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TCP

0387/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0387/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0387/2026-S2 Sucre, 20 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad

Expediente: 57608-2023-116-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 140/2023 de 10 de julio, cursante de fs. 1340 a 1351, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Miriam Patricia Cope Méndez, Marianela Lizeth Vega Tola, Maruja Mamani Colque, Rolando Rodríguez Sánchez y Francy Marcela Venegas Arzabe, trabajadores y ex trabajadores contra Prisley Riveros García, Director Técnico; y, Ramiro Ariel Bellido Carranza, Autoridad Sumariante, todos del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 14 y 27 de abril, cursante de fs. 474 a 500; y, 505 a 511, los accionantes manifiestan lo siguiente:

1.1.1. Hechos que motivan la acción

En su calidad de profesionales del SEDES La Paz -médico, psicólogo, trabajadora social y exjefa de la Unidad de Tratamiento, Rehabilitación e Investigación Social en Drogodependencia y Discapacidad (UTRAID)-, el 5 de mayo de 2021 emitieron los informes técnico-médico, psicológico y de trabajo social que, conforme a la Resolución Ministerial (RM) 0458/2020, el Baremo y el Manual de Procedimiento para la Calificación, Registro y Carnetización de Discapacidad, habilitaron la carnetización por discapacidad auditiva del menor de edad AA; dichos informes atravesaron los filtros técnico-administrativos y recibieron visto bueno del Equipo de Referencia Departamental, remitiéndose el expediente al Comité Departamental de Personas con Discapacidad (CODEPEDIS) para su registro. Posteriormente -tras la interposición de una acción de amparo constitucional promovida por la madre del indicado menor de edad y resuelto por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante Resolución 208/2022-, autoridades del SEDES La Paz observaron (más de un año después) la calificación emitida, sosteniendo que el procedimiento no habría cumplido la normativa técnica, y que la hipoacusia unilateral -que padecía su hijo-, no permitía asignar el porcentaje utilizado en el área médica. Con base en esos informes, la Autoridad Sumariante codemandada inició el Sumario Administrativo Interno 032/2022 de 20 de septiembre (y su Auto Ampliatorio de Sumario Interno 032-A/2022 de 10 de octubre) contra los accionantes, por supuestas irregularidades en la elaboración del Formulario 196436 y en la calificación del menor de edad.

Refieren que, pese a los descargos y a la documentación técnica aportada -incluidos los formularios de evaluación y los manuales aplicables-, se dictó la Resolución Final de Sumario Administrativo SEDESLP/USUM/RFSA/ 0013/2022 de 12 de diciembre, seguida de la Resolución de Recurso Revocatoria SEDESLP/USUM/REV/R-REV 0001/2023 de 31 de enero y de la Resolución de Recurso Jerárquico DIR-SEDES 04/2023 de 4 de abril, que mantuvieron la decisión cuestionada, atribuyéndoles la inserción de datos falsos y la inobservancia de la normativa técnica; actos que -sostienen- desconocen la validación previa efectuada por el propio SEDES La Paz y los estándares previstos por la RM 0458/2020 y sus manuales. Por tales antecedentes, interponen la presente acción de amparo constitucional contra el Director Técnico y la Autoridad Sumariante ambos del SEDES La Paz, solicitando el cese de los efectos de las referidas resoluciones administrativas dictadas en su contra.

Asimismo, en relación al debido proceso sustancial, refieren que el mismo fue lesionado, porque en dicha Resolución de Recurso Jerárquico les acusaron de ser una "organización criminal", al haber calificado la discapacidad de un menor de edad apartándose de la norma, siendo que se acusó a Marianela Lizeth Vega Tola, madre del referido niño, que hubiese influido para la emisión de criterios profesionales y técnicos en su favor, y que incluso hubiera "utilizado" abusivamente en "complicidad" con su hijo AA, de ese derecho en favor de los discapacitados; en relación a los demás accionantes, es decir, a Miriam Patricia Cope Méndez, Maruja Mamani Colque, Rolando Rodríguez Sánchez, y Francy Venegas Arzabe, éstos solo realizaron su trabajo, adecuándose al parámetro impuesto por el Baremo y el Manual de Procedimiento Para la Calificación, Registro y Carnetización de Discapacidad; por lo que, las Resoluciones Final, Revocatoria Y Jerárquica, se fundan y fallan en presunciones injustas; de igual manera, se les acusó de haber contravenido el Reglamento Interno de Personal del SEDES La Paz, existiendo una errónea valoración de la prueba, y se desconoció la validación técnica fundándose en presunciones.

Además, el recurso jerárquico, debió ser emitido en el plazo de ocho días, es decir, el 20 de marzo de 2023 y notificarse el 23 de igual mes y año; empero, el 24 de ese mes y año, su abogada fue notificada con un presunto auto de 14 de marzo de 2023, proveniente del SEDES La Paz, pretendiendo con ello la autoridad jerárquica validar un acto atribuible a su negligencia, otorgándoles una supuesta ampliación de plazo para presentar sus pruebas de descargo; y que en cuanto a Miriam Patricia Cope Méndez, no se tomó en cuenta la garantía del non bis ídem, siendo que ya fue sancionada con una llamada de atención escrita por su inmediato superior, pero aun así, le iniciaron el proceso sumario administrativo.

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