0389/2019-S2

Sintesis del caso

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes de congruencia y pertinencia, a la propiedad privada y a la vivienda; así como a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal; toda vez que, dentro del incidente de nulidad de resolución judicial y restitución de derecho de propiedad, los Vocales demandados, a través del Auto de Vista 124/2018, no circunscribieron su resolución a los puntos apelados y resolvieron otros aspectos que no fueron señalados en el recurso; razón por la cual, solicita la concesión de tutela, la anulación del Auto de Vista impugnado y se ordene la emisión de uno nuevo, observando los requisitos de congruencia y pertinencia de las resoluciones.

Sintesis de la ratio decidendi

Se concede la acción de amparo constitucional, al advertirse que la autoridad demandada lesionó el derecho al debido proceso en su elemento congruencia.

Extracto de la ratio decidendi

FJ.III.2. “En ese marco, es posible concluir que el Auto de Vista ahora impugnado, no se circunscribe a los puntos resueltos por el inferior y que hayan sido objeto de apelación; puesto que, no se pronunció sobre la competencia de la Jueza de primera instancia, que fue el punto cuestionado por la apelante; sin embargo, las autoridades demandadas revocaron el Auto apelado y declararon improbada la demanda incidental de nulidad de resolución, no obstante que en el recurso de apelación, Daniela Serrate Aue, alega como punto central de su impugnación que la controversia debe ser de conocimiento del juzgado público civil; por esa razón, pide se deje sin efecto dicho Auto y se ordene que la autoridad judicial decline competencia al juez en materia civil; aspecto referido a la competencia que resulta relevante en la presente causa, donde deberá analizarse y pronunciarse de manera clara e inequívoca respecto al instituto de Constitución del Patrimonio Familiar, su naturaleza jurídica, la extinción y los efectos de la misma, en el marco de la normativa de la materia, a fin de establecer si en esta causa se está determinando o no respecto al derecho propietario, o en su caso, señalar las razones y la base legal del porqué la ahora accionante debería acudir ante otra instancia reclamando se le reponga dicho derecho; es más, en el Auto de Vista cuestionado, de manera ultra petita, se pronuncian sobre la existencia de cosa juzgada, aspecto que no fue impugnado en el recurso de alzada formulado. Por otra parte, las autoridades judiciales demandadas, en la emisión del Auto de Vista 124/2018, hoy impugnado, concluyen que “…NO ES CIERTO EL AGRAVIO DENUNCIADO EN EL RECURSO DE APELACIÓN…” (sic); sin embargo, de manera incongruente revocan el Auto apelado, incurriendo en incongruencia interna. De lo relacionado precedentemente, se advierte que las autoridades demandadas vulneraron el derecho al debido proceso en su elemento de congruencia de las resoluciones judiciales, que los tribunales de alzada deben observar al momento de emitir los autos de vista, razón por la cual corresponde conceder la tutela impetrada”.

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0389/2019-S2 Sucre, 19 de junio de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional

Expediente: 27072-2019-55-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 15 de 12 de diciembre de 2018, cursante de fs. 448 a 450 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elena Aue Téllez contra Alain Núñez Rojas y Erwin Jiménez Paredes, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familiar, de la Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 12 de octubre y 23 de noviembre, ambos de 2018, cursantes de fs. 179 a 186 vta. y 192 a 195 vta., la accionante expuso los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Junto con su esposo Gadiel Selin Serrate, el 1982, adquirieron un lote de terreno de 700 m2, donde construyeron su vivienda familiar, en la que vivían con sus dos hijos Daniela y Germán, ambos Serrate Aue. Al fallecimiento de su esposo e hijo acaecido en un accidente de tránsito, su hija y ella, fueron instituidas herederas, mediante Resolución de 11 de marzo de 1987, dictada por el "...Juez de Instrucción 1ro. en lo Civil..." (sic) del departamento de Santa Cruz.

Posteriormente, tramitó ante el entonces Juzgado Quinto de Partido de Familia del departamento de Santa Cruz, la constitución de patrimonio familiar, señalando como única beneficiaria a su hija Daniela Serrate Aue, dispuesta mediante Auto de Vista 25 de agosto de 1987 e inscrita en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.).

Adquirida la mayoría de edad de su hija, solicitó la extinción del patrimonio familiar, a cuyo efecto fue pronunciado el Auto 474 de 26 de junio de 2002, determinando su extinción, la cancelación del gravamen y el registro del inmueble a nombre de Daniela Serrate Aue.

Advertida del error judicial, al haberse dispuesto el registro del inmueble solo a nombre de su hija, en desconocimiento de su derecho ganancial y como sucesora de su esposo, en la vía incidental demandó la nulidad de la indicada Resolución solicitando la restitución de su derecho de propiedad a la extinción del patrimonio familiar, conforme dispone el art. 136 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-; es así que, por Auto 113/2017 de 17 de agosto, la Jueza Pública de Familia Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso la restitución de su derecho propietario sobre el inmueble en la porción que le corresponde, fallo que fue recurrido en apelación por su hija el 25 de octubre de 2017, aduciendo la falta de competencia de la aludida Jueza de Familia y que habría adquirido la propiedad por efecto de los arts. 134 y 138 del Código Civil (CC).

Refiere también que el Tribunal de alzada resolvió el recurso formulado mediante Auto de Vista 124/2018 de 9 de marzo, sin ajustarse a los puntos apelados, como el de la competencia de la Jueza de Familia sobre el régimen de constitución del patrimonio familiar, resolviendo además otros aspectos que no fueron recurridos, como la cosa juzgada y que la resolución debió ser impugnada en esa oportunidad y no mediante un incidente después de quince años. Del mismo modo, de manera incongruente, los Vocales demandados sostienen que "...NO ES CIERTO EL AGRAVIO DENUNCIADO EN EL RECURSO DE APELACION..." (sic), para luego revocar el Auto emitido por la Jueza a quo, sin justificar su decisión.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados