la defensa; y,
- b)Incongruencia interna en el contenido de la citada Resolución Final, sobre el error de subsunción de la conducta atribuida a la falta disciplinaria descrita en el Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil como causal de destitución de cargo, lesionando el debido proceso en su elemento de congruencia de las resoluciones, conexo al principio de legalidad en sus sub-principios de tipicidad o legalidad estricta, y seguridad jurídica.
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