Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0385/2026-S2 Sucre, 20 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 53921-2023-108-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 10/2023 de 25 de enero, cursante de fs. 220 a 225, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yerko Julio Garafulic Barrón contra Silvia Maritza Portugal Espinoza; y, César Wenceslao Portocarrero Cuevas; Vocales de la Sala Penal Primera; y, Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Henry David Sánchez Camacho, Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera, respectivamente, todos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 17 y 31 de octubre de 2022, cursantes de fs. 88 a 100 y 102 a 103 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra y otros, el 15 de junio de 2018 el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz dictó el Auto Interlocutorio 15/2018, mediante el cual declaró la extinción de la acción penal por prescripción a su favor. Dicha Resolución fue notificada a las partes y, al no ser objeto de apelación, adquirió calidad de cosa juzgada, situación posteriormente corroborada por informe de 10 de mayo de 2021.
Ante ello, el 15 de septiembre de 2021, el mencionado Tribunal dispuso la prosecución del juicio oral respecto de los demás acusados, sin que en ese momento el Ministerio Público, el Registro Internacional Boliviano de Buques (RIBB) o el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción -los dos últimos hoy terceros interesados- formularan incidente alguno; no obstante, en tal acto alegaron defectos de notificación con el Auto Interlocutorio 15/2018, los cuales fueron rechazados por extemporáneos, en aplicación de los principios de preclusión y convalidación.
Posteriormente, el RIBB reiteró por escrito un incidente de actividad procesal defectuosa con el mismo fundamento, al cual se adhirió el Ministerio Público; asimismo, la Procuraduría General del Estado -también hoy tercera interesada- se apersonó de forma tardía al proceso y promovió actuaciones vinculadas a dicha Resolución. Estos incidentes fueron resueltos mediante Auto Interlocutorio 04/2022 de 1 de febrero, que, si bien declaró infundado el planteamiento principal, de manera incongruente dispuso la notificación a la Procuraduría General del Estado con el Auto Interlocutorio 15/2018, lo que dio lugar a la interposición de recurso de apelación incidental.
Sin embargo, sin que se resolviera previamente la apelación contra el Auto Interlocutorio 04/2022 -relativa a la legalidad de la notificación y participación de la Procuraduría General del Estado-, Silvia Maritza Portugal Espinoza y César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados- emitieron el Auto de Vista 107/2022 de 18 de abril, mediante el cual revocaron el Auto Interlocutorio 15/2018, a partir de una apelación interpuesta por la citada institución, pese a su apersonamiento extemporáneo. Esta decisión fue adoptada sin fundamentar adecuadamente la legitimación de la referida institución, omitiendo considerar el momento procesal de su intervención, la preclusión de etapas, la imposibilidad de retrotraer actos procesales y la calidad de cosa juzgada de la Resolución que declaró la extinción de la acción penal por prescripción.
Finalmente, por Auto de Vista 302/2022 de 14 de septiembre, Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Henry David Sánchez Camacho, Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -codemandados-, resolvieron el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 04/2022, rechazándolo bajo el argumento de que el Auto de Vista 107/2022 ya revocó la Resolución principal; no obstante, dicha decisión omitió pronunciarse sobre los agravios vinculados a la vulneración del debido proceso, la incongruencia externa, la seguridad jurídica y la indebida habilitación de un sujeto procesal fuera de término, consolidando así una actuación retroactiva contraria a los principios procesales.
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