Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0386/2026-S2 Sucre, 20 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 56463-2023-113-AAC Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 37/2023 de 19 de junio, cursante de fs. 313 a 317, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cintia Daniela Llanos contra Claudia Gamarra Hoyos y Jorge Ahmed Julio Ale, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, Juan José Torrejón Ugarte, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 13 y 16 de junio de 2023, cursantes de fs. 266 a 285 y 295 a 296, la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público -a denuncia de Sinecio Armella Armella, hoy tercero interesado- por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato con base en la suscripción de Testimonio 1226/2013 "...Escritura Pública de Compra Venta con Pacto de Rescate de un lote de terreno..." (sic); ello, por el monto de $us60 000.- (sesenta mil dólares estadounidenses) suscrito el 2 de septiembre de 2013; posteriormente, se le atribuyó que en el 2015, habría percibido la suma de $us8 000.- (ocho mil dólares estadunidenses) para realizar la transferencia; ante esto, interpuso excepción de extinción de la acción penal por prescripción, al haber transcurrido más de cinco años desde la referida fecha de suscripción del contrato, que es cuando se perfeccionó el supuesto acto doloso de acuerdo a los arts. 308.4; 27 inc. 8); y, 30 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Es así que, Juan José Torrejón Ugarte, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento Tarija -ahora codemandado-, emitió el Auto Interlocutorio 71/2019 de 17 de mayo; por el cual, declaró sin lugar la citada excepción; con base en, una incorrecta aplicación de la ley, estableciendo que se estaría frente a un delito continuado -no reconocido por nuestra legislación penal-; además, de considerar la fecha de apertura de la causa, la existencia de acusación formal, la mora en la notificación del imputado y que la presunta víctima es un adulto mayor, confundiendo los presupuestos de la extinción de la acción penal por prescripción; con la que, operó por duración máxima del proceso, y omitiendo que en el caso no se produjo la interrupción del término de la prescripción conforme al art. 31 del CPP.
Por su parte, Claudia Gamarra Hoyos y Jorge Ahmed Julio Ale, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -hoy demandados- en su calidad de Tribunal de alzada, en respuesta a su recurso de apelación, emitieron el Auto de Vista 32/2022 de 27 de octubre, el cual si bien cita los arts. 29 al 32 del CPP, haciendo mención a la interrupción de la prescripción con la declaratoria de rebeldía; sin embargo, de manera contradictoria y sin base legal alguna señaló que también debe tomarse en cuenta que, la presunta víctima es un adulto mayor y, que el proceso se encontraba con acusación formal; además, que se debió considerar el derecho a la reparación e indemnización de la víctima.
Así, se creó implícitamente un procedimiento paralelo; por el que, se convierte a los delitos patrimoniales contra adultos mayores en imprescriptibles, cuando el legislador de manera expresa estableció en el art. 29 Bis del CPP, cuáles son los delitos con dicha característica. En el mismo sentido, tampoco existió como causa de suspensión o interrupción del término de la prescripción, la existencia de acusación formal o el derecho de reparación e indemnización de la víctima, criterios que sustituyeron arbitrariamente lo normado por el procedimiento de la materia.
I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
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