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0389/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de marzo de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0389/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0389/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 53554-2023-108-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 18 de 2 de febrero de 2023, cursante de fs. 196 vta. a 198 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Humberto Monasterio Iglesias en representación legal de la empresa "CAPITAL PRIVADO INMOVILIARIO" Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) contra Efraín Cruz Limachi y Freddy Larrea Melgar, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera y Cuarta respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Patricia Rosario Alandia Céspedes, Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima de la Capital del indicado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memoriales presentados el 3 y 19 de enero de 2023, cursantes de fs. 40 a 58 vta.; y, 82 a 85, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, se tramitó un "ilícito" proceso de ejecución coactivo civil seguido por el "inexistente" acreedor David Mancilla Camacho -hoy tercero interesado- contra la "inexistente" deudora empresa "CAPITAL PRIVADO INMOVILIARIO" S.R.L. -demandada-, pretendiendo la ejecución de un contrato preliminar de préstamo, pactado bajo obligación condicional contenida en la Cláusula Segunda de la Escritura Pública 3468/2018 de 11 de septiembre, suscrito por el nombrado acreedor en colusión y fraude procesal con Ángel Estaban Castellanos Costas -ahora tercero interesado-, ex representante legal de la citada empresa; en la que la Jueza hoy coaccionada emitió la Sentencia 33/21 de 23 de abril de 2021, sin percatarse de que el ejecutante solamente adjuntó la indicada Escritura Pública de contrato preliminar de préstamo sujeta a condición suspensiva, la cual carecía de fuerza coactiva sin acreditar haberse cumplido con la entrega o desembolso del dinero en favor de la empresa prestataria; por lo que, no existía plazo vencido, siendo aplicable los arts. 494 y ss. del Código Civil (CC), lo cual paralizaba la ejecución hasta que el acreedor cumpla con la obligación condicional de acreditar la entrega o desembolso de dinero "bancarizados" en favor de la empresa prestataria -"CAPITAL PRIVADO INMOVILIARIO" S.R.L.-; por lo que, no se podía hacer valer como título coactivo porque no contiene la suma líquida, exigible ni plazo vencido incumpliéndose los arts. 378, 380 y 404 del Código Procesal Civil (CPC). En ese sentido, David Mancilla Camacho, ahora tercero interesado carecía de documentos de pago reconocidos por el sistema financiero o del Banco Central de Bolivia (BCB) como depósitos, cheques, transferencia electrónica de fondos, vaucher por transacciones por tarjetas de débito o crédito, etc.; en ese sentido, no acreditó ningún respaldo bancarizado. El nombrado y sus abogados procedieron al falsear, fraguar ilícitamente una inexistente "'...CITACIÓN con la Demanda y Sentencia..."' (sic) el 18 de mayo de 2021, efectuado en un puesto con persiana de un mercado de venta de hojas de coca del Sexto Anillo, alegando que ese lugar seria el domicilio real de la demandada empresa "CAPITAL PRIVADO INMOVILIARIO" S.R.L., corroborado con el informe del "Oficial de Diligencias"; posteriormente, por memorial de 26 de igual mes y año, piden la ejecutoria de la Sentencia inicial, la que ilegalmente fue notificada a la citada empresa en Secretaría del Juzgado, sabiendo que dicha empresa no tomó conocimiento de la existencia del proceso y no estaba apersonada, luego se procedió a su ilegal ejecutoria. Es así que, David Mancilla Camacho, hoy tercero interesado actuando en colusión y fraude procesal con Ángel Esteban Castellanos Costas, ahora tercero interesado, lograron comunicar la existencia del proceso coactivo recién el 11 de junio del indicado año, provocando indefensión a la referida empresa. Presentándose, en la misma fecha la demanda incidental de recusación contra la Jueza hoy coaccionada, que lo rechazó mediante el Auto 307/2021 de 15 del indicado mes, en revisión mediante el Auto de Vista 013/2021 de 28 de ese mes, se declaró probada la recusación, ordenando la separación de la citada Jueza, siendo remitido el expediente al Juzgado Público Civil y Comercial Vigesimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en la que una vez radicado el proceso, la mencionada empresa demandada opuso excepciones sobrevinientes alegando que la ejecución era fraudulenta, porque se demandaba sin haberse efectuado el desembolso de dinero y sin que esté vencido el plazo; en virtud del cual, la Jueza del referido Juzgado dictó el Auto Definitivo de 31 de agosto de 2021, declarando improbada las excepciones opuestas por dicha empresa, disponiendo de oficio anular obrados hasta la Sentencia inicial -33/21-otorgando el plazo de tres días al ejecutante -David Mancilla Camacho, ahora tercero interesado- para que presente comprobantes reales de pago o el desembolso, advirtiendo con tener por no presentada la demanda, contra el cual el nombrado planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación.

