Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0388/2019-RCA Sucre, 12 de diciembre de 2019
Expediente: 31970-2019-64-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 102/2019 de 7 de octubre, cursante de fs. 1245 a 1247 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Lixmar Zoto Alvarado y Jaqueline Katty Silva Vargas en representación legal de Roberto Luis Polo Hurtado, Director Nacional a.i. del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) contra Elva Terceros Cuellar y Ángela Sánchez Panozo, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental del Estado Plurinacional de Bolivia.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 4 de octubre de 2019, cursante de fs. 1228 a 1243, los representantes de la entidad accionante señalan que, se emitió la Resolución Suprema 13755 de 10 de diciembre de 2014, resolviendo anular el título ejecutorial individual SERIE C- 5771 con antecedente en el expediente agrario de dotación 32442 declarando la ilegalidad de posesión del predio Peña Blanca I, y declaró tierra fiscal no disponible la superficie de 1457.7189 ha; por lo que, Lydia Maier a través de su representante presentó demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Suprema 13755 pronunciada dentro del proceso de saneamiento del predio Peña Blanca I (tierra fiscal) ubicada en el municipio El Puente, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, y en tal efecto se emitió la Sentencia Agroambiental Nacional S1° 79/2016 de 8 de septiembre, que declaró probada la demandada planteada y declaró nula la Resolución Suprema 13755.
Una vez notificada con la referida sentencia el INRA interpuso acción de amparo constitucional contra la misma, emitiéndose la Resolución 004/2017 de 31 de "mayo", por parte de la jueza de garantías que concedió la tutela, disponiendo la nulidad de la Sentencia Agroambiental Nacional S1° 79/2016, que fue confirmado por la .
Agrega que, en cumplimiento de dicha Sentencia Constitucional, fue emitida la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 11/2019 de 20 de marzo, declaró nula y sin efecto la Resolución Suprema 13755 de 10 de diciembre de 2014, pronunciada dentro del proceso de saneamiento integrado al Catastro Legal CAT-SAN respecto al polígono 009 del predio denominado "Peña Blanca" (tierra fiscal), anulando obrados hasta fs. "461" inclusive, debiendo el INRA emitir un nuevo informe en conclusiones conforme a los argumentos desarrollados en la mencionada sentencia. Dicha determinación conculca derechos fundamentales; ya que no da razones que la sustenten, se basa en consideraciones retóricas, no hace ninguna valoración de la prueba tan solo la transcribe; asimismo, efectuaron una revisión superficial de los actuados, no interpretaron la documentación cursante en la carpeta de saneamiento; vulnerándose la seguridad jurídica y el debido proceso.
Añade que la Sentencia 11/2019 solo señaló aspectos que no guardan relación con el objeto de la determinación, es decir, respecto a la sobreposición del predio peña blanca I con la reserva forestal Guarayos, por lo que no cumplió con valorar de manera concreta todos los elementos probatorios producidos. El informe de evaluación técnica jurídica de 2 de abril de 2003, citado en la Sentencia Agroambiental, en el que resalta que se estableció el cumplimiento de la Función Económica Social correspondiente a una mediana propiedad ganadera y que no señala respecto a sobreposición con ninguna reserva, y que además menciona que existe un vicio de nulidad absoluta referido a la nacionalidad de los actores demandantes -que no fue considerado por la Sentencia-; fue puesto a conocimiento de Lidia Maier el 9 de marzo de 2004, cuando se apersonó al proceso de saneamiento en su calidad de subadquiriente, quien manifestó su conformidad con los resultados. La nacionalidad de la mencionada es alemana y de conformidad con el art. 46.II de la Ley 1715 modificada por la Ley 3545, los ciudadanos extranjeros no pueden adquirir tierras particulares y que en virtud del art. 396 de la Ley Fundamental no corresponde reconocerle derecho propietario, lo que, fue considerado en el numeral I.2.4 de la pero no fue tomado en cuenta por las autoridades demandadas.
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