0387/2023-S3

En revisión la Resolución 72/2022 de 31 de marzo, cursante de fs. 594 a 600 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jessica Paola Saravia Atristain, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) contra Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 3 de febrero de 2022, cursante de fs. 473 a 493 vta., la accionante, por la entidad estatal a la que representa, manifestó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso penal signado con el número CUD "701102012101466", se emitió la Resolución Fiscal de Rechazo -de 16 de julio de 2021- en el marco del art. 301 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), la que fue objetada por la AJ conforme al procedimiento previsto en el art. "304" del mismo Código; siendo la autoridad ahora accionada, Fiscal Departamental de Santa Cruz, quien en el marco del art. 305 del adjetivo penal, emitió la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. OR-537/21 de 17 de agosto, que dispone confirmar la Resolución de Rechazo y con ello concluir el proceso penal que estaba siendo promovido por la AJ en calidad de víctima y denunciante, constituyéndose la Resolución señalada en el acto vulneratorio de derechos y garantías constitucionales. Como antecedente de lo antes referido, se tiene que el 24 de febrero de 2021, la AJ, formuló denuncia contra los autores de la comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación del Estado, en razón a que se verificó en redes sociales que se encontraban operando páginas y sitios web que promueven apuestas deportivas, siendo en el caso concreto la página "'EL APUESTÓN-APUESTAS DEPORTIVAS Y CASINO ONLINE'" (sic) -en adelante, "EL APUESTÓN"-, con el agravante de que en dicha página se advirtió la existencia de una publicidad realizada por una página reconocida a nivel nacional, en especial en el departamento de Santa Cruz, como es la página "SCZ CHANNEL", cuyo presentador realizaba un tutorial de cómo realizar apuestas deportivas a través de la primera página referida; inclusive incentivó a las personas que ven la publicidad a realizar apuestas deportivas, señalando que cuentan con una presunta "LICENCIA DE CAJEROS". Con base a dichos extremos, considerando que las apuestas deportivas están prohibidas en el territorio boliviano de conformidad al art. 8 de la Ley de Juegos de Lotería y de Azar -Ley 060 de 25 de noviembre de 2010-, máxime si se considera que en la modalidad de estas apuestas digitales no se puede controlar el origen ni el destino de las divisas que son transferidas de forma digital, conviriténdose en actividad sospechosa de estar vinculada al lavado de dinero, se denunció penalmente esa actividad. A partir de ello y habiéndose comunicado al control jurisdiccional el inicio de las investigaciones el 24 de febrero de 2021, sucedieron una serie de actos procesales vinculados a la proposición de diligencias de investigación -las que describe de manera inextensa-, resaltando que el 19 de marzo de 2021, a sugerencia investigativa de la AJ, se tomó la declaración de Guillermo Cabrera Gonzáles, representante legal de la empresa "SCZ CHANNEL", extrayéndose de su atestación que efectivamente existió una relación contractual entre "EL APUESTÓN" y la empresa que representa; que su hermano, Víctor Hugo Cabrera Gonzáles -ahora tercero interesado-, fue quien realizó la promoción para dicha empresa; y que, presuntamente no les pagaron el servicio de publicidad debido a que el inicio de la investigación hizo que los contratantes desaparecieran "...a referencia de su Hermano" (sic). Así, el 22 de marzo de 2021, Víctor Hugo Cabrera Gonzáles prestó su declaración informativa policial en calidad de testigo, con base en lo cual se continuó proponiendo diligencias, resultando con todos los elementos indiciarios colectados, que la AJ ampliara la denuncia contra el nombrado por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, previsto por el art. 28 de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-, y legitimación de ganancias ilícitas, contenido en el art. 185 Bis. del Código Penal (CP), considerándose que se había demostrado, a través de su declaración testifical, que actuó como operador y cajero de la página "EL APUESTÓN"; asimismo, se contaba con movimientos bancarios en su cuenta que corroboraban ese extremo; toda vez que, se evidenció que entre los meses de enero a abril de 2021 la cuenta de titularidad del denunciado alcanzó al suma de créditos de Bs426 092,16 (cuatrocientos veintiséis mil noventa y dos 16/100 bolivianos). El 22 de junio de 2021, el Fiscal de Materia comunicó al control jurisdiccional la ampliación de denuncia contra el antes nombrado por los delitos señalados; el 15 de julio del mismo año, el denunciado se apersonó al proceso quien, sin que hubiese prestado su declaración en calidad de denunciado, solicitó el rechazo de denuncia formulada en su contra, señalando que solamente brindó un servicio de publicidad, cuando ya se tenía evidenciado que también ejerció como operador cajero de la página con las transferencias bancarias certificadas por el Banco Nacional de Bolivia Sociedad Anónima (BNB S.A.). El 16 de julio de 2021, pese a todos los elementos indiciarios y de prueba colectados, quedando pendientes la declaración del sindicado y otros testigos, como también la respuesta a requerimientos fiscales, Cevero Cándido Blanco Choque, Fiscal de Materia, emitió la Resolución de Rechazo en favor de Víctor Hugo Cabrera Gonzáles, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Objetivamente no se identificó a los creadores de la página "EL APUESTÓN", pese a que la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) identificó a cinco presuntos responsables de la administración de la página con los nombres Ariel Coria Middagh, Carlos Miguel Villena Heredia, Percy Schwenk Jordán, María Lucía Alexandra García Alberdi y Roberto Daniel Uribe Jordán; al respecto, pese a que contaba inclusive con reporte del Servicio del Registro Cívico (SERECI) para dar con sus domicilios, la autoridad fiscal no los hizo comparecer;
2. b)Que si bien se identificó transferencias bancarias a la cuenta del BNB S.A. perteneciente al denunciado Víctor Hugo Cabrera Gonzáles con referencia "'Apuestón;Apuesta, entre otros'" (sic), no se individualizó estas transacciones sobre otras, además, no fue determinado de forma fehaciente el motivo de las mismas y/o si tienen relación con la página "EL APUESTÓN", o su funcionamiento; extremo totalmente alejado de los hechos cursantes en el cuaderno de investigaciones, por cuanto la misma referencia de las transferencias en contraste con la declaración del denunciado, confirmaba que actuó como operador cajero de dicha empresa; igualmente, se solicitó requerimiento fiscal para que el BNB S.A. identifique el origen, la suma y destino de estas transferencias, pero este requerimiento no fue emitido por el Fiscal de Materia;
3. c)Con excepción de la certificación del BNB S.A., no se constató que el denunciado hubiera incrementado desproporcionalmente su patrimonio, ni que hubiera obtenido los mismos de manera ilegal, no pudiendo atribuírsele los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al estado y legitimación de ganancias ilícitas; extremo incongruente desde su formulación misma, en razón a que no puede omitir un elemento probatorio para indicar que no se demostró un incremento desproporcional de ingresos del denunciado, máxime cuando la suma de créditos obtenida del certificado del BNB S.A., refiere que entre los meses de enero a abril de 2021, en la cuenta del denunciado, hubo un incremento de Bs426 092,16.- y su origen proviene de apuestas las cuales están prohibidas en territorio boliviano; por ende, sí se tiene probado que son ganancias ilícitas;
4. d)No se halló en las cuentas bancarias del denunciado dinero con una suma significante, como tampoco bienes muebles o inmuebles registrados a su nombre; ello pese a que ya se señaló la suma percibida en tan solo tres meses por parte del denunciado, y con relación a los bienes muebles o inmuebles, se solicitó con memorial requerimiento fiscal a diferentes instancias para que certifiquen estos extremos, y el Fiscal de Materia no promovió las mismas; por lo que, esta afirmación carece de prueba suficiente que la justifique; y,
5. e)No se aportó suficientes elementos que motiven convicción y no puede fundarse imputación formal, amparándose en el art. 304 inc. 3) del CPP; omitiendo con ello la autoridad fiscal, todos los indicios colectados en la etapa preliminar, donde inclusive se cuenta con un reconocimiento del denunciado de su participación como operador cajero de "El APUESTÓN" y los diferentes informes emitidos por la Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA) y el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), como los Informes de Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (ITTCUP), donde se tiene que la página web de la empresa señalada es de la franquicia peruana "INBET" por tanto extranjera y no cuenta ni con Registro Comercial ni es contribuyente al Estado, motivo por el que tampoco tiene Número de Identificación Tributaria (NIT) y teniéndose presente que una página de estas características ha estado promoviendo actividades ilegales en territorio boliviano como las apuestas, el Fiscal de Materia omitió realizar este análisis documental y ligeramente señaló falta de indicios para fundar una imputación formal. Dicha determinación le fue notificada el 20 de julio de 2021; por lo que, el 22 del mismo mes, formuló objeción al rechazo de la denuncia, bajo los siguientes argumentos:
6. 1)Se integró en la Resolución cuestionada delitos que no fueron denunciados como ser el de uso indebido de bienes y servicios y uso indebido de influencias;
7. 2)Existen elementos de prueba no valorados en la Resolución Fiscal de Rechazo de 16 de ese mes y año, como el Disco Compacto (CD) presentado con la denuncia donde se advertía la publicidad realizada por el denunciado para promover las apuestas deportivas que son ilegales a través del "EL APUESTÓN", donde además se hizo alusión a una presunta licencia de cajero que no existe;
8. 3)Existe contradicción entre lo declarado por el denunciado y los hechos demostrados con la investigación ya que plantea primero que tomó contacto con el "EL APUESTÓN" a través de la página web "SCZ CHANNEL"; pero luego, afirmó que lo contactó una persona de nombre Cristian Braulio Calisaya; otra contradicción se da cuando señaló que cortó relaciones con este sitio web al oír que eran actividades ilícitas; sin embargo, del certificado de cuentas bancarias del BNB S.A. se advirtió que continuó trabajando como cajero inclusive después de presuntamente dejar de publicitar a ese sitio;
9. 4)Existe una incongruencia en la mencionada Resolución Fiscal de Rechazo en relación a que no se hubiera demostrado un incremento desproporcional, haciendo una excepción al certificado del BNB S.A.;
10. 5)No se valoró íntegramente la documentación emitida por FUNDEMPRESA, SIN y la AJ que demostraban que "EL APUESTÓN" no cuenta con registro de comercio ni con NIT, mucho menos con licencia de operaciones u autorización para la explotación de juegos de azar, por considerarse a las apuestas deportivas una actividad prohibida en Bolivia; y,
11. 6)La antedicha Resolución no tiene una debida fundamentación y motivación vulnerando el derecho al debido proceso de la AJ, ya que se omitió arbitrariamente señalar sobre pruebas fundamentales colectadas en la investigación. El 17 de agosto de 2021, Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora accionado- emitió la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. OR-537/21, por la que dispuso ratificar la Resolución Fiscal de Rechazo de 16 de julio de igual año, en favor de Víctor Hugo Cabrera Gonzáles, habiendo sido notificada a la AJ el 16 de septiembre del citado año, resultando lesiva a sus derechos al debido proceso en sus vertientes valoración razonable de la prueba, motivación y congruencia de las decisiones, provocando incongruencia interna y externa; y, la tutela judicial efectiva, como se pasa a explicar: Así, en cuanto a la valoración de la prueba, dentro del proceso penal abierto, se colectó varios indicios de convicción y/o prueba relevante -describiéndolos a continuación-, respecto de los cuales se tiene que en la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. OR-537/21 en un apartado titulado "FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA DESCRIPTIVA", se hizo un listado de todos los elementos indiciarios que serían parte del cuaderno de investigaciones haciendo una cita de treinta y cuatro elementos indiciarios. A este catálogo continúa con la parte denominada "FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA INTELECTIVA"; en el cual se advierte que el Fiscal Departamental de Santa Cruz accionado no hizo alusión a las pruebas adjuntas a la denuncia como ser el CD con la publicidades que demostraban fehacientemente lo denunciado. En cuanto al contenido de la declaración de Guillermo Cabrera Gonzáles, la autoridad fiscal accionada no emitió un criterio respecto a su valoración, cuando de ella se tiene una descripción clara respecto a que hizo un trabajo sin recibir un pago al respecto, extremo que debió llamar la atención a dicha autoridad; sin embargo, no se pronunció. En cuanto a la declaración testifical de Víctor Hugo Cabrera Gonzáles, la autoridad accionada no realizó ningún tipo de valoración pese a que en dicho contenido se reconoció el enlace con la página web "El APUESTÓN", como también se advierte la contradicción en la que ingresó el declarante al señalar que solamente se le contrató para realizar labores de publicidad; empero, posteriormente refirió que ejerció como operador cajero para la página, extremo que lo vincula a la actividad ilícita, en consideración a que las apuestas están prohibidas de conformidad al art. 8 de la Ley 060. Respecto a la documentación presentada por FUNDEMPRESA y el SIN en relación a la declaración de Víctor Hugo Cabrera Gonzáles quien señaló que los dueños de la empresa cuestionada serían peruanos, la autoridad accionada no le dio relevancia suficiente al hecho de que la página "El APUESTÓN" tenga sede en el extranjero; toda vez que, teniendo presente que se trata de apuestas prohibidas en Bolivia, concurre el agravante que es una empresa extranjera, lo que sugiere una relación de posible lavado de dinero; por cuanto, al ser dinero que se transfiere de manera digital no se puede verificar ni el origen ni destino de dichas divisas, lo que coincide con el ciclo de lavado de dinero consistente en colocación, diversificación e integración; sin embargo, lejos de esta valoración, la autoridad accionada solamente refirió que no es relevante lo informado por FUNDEMPRESA o el SIN ya que el declarante ya había referido que era una empresa extranjera; es decir, que no se le otorgó la correcta valoración al hecho descrito, minimizando el extremo de que se promueve apuestas deportivas ilegales con empresas extranjeras. Con relación al informe de la División de Cibercrimen de la FELCC en cuanto al requerimiento fiscal de bajar y realizar patrullaje a la página de Facebook "EL APUESTÓN" o sitio web "APUESTONVIP.COM" (sic), ello fue minimizado por el Fiscal Departamental accionado, por cuanto en el referido informe se señaló números -de teléfono- de referencia que también fueron solicitados al Fiscal de Materia para que emita los respectivos requerimientos fiscales para identificar a los titulares; sin embargo, esta diligencia no fue materializada; entonces, la referida autoridad advirtiendo que existían indicios para averiguar la identidad de los administradores de la página "EL APUESTÓN", teniendo la facultad de revocar la Resolución Fiscal de Rechazo para ordenar la complementación de diligencias, optó por minimizar el contenido del informe indicando únicamente que no se pudo demostrar el flujo de dinero ilegal. En cuanto a la ampliación de la denuncia que hizo la AJ, el Fiscal Departamental accionado realizó una valoración incompleta por cuanto eximió al denunciado -ahora tercero interesado- por la falta de registro en territorio boliviano de la página "EL APUESTÓN"; sin embargo, también refirió que no existen pruebas en páginas de las redes sociales sobre el flujo de dinero ilegal. Sobre ello, tal como se refirió anteriormente, por ese motivo como AJ solicitó el desdoblamiento del CD adjunto a la denuncia, en virtud a que en la misma como en la declaración del denunciado, se tiene el procedimiento para realizar las apuestas deportivas, las que se realizaban a través de los denominados "CAJEROS", quienes funcionaban como intermediarios para recibir el dinero y pagar en caso de ganar la apuesta; inclusive, se tiene la confesión del denunciado en su oportunidad respecto de tener una "licencia de cajero" y que, por ende, trabajaba en este sentido. Igualmente, la autoridad accionada indicó que no había registro del flujo de dinero ilegal; sin embargo, no consideró los movimientos financieros que reporta la cuenta del BNB S.A. del denunciado que inclusive se describió en la misma ampliación de la denuncia, poniendo a conocimiento de la autoridad accionada que en un margen de cuatro meses, de enero a abril de 2021, el denunciado recibió un incremento en su cuenta bancaria de Bs426 092,96.-; sin embargo, en lugar de realizar una valoración central de los indicios colectados, se restringió a hablar únicamente de lo que refiere a las certificaciones de FUNDEMPRESA y SIN en contraste con el informe de la División de Cibercrímenes de la FELCC, más no integra en su valoración a los demás elementos de prueba que sí se encuentran referidos en la ampliación de denuncia. En cuanto al extracto de la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. OR-537/21, respecto del informe de 16 de julio de 2021, emitido por el funcionario policial Oscar Pablo Mazaneda Laura, se constituye en una copia fiel de lo referido por la Resolución Fiscal de Rechazo; es decir, el Fiscal Departamental de Santa Cruz accionado no se tomó la molestia de realizar una valoración propia de dicho informe. Asimismo, en lo concerniente a que no se identificó a los creadores o autores de la página "El APUESTÓN", también la autoridad accionada omitió el informe del DACI que identificó a cinco presuntos responsables de la administración, de nombres: Ariel Coria Middah, Carlos MIguel Villena Heredia, Percy Schwenk Jordán, María Lucía Alexandra García Alberdi y Roberto Daniel Uribe Jordán, y pese a que se contaba inclusive con reporte del SERECI para dar con sus domicilios, el Fiscal de Materia no los hizo comparecer a efecto de que presten su declaración. Por otra parte, con relación a la falta de individualización de las transferencias que reporta el certificado del BNB S.A., también la autoridad accionada omitió mencionar que la AJ solicitó requerimiento fiscal dirigido a dicha entidad financiera para que se identifique los movimientos financieros, con identificación de origen, tipo de divisa y destino de la misma, requerimiento fiscal que no fue promovido por el Fiscal de Materia y nuevamente se advierte que la conclusión del investigador a cargo del caso es insuficiente por cuanto solamente es un criterio y la autoridad fiscal puede apartarse de dicha conclusión, siendo el director funcional del proceso máxime cuando se tiene que existían muchos indicios colectados y actos de investigación pendientes, reconociendo el prenombrado que faltaba la declaración del sindicado, quien presentó un justificativo médico y por el que se le señaló día y hora para su declaración para el 19 de julio de 2021, a las 08:30; por lo que, ante esos datos en el cuaderno de investigación, la autoridad accionada debió permitir que los actos de investigación pendientes concluyan para que posteriormente el Fiscal de Materia se pronuncie sobre el resultado de la investigación en su etapa preliminar, por cuanto conforme se detalló en la relación de hechos, el mismo Fiscal de Materia reconoció en una primera oportunidad que la investigación era compleja y, por ello, solicitó control jurisdiccional sobre la complementación de la investigación por treinta días adicionales; sin embargo, la autoridad accionada no valoró adecuadamente esos elementos. En cuanto a la certificación remitida por el BNB S.A., el Fiscal Departamental de Santa Cruz accionado nuevamente se apartó de las reglas de la sana crítica y de la valoración objetiva de la prueba ya que incurrió en las siguientes deficiencias valorativas:
12. i)Efectuó omisión valorativa de dicha certificación por cuanto al igual que el Fiscal de Materia, señaló que no hay incremento desproporcional de patrimonio;
13. ii)Manifestó que el denunciado no se hubiera beneficiado con el dinero por concepto de apuestas deportivas; sin embargo, omitió nuevamente indicar que el dinero proviene precisamente de una actividad ilegal, apuestas deportivas; soslayó mencionar que la Ley 060 en su art. 8 prohíbe dichas actividades, siendo que éstas están vinculadas con el lavado de dinero, en virtud a que el Estado no puede identificar el origen del dinero de entrada y salida de este tipo de actividades, máxime cuando se trata de apuestas digitales mediante una página de propiedad extranjera, debiendo la autoridad accionada haber tomado prioridad en esta clase de actividades que, conforme a las recomendaciones de entidades internacionales como la "G.A.F.I.", señalaron que estas actividades usualmente se ejemplifican en pequeñas transferencias económicas que al inicio no llaman la atención por su cuantía pero que en la suma sí representan una suma considerable que muchas veces tiene como destino el financiamiento al terrorismo o al narcotráfico; es por este motivo que las apuestas están prohibidas en territorio nacional, ya que los ganadores reciben dinero de origen desconocido que posteriormente insertan en la circulación de la moneda nacional y con ello blanquean el origen de ese dinero, completando así el circuito de lavado de dinero; sin embargo, todo esto es omitido por la autoridad accionada, minimizando las apuestas deportivas pese a que sí fueron comprobadas, a través del reporte bancario señalado; y,
14. iii)La acción de operador cajero realizada por el denunciado -ahora tercero interesado- es justificada porque existiría una relación contractual con la empresa "EL APUESTÓN"; sin embargo, tal como se señaló en la relación de hechos, el mismo denunciado confirmó que jamás existió la suscripción de un contrato de prestación de servicios oponible ante terceros, con los rigores de ley, sino que fue un acuerdo realizado por contacto de redes sociales; además, la autoridad accionada olvidó valorar la modalidad presunta de trabajo, donde la empresa "SCZ CHANNEL", sin ningún tipo de garantías por parte de la página web "EL APUESTÓN" realizó la publicidad y de la misma forma no recibió ningún tipo de remuneración, es decir, una empresa que se dedica a la actividad lucrativa, realiza un trabajo sin anticipo ni garantía para posteriormente no recibir ningún tipo de pago; extremos que no solo no le resultaron sospechosos a la autoridad accionada, sino que los justificó, constituyendo una valoración apartada de los marcos de razonabilidad. Finalmente, no obstante la Resolución jerárquica hizo alusión a toda esa prueba documental; sin embargo, omitió referirse al CD adjunto a la denuncia con la prueba de la publicidad realizada por el denunciado -hoy tercero interesado-; extracto de llamadas de uno de los teléfonos de referencia de "EL APUESTÓN" siendo la línea 76739030; informe de 9 de marzo de 2021, emitido por el funcionario policial Oscar Pablo Mazaneda Laura, donde identificó que cinco personas posibles administradores de la página "EL APUESTÓN" como también líneas telefónicas de referencia de la página y dos números de cuentas bancarias donde se realizarían depósitos para apuestas deportivas; acta de verificación 164/2021 de 14 de abril, emitido por Hugo Mauricio Miranda Valenzuela, Notario de Fe Pública 62 de la Capital del departamento de Santa Cruz, donde se puede evidenciar que a la fecha de la verificación, el sitio "EL APUESTÓN" continúa operando en Bolivia para promover apuestas deportivas; asimismo, se observa el número de contacto 69191785. También omitió considerar que la presunta relación contractual para el desarrollo de una actividad ilícita no exime de responsabilidad a Víctor Hugo Cabrera Gonzáles, máxime si se considera que la relación contractual no fue sólo de publicidad sino de intermediaciones puesto que recibían apuestas y entregaban premios, situación que hace partícipe al denunciado del desarrollo de las apuestas, deducción lógica que se extrae de la prueba señalada. En cuanto a la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente motivación y congruencia de las decisiones, la Resolución Jerárquica no ostenta "congruencia externa" (mayúsculas en el original) en virtud a que, a tiempo de fundamentar en lo concerniente al tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas con relación a la culpabilidad del denunciado Víctor Hugo Cabrera Gonzales, la Resolución objetada para subsumir la conducta al tipo, señaló que cuando menos debe hacer una inferencia a un delito de origine las ganancias ilícitas; al respecto qué otra demostración puede requerir la autoridad accionada si tiene a la vista que el denunciado participó como promotor de una actividad ilícita como ser las apuestas deportivas y, cuando en su misma declaración señala que también fungió como operador cajero para recepcionar apuestas; es decir, ya tiene inferida la actividad ilícita solicitada. Por otro lado, la autoridad accionada manifiestó que debía existir aunque de forma indiciaria la procedencia ilegítima de los bienes; pero, en el presente caso no existe patrimonio alguno, y nuevamente ingresa en incongruencia externa, cuando claramente la AJ indicó tanto al Fiscal de Materia como también a la autoridad accionada, que la procedencia ilegítima recae en las transferencias bancarias con referencia "apuesta, apstn, apuestón" que figura en la certificación emitida por el BNB S.A. de la cuenta de titularidad del denunciado -ahora tercero interesado- Víctor Hugo Cabrera Gonzáles; asimismo, el patrimonio que indica es inexistente, fue debidamente identificado en los meses en que el denunciado afirmó que entabló una relación comercial con la página "EL APUESTÓN"; es decir, de enero a abril de 2021, en cuatro meses, la cuenta del prenombrado, se incrementó desproporcionalmente en la suma de Bs426 092,16.- demostrando con ello la incongruencia cometida por el Fiscal Departamental de Santa Cruz accionado; igualmente, no puede afirmar la inexistencia de patrimonio del denunciado, cuando de los datos del cuaderno de investigaciones, se tiene que pidieron requerimientos a los registros de bienes para que -la oficina de- Tránsito del municipio de Santa Cruz, informe sobre la existencia o no de bienes registrados a nombre del denunciado; sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna de lo solicitado por esta entidad; en consecuencia, no puede existir un análisis objetivo por parte de la autoridad accionada, cuando se refiere a la inexistencia de patrimonio del denunciado, ya que los requerimientos solicitados jamás fueron emitidos por parte del Fiscal de Materia. La Resolución Fiscal Departamental RR.MM. OR-537/21 igualmente incurre en incongruencia externa al citar el memorial de objeción y parafrasear los argumentos esgrimidos; empero, en ningún momento abordó la resolución de estos fundamentos, en razón a que luego de citar el memorial de objeción, dedicó una parte a la fundamentación probatoria descriptiva y otra a la probatoria intelectiva, se refiere a la consideración de la procedencia de los tipos "finales" y concluir con la parte dispositiva de la resolución. También adolece de congruencia interna en razón a que, a tiempo de fundamentar lo relacionado al delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, realiza una fundamentación que no corresponde al tipo penal señalado, por cuanto hace alusión a la condición de servidor público, del tipo penal de enriquecimiento ilícito; sin embargo, se está investigando el delito tipificado en el art. 28 de la Ley 004. La fundamentación cuestionada, tampoco hace alusión a ningún hecho o justificativo del caso concreto, lo único que realiza es una explicación doctrinaria del tipo penal que ni siquiera corresponde al tipo penal investigado y con ello pretende justificar a esta entidad en calidad de víctima y denunciante por qué no procede el delito de enriquecimiento ilícito. En cuanto a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, considerando que el Estado se encuentra adherido a convenciones internacionales de lucha contra la corrupción y legitimación de ganancias ilícitas, formando parte de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, resulta que con las falencias de la Resolución Fiscal Departamental cuestionada, se coarta a la AJ el derecho a una investigación justa, objetiva y efectiva, considerando que no se valoraron todas las pruebas cursantes y no existe algún argumento que sustente concluir el presente proceso, más aun si se tiene presente que se encuentra en una fase preliminar y no se requiere pruebas sino indicios, por cuanto al Resolución de imputación formal es provisional. En ese sentido, la autoridad accionada pudo determinar la revocatoria del rechazo y ordenar la complementación de diligencias o determinar que se emita la correspondiente resolución de imputación formal, ya que en esta etapa sólo se necesita indicios por cuanto recién se ingresaría a la etapa preparatoria donde se podrían complementar los actos de investigación pendientes de realización; empero, se aparta de dicha postulación y prefiere cerrar la investigación de un caso que el mismo Fiscal de Materia calificó como complejo. I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados La accionante, por la entidad estatal a la que representa, alega la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes valoración razonable de la prueba, motivación, congruencia y tutela judicial efectiva sin citar norma constitucional que los contenga. I.1.3. Petitorio Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. OR-537/21 y, por ende, se ordene se emita nueva resolución debidamente fundamentada y motivada que revoque y disponga la continuación de las investigaciones del proceso penal; así, se remitan antecedentes a la Fiscalía General del Estado contra Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, por emitir resoluciones contrarias a las Leyes y que son atentatorias de derechos. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional Celebrada la audiencia pública virtual el 31 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 587 a 593 vta. -luego de las suspensiones de audiencia de 4 y 25 de igual mes y año (fs. 581 y 584)-; en presencia de la parte accionante, la autoridad accionada y el tercero interesado, asistidos de sus abogados; se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación de la acción La accionante por la entidad estatal a la que representa, en audiencia ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional. I.2.2. Informe de la parte accionada Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, a través de informe escrito cursante de fs. 560 a 578, manifestó lo siguiente: a) Al emitir la Resolución Fiscal Departamental cuestionada, expresó los motivos de hecho y derecho en que basó su decisión, expuso los hechos, realizó la fundamentación legal y la cita de las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, teniendo una estructura de forma y de fondo, prueba de ello es que en la mencionada Resolución Fiscal Departamental, expresó en el análisis de la Resolución Fiscal de Rechazo de 16 de julio de 2021, los antecedentes y consideraciones previas; fundamentación probatoria descriptiva, que se constituye en el conjunto de actos procesales que despliegan los sujetos procesales destinados a la recolección, conservación, ofrecimiento y valoración de los elementos de prueba, actividad que está a cargo principalmente del Ministerio Público y, en su caso, del acusador particular, que tienen la obligación de demostrar su teoría fáctica contenida en la atribución de hechos de la acusación ante los jueces o tribunales competentes, con una análisis, valoración y otorgación de una valoración probatoria de treinta y cuatro detalles de pruebas individualizadas y una vez definido lo que se entiende por actividad probatoria, se ingresó a realizar un análisis descriptivo de la actividad probatoria realizada durante la investigación preliminar en la investigación de origen. También se realizó una fundamentación probatoria intelectiva y fundamentación jurídica, llegando a establecerse los motivos por los que se emitió la Resolución Fiscal Departamental analizada; b) En la fundamentación de la precitada Resolución, se estableció que el 24 de febrero de 2021, Antonio Yader Torrico Zenteno, en calidad de Director Regional Santa Cruz de la AJ, formalizó denuncia contra presuntos autores por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado; al respecto su autoridad manifestó que: de la revisión del cuaderno de investigación se tiene que no se habría aportado los suficientes elementos de convicción de los hechos denunciados, en razón a que según lo establece el art. "300.1" -siendo lo correcto 300.I- del CPP, la etapa preliminar de investigación debe concluir en el plazo máximo de veinte días a partir del informe de inicio de investigación al juez de instrucción penal y, de acuerdo a los actuados realizados, se hubiera ampliado la investigación contra Víctor Hugo Cabrera Gonzáles quien sería el productor y administrador de la página "SCZ CHANNEL", siendo el representante legal Guillermo Cabrera Gonzáles, hermano del denunciado. En cuanto a este extremo, fundamentó que la empresa de la página web "EL APUESTÓN" es de nacionalidad peruana "...el cual hace referencia..." (sic) -se entiende, el administrador de la página web "SCZ CHANNEL"- que, realizaron la publicidad en su página; sin embargo, decidió cancelar el trabajo en virtud a que el tema era algo raro acordando que dicha empresa no les pague porque no querían que se le emita factura; empero, como Fiscal Departamental, bajo los principios previstos en el art. 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, emitió la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. OR-537/21, estableciendo que los delitos denunciados previstos en el Código Penal, regulan ciertos requisitos para la configuración de los hechos denunciados en cuanto a la participación del denunciado; c) Con relación al "delito denunciado" se tiene que no concurren los elementos que exige el tipo penal para su configuración, como ser la existencia de bienes y recursos económicos obtenidos por la vía ilícita, entre otros; d) El denunciante refiere la existencia de una página de red social en la que se estaría publicitando apuestas a diversos partidos de fútbol, que serían auspiciados por la supuesta empresa "EL APUESTÓN"; empero, el denunciante denunció a "PRESUNTOS AUTORES"; puesto que, supone que las apuestas estarían generando lavado de dinero, configurándose en legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado; si bien se amplió la denuncia contra Víctor Hugo Cabrera Gonzáles, no se logró establecer la participación en los hechos del denunciado tomando en cuenta que se debe respetar los derechos y garantías constitucionales de todas las personas, presumiendo su inocencia hasta incluso antes de dictar la sentencia por parte de las autoridades correspondientes; e) Durante el transcurso de la investigación, se puede colegir que documentalmente no se logró probar la existencia de esa empresa -se asume, "EL APUESTÓN"-, mucho menos la existencia del delito denunciado, es más, la investigación no logró determinar la participación del denunciado en los hechos que se le ampliaron. Los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, se trata de la conducta de un denunciado en cuanto a convertir o transferir bienes, recursos o derechos vinculados a delitos comunes o especiales para ocultar o encubrir su origen ilícito o colaborar con el autor de delitos ilícitos; es decir, que para la configuración del tipo penal es menester conocer la existencia de la empresa y luego atribuir al responsable los ilícitos penales, que de la información de la misma demanda de acción de amparo, se tiene que dicha empresa no está registrada en FUNDEMPRESA; por lo tanto, carece de elementos constitutivos para esclarecer el hecho denunciado;
15. f)De la definición del tipo básico de legitimación de ganancias ilícitas, previsto en el art. 185 Bis. del CP y del delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, contenido en el art. 28 de la Ley 004, se tiene que el denunciante hizo referencia a este último tipo penal, no adecuando la conducta el denunciado para su investigación, de acuerdo al art. 285 y 289 del CPP;
16. g)En virtud a lo expuesto, se dictó la Resolución Fiscal Departamental RR. MM. OR-537/21, aplicando la garantía y el derecho al debido proceso, se expuso los hechos, se realizó fundamentación legal y la cita de las normas que sustentan la parte dispositiva de la decisión; sin que se advierta lesión al derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y tutela judicial; y,
17. h)Con respecto a la falta de valoración integral de la prueba, se tiene que la "...SCP 0029/2019-S4 de 1 de abril..." (sic), respecto a la no revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria como auto restricción de la jurisdicción constitucional sobre la laboral, entre otras, determinó que "...el Tribunal constitucional no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, menos atribuirse la cualidad de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes (...) excepto, en los casos en los que la valoración es arbitraria y no obedece a los marcos legales de razonabilidad y equidad, o exista omisión arbitraria en considerarla" (sic); cuyo entendimiento es aplicable en el caso de autos, con el fin de no vulnerar los derechos a la defensa e igualdad de las partes, puesto que la impugnación a la Resolución Fiscal de Rechazo se constituye en una especie de apelación, a través de la cual se advierte al Fiscal Departamental los hechos que no fueron tomados en cuenta por el Fiscal inferior, identificando los medios de prueba que no hubieran sido debidamente valorados o alegando los hechos que sean objeto de consideración, todo ello en ejercicio del legítimo derecho a la defensa e igualdad procesal, como del acceso a la justicia; la otra parte, debe tener conocimiento acerca de los fundamentos vertidos en el memorial de impugnación u objeción, por ello, en base al principio de contradicción que rige el proceso penal y a la que se sujetan ambas partes, se sostiene que es evidente que el art. "324" del CPP, no refiere expresamente la exigencia de poner a conocimiento del imputado el memorial de impugnación a la Resolución de sobreseimiento u "objeción al rechazo"; sin embargo, conforme al entendimiento expresado en la "0SC 1428/2005", no se puede desconocer el derecho a la defensa en cumplimiento al principio de igualdad procesal que asisten también al imputado; por lo que, una vez realizada la impugnación u objeción al rechazo por cualquiera de las partes, debe ser notificada a ambas partes que componen el proceso. Con base a ello, solicita se deniegue la acción de amparo constitucional interpuesta y sea debidamente fundamentado. En audiencia, Fabiola Villegas Zelaya, Fiscal de Materia, por el Fiscal Departamental accionado, expresó que la acción de amparo constitucional, no se encuentra debidamente fundamentada, en razón a que no señaló de qué manera se vulneró los derechos invocados, por cuanto al emitirse la Resolución Fiscal Departamental RR. MM. OR-537/21, la autoridad accionada expresó todos los motivos de hecho y de derecho, de manera coherente y valorando en totalidad todos los actuados cursantes en el cuaderno de investigación, no vulnerando ningún derecho ni garantía constitucional de la parte accionante. I.2.3. Intervención del tercero interesado Víctor Hugo Cabrera Gonzáles, a través de su abogado en audiencia, indicó que:
18. 1)La parte accionante pretende que se efectúe la valoración o revalorización de los elementos de prueba, ordinariamente compulsado por el accionado; empero, para ello, debe verificarse si la ponderación de la prueba fue correcta o incorrecta, partiéndose de cinco presupuestos conforme a la "0SC 380/2007":
19. i)Establecer cuál es el parámetro probatorio "y el régimen" que en el caso de autos no se cumplió;
20. ii)Explicar por qué esa interpretación probatoria o valoración probatoria e interpretación se encuentra fuera de los parámetros establecidos por el legislador y la norma de carácter general, que tampoco fue cumplido;
21. iii)Para la ponderación del elemento de prueba, debe hacerse y debe suplirse la omisión generada por el ente valorador o por el intérprete de la ley ordinaria; vale decir, que debe explicarse qué es lo que demostraba ese elemento o qué es lo que ponderaba ese elemento o lo que la norma debió explicar, lo cual no se observó;
22. iv)Debe explicarse el principio de vencimiento a la previsibilidad de las resoluciones; lo que no se aplicó; y
23. v)Debe señalarse la relevancia constitucional, no la vinculación de un derecho, porque el derecho puede estar lesionando la garantía, pero si no tiene relevancia en el caso, no puede "otorgarse"; en consecuencia, el "tribunal de garantías" está inhibido y prohibido de pronunciarse sobre el fondo;
24. 2)En la jurisprudencia constitucional se estableció que, el Fiscal Departamental no está limitado a la exposición de agravios, lo que constituye una diferencia con el sistema judicial donde los jueces de alzada están vinculados al art. 398 del CPP; el Fiscal Departamental valora todos los elementos, no uno y su situación no es limitativa;
25. 3)Existe acto consentido en el proceso, comprendido este como la facultad de que quien teniendo un derecho no lo ejerce, no activa un recurso ni reclamo; por ende, consiente los efectos positivos o negativos del mismo, vinculándolo normativamente a una "vinculación terciaria", extremo que no fue observado por la parte denunciante; en razón a que los actos investigativos que sostiene no fueron admitidos ni generados por el Fiscal de Materia ni por el Fiscal Departamental, debió tramitarse vía objeción a la negativa de realización o de diligenciamiento de actos investigativos, conforme manifiesta el art. 306 del "CP" -siendo lo correcto CPP-; la parte denunciante pedía requerimientos y nunca los llevaban ni diligenciaban, si no querían diligenciarlos debieron activar la norma citada, que era el recurso efectivo para "evitar este acto";
26. 4)Respecto de la interpretación de la tipicidad, que establece que "...no es funcionario público es enriquecimiento de participación..." (sic), debe verificarse siete fundamentos normativos: a) La verificación de la lesión de un principio constitucional que debe haber sido vinculado expresamente a la regulación de competencias específicas, lo que no se cumplió; b) La violación de un derecho y garantías constitucional que hubiese vulnerado un valor constitucional, como el valor supremo de justicia, el de la vida, lo cual no se dio en el caso; c) No fue señalada la infracción vinculándola a la interpretación admitida por hecho, a través de un fallo secundario o terciario de jurisdicción constitucional o administrativa, lo que no se observó; d) No se verificó cuál es el elemento de interpretación erradamente dado, no se dijo si es una interpretación literal, teleológica, axiológica o unificadora y cuál es la suplantación; entonces el cuarto y quinto elemento no se cumplieron; e) La demostración de la ilógica argumentación del acto recurrido debe estar basado en una argumentación suplida por el accionante, en el caso de autos no lo ha hecho; y, f) El vencimiento del principio de previsibilidad, no se cumplió, lo que amerita que deba denegarse la tutela; y,
27. 5)En cuanto a la competencia del "Tribunal de garantías", el Tribunal Constitucional Plurinacional obliga a que la acción deba plantearse en el lugar donde se generó la violación del derecho, conforme establece a los arts. 2 y 3 de la Ley 1104 -de 27 de septiembre de 2018-, por lo que dicho Tribunal no es competente para resolver el proceso, en virtud a que la regulación del caso indica que solamente podrá el accionante escoger otra "jurisdicción" cuando no existan otras salas constitucionales, tendría que demostrarse que -al accionante- le es imposible por cercanía territorial o por condición de transporte poder generarse dentro de la misma y, finalmente, que la "situación de residencia" manifiestamente prohibitiva en el caso concreto; asimismo, la competencia también puede ser entendida "...cuando el domicilio del afectado ha sido cometido fuera de lugar de la residencia..." (sic); en este caso, el denunciante es la AJ Regional de Santa Cruz, entonces la autoridad denunciante tenía su domicilio vinculado "a ese sentido"; en relación a dónde se hubieran producido los hechos que genera la violación, únicamente será competente la Sala Constitucional del departamento y juez de garantías del municipio que se encuentra a 20km de la "Sala"; y, solamente las Salas Constitucionales podrán conocer acciones tutelares; en el caso de origen, el primer memorial que presentaron los accionantes fue en el domicilio de Santa Cruz, habiéndose constituido; finalmente, la "SC 836" resuelve un caso idéntico, donde una entidad del Estado tenía su central en La Paz y varias oficinas desconcentradas en otros departamentos, la que pretendió obrar de la misma manera; es decir, demostrar que tenía que llevarse la acción tutelar en la ciudad de La Paz porque se encontraba la oficina central en ese lugar, habiéndose establecido que la jurisdicción de Oruro donde se encontraba una entidad desconcentrada era el juez natural; razonamiento en mérito del cual la Sala Constitucional -Segunda del Tribunal Departamental de Justicia- de La Paz es incompetente, extremo también comprendido dentro del alcance del art. "52" del Código Procesal Constitucional (CPCo). Un caso similar se resolvió en la "0SC 10/2010-S4"; en consecuencia, solicitó que la mencionada Sala Constitucional se declare incompetente y remitan el caso ante su similar de turno de Santa Cruz al ser esta, la que, por regla competencial y en cumplimiento a la Sentencia Constitucional señalada en última instancia, la que tiene competencia para conocer el caso de origen; caso contrario, se disponga la improcedencia por acto consentido. En caso de que se decida ingresar al fondo de la cuestión, se deniegue la tutela, en razón a que la parte accionante no cumplió los parámetros para liberar los límites de auto restricción de la jurisdicción constitucional. I.2.4. Resolución La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 72/2022 de 31 de marzo, cursante de fs. 594 a 600 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo la nulidad de la Resolución Fiscal Departamental RR. MM. OR-537/21, debiendo emitir nueva resolución dentro del plazo de diez días; todo ello, con base en los siguientes fundamentos: i) Conforme al art. 54 del CPCo que regula el presupuesto de subsidiariedad de la presente acción, se tiene que al haber emitido el Fiscal Departamental de Santa Cruz accionado la mencionada Resolución Fiscal Departamental que resolvió ratificar la Resolución Fiscal de Rechazo de 16 de julio de 2021, al no existir recurso ulterior, cumplió con dicho requisito; ii) En lo concerniente al presupuesto de inmediatez, la indicada Resolución que resuelve la objeción fue notificada a la parte accionante el 16 de septiembre de 2021 y la presente acción, según el sistema integrado de Registro Judicial de La Paz, fue presentada el 3 de febrero de 2022; en consecuencia, se halla dentro de los seis meses que establece el art. 55 del CPCo; iii) En cuanto a la legitimación activa, la AJ representada por Jessica Paola Saravia Atristain y la legitimación pasiva del accionado, Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, fue acreditada, en el marco del art. 33 del CPCo; toda vez que, la aludida Resolución Fiscal Departamental, como efecto de la objeción al rechazo de denuncia, fue emitida por dicha autoridad; iv) Con base a los arts. 3, 34.17, 40 de la LOMP; y, 70, 79, 304 y 305 del CPP, se tiene que la AJ al presentar su objeción de rechazo de denuncia mereció la citada Resolución Fiscal Departamental emitida por el Fiscal Departamental, quien ratificó la Resolución Fiscal de Rechazo de 16 de julio de 2021. En ese marco, correspondía a dicha autoridad pronunciarse una por una, a las objeciones, de forma debidamente motivada, fundamentada y congruente, "...sin advertir en su contenido lo relativo al fondo de su pretensión..." (sic), que no sólo deberá circunscribirse a realizar un relato de lo expuesto por las partes, sino citar las pruebas que aportaron ambas, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver; v) En la Resolución Fiscal Departamental, sobre la vulneración del debido proceso en sus elementos motivación, congruencia y falta -de valoración-razonable de la prueba, concluye que la Resolución Fiscal de Rechazo describe los elementos indiciarios que cursan en el cuaderno de investigaciones "'que los elementos colectados son insuficientes y vencido como está el plazo previsto para la etapa preliminar investigativa, imposibilitando la continuación de la presente investigación" Que, en el transcurso de las investigaciones, la parte denunciante no acompañó ni el Ministerio Público obtuvo documentación que se tenga como verdad u original a objeto de constar la documentación original con la supuesta falsedad, no pudiendo fundar la falsedad en un simple informe legal" (sic), respecto de lo cual, el fundamento de la objeción señaló que "...no sería justo que el Fiscal resuelva el presente proceso con una Resolución de Rechazo basada en fundamentos contradictorios, incongruentes y ambiguos sin tomar en cuenta los antecedentes ni prueba alguna, está claro que el hecho sí existió, que se cometieron y se siguen cometiendo delitos penales, empero con el rechazo lo único que se logra es dejar en la impunidad a los autores del hecho, impunidad que es consecuencia de que el Ministerio Público no realizó una responsable ni correcta investigación en mérito al Art. 70 del C.P.P., que señala; 'corresponderá al Ministerio Público dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal pública ante los Órganos jurisdiccionales" (sic);