En segunda instancia, Ángel Esteban Castellanos Costas, hoy tercero interesado en calidad de ex representante legal -de la empresa "CAPITAL PRIVADO INMOVILIARIO" S.R.L.-, que supuestamente defendía teatralmente a la indicada empresa, decidió sacarse la máscara y poner al descubierto sus actos de colusión y fraude a la ley y al proceso coactivo con David Mancilla Camacho, ahora tercero interesado, pretendiendo utilizar ese proceso para fines ilegales, con claras intenciones de lotear, avasallar y usurpar el bien inmueble de propiedad de la empresa; por lo que, el 24 de noviembre de 2021, el nombrado se apersonó a la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, presentando un "delincuencial" memorial de allanamiento a la demanda coactiva, adjuntando en calidad de prueba recibos quirografarios con sus Formularios de Reconocimiento de Firmas y Rúbricas 1649/2021; 1650/2021 y 1645/2021, todos de 23 de noviembre, en la "...Notaria de Fe Pública N° 60..." (sic), acreditándose así la colusión y el fraude procesal, sancionado por los arts. 134; 142; 149.III; 154 y 400.II del CPC, los cuales solo son computables respecto a terceros desde el día en que fueron reconocidos por mandato del art. 1301 del CC. Ambos hubiesen procedido a fraguar los recibos quirografarios, los cuales fueron firmados por Ángel Esteban Castellanos Costas, hoy tercero interesado sabiendo que dos años antes se encontraban extinguidos sus poderes y mandatos conferidos por la empresa "CAPITAL PRIVADO INMOVILIARIO" S.R.L. demandada, por firmar de libre voluntad el Instrumento Público 1662/2019 de 30 de mayo, de renuncia a todos sus poderes y mandatos, desde entonces todos los documentos que firme solamente lo haría como persona natural a título personal sin comprometer en ningún momento a la referida empresa; por lo que, los citados recibos quirografarios serían ineficaces contra la mencionada empresa al haber sido firmados por Ángel Esteban Castellanos Costas, ahora tercero interesado a título personal. Debe considerarse que el máximo órgano de decisión de una sociedad de responsabilidad limitada es la Asamblea de Socios, en la que el accionante tendría el 97% de los votos que hacen a la mayoría absoluta en dicha Asamblea; en consecuencia, por mandato de los arts. 204 inc. 3) y 209 del Código de Comercio (Ccom), puede remover en cualquier tiempo, sin necesidad de invocación ni explicación de causa a los gerentes, administradores o representantes por mandato de los arts. 164 y 176 del citado Código; por lo que, desde el momento en que se comunicó la remoción, todos los actos posteriores se refutaron como actos ineficaces con relación a la persona jurídica. Al tomar conocimiento extrajudicial de la flagrante colusión y fraude procesal entre los nombrados, se apersonó en calidad de representante legal de la empresa "CAPITAL PRIVADO INMOVILIARIO" S.R.L. al Tribunal de apelación dentro del ilícito proceso de ejecución coactiva, presentando varios memoriales, denunciando:

  1. a)Las declaraciones testificales o confesiones presentadas por Ángel Estaban Castellanos Costas y David Mancilla Camacho, hoy terceros interesados no pueden crear, modificar ni extinguir obligaciones o derechos civiles en aplicación del art. 1328 del CC;
  2. b)Existe fraude procesal y colusión entre los mencionados con intenciones de avasallar y usurpar el bien inmueble de propiedad de la citada empresa;
  3. c)Misma que no otorgó poder con facultades comerciales a Ángel Esteban Castellanos Costas, ahora tercero interesado para firmar recibos menos reconocimiento de deudas; y,
  4. d)Los Vocales hoy accionados, dictaron el ilegal Auto de Vista 113 de 6 de junio de 2022, con el Voto Disidente fundamentado del Vocal Freddy Pérez Chavarría de 23 de igual mes y año.

En ese contexto, denuncia que las resoluciones judiciales emitidas por la Jueza y Vocales ahora accionados son ilegales; ya que, se apoyan en una incorrecta y defectuosa aplicación de disposiciones legales, de la inobservancia de las normas aplicables; además, de no encontrarse debidamente fundamentado y motivado siendo las mismas incongruentes.

  1. 1)Con relación a la Jueza hoy coaccionada suscribiente de la Sentencia 33/21, considera que vulneró los siguientes derechos fundamentales:
  2. i)Vulneración al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, a los principios de congruencia y seguridad jurídica; ya que, la referida autoridad judicial debió observar la demanda coactiva, al evidenciarse que, David Mancilla Camacho, ahora tercero interesado al momento de presentar la demanda únicamente acompañó la Escritura Pública 3468/2018, de contrato preliminar sujeto a condición suspensiva, por la suma de $us300 000.- (trecientos mil dólares estadounidenses), por el plazo de un mes a computarse desde la fecha de su recepción o desembolso, lo que devengaría un interés convencional del 1% mensual por mes vencido. El título de ejecución coactiva carecía de fuerza ejecutiva; puesto que, no se acreditó haberse cumplido con la entrega o desembolso del dinero en favor de la empresa demandada -"CAPITAL PRIVADO INMOVILIARIO" S.R.L.- y tampoco existía plazo vencido. El "seudo" título de ejecución coactiva contenía en su Cláusula Segunda la condición suspensiva, lo que inmovilizaba y paralizaba la ejecución colocándolo en un estado de "PENDENCIA" hasta que el acreedor cumpla la obligación condicional de acreditar la entrega o desembolso de dinero en favor de la citada empresa prestataria; por lo que, el título base no era exigible; ya que, no contenía una suma líquida, ni plazo vencido, incumpliéndose los arts. 378; 380 y 404 del CPC. Revisado el material probatorio acompañado, en el título base de ejecución no existe transacción real de entrega o desembolso de dinero "bancarizados" en favor de la mencionada empresa; debido a que, el inexistente acreedor -David Mancilla Camacho, hoy tercero interesado- no tenía documento de pago reconocido por el sistema financiero o por el BCB como ser depósitos, cheques, transferencia electrónica de fondos, vaucher por transacciones con tarjetas de débito o crédito, etc., incumpliendo el art. 1356 del Ccom, acreditándose la inhabilidad del título base de ejecución conforme los arts. 408.III y 409.I.3 del CPC. A pesar de ello, la mencionada Jueza emitió la Sentencia 33/21, omitiendo valorar los alcances de los arts. 378; 380; 404; 408.III y 409.I.2 del CPC; y,
  3. ii)Vulneración al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación y a los principios de congruencia y seguridad jurídica en la citada Sentencia y utilización de argumentos evasivos; por cuanto, declaró como hechos probados que la referida empresa, se comprometió a cancelar dicha obligación en el plazo de un mes que empezaría a correr desde la recepción o fecha de desembolso, desde el 10 de octubre de 2018, para luego señalar que esa empresa es deudora del plazo vencido de la suma recibida en calidad de préstamo de dinero con garantía hipotecaria del capital adeudado $us300 000.- e intereses convenidos que acredita mediante Instrumento -Escritura- Pública 3468/2018; empero, en la parte resolutiva se copió de otro proceso coactivo que no guarda relación con los datos del proceso; por lo que, la referida Sentencia carece de estructura argumentativa mínima; ya que, no se tomó en cuenta la condición suspensiva de la Cláusula Segunda de la Escritura Pública 3468/2018, siendo aplicables los arts. 494 y ss. del CC; y, 378; 380; 404 y 408.II del CPC, cuyo efecto paralizaba la ejecución hasta que el acreedor cumpla la obligación condicional de acreditar la entrega o desembolso de dinero "bancarizados", lo cual debió resolver el "juez"; empero, desconociendo la naturaleza jurídica de la condición suspensiva en dos carillas resolvió el instituto jurídico cuando en aras de la seguridad jurídica debió fundamentar con la normativa legal que guarda relación con el objeto del proceso, siendo incongruente entre los fundamentos y lo resuelto.
  1. 2)Con relación a la Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, suscribiente del Auto 703/2021 de 31 de agosto y del Auto 881/2021 de 27 de octubre, por recusación el expediente fue remitido a la mencionada autoridad judicial, en la que la empresa demandada -"CAPITAL PRIVADO INMOVILIARIO" S.R.L.- opuso excepciones sobrevinientes, agregando que la ejecución coactiva era fraudulenta, porque se demandó sin efectuarse el desembolso de dinero en favor de la empresa prestataria, sin que exista plazo vencido, las cuales fueron corridas en traslado por decreto de 6 de junio de igual año, negando lo solicitado en el Otrosí 2, de que la Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) certifique, la existencia de desembolso "bancarizado", en la que se emitió el Auto 703/2021, que conforme la , establece que: "...la posibilidad de dejar sin efecto la llamada cosa juzgada 'aparente' que es aquella obtenida en franca y manifiesta violación de derechos fundamentales y derechos humanos '(...)' es necesario dejar establecido que es perfectamente posible el planteamiento del incidente de nulidad en ejecución de sentencia buscando la reparación de un proceso ilegal por vulneración de derechos y garantías..." (sic), declaró improbadas las excepciones opuestas por la citada empresa, procediendo de oficio anular obrados hasta la Sentencia 33/21, otorgando el plazo de tres días al inexistente acreedor David Mancilla Camacho, ahora tercero interesado para que acredite los comprobantes reales de pago o desembolso o de lo contrario se tendría por no presentada la demanda coactiva, siendo impugnado por el nombrado mediante recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que fue resuelta mediante el Auto 881/2021, rechazando el recurso de reposición y concediendo el recurso de apelación en efecto alternativo.
  1. 3)Con relación a los Vocales hoy accionados, suscribientes del Auto de Vista 113 con Voto Disidente fundamentado de 23 de junio de 2022 del Vocal Freddy Pérez Chavarria de la Sala Civil Y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, le ocasionaron los siguientes agravios:
  2. a)Los Vocales ahora accionados vulneraron los principios ético morales de vivir bien y verdad material, el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, legalidad, pertinencia, especificidad, "'exhaustividad"', "'seguridad jurídica"' y "'juridicidad"'; ya que, no establecieron cuáles fueron los hechos, motivos y normas, en que se basaron para tomar la decisión de ordenar que el ejecutante David Mancilla Camacho, hoy tercero interesado quede exento del cumplimiento de sus deberes establecidos en la Constitución y las leyes; por cuanto, en el Auto de Vista 113, aplicando el art. "218.II-4" del CPC, anularon el Auto 703/2021 que dispuso anular obrados hasta "fs. 26" inclusive, ordenando a la parte demandada acreditar la exigibilidad de la obligación, en cumplimiento de los arts. 404 y 408.II del CPC, adjuntando el comprobante de desembolso a objeto de verificación del cómputo del plazo establecido para el cumplimiento de la obligación y determinar si el plazo estaría vencido; así como, anularon el Auto 881/2021 con relación al rechazo del recurso de reposición emitido por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimoprimera de la Capital de departamento de Santa Cruz, ordenando proseguir con la ejecución de la Sentencia ejecutoriada -33/21-;
  3. b)Los Vocales ahora accionados con el citado Auto de Vista vulneraron su derecho al debido proceso en sus elementos de legalidad, motivación, fundamentación, pertinencia, especificidad, "'exhaustividad"', "'seguridad jurídica"' y "'juridicidad"', porque no establecieron cuáles son las razones o motivos por los que tomaron la decisión de ordenar que el ejecutante David Mancilla Camacho, hoy tercero interesado quede exento del cumplimiento de sus deberes como ser: 1) El deber de acreditar la exigibilidad de la obligación conforme los arts. 404 y 408.II del CPC; 2) El deber de acreditar y adjuntar el comprobante real de desembolso a objeto de verificación del cómputo del plazo establecido para el cumplimiento de la obligación; y; 3) De cumplir con su deber de acreditar y determinar si dicho plazo estaba vencido;
  4. c)Los nombrados Vocales vulneraron sus derechos y principios ético-morales de vivir bien, de verdad material y al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, de legalidad, pertinencia, especificidad, y congruencia, por la falta de correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto, entre la parte considerativa y dispositiva del fallo; ya que, no se circunscribieron a lo peticionado, dictando una resolución más allá de lo pedido ultra petita. No cumplieron con el art. 265 del CPC, ni se circunscribieron a los puntos resueltos por la Jueza "A-Quo", ordenando llanamente proseguir con la ejecución de la Sentencia ejecutoriada -33/21-; sin explicar los motivos por los cuales serían ilegales los argumentos de la nombrada Jueza, menos fundamentaron su decisión de anular obrados basándose únicamente en la jurisprudencia constitucional con relación a la "'COSA JUZGADA APARENTE"' contenida en la . De igual forma, no cumplieron con el art 265 del CPC, no se circunscribieron en los puntos resueltos por la indicada Jueza con relación a los arts. 3; 50.V; 62.1; 63.I; 64 y 65.4 del citado Código, existiendo actos de colusión y fraude procesal entre el demandante David Mancilla Camacho, ahora tercero interesado con el demandado Ángel Esteban Castellanos Costas ex representante legal de la empresa "CAPITAL PRIVADO INMOBILIARIO S.R.L." -hoy tercero interesado-;
  5. d)Los Vocales ahora accionados, no se pronunciaron con relación a la Cláusula Segunda de la Escritura Pública 3468/2018, según los arts. 408.III y 409.I.2 del CPC; debido a que, no se acreditó haberse cumplido con la entrega o desembolso del dinero en favor de la empresa "'prestataria"'; en consecuencia, no existía plazo vencido; incumpliendo las normas imperativas de los arts. 404, 408 del CPC; puesto que, el inexistente "'acreedor"' David Mancilla Camacho, hoy tercero interesado carecía de documentos de pago reconocidos por el Sistema Financiero y/o el BCB, como ser, depósitos, cheques, transferencia electrónica de fondos, vaucher por transacciones con tarjetas de débito o crédito, etc., establecidos por el "...Art. 1, 2,y 3-a), b), c) de la RND N° 10-0017-10 de 26 de junio del 2015, numeral 11 del art. 66 de la Ley N° 2492 de 02 de agosto de 2003, Ley N° 2492 de 02 de agosto del 2013 y, Modificado en la Ley N° 3092 de 07 de julio de 2017..." (sic), incumpliendo los arts. 1331 y 1356 del Ccom; asimismo, de incurrir en incongruencia omisiva; ya que, no se pronunciaron con relación a la vulneración del derecho al debido proceso en su elementos de fundamentación y motivación y a los principios de congruencia y seguridad jurídica en la Sentencia 33/21, utilizando fundamentos genéricos y abstractos que no resuelven los agravios denunciados; no establecieron por qué se considera que la "resolución apelada" cumple con los presupuestos y requisitos exigidos por los arts. 463; 465; 494 y ss. del CC, tampoco justificaron y motivaron respecto a que artículos del Código Procesal Civil corresponde aplicar dejándolos en absoluta indeterminación; lo cual generó inseguridad jurídica, al ser un fundamento genérico y abstracto, que sería absolutamente evasivo y una falacia; además, de no pronunciarse sobre la normativa legal invocada para sustentar la apelación como ser los arts. 463; 465; 494 y ss. del CC vulnerando el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación;
  6. e)Los Vocales ahora accionados, no se percataron de que la referida Sentencia, fue una copia de una sentencia de otro proceso coactivo que no guarda ninguna relación con los datos del proceso con Número de Registro Judicial (NUREJ) 70325233 y no guarda ninguna relación con el contrato preliminar de préstamo base de la ejecución pactado bajo obligación condicional contenido en la Cláusula Segunda de la Escritura Pública 3468/2018; así como, no se pronunciaron con relación a la naturaleza jurídica de la condición suspensiva contractual;
  7. f)Los mencionados Vocales no explicaron, tampoco motivaron ni fundamentaron que la suma líquida y exigible debe estar acreditada antes de dictarse la sentencia y no en forma posterior; además, de tener plena prueba, sin que se pueda fabricar o acreditarse después de dictada la Sentencia. Tampoco motivaron ni fundamentaron conforme los arts. 459; 811.II; 816; 826 y 827.3 del CC, del por qué los ilícitos "'Recibos Quirografarios"' con Reconocimiento de Firmas y Rúbricas signados 1649/2021; 1650/2021 y 1645/2021 efectuados el 23 de noviembre en la "...Notaría de Fe Pública N° 60..." (sic), serían eficaces contra la empresa "CAPITAL PRIVADO INMOBILIARIO" S.R.L., al ser firmados por Ángel Esteban Castellanos Costas, hoy tercero interesado a título personal, en su calidad de persona natural, sin comprometer en ningún momento el patrimonio de la citada empresa;
  8. g)Los Vocales hoy accionados no fundamentaron ni valoraron, cuáles serían los argumentos de hecho, y de derecho; las pruebas que contradigan que el inexistente acreedor David Mancilla Camacho, hoy tercero interesado, carecía de documentos de pago reconocidos por el Sistema Financiero y/o el BCB, como ser, depósitos, cheques, transferencia electrónica de fondos, vaucher por transacciones con tarjetas de débito o crédito, etc., porque a la demanda de Ejecución Coactiva solo acompañó la Escritura Pública 3468/2018, sin contener una transacción real de entrega o desembolso de dinero "bancarizados" en favor de la supuesta "'prestataria"' empresa "CAPITAL PRIVADO INMOBILIARIO" S.R.L., conforme al art. 1356 del Ccom, porque los Recibos Quirografarios con sus Formularios de Reconocimiento de Firmas y Rúbricas signados 1649/2021; 1650/2021 y 1645/2021, fueron fabricadas el 23 de noviembre de 2021, ante la "...Notaría de Fe Pública N° 60..." (sic), los cuales constituyen actos ineficaces de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial por mandato del art. 821 del Ccom; y,
  9. h)No fundamentaron ni valoraron, cuáles serían las pruebas que contradigan que $us800 000.- (ochocientos mil dólares estadounidenses), no se guardan en Alcancía; ya que, el Código Tributario Boliviano, exige que sumas iguales o mayores a Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos), deben acreditarse mediante documentos de pago, reconocidos por el Sistema Financiero y/o el BCB como ser, depósitos, cheques, transferencia electrónica de fondos, vaucher por transacciones con tarjetas de débito o crédito, etc., establecidos en la normativa pertinente.
I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, legalidad, pertinencia, especificidad, principio ético moral de vivir bien y verdad material; citando al efecto los arts. 8.II, 115.II, 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:

  1. i)Se deje sin efecto el Auto de Vista 113 de 6 de junio de 2022, emitido por los Vocales ahora accionados;
  2. ii)Se mantenga firme y subsistente el Auto 703/2021 de 31 de agosto y el Auto 881/2021 de 27 de octubre, dictada por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz;
  3. iii)Se deje sin efecto la Sentencia 33/21 de 23 de abril de 2021; y,
  4. iv)Se condene al pago de costas y costos, honorarios profesionales, daños y perjuicios contra los Vocales y la Jueza hoy accionados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 2 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 189 a 196 vta., se produjeron los siguientes actuados. I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que:

  1. a)David Mancilla Camacho, hoy tercero interesado firmó tres contratos con la empresa "CAPITAL PRIVADO INMOBILIARIO" S.R.L., el primero de $us80 000.- (ochenta mil dólares estadounidenses), el segundo de $us220 000.- (doscientos veinte mil dólares estadounidenses) y el tercero de $us300 000.-, del primero se hizo un pago; empero, el de $us300 000.-, en la Cláusula Tercera del Contrato establecía que era condicional, se tenía que efectuar el desembolso y demostrado ese extremo, sea por título ejecutivo, por cheque, por transacciones bancarias, depósitos, lo cual no se realizó; y,
  2. b)En la misma Cláusula se establecía que, debía ser aceptada ese monto de dinero recibido para que tenga vigencia el contrato; este tipo de título no es ejecutivo ni coactivo; por lo que, tenía que definirse en la vía ordinaria al amparo de los arts. 494 y 499 del CC, concordante con los arts. 1331 y 1356 del Ccom, se obvió esos pasos y se quiere forzar que es ejecutivo; sin embargo, fue aceptada esa demanda, por ello se acude a esta acción de defensa, para que se deje sin efecto el Auto de Vista 113, manteniendo firme los Autos 881/2021 y 703/2021, dejando sin efecto la Sentencia 33/21, con costas y costos a los "accionados".

De igual forma, la abogada del accionante, en audiencia complementó que:

  1. 1)Se está pretendiendo ejecutar el Contrato como si fuera título coactivo, vulnerando derechos del accionante como dueño y socio del 97% de las acciones de la empresa "CAPITAL PRIVADO INMOBILIARIO" S.R.L.; y,
  2. 2)Se tiene muy claro que el Contrato de préstamo suscrito entre David Mancilla Camacho, ahora tercero interesado y el accionante como dueño de la citada empresa, en la Cláusula Segunda de la Escritura Pública 3468/2018, el mismo debía computarse desde la fecha de recepción del desembolso del préstamo, lo cual debía demostrarse y existir la constancia, de lo contrario no se tendría el título coactivo y en todo caso debió dilucidarse en la vía ordinaria bajo la demanda de cumplimiento de contrato o en su caso solicitar la resolución del contrato.
I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Efraín Cruz Limachi y Freddy Larrea Melgar, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera y Cuarta respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediate informe presentado el 30 de enero de 2023, cursante de fs. 99 a 100 vta., manifestaron que:

  1. i)En la acción de defensa planteada se cuestiona el Auto de Vista 113, que dispuso anular obrados hasta "fs. 26", inclusive, debiendo la parte demandada a efectos de acreditar la exigibilidad de la obligación y en cumplimiento de lo previsto por los arts. 404 y 408.II del CPC. Sin embargo, la jurisdicción constitucional estableció que, la doctrina de las autorestricciones, respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria y de la valoración de la prueba, que según la ; estableció excepciones a la doctrina de las autorestricciones, que se traducen en presupuestos que los accionantes deben cumplir si pretenden que la jurisdicción constitucional ingrese a valorar la actividad interpretativa de la jurisdicción ordinaria; por lo que, conforme se evidenció en obrados, la acción de amparo constitucional interpuesta no cumple con esos presupuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a valorar y controlar la actividad interpretativa realizada por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz "...Sala Civil Primera en disidencia Sala Civil Cuarta..." (sic), siendo manifiestamente improcedente;
  2. ii)El accionante pretende usar la acción de amparo constitucional como si fuera un recurso ordinario; ya que, interpone la misma bajo los mismos fundamentos expresados en sus recursos ordinarios, los cuáles ya fueron resueltos por la jurisdicción ordinaria; lo cual demuestra que pretende usar esta acción de defensa como una instancia más del proceso ordinario; y,
  3. iii)En cuanto a la falta de motivación y congruencia, la , señala que la fundamentación y motivación no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, donde la autoridad judicial, exponga de forma clara las determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo, lo cual se cumple en el caso concreto, si bien el Auto de Vista 113 dictado sería escueto en su contenido y fundamentación; empero, hace un análisis prolijo y crítico de cada una de las pruebas y hechos acaecidos en el trámite del proceso, en el fondo ese Auto de Vista fue dictado de manera correcta y permite conocer los motivos o las razones jurídicas en que se funda la decisión; puesto que, se desglosó los presupuestos de un proceso coactivo y se valoró todas las pruebas adjuntas al expediente judicial, constatándose que la misma está debidamente motivada y fundada en derecho; además, de ser congruente, existiendo coherencia entre lo razonado y lo resuelto.

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Tribunal Constitucional Plurinacional19 de marzo de 20260389/2026-S1Fuente oficial