0386/2022-S3

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se instruya:

1. a)Al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz que en cuanto al derecho de petición:
2. 1)Responda con informe debidamente fundamentado, las Hojas de Ruta 1845-018, con relación a la Urbanización Las Retamas -JUNTUHUMA I- y 1846-018, respecto a la Urbanización 27 de septiembre -JUNTUHUMA II-;
3. 2)Responda la Hoja de Ruta 3104-019;
4. 3)Las peticiones de 16, 28 y 31 de enero de 2020, -realizadas a la entonces Presidenta del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, hoy coaccionada-, con Hojas de Ruta 0054-020, 0167-020 y 0189-020, respectivamente; y,
5. 4)Las peticiones de 5, 13 y 20 de febrero de 2020, -realizadas a la entonces Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, ahora accionada- con Hojas de Ruta 1134/20, 1423/29 y 1704/20, respectivamente;
6. b)Con relación al derecho de propiedad, se instruya al Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, elabore y apruebe la Ley Autonómica Municipal de pago del justiprecio a su persona, por los procesos de expropiación por parte del Ejecutivo Municipal de la Urbanización Las Retamas -JUNTUHUMA I-, dando cumplimiento al art. 3 de la OM 140/2004 y de la Urbanización 27 de septiembre -JUNTUHUMA II-, en aplicación del art. 3 de la OM 181/2004, en un plazo máximo de treinta días calendario; y,
7. c)Sobre el derecho al pago del justiprecio, el Ejecutivo Municipal incorpore en la partida correspondiente del presupuesto general municipal, el monto presupuestario necesario para el pago del justiprecio, por las injustas expropiaciones ejecutadas en las referidas Urbanizaciones.

Ante las preguntas efectuadas por los Vocales Constitucionales, indicó que:

1. i)Para acreditar su derecho propietario, en antecedentes se encuentran las partidas de registro de propiedad a su nombre. Se encuentran identificadas cada una de las tarjetas de propiedad registradas los años 1980 y 1981:
2. ii)Conforme a lo establecido en las "Resoluciones 140 y 141" -siendo lo correcto Ordenanzas Municipales 140/2004 y 181/2004-, se opuso a la expropiación; empero, no presentó un recurso formal porque las anteriores autoridades y funcionarios "le daban vueltas".
3. iii)El proceso de expropiación conforme a esas "Resoluciones" de las Urbanizaciones las Urbanizaciones Las Retamas -JUNTUHUMA I- y 27 de septiembre -JUNTHUMA II, se lo hizo con otro nombre, designándolas como Las Retamas y 27 de septiembre, para confundirle y que no pueda realizar una defensa;
4. iv)En el art. 4 de la OM 140/2004, se autorizó se continué hasta su finalización con el proceso de expropiación de los vecinos de Las Retamas JUNTUHUMA I, mencionando así a su propiedad y reconociendo su existencia;
5. v)Si bien en las "Resoluciones 188 y 140" no se señala su nombre, ni indican que debe procederse al pago del justiprecio a su persona como anterior propietario; empero, el adquirió las propiedades en 1981 y 1982. En 1998, sus terrenos pasaron a la jurisdicción del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz. En el 2003, en el proceso de saneamiento, de forma abrupta sufrió el avasallamiento de esos terrenos, y el mencionado Gobierno Autónomo Municipal con fotocopias simples inició dos procesos de expropiación, ocultando el verdadero nombre de las Urbanizaciones para evitar su defensa; y,
6. vi)El referido Gobierno Autónomo Municipal señaló que a través del "Auto de Despacho" 001/2020, dio respuesta a sus peticiones y que fue notificado con el mismo; además, que en los memoriales en los que expuso su petición no señaló un domicilio. Al respecto, en el memorial de 5 de febrero de 2020, con Hoja de Ruta 1134/20 cuando se dejó en ventanilla única del citado Gobierno Autónomo conforme a procedimiento, estableció sus generales de ley, donde se identificó con su cédula de identidad; asimismo, señaló su número de celular para efectos de su notificación.

Carmen Soledad Chapetón Tancara, ex Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia a través de su abogado y apoderado señaló que:

1. a)El accionante presentó en el Ejecutivo Municipal, tres memoriales de 5, 13 y 20 de febrero de 2020, en los cuales solicitó un informe respecto al proceso de expropiación, indicando que no se le pagó el justiprecio. Ninguno de esos memoriales consigna un domicilio procesal, como tampoco adjunta documentación como prueba de la solicitud realizada en los mismos;
2. b)Los memoriales presentados, son de igual mes y año, no siendo observado el principio de inmediatez;
3. c)Se generó el Informe CIE: DATY/UAL/AL/286/2020 de 28 de febrero, el cual en sus conclusiones y recomendaciones refirió que la Dirección de Administración Territorial del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, no contaba con ningún documento referente al pago efectivo y real del justiprecio, por los procesos de expropiación de las Urbanizaciones Las Retamas -JUNTUHUMA I- y 27 de septiembre -JUNTUHUMA II-;
4. d)Existe otro Informe en respuesta al memorial recibido el 5 de febrero de 2020, en el que se indicó que de acuerdo a lo establecido por el art. 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), respecto a la iniciación de la solicitud de los interesados, se debió ofrecer toda la prueba de la que el interesado pudiera favorecerse, generando una respuesta conforme lo dispuesto por el art. 24 de la CPE. Ese Informe, señaló además, que las solicitudes del accionante debieron identificar el interés legítimo que le asistiera sobre el derecho propietario de las referidas Urbanizaciones y recomendó conforme lo previsto por el art. 33 de la citada LPA, que se subsane la observación realizada en el plazo máximo de cinco días hábiles;
5. e)A las solicitudes contenidas en los memoriales de 5, 13 y 20 de febrero de igual año, el accionante necesariamente debió acompañar la documentación que acredite el interés legítimo. No se tiene conocimiento del derecho propietario sobre los inmuebles que reclamó ni del justiprecio en cuanto a las expropiaciones. El último Informe con CITE:DGAL/UDRBMD/IGAR/11/2020, se notificó al accionante el 15 de septiembre del citado año, mediante copia fijada en despacho, debido a que los memoriales presentados no consignaron un domicilio procesal, siendo notificado conforme la Ley de Procedimiento Administrativo, en tablero de la "jurisdicción jurídica". No se subsanaron las observaciones efectuadas en dicho Informe en el plazo de cinco días que le fueron otorgados, para viabilizar los memoriales presentados;
6. f)El Ejecutivo Municipal, el 10 de octubre de igual año, emitió el "Auto de Despacho 001/2020", dando respuesta a los memoriales presentados por el accionante el 5, 13 y 20 de febrero del mismo año, con los antecedentes ya anotados. Además, se estableció que el trámite administrativo iniciado por el nombrado, se tenía por desistido por no haberse cumplido con las observaciones realizadas, declarando terminado el trámite administrativo en "sede edil", conforme lo determina los arts. 51 y 53 de la LPA. Ese "Informe 001/2020", fue debidamente notificado al accionante, el 1 de diciembre de similar año, nuevamente "en pizarra" de la Dirección Jurídica de la entidad, de acuerdo a lo que prevé el art. 33 de la LPA, prueba de aquello es la fotografía que se adjuntó al expediente constitucional, del tablero de la mencionada Dirección;
7. g)El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz no vulneró el derecho de petición del accionante, puesto que se emitieron los informes respectivos y se notificaron en la sede de la entidad Municipal, al no consignarse un domicilio procesal para ello. En cuanto a los derechos de propiedad y justiprecio, la entidad Municipal no tuvo la oportunidad de examinarlos, por cuanto, como es de conocimiento público, la documentación del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz fue objeto de destrucción por la quema de sus instalaciones. Por la referida destrucción se tendría que ver el tema de una posible reposición de documentos, que se deben adjuntar para acreditar el derecho de propiedad y el derecho que resultaría respecto a un posible justiprecio correspondiente a una probable expropiación de bienes del accionante; y,
8. h)Por lo expuesto, pide se desestime la tutela solicitada al haberse demostrado que no se vulneraron los derechos del nombrado, quien puede realizar una nueva solicitud cumpliendo la formalidades administrativas y procesales contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Ante las preguntas efectuadas por la Vocal Constitucional, señaló que:

1. 1)Las Ordenanzas Municipales 140/2004 y 181/2004, declararon la necesidad y utilidad pública de superficies de terreno. La citadas Ordenanzas no identificaron al accionante como propietario de esos terrenos y no se estableció el registro de derecho propietario a ser afectado; por ello se le indicó que para atender su solicitud y considerar el fondo respecto a si fue o no pagado y si correspondía -ese pago-, debió acreditar su interés legal, lo que fue omitido por el nombrado;
2. 2)Producto de las dos Ordenanzas Municipales, el Municipio de El Alto si cuenta al día de hoy, con un registro de derecho propietario producto de la expropiación;
3. 3)Todo trámite de expropiación comienza con una declaración de necesidad y utilidad pública y culmina con una resolución administrativa que da fin a ese proceso. El expediente de expropiación no se encuentra en antecedentes del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, seguramente producto de la quema que sufrió la Alcaldía Municipal el año 2016. El accionante tampoco solicitó el desarchivo de una carpeta administrativa;
4. 4)El accionante no acreditó su derecho propietario ni el interés legal. Se dictó el "Auto Final de Desestimación" de su pretensión y ello no le impide volver a solicitarla adjuntando la documentación respectiva que fue observada, para considerar el fondo. Corresponde desarchivar, buscar o reponer el expediente administrativo y proporcionar una respuesta mediante un acto administrativo definitivo, mencionando si corresponde o no el pago del justiprecio;
5. 5)Cuando se recibe un trámite administrativo, se lo enmarca en la Ley de Procedimiento Administrativo. El derecho de petición es vinculado con el art. 41 de la referida Ley, relativo a los presupuestos de iniciación de trámite. Se le instruyó al accionante que cumpla con lo establecido en esa norma, subsanando ciertos aspectos;
6. 6)Al solicitar que se dé una respuesta y si le pagaron o no -la indemnización- producto de una posible expropiación, se le dijo que adjunte documentación legal que respalde su pretensión, porque nunca adjuntó documentos que acrediten un posible derecho propietario o que el mismo fue afectado. Se le concedió al accionante el plazo de cinco días para que subsane la observación, y al no hacerlo se emitió un Auto Administrativo declarando por desistida su solicitud, conforme lo dispuesto por el art. 43 de la LPA;
7. 7)El trámite referido se encuentra concluido y tiene la calidad de cosa juzgada administrativa;
8. 8)Posteriormente de la emisión de las referidas Ordenanzas Municipales y al no verificarse el fondo -del reclamo realizado dentro- de la tramitación de la expropiación, se tuvo conocimiento de esas Ordenanzas Municipales porque son documentos públicos y que el Ejecutivo Municipal tenía registro de derecho propietario sobre las dos Urbanizaciones mencionadas; y,
9. 9)Para verificar que ocurrió después de la emisión de las Ordenanzas Municipales, donde se encuentra la carpeta administrativa de expropiación, si el accionante fue el eventual expropiado o afectado, y si hubo el pago del justiprecio; no se buscó ni desarchivó esa carpeta, no existiendo un pronunciamiento del área de archivo al no haberse considerado el fondo de sus reclamos porque no acreditó un interés legítimo ante la instancia municipal.

Antioco Cala Apaza, actual Presidente del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 25 de enero de 2021, cursante de fs. 165 a 168 vta., así como en audiencia manifestó que:

1. i)El Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, conforme a sus facultades y a su estructura, así como las atribuciones del Directorio del referido Concejo, en el caso de las solicitudes de los particulares, las mismas son atendidas por la Comisión competente y las respuestas, son notificadas de acuerdo a lo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo;
2. ii)Las peticiones realizadas por el accionante al indicado Concejo, con Hojas de Ruta 1498 de 5 de junio, 1845-018 de 9 de junio de 2018, 1846-018 de 29 del mismo mes y año, 3104-019 de 6 de diciembre de 2019, 0054-020 de 16 de enero de 2020, 0167-020 de 28 del citado mes y año, y 0189-020 de 31 de enero de 2020, fueron remitidas a la Comisión de Infraestructura Pública y Control Ambiental, a objeto de su respuesta conforme a derecho;
3. iii)La solicitud realizada mediante Hoja de Ruta 3104-019 de 2019, fue atendida mediante Informe CMEA/SCM/UAA/014/2020 de 27 de enero y notificada esa fecha mediante SCMEA/MCS/Not-Reg. 060/2020 e Informe SCMEA/MCS/059/2020 de 9 de marzo;
4. iv)Con relación a las Hojas de Ruta 0054-020, 0167-020 y 0189-020, estas fueron atendidas mediante Informe con CITE:CMEA/P-CIPCA/MGH/010/2020 de 28 de enero e Informe con CITE:CMEA/P-CIPCA/MGH/018/2020 de 4 de febrero; así como asegura el accionante en su acción tutelar y cuya notificación se realizó mediante SCMEA/MCS/Not-Reg. 018/2020 e Informe SCMEA/MCS/068/2020 de 9 de marzo. Documentación que se adjunta y que acredita que se dio respuesta formal por escrito y puesta en conocimiento del accionante;
5. v)En su memorial de acción de amparo constitucional y su subsanación de observaciones, en cuanto a los pedidos realizados por el nombrado con relación al Órgano Legislativo, que al margen de que fueron debidamente atendidos, resultan incoherentes, considerado que el mismo admite que fue notificado con los Informes respectivos; además, de acuerdo al Informe emitido por la Comisión de Infraestructura Pública y Control Ambiental con CITE: CMEA/P-CIPCA/MGH/010/2020, se reorientó su solicitud al Órgano Ejecutivo Municipal;
6. vi)Al atenderse lo solicitado por el accionante mediante el Informe referido, el mencionado Concejo no vulneró el derecho de petición del nombrado;
7. vii)Al denunciarse que no se dio respuesta a lo solicitado en las Hojas de Ruta 1498 de 5 de junio de 2017, 1845-018 y 1846-018, ambas de 29 de junio de 2018, y 3104-019 de 6 de diciembre de 2019, en los términos establecidos por el art. 24 de la CPE y conforme a la normativa vigente, los plazos para demandar mediante la presente acción de defensa precluyeron;
8. viii)El supuesto y último acto u omisión se materializó con las solicitudes realizadas mediante Hojas de Ruta 1845-018 y 1846-018 de 9 y 29 de junio de 2018, por lo que el accionante no cumplió con el principio de inmediatez, siendo que a partir del 31 de enero de 2020 hasta la presentación de esta acción tutelar el 14 de diciembre de similar año, transcurrieron más de los seis meses establecidos legalmente;
9. ix)El derecho de petición se encuentra relacionado con el derecho de acceso a la información. La negativa a la solicitud sea pidiendo copias, informes y certificaciones, constituye un límite al libre acceso a la información. Al ser el derecho de petición un derecho civil, no es permisible que la autoridad o particular a quien se dirige una solicitud, rehúse conocer o dar el trámite que corresponda, o atenderlo de manera clara, pronta y oportuna, debiendo incluso poner a conocimiento del peticionante el resultado positivo o negativo por lo que el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, ningún momento vulneró ese derecho, al otorgarse respuesta formal y escrita a las peticiones efectuadas;
10. x)Considerando lo establecido por la SC 1671/2003-R de 21 de noviembre, respecto a la expropiación; la limitación al ejercicio del derecho a la propiedad privada opera bajo ciertas garantías a favor del titular del derecho limitado, entre ellas, que la cesión del derecho propietario así como la ocupación pública del bien expropiado, solo se materializará previo pago de la justa indemnización;
11. xi)El accionante no acreditó el uso de los medios de impugnación en la vía administrativa y tampoco en la judicial, que le permitan acudir a la jurisdicción constitucional para poder reclamar lo alegado; y,
12. xii)El accionante, conforme lo establecido por el art. 22 de la Ley de Municipalidades abrogada, podía pedir la reconsideración de las Ordenanzas Municipales 140/2004 y 181/2004, y/o recurrir a otras instancias pertinentes. Por lo expuesto, solicita se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 33/2021 de 22 de febrero, cursante de fs. 206 a 209 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Llama la atención que la autoridad hoy accionada pretende evadir obligaciones de responder materialmente a las solicitudes realizadas por el accionante, asignándole a él la obligación de acreditar su interés legítimo respecto a esas solicitudes;
2. b)La pretensión expuesta recae sobre el ejercicio del derecho a la propiedad y el conocimiento de la situación en que se encuentra el nombrado;
3. c)Si bien es cierto que la jurisprudencia constitucional señaló que el derecho de petición no debe estar acompañado por algún tipo de acreditación de interés; empero, en función a lo expuesto por las autoridades ahora accionadas y conforme a las reglas de la Ley de Procedimiento Administrativo, para la promoción de una petición debería acreditarse un interés, un derecho;
4. d)La pretensión del accionante no se relacionó con promover el inicio de un procedimiento administrativo;
5. e)En cuanto a la administración existe una serie de cuestiones que escaparon de su voluntad, como los saqueos y la quema de la entidad -Municipal-, que no puede ser un argumento absoluto;
6. f)La administración tiene un poder de ver en sí mismo, lo que no implica que el administrado no deba colaborar. Una de las reglas del derecho administrativo es la colaboración entre la administración y el administrado;
7. g)La administración solicitó insistentemente al accionante que acredite el interés legítimo, quien debió cuando menos acreditar su situación legal;
8. h)El accionante aseguró que fue propietario de terrenos y la Autoridad administrativa afirmó que existían dos Resoluciones expropiatorias, por lo que el nombrado debió identificar la actividad expropiatoria como vulneratoria de sus derechos y acreditar que los terrenos eran de su propiedad;
9. i)La administración tiene la obligación de contestar la solicitud de forma material. La desaparición de sus bienes y documentos, no puede ser un argumento para atribuirlo en contra del accionante;
10. j)La referida administración señaló que si el accionante demuestra su derecho, la misma se pronunciará de manera positiva o negativa respecto a las peticiones efectuadas, por lo que el administrado debe colaborar para aquello; en ese sentido, respecto al derecho de petición el accionante no logró cumplir con los criterios exigidos por la administración; más aún si la misma emitió una Resolución, con cuyo contenido se puede o no quedar de acuerdo, haciéndole saber que su pretensión fue desistida ante una supuesta notificación; y,
11. k)La Sala Constitucional no podrá ingresar a valorar si los derechos a la expropiación y a la propiedad fueron conculcados; sin embargo, como simple referencia le hace saber a la administración que debe reponer todos los medios que demuestren que el acto expropiatorio existe y que finalizó conforme a las reglas de la administración, siendo otro el debate y la "sede" donde se establecerá si la expropiación fue realizada de manera legal o no.

El accionante denuncia la vulneración de los derechos de petición, a la propiedad y al pago del justiprecio; puesto que, luego del proceso de expropiación de las Urbanizaciones Las Retamas -JUNTUHUMA I- y 27 de septiembre -JUNTHUMA II- de su propiedad, que concluyó con la emisión de las Ordenanzas Municipales 140/2004 y 181/2004 y la inscripción en DD.RR. a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto:

1. 1)Solicitó a Presidencia del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz:
2. i)Que las carpetas de las Urbanizaciones Las Retamas -JUNTUHUMA I- y 27 de septiembre -JUNTUHUMA II- sean puestas a la vista, pedido que no tuvo resultados favorables;
3. ii)Con los memoriales signados con los números 1845-018 y 1846-018, solicitó informe sobre las objeciones planteadas contra las Ordenanzas Municipales 140/2004 y 181/2004, si la expropiación concluyó y si existía un informe expreso al respecto; además, si se determinó el pago del justiprecio, si el mismo fue pagado y a quién; pedidos que no fueron respondidos formalmente y que fueron unidos a la Hoja de Ruta 1846-018;
4. iii)El desarchivo de su pedido, según la Hoja de Ruta 1846-018, siendo informado verbalmente que su trámite se encontraría en Archivo Central del mencionado Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz y que debido a los conflictos de noviembre de 2019, era difícil ubicar los informes y documentos solicitados; petición que no fue respondida por escrito con la debida motivación y fundamentación;
5. iv)Por memorial de 16 de enero de 2020, solicitó informe sobre si existió pago efectivo y real del justiprecio, sin recibir respuesta alguna; solicitud reiterada mediante memorial de 28 del mismo mes y año, que fue respondida con el Informe de Justificación con CITE CMEA/P-CIPCA/MGH/010/2020 de 28 de enero, indicando que no correspondía que su solicitud sea atendida por el Órgano Legislativo; y,
6. 2)Solicitó a la entonces Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, ahora accionada, mediante memorial de 5 de febrero de 2020, informe sobre el pago efectivo y real del justiprecio, por los procesos de expropiación de las Urbanizaciones de su propiedad, en cumplimiento a las Ordenanzas Municipales 140/2004 y 181/2004; solicitud que al no ser contestada, fue reiterada por memoriales de 13 y 20 del indicado mes y año, no teniendo ningún tipo de respuesta hasta la fecha -se entiende de la interposición de la presente acción tutelar-;
7. 3)Existe vulneración al derecho de propiedad por el avasallamiento que sufrió y que fue realizado por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, al ejecutar la expropiación de sus terrenos; y, al pago del justiprecio, ya que luego de la expropiación no fue pagado por ello, hasta la fecha -se entiende de la interposición de la presente acción de defensa-.

En cuanto al derecho de petición, la SCP 0810/2012 de 20 de agosto, indicó que debe entenderse como: "...esa facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener a una pronta Resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho". En ese contexto, la SCP 0044/2021-S3 de 29 de marzo, señaló que: ""' a SCP 0820/2019-S2 de 17 de septiembre determinó que: "El art. 24 de la CPE, establece que: 'Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario' La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), consagra el derecho de petición en su art. XXIV, señalando que: 'Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución'. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del tiempo, fueron generando entendimientos respecto al derecho de petición a efectos de su tutela, abordando temáticas que constituyen precedentes constitucionales; sobre la base de los cuales, debe realizarse el análisis de cada caso concreto, al tiempo de verificar la lesión o no, del derecho de petición" Respecto al cumplimiento del derecho de petición, la jurisprudencia constitucional señaló que debe tenerse en cuenta que su protección se encuentra reforzada en caso de personas que pertenecen a grupos vulnerables o de atención prioritaria, entre los cuales se encuentran mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, niños, y personas con discapacidad y enfermedades graves (Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0424/2012 de 22 de junio, 0809/2019-S3 de 15 de noviembre y 0572/2020-S4 de 16 de octubre, entre otras" [las negrillas nos corresponde]). III.2. El contenido esencial del derecho de petición La mencionada SCP 0044/2021 -S3 de 29 de marzo de 2021, haciendo referencia al contenido de la SCP 0820/2019-S2, manifestó que: ""'...el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando características que debe contener la respuesta:

1. i)Pronta y oportuna; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional;
2. ii)Formal; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley;
3. iii)Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y,
4. iv)Argumentada; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos' (las negrillas son nuestras). La SCP 1103/2019-S2 de 18 de diciembre, señaló que en ausencia de cualquiera de los componentes que forman parte de una respuesta, se estaría lesionando el derecho de petición. De manera complementaria al entendimiento anterior, se tiene que la jurisprudencia constitucional en la SC 1068/2010-R de 23 de agosto, estableció que también se considera como vulnerado el derecho de petición, cuando se presenta la negativa de recibir la solicitud o se obstaculiza su presentación; en ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T-236/05 de 14 de marzo de 2005), señaló que el núcleo esencial del derecho de petición incluye la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas" (las negrillas son nuestras). En ese sentido, en la SCP 0788/2021-S3 de 15 de octubre, se añadió que: "Con relación a la notificación o comunicación de la respuesta, la Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia T-369/13 de 27 de junio de 2013 señaló que: '...la respuesta emitida en el marco de un derecho de petición debe ser dada a conocer efectivamente al peticionario, quien es el directo interesado en saber sobre la explicación brindada y en los efectos de la misma. Es por esto, que en sentencia T- 249 de 2001 esta Corporación precisó: 'Cabe recordar que en relación con el derecho de petición, no basta que se expida la respuesta, sino que además, es necesario que ésta se notifique de manera oportuna al interesado. En efecto, hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Carta, el hecho de que la respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, pues no puede tenerse como real contestación la que solo es conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información'. De igual manera, sobre la notificación de la respuesta como componente del derecho de petición, David Cienfuegos Salgado refirió que: "...es claro y evidente que quien contesta debe buscar la forma de que su contestación llegue a conocimiento del interesado, máxime tratándose de una autoridad que debe guardar constancia de que fue recibida la respuesta que la ley ordena ya sea que se remita por correo o se entregue personalmente. Y como además en el juicio de garantías todo hecho está sujeto a prueba y la carga de esta incumbe a quien afirma (...) para satisfacer el mandato constitucional (...) dicha autoridad debe acreditar que la contestación que dio, llego al conocimiento del interesado pues de otra suerte resultaría nugatoria la garantía aludida". El mismo autor refiere que queda abierta la posibilidad de explorar opciones que ofrezcan certidumbre; es decir, que permitan la demostración fehaciente de la notificación. Conforme a lo expuesto, es evidente que no es solo la respuesta la que da cumplimiento a los términos del derecho de petición sino que es necesario que la misma sea efectivamente conocida por el peticionario; asimismo, la constancia de entrega de la respuesta puede ser escrita mediante la recepción o notificación que conste en papel. No obstante, ante la imposibilidad de esta forma de comunicación, es válida la notificación por cualquier medio de comunicación electrónica que permita tener constancia o certeza de la recepción, teniendo el obligado la carga de demostrar que el peticionante tuvo conocimiento de la respuesta emitida a su solicitud" (el resaltado nos pertenece). III.3 Requisitos de procedencia para que sea viable la tutela del derecho de petición

La referida SCP 0044/2021-S3 de 29 de marzo, citando nuevamente el entendimiento de la SCP 0820/2019-S2, respecto al derecho de petición, indicó que: "'...a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente:

1. a)La existencia de una petición oral o escrita;
2. b)La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una:
3. b.1)Ausencia de respuesta formal;
4. b.2)Falta de respuesta material;
5. b.3)Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y,
6. c)El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito'.