28. vi)En la fundamentación probatoria descriptiva de la Resolución jerárquica, se señala que "...siendo que queda actos investigativos por realizar y acumular mayores elementos de convicción objetivos, se pueden inferir que no se cuentan con elementos de convicción suficientes que acreditarán la participación del Sr. Víctor Hugo Cabrera Gonzales quien fue ampliado en la presente investigación y a la fecha no prestó su declaración informativa, por lo que se sugiere que la Dirección Funcional emita la resolución que en derecho corresponda; al haber fenecido el plazo de la etapa preliminar" (sic); asimismo, en la fundamentación de la Resolución Fiscal Departamental, se estableció que los elementos obtenidos en el transcurso de las investigaciones, no son suficientes para determinar a los denunciados como responsables penalmente en los ilícitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas, de acuerdo a las certificaciones emitidas por diferentes bancos y cooperativa con excepción del BNB S.A., por cuanto no se constata que el denunciado hubiera incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto a sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado; asimismo, se estableció que, con relación al primer delito descrito, era necesario considerar que en el presente caso no se tiene un informe emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras con respecto a la desproporción de ingresos económicos del denunciado, por cuanto es su obligación cumplir con la carga de la prueba, extremo que en el presente caso no ocurrió ni fue demostrado conforme la hipótesis del denunciante, tarea que puede requerir la demostración no sólo de cuestiones objetivas sino también de elementos normativos y subjetivos establecidos; y,
29. vii)Entonces, teniendo presente que las normas señaladas con anterioridad, en particular a lo que se refiere las facultades y atribuciones que tiene el Ministerio Público, de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código "Procesal Constitucional", la autoridad tiene la obligación de agotar todas las vías para establecer si existe o no dicho ilícito para que en su momento se pronuncie al respecto, ya sea mediante rechazo, imputación o finalmente acusación, en observancia del cumplimiento a cabalidad de la investigación que corresponde; igualmente, se debe considerar que es la propia autoridad del Ministerio Público quien en su fallo jerárquico hizo referencia a que no se hubieran cumplido con algunos actos de carácter investigativo, atribuidos al Fiscal de Materia encargado de dicha investigación; en consecuencia, la investigación realizada "...en esta primera instancia..." (sic) no se cumplió como correspondía con referencia a los derechos alegados y expuestos en forma puntual, correspondiendo dar curso a la tutela invocada, de esta manera cumplido el mismo se pueda pronunciar en base a un criterio formado y objetivo. En cuanto a la "...solicitud del Tercero Interesado..." (sic) respecto a la incompetencia de la Sala Constitucional para conocer la acción constitucional interpuesta, conforme a la Ley 1104, en el art. 3 que prevé sobre el ámbito territorial -describe su contenido normativo- y tomando en cuenta que, conforme al memorial de demanda, la parte accionante en el Otrosí 7º hizo conocer su domicilio procesal en la Calle 16 de Obrajes 220 Ed. Centro de Negocios Obrajes, Segundo piso, de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; del mismo modo, dio a conocer como medios alternativos de notificación, correo electrónico y celulares, por lo que la Sala Constitucional Segunda el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, es competente para su tramitación. La solicitud de aclaración, enmienda o complementación de la parte accionante, presentada mediante memorial cursante de 619 y vta., fue resuelta a través del Auto de 5 de abril de 2022, en el que se determinó que dicha pretensión fue presentada fuera de plazo; sin embargo, se aclaró que con relación a la solicitud de complementación sobre la existencia de responsabilidad de la autoridad accionada y remisión de antecedentes ante el Fiscal General del Estado, la parte accionante deberá observar el art. 39 del CPCo y que, teniendo en cuenta que la norma es potestativa para el Tribunal de garantías, declaró no ha lugar la solicitud, pudiendo la parte impetrante de tutela, hacer valer su derecho si así lo considera (fs. 620). II. CONCLUSIONES De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 16 de julio de 2021 -no consta fecha de presentación- dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital -del departamento de Santa Cruz-, Cevero Cándido Blanco Choque, Fiscal de Materia, respondió a conminatoria y presentó Resolución Fiscal de Rechazo, dentro del caso FUD 701102012101466, expresando en la parte dispositiva de dicho requerimiento que en aplicación del art. 304 inc. 3) del CPP, en concordancia con el art. 40.11 de la LOMP; bajo el principio de objetividad, descrito en el art. 5.3 de la citada Ley y el art. 72 del CPP, se rechaza la denuncia aperturada de oficio contra Víctor Hugo Cabrera Gonzáles -ahora tercero interesado-, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas, previstos y sancionados por los arts. 28 de la Ley 004 y 185 Bis. del CP. Decisión que fue notificada a la AJ -entidad estatal ahora representada por la accionante- el 20 del mismo mes (fs. 383 a 388). II.2. A través de memorial presentado el 22 de julio de 2021, Antonio Yader Torrico Zenteno, Director Regional Santa Cruz de la AJ, planteó objeción de rechazo de denuncia contenida en la Resolución descrita previamente, por ser infundada y carente de la debida motivación, en consecuencia, al amparo del art. 305 del CPP, formuló dicha pretensión a objeto de que el Fiscal Departamental se pronuncie al respecto (fs. 389 a 395 vta.). Este escrito fue notificado al denunciado conjuntamente la Resolución Fiscal de Rechazo de 16 de igual mes y año, mediante diligencia de 28 del mismo mes y año (fs. 413). II.3. Mediante Resolución Fiscal Departamental RR. MM. OR-537/21 de 17 de agosto de 2021, Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora accionado- determinó ratificar la Resolución Fiscal de Rechazo objetada, ordenando que en virtud a ello, se devuelva el cuaderno de investigaciones al Fiscal de Materia, Director Funcional de la Investigación para su cumplimiento, notificación de las partes y se informe al Juez de control jurisdiccional (fs. 433 a 456). Esta decisión fue notificada a la AJ el 16 y al denunciado el 27, ambos de septiembre del citado año (fs. 457 a 458). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO La accionante denuncia que el Fiscal Departamental de Santa Cruz lesionó los derechos de la entidad que representa (AJ), al debido proceso en sus elementos valoración razonable de la prueba, motivación, congruencia y tutela judicial efectiva, al emitir la Resolución Fiscal Departamental RR.MM. OR-537/21, por la que confirmó el rechazo de la denuncia, en virtud a lo siguiente: a) Omitió valorar los elementos de prueba recolectados en la etapa preliminar de la investigación, por cuanto considerados y valorados integral y razonablemente determinan la existencia de indicios suficientes que permitan sostener la imputación formal sobre la probable comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación del Estado de parte del ahora tercero interesado; b) Omitió emitir los requerimientos fiscales identificados y solicitados como parte denunciante con el fin de recabar mayores indicios para la demostración de los hechos denunciados; y, c) Incurrió en incongruencia externa e interna, por cuanto a tiempo de pronunciarse sobre los tipos penales denunciados no consideró que los indicios recolectados permitían inferir la actividad ilícita y que el delito analizado en dicha Resolución -enriquecimiento ilícito- no es el que fue denunciado -enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado-, por ende, se constituye en una fundamentación que no corresponde al tipo penal pertinente, y, se restringió a parafrasear sobre los motivos de la objeción al rechazo, sin resolverlos. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. III.1. Competencia territorial de los jueces, tribunales de garantías y de las Salas Constitucionales Sobre la temática anotada, la SCP 0641/2020-S3 de 29 de septiembre, asumió el siguiente razonamiento: "Al respecto, la 0SC 0236/2011-R de 16 de marzo, asumió el siguiente entendimiento: "Entre los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo constitucional está la identificación del demandado y su domicilio, el que debe ser observado a momento de su admisión, dado que en función a ello se determinará la competencia en razón de territorio del juez o tribunal de garantías. Al respecto la jurisprudencia de este Tribunal, precisó en la 0SC 0347/2010-R de 15 de junio, que será competente para conocer este medio de defensa, el juez o tribunal: '1. Del lugar donde se produjo el acto u omisión ilegales o indebidos. 2. Tratándose de resoluciones administrativas o judiciales, corresponde al juez o tribunal del distrito o asiento judicial del lugar donde la autoridad emitió o dictó la resolución considerada ilegal y que es el lugar donde tiene su domicilio institucional (las negrillas son nuestras). 3. Tratándose de varias resoluciones, debe interponerse donde se emitió la de mayor jerarquía, pues en concordancia con el principio de subsidiariedad, a esa autoridad o instancia donde correspondía subsanar o corregir en última instancia el acto o resolución denunciado de ilegal'. Por su parte, el art. 3 de la Ley 1104 de 27 de septiembre de 2018, en su texto establece: ARTÍCULO 3. (ÁMBITO TERRITORIAL). I. Las Salas Constitucionales serán competentes para conocer y resolver las acciones referidas en el Artículo 2 de la presente Ley, por hechos generados en las ciudades capitales de departamento y los municipios que se encuentren a veinte (20) kilómetros de las mismas. II. En los municipios no comprendidos en el Parágrafo anterior, las acciones de defensa previstas en el Artículo 2 de la presente Ley, podrán ser interpuestas ante cualquier Juzgado Público de la jurisdicción o Salas Constitucionales de su Departamento. III. Cuando en el lugar no hubiere autoridad, será competente la Jueza, Juez, Tribunal o la Sala Constitucional al que la parte pueda acceder por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte. Si la violación del derecho hubiese sido fuera del lugar de residencia de la afectada o el afectado, ésta o éste podrá presentar la acción, si lo estima pertinente, ante la Sala o Juzgado competente por razón de domicilio del accionante. A partir de dicha previsión legal la competencia de las Salas Constitucionales, y en su caso de las o los Jueces (as) Públicos (as) y Tribunales se encuentra claramente delimitada, resaltándose como reglas de competencia inicialmente el lugar donde se produjo la violación del derecho; el lugar de mejor acceso por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte en los sitios donde no hubiese autoridad constitucional; y, ante la circunstancia de que la violación del derecho hubiese sido fuera del lugar de residencia de la afectada o el afectado, tal cual se tiene normado ésta o éste podrá presentar la acción tutelar, si lo estima pertinente, ante la Sala o Juzgado competente por razón de su domicilio. En cuanto a esta temática competencial, la 0SC 0347/2010-R de 15 de junio, ya había sostenido que: 'Dentro del marco de legalidad y celeridad, cuando estén ante una situación de evidente error en la interposición de esta acción tutelar, por la incompetencia territorial, el tribunal de garantías sin mayor trámite, de manera inmediata y de oficio debe remitir los antecedentes al juez o tribunal competente del asiento o distrito judicial que corresponda, bajo responsabilidad en caso de no hacerlo, teniendo el Tribunal Constitucional facultades para remitir antecedentes a la instancia que corresponda por lesionar el debido proceso, sin perjuicio de las acciones inmediatas que le corresponda tomar a las instancias pertinentes, dado los efectos de la resolución del tribunal de garantías'. Así también, la 0SC 2240/2010-R de 19 de noviembre, señaló: 'De manera general, se entiende que si un juez o tribunal no se encuentra investido de competencia territorial para conocer una acción tutelar, y sin embargo, tramitó y resolvió la misma, incumpliendo la jurisprudencia constitucional, dicha resolución resulta nula'"". En virtud a dicho razonamiento y considerando las previsiones normativas establecidas en la citada Ley 1104 de creación de las Salas Constitucionales, existen tres reglas de competencia territorial que deben observar los jueces y tribunales de garantías así como las Salas Constitucionales, a tiempo de admitir o tramitar las acciones de defensa constitucional -en razón del lugar donde se produjo la violación del derecho, del lugar de mejor acceso por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte en los sitios donde no hubiese autoridad constitucional y del lugar de residencia de la afectada o el afectado-. La inobservancia de los presupuestos competenciales anotados, daría lugar a la declinatoria de competencia de parte del juez o tribunal de garantías que se cree incompetente o, en grado de revisión ante este Tribunal, a la nulidad de lo obrado para su remisión a la autoridad competente para la nueva tramitación de la acción de defensa en sujeción al debido proceso constitucional; sin embargo, dicho extremo debe ser cuidadosamente analizado en cada caso concreto en el marco de los principios de favorabilidad y pro actione que impone extremar las posibilidades de interpretación hacia aquello que resulte más favorable al acceso a la jurisdicción constitucional, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo que resulte innecesario para activar la justicia constitucional; así como en observancia del principio de celeridad, que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación, previsto en el art. 3.4 del CPCo. III.2. Revisión excepcional de la labor valorativa de prueba/elementos de prueba de otros tribunales y los presupuestos de activación Sobre la temática citada al exordio de este acápite, la SCP 0889/2020-S3 de 30 de noviembre, citando a su similar 0986/2017-S3 de 29 de septiembre, estableció: "...la SCP 0487/2013 de 12 de abril², que concluyó: "La 0SC 0965/2006-R de 2 de octubre, en cuanto a la valoración excepcional de la prueba, refirió: '...siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma.

De lo referido solo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas:

1. a)Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación;
2. b)Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y,
3. c)Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales" ..." (las negrillas son añadidas).

En este sentido, se pronunció la SCP 1373/2022-S3 de 4 de octubre, con el siguiente razonamiento: "...así la SCP 0159/2019-S1 de 26 de abril, remitiéndose a la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, refiere: '...por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor:

1. 1)Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
2. 2)No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y,
3. 3)Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; (...)'" (las negrillas son añadidas). III.3. Los elementos del debido proceso fundamentación, motivación y congruencia en los fallos judiciales Sobre la temática, la SCP 0559/2020-S3 de 16 de septiembre, asumiendo los entendimientos de la SCP 0753/2019-S1 de 26 de agosto, que a su vez precisa a la motivación y fundamentación como elementos individuales del debido proceso, pero interdependientes entre sí señala que: "La SCP 1250/2015-S3 de 9 de diciembre, sobre este particular señaló: "El derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el art. 115.II de la CPE, el cual dispone: 'El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones', a su vez, el art. 117.I de la misma Norma Suprema, señala: 'Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso...'.

1. 1)Los elementos de convicción se valorarán conforme a los principios de legalidad y objetividad que rigen al Ministerio Público;
2. 2)La página "EL APUESTÓN", sería de Perú y forma parte de la franquicia internacional INBET funcionando en páginas web y redes sociales como Facebook en Bolivia sin autorización y/o licencia de funcionamiento, transgrediendo lo establecido en la Ley 060; la referida página, fue publicitada por la página "SCZ CHANNEL" a inicios de 2021, "...no solo su funcionamiento..." (sic) sino estableciendo una participación como cajero, generando con ello que persona realicen juegos de azar y apuestas sin autorización; empero, a la fecha objetivamente no se identificó a los creadores de la página o autores de la página "EL APUESTÓN";
3. 3)La página "EL APUESTÓN", a través de Cristian Braulio Calisaya hubiese tomado contacto con Víctor Hugo Cabrera Gonzáles (tercero interesado) desde finales de la gestión 2020, estableciendo una relación contractual para los servicios prestados por "SCZ CHANNEL" por un costo de $us500 (quinientos dólares estadounidenses) mensuales, en un plazo de tres meses que, según el representante de ésta empresa, no se hubiese cancelado -el servicio de publicidad-, habiendo suspendido la publicación del video realizado. De la revisión de los extractos bancarios remitidos por las entidades bancarias, resalta el remitido por el BNB S.A.respecto de Víctor Hugo Cabrera Gonzáles que en el periodo de enero a abril de 2021, que en la referencia describe "Apuestón, Apuesta, entre otros" con diferentes montos, siendo necesario individualizar estas transacciones, entre otras; empero, no fue determinado de forma fehaciente el motivo de las mismas y/o si tienen relación con la página "EL APUESTÓN" o su funcionamiento;
4. 4)Del análisis de cada uno de los elementos obtenidos en el transcurso de las investigaciones, se tiene que los mismos no son suficientes para determinar a los denunciados, como responsables penalmente de los ilícitos denunciados "...enriquecimiento ilicito de particulares con afectación al estado, USO INDEBIDO DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS..." (mayúsculas en el origen); conforme a las certificaciones emitidas por diferentes bancos y cooperativas, con excepción a la del BNB S.A., no se constató que el denunciado hubiera incrementado desproporcionalmente su patrimonio respecto a sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, como tampoco los ingresos que el sindicado hubiera obtenido ilegalmente por la denuncia denominada "EL APUESTÓN"; por lo que, no se les puede atribuir la comisión del delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas; en consecuencia, se bien existe el referido extracto bancario en el que se describe que se depositó diferentes montos de dinero para "EL APUESTÓN", no se tiene con exactitud si el sindicado se hubiese quedado con el dinero ya que la página señalada tomó contacto con la página web "SCZ CHANNEL" estableciendo una relación contractual y por el servicio le pagarían $us500.- mensual en el plazo de tres meses;
5. 5)No se halló en las cuentas bancarias del denunciado dinero con una suma significante que demuestre sus ganancias ilícitas como tampoco si los sindicados tuvieran bienes muebles o inmuebles para demostrar los hechos ilícitos denunciados;
6. 6)Ante la inexistencia de elementos suficientes que demuestre "la real" de los ilícitos denunciados, impide realizar una imputación formal, ya que la misma no debe fundarse en duda o la simple sindicación directa, sino en elementos obtenidos lícitamente que demuestren de manera objetiva la existencia del hecho y participación de los investigados, lo cual no ocurre en el presente caso; y,
7. 7)La carga de la prueba en el proceso penal corresponde a quienes acusan del ilícito; toda vez que, a quien se le imputa la comisión del delito goza de la presunción de inocencia, sin perjuicio de ejercer su derechos de presentar pruebas en su descargo; asimismo, debe considerarse los alcances de la garantía de la presunción de inocencia, el principio de objetividad; por ende, al haber transcurrido tiempo suficiente desde el inicio de las investigaciones, con base en el art. 301 del CPP y encontrándose el plazo de la investigación vencido, se tiene que el Ministerio Público no tiene los suficientes elementos "en contra de la sindicada", respecto a los ilícitos que se le atribuye.

1. i)Previa descripción de los videos publicados el 10 y 11 de enero y de 2 de febrero, todos de 2021 en la página web de "SCZ CHANNEL" y en la red social Facebook, se estableció que los delitos penales ahora investigados son enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al estado y legitimación de ganancias ilícitas; empero, el Fiscal de Materia inventó dos delitos más, uso indebido de bienes y servicios y uso indebido de influencias; asimismo, explicó que se puede ver y oír a Víctor Hugo Cabrera Gonzáles -tercero interesado- a través de la página de Facebook de "SCZ CHANNEL", quien según su declaración informativa policial de 22 de marzo del mismo año en calidad de testigo, sería productor, parte comercial y el que arma toda la publicidad de dicha página;
2. ii)Según las declaraciones del video, esta empresa tendría una supuesta licencia de cajeros, lo que implicaría tener un permiso o autorización para poder operar en una actividad; en el presente caso una actividad ilícita; toda vez que, la página "EL APUESTÓN" es una empresa que se dedica a desarrollar apuestas deportivas prohibidas en territorio boliviano; además, "SCZ CHANNEL" trabaja ilícitamente como un intermediario, porque la AJ no autorizó ni otorgó ningún tipo de licencia o permiso al denunciado o algún representante para operar como cajero;
3. iii)Previa descripción de la declaración del denunciado, en su calidad de testigo, estableció que en la ampliación de la denuncia, hizo conocer al Fiscal de Materia las contradicciones vertidas por el nombrado; sin embargo, obvió mencionar o valorar las mismas, habiéndose detallado las incongruencias respecto al contrato que supuestamente el denunciado hubiera acordado con la página web "EL APUESTÓN" para realizar la publicidad, el tiempo de duración y la forma de pago, evidenciando que el denunciado es una de las personas que opera, a través de la página de apuestas; extremo no tomado en cuenta;
4. iv)Con relación a los extractos bancarios o certificaciones de los diferentes bancos y cooperativas, el Fiscal de Materia expresó que ninguna de las entidades financieras hubiera certificado el incremento desproporcionado del patrimonio respecto a los ingresos de Víctor Hugo Cabrera Gonzáles, a "...EXCEPCIÓN del Banco Nacional de Bolivia..." (sic); sin embargo, expresó de manera clara que efectivamente en un Banco financiero sí se evidenció el incremento desproporcional del ahora denunciado, lo cual es contradictorio porque el Fiscal de Materia afirma que efectivamente se depositó diferentes montos de dinero; empero, no quiso darse cuenta que dichos ingresos iban para la página "EL APUESTÓN" o un número de cuenta de esta; por ende, los depósitos bancarios fueron ingresados el número de cuenta 250-1767452 del BNB S.A., de la cual es propietario Víctor Hugo Cabrera Gonzáles; de acuerdo a un detalle del periodo comprendido entre 1 de enero de 2021 al 26 de abril del mismo año, en el que se advierte como referencia de las transferencias "...APUESTÓN, APSTN, APUESTAS, PAGO APUESTA, APUESTO VIP, PARA APOST, QUIERO APOST, DESEO APOST, APUESVP, UEFAPUESTA, COBRO APOS, APTNVIP, PAGO APSTN..." (sic), sumando una cantidad de dinero de Bs426 092,16.-; en consecuencia, el denunciado es la persona que realiza los cobros y los pagos por las apuestas realizadas, a través de la página "EL APUESTÓN";
5. v)En cuanto al razonamiento del Fiscal de Materia sobre la existencia de suma de dinero que demuestre las ganancias ilícitas del denunciado, es una aseveración irresponsable, conforme se tiene del cuadernillo de investigaciones, por cuanto el denunciado realizó el movimiento económico antes señalado, con las referencias descritas;
6. vi)Con relación a los bienes muebles o inmuebles que estén a nombre del sindicado, la parte denunciante el 11 de junio de 2021 solicitó al Fiscal de Materia los requerimientos correspondientes para Derechos Reales (DD.RR.) y la Dirección Departamental de Tránsito a efecto de que remitan informe sobre los bienes que tuviese Víctor Hugo Cabrera Gonzáles; sin embargo, pese a su seguimiento, no se realizaron; no se dio cumplimiento el art. 12.2 de la LOMP;
7. vii)El Fiscal de Materia no se pronunció sobre la certificación CERT-EST-JOSC-0198/21, emitida por FUNDEMPRESA que informó que bajo el nombre de "...EL APUESTÓN-APUESTA DEPORTIVAS Y CASINO ONLINE..." (sic), no se encuentra registrada empresa unipersonal o sociedad alguna; tampoco se pronunció respecto del CITE: SIN/GDSCZI/DRE/UFP/NOT/142/2021 realizado por el SIN de 29 de marzo de 2021, que informó que no se encontró registros a nombre de la empresa "..APUESTÓN-APUESTA DEPORTIVAS Y CASINO ONLINE..." (sic) como contribuyente;
8. viii)No se valoró la declaración informativa de 29 de marzo de 2021, realizada por el Director Regional de la AJ en Santa Cruz, Antonio Yader Torrico Zenteno, quien manifestó que la empresa nombrada, no tiene ninguna licencia emitida por la AJ para explotar juegos de azar, debido a que las apuestas deportivas y de toda índole está prohibidas por la Ley 060;
9. ix)Tampoco valoró la prueba remitida por la AJ mediante memorial de 18 de junio de 2021, referente al acta de verificación 164/2021 realizada el 14 de abril de 2021 por Notario de Fe Pública 62 de la Capital del departamento de Santa Cruz, Hugo Mauricio Miranda Valenzuela, quien dio fe de las operaciones de apuestas ilegales que se realizan y siguen realizando a través de las redes sociales y página del "EL APUESTÓN";
10. x)La Resolución Fiscal de Rechazo de denuncia no cumplió con los parámetros sobre la motivación y fundamentación de las resolución, así como el principio de congruencia asumido en la jurisprudencia constitucional, en razón a que omitió exponer y describir las pruebas contundentes que son importantes dentro de la presente investigación; y por consiguiente, no les dio el valor correspondiente, procediendo "...de una manera intempestiva..." (sic) a rechazar la investigación que contaba con elementos de convicción para fundar una imputación formal;
11. xi)La Resolución Fiscal de Rechazo objetada, se basa en fundamentaciones contradictorias, incongruentes y ambiguas, por cuanto no toma en cuenta los antecedentes ni pruebas adjuntas. Está claro que el hecho sí existió, que se cometieron y siguen cometiendo delitos penales; empero, con el rechazo lo único que se logra es dejar en la impunidad a los autores del hecho, impunidad que es consecuencia que el Ministerio Público no realizó una responsable ni correcta investigación en mérito al art. 70 del CPP;
12. xii)Quedan actos investigativos pendientes dentro del presente proceso; existen hechos que en la etapa preliminar se pudieron evidenciar y que son más que suficientes para poder emitir una imputación formal, pudiéndose efectivizar los actos pendientes de investigación luego de la imputación formal; y
13. xiii)En virtud a lo expuesto, solicitó se revoque el mencionado rechazo y se disponga que se prosiga con los actos de investigación que se encuentran pendientes.