0393/2023-S1

Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga lo siguiente:

1. a)El cese inmediato del avasallamiento ordenado por el Alcalde del GAM de Quillacollo del departamento de Cochabamba, debiendo retirar todas sus maquinarias y funcionarios;
2. b)Las autoridades demandadas se abstengan de organizar y azuzar al gentío bajo sanciones pecuniarias progresivas y remisión de antecedentes al Ministerio Público;
3. c)Evitar cualquier amenaza a la vida e integridad física o prohibir el ingreso de cualquier persona ajena a su propiedad, mientras se resuelva definitivamente la situación jurídica de sus tierras; y,
4. d)La calificación de daños y perjuicios contra los demandados, como responsables del avasallamiento.

Héctor Cartagena Chacón, Alcalde; Antonio Arias Paredes, Director de Seguridad Ciudadana; y, Johnny Vargas Coca, Director Jurídico, todos del GAM de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito cursante de fs. 199 a 202 vta., señalaron que:

1. 1)El referido GAM es propietario del predio denominado Playón de Marquina, Zona Marquina Sejapata, Cantón El Paso, con una superficie útil de 3 602 928,63 m2, debidamente registrada en DD.RR., bajo la Matrícula Computarizada 3091010016873, Asiento A-1 de 20 de agosto de 2013;
2. 2)Al tener el derecho propietario les permite usar, gozar y disponer dentro de los límites que establece el ordenamiento jurídico; por lo que, se procedió a cumplir lo ordenado por la Sentencia Agroambiental 22/2019 de 17 de abril, que en uno de sus puntos establece: "...ADECUAR LA NORMATIVA DEL MUNICIPIO DE QUILLACOLLO REFERIDA A LA DELIMITACIÓN DEL RADIO URBANO DE ACUERDO A LO EXTABLECIDO POR EL ART. 5 DE LA LEY N° 3975, PROHIBICION TERMINANTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y URBANOS EN EL AREA DE RECARGA HÍDRICA, PROHIBICIÓN DE CONSTRUIR NINGÚN DERECHO PROPIETARIO O DE USO A FAVOR DE PARTICULARES..." (sic);
3. 3)De la misma manera, en cumplimiento de la Resolución de 1 de junio de 2017, emitida por la Jueza del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de Quillacollo del citado departamento, dentro de la acción popular interpuesta por el referido GAM contra la familia Campos Pinto (ahora accionantes), Sentencia que concede la tutela impetrada en favor de la administración municipal quien cuenta con su registro propietario colectivo otorgado por el Estado boliviano del Playón de Marquina como bien de dominio público y recarga hídrica a favor de la colectividad de Quillacollo y Cochabamba, disponiendo que: "1.-EL INRA SE INHIBA DE GENERAR DOBLE TITULACIÓN SOBRE EL PREDIO OBJETO DE CONFLICTO DENOMINADO PLAYÓN DE MARQUINA CUYO REGISTRO EN FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO, SE TIENE CONOCIMIENTO; 2.- QUE POR INTERMEDIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SE REALICE UNA AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCESO DE SANEAMIENTO DENOMINADO EL ENCANTO, A LOS FINES DE ESTABLECER LA EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD SI CORRESPONDE, ASÍ COMO DE LAS DIFERENTES SENTENCIAS AGROAMBIENTALES EMITIDAS DENTRO EL REFERIDO CASO; 3.- QUE LA FAMILIA 'CAMPOS PINTO PROCEDA A DESOCUPAR DEMANERA PACÍFICA EL DENOMINADO PLAYÓN DE MARQUINA, EN UN TERMINO PRUDENTE EXTREMO QUE DEBERÁ SER EFECTIVIZADO Y CUMPLIDO CON INTERVENCIÓN DE LA PROCURADORÍA GENERAL DEL ESTADO Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO A EFECTOS DE EVITAR LA CONSUMACIÓN DE CUALQUIER ABUSO O DESPROPORCIÓN..." (sic); y,
4. 4)Respecto a los hechos denunciados por los accionantes, estos son falsos, alejados de la verdad ya que el precitado GAM dirigido por el Director Jurídico, Intendencia, Seguridad Ciudadana, efectivos de la Policía Boliviana y todas las comunidades aledañas al Playón de Marquina con más de mil pobladores, los días miércoles 8 y viernes 10 de diciembre de 2021 en horas de la mañana, se constituyeron en la propiedad del Playón de Marquina para ejercer su derecho propietario y evitar todo asentamiento ilegal en la referida zona por constituir un bien de dominio público, de reserva hídrica que va en beneficio de Quillacollo y Cochabamba como claramente ordenan las sentencias descritas anteriormente; y no hubo agresión de ninguna naturaleza y más al contrario, en previsión de evitar cualquier acto de agresión que se solicitó la presencia de la Policía Boliviana.

La Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba, mediante Resolución AL-016/2021 de 14 de diciembre, cursante de fs. 208 a 210, denegó la tutela solicitada; en base a los siguientes fundamentos:

1. i)Si bien se acredita lesiones a la integridad física de los accionantes; sin embargo, no se advierte que las autoridades demandadas hubiesen generados dichas lesiones; no obstante, los impetrantes de tutela debieron acudir al Ministerio Público y a la Policía Boliviana a efecto de una investigación minuciosa; y,
2. ii)Con relación al avasallamiento y acciones de vías de hecho, no es posible realizar su análisis; toda vez que, dicha problemática debe ser resuelta a través de la acción de amparo constitucional.

...el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, como demandante, debe efectuar las siguientes acciones:

1. 1.-Cumplir el art. 3 de la L. N° 3975, que ordena: "El Gobierno Municipal de Quillacollo, elaborará y aprobará un plan de uso de suelo en base al artículo 2, donde serán considerados todos los proyectos hídricos, ambientales, educativos, de forestación, parque ecológicos educativos, control de torrenteras e infraestructura y equipamiento social, todas ellas de carácter público".

1. 2.-Regularizar el registro de derecho propietario efectuado sobre el área determinada por la L. N° 3975, es decir que a fin de evitar el doble registro en DDRR, deberá identificar en el área las superficies que se encuentran reconocidas, consolidadas y tituladas y una vez establecidas las mismas, deberá disponer la medida jurídica que corresponda de acuerdo a ley aplicable a áreas declaradas de dominio público.

1. 3.-Adecuar la norma del Municipio de Quillacollo referida a la delimitación del radio urbano, de acuerdo a lo establecido por el art. 5 de la L. N° 3975, en cuanto a la prohibición terminante de asentamientos humanos y urbanos en el área de recarga hídrica y que es fundamental para el abastecimiento del líquido elemento; por consiguiente, a partir de la notificación con la presente Sentencia no podrá constituir ningún derecho de propiedad o de uso a favor de particulares sobre el área que contempla la referida L. N° 3975.

1. 4.-En cumplimiento a la presente Sentencia, el Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, en coordinación con su Órgano Legislativo; