Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0385/2019-S4 Sucre, 18 de junio de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 27117-2019-55-AAC Departamento: Potosí
En revisión la Resolución 001/2018 de 31 de diciembre, cursante de fs. 328 a 330 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Freddy Oropeza Torrejón contra Juan Fausto Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 21 de diciembre de 2018, cursante de fs. 231 a 245, el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Habiendo sido designado como Fiscal de Materia, fue desplazado a Cotagaita de Tupiza del departamento de Potosí; por lo que, el 8 de junio de 2016, se constituyó en la misma y recibió todas las causas asignadas previo inventario, llegando a ejercer sus funciones sin observaciones; empero, el 1 de diciembre de 2017, en el proceso penal que se sustanció contra Elías Severino Callata Choque, éste, presentó denuncia en su contra por la presunta comisión de faltas disciplinarias muy graves descritas en los numerales 4, 7 y 20 del art. 121 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-.
En tal razón, Marco Antonio Vega Belaunde, Autoridad Sumariante del Ministerio Público, el 7 del señalado mes y año, admitió la querella, ordenando la apertura de la investigación disciplinaria por las faltas denunciadas, en audiencia sumaria de 4 de junio de 2018, dicha Autoridad Sumariante, resolvió declararlo no responsable de las faltas disciplinarias establecidas en los numerales 4 y 7 del art. 121 de la LOMP; y responsable de la falta incursa en el numeral 20 del citado artículo "La inactividad injustificada de actos investigativos por 30 días o más" argumentando de que conforme a documentos cursantes se evidencio la inactividad en el proceso.
Al ser atentatoria a sus derechos, impugnó la resolución de la Autoridad Sumariante, de acuerdo al art. 128 de la mencionada Ley, que indica que a tiempo de presentar el recurso, se puede adjuntar prueba para que sea considerada; no obstante, pese a haber presentado elementos de prueba, estos no fueron tomados en cuenta ni valorados por el Fiscal General del Estado, quien de manera apresurada confirmo la Resolución de primera instancia, atribuyéndole la falta muy grave determinada en el art. 121.20 de la LOMP, y ordenado su destitución definitiva como Fiscal de Materia, con una falta de identificación y motivación de las acciones desplegadas por su persona con relación a la transgresión por la que fue sancionado; vulnerando así, un elemento del debido proceso, sobre conocer el hecho, la circunstancia, el tiempo, el lugar, la forma de comisión de la falta para poder ejercer el derecho irrestricto a la defensa, puesto que la Resolución Jerárquica FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 142/2018 de 20 de julio, determina la responsabilidad sin que exista una forma individualizada de la comisión en la resolución sancionatoria.
Aludió que, tanto la Autoridad Sumariante como el Tribunal jerárquico personal -Fiscal General del Estado-, no ejercieron debidamente el control de legalidad sobre las faltas disciplinarias denunciadas ni cumplieron con la labor de cuidar la congruencia de los hechos denunciados con la Resolución emitida, dado que la inactividad debió ser injustificada por más de 30 días, lo que implicó que la parte afectada pudo hacer notar cronológicamente este extremo indicando cuando empezó dicha inactividad ligada a la conducta y el accionar de su persona; empero, se inobservaron los siguientes extremos:
- a)Que no existe fecha de entrega del cuaderno de investigaciones de la Fiscal de Materia saliente;
- b)No se tomaron en cuenta las pruebas documentales que refieren inexistencia del cuaderno de investigación en el despacho fiscal;
- c)No se razonó que la Fiscal de Materia saliente se hubiera llevado tres cuadernos de investigación a su domicilio;
- d)No existe justificación de la conminatoria realizada en marzo de 2017, a la Fiscal de Materia saliente, tres meses antes de que su persona asumiera la dirección del despacho fiscal;
- e)No se consideró la carga procesal del despacho fiscal y los resultados obtenidos; y,
- f)Tampoco existe acreditación de su conducta dolosa para generar demora injustificada.
I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulneradas
El accionante señaló como lesionado su derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación y deber de subsunción como presupuesto de la congruencia entre denuncia y Resolución sancionatoria, citando al efecto a los arts. 115.II, 117.I, 119.II, 120.I,180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela, y se declare la nulidad de la Resolución Jerárquica FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 142/2018, emitida por el Fiscal General del Estado a efectos de que se pronuncie un nuevo fallo, debiendo determinar improbada la denuncia, revocando en consecuencia la sanción dispuesta y la restitución a sus funciones en razón de la inamovilidad laboral ordenamdo el pago de sus haberes devengados desde septiembre de 2018.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
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