Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0391/2026-S2 Sucre, 20 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 55144-2023-111-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 59/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 134 a 137, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Abad Rolando Estrada Loayza contra Lucero Yhazmin Guerrero Tapia, Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de El Alto del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 1 de febrero y 1 de marzo de 2023, cursantes a fs. 1; 26 a 35; y, 85 a 89 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso disciplinario instaurado en su contra como ex Subdirector Administrativo y Financiero del Hospital Municipal Los Andes, dependiente de la Dirección Municipal de Salud del GAM de El Alto del departamento de La Paz, a denuncia de Jessica Paola Saravia Atristain, entonces Viceministra de Lucha contra la Corrupción, efectuada en enero de 2016, debido a presuntas irregularidades en el proceso de contratación menor '"Refacción y Mantenimiento del Quirófano del Hospital Municipal Los Andes"' (sic), Sarandy Marcela Encinas Fernández, ex Autoridad Sumariante de la indicada entidad edil, dictó la Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/ 63/2017 de 23 de mayo, declarando la existencia de responsabilidad administrativa e imponiéndole la sanción de destitución del cargo, determinación ejecutoriada por Auto de 23 de junio de 2017, emitido por la prenombrada.
Sin embargo, el referido proceso se sustanció irregularmente, impidiendo que pueda asumir defensa en el mismo; toda vez que, fue notificado con la Resolución Inicial de Apertura de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/ 010/2016 de 25 de enero, pronunciada por Norka Josefa Araujo Mamani, ex Autoridad Sumariante, sin inobservar el plazo de tres días para que el sumariante inicie el proceso con la notificación del procesado, establecido en el art. 22 inc. a) del Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992 "Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública", modificado por su similar 26237 de 29 de junio de 2001; puesto que, la referida Resolución Inicial fue notificada el 8 de mayo de 2017, más de un año después de su emisión.
Además, se vulneró el art. 21 inc. c) del DS 23318-A que establece la notificación a las partes con la resolución de apertura del sumario; puesto que, la referida notificación se practicó mediante cédula en el domicilio ubicado en la zona Ciudad Satélite, Plan 405, calle 22-B N° 694, en presencia de testigo de actuación, aplicándose de manera incorrecta el art. 75 del Código Procesal Civil (CPC), sin precisar datos de la persona a la que se hubiera entregado ese actuado ni la relación de la misma con su persona, cuando correspondía aplicar los arts. 33.I.IV y V de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) y 40 de su Reglamento, -DS 27113 de 23 de julio de 2003-, que establecen que se debe identificar y entregar la notificación al interesado, a su representante o a una persona mayor de catorce años, debiendo hacer constar su relación con el interesado. Vicios de nulidad en los que también se incurrió en la notificación con la Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/ 63/2017 y el Auto de ejecutoría de 23 de junio de 2017.
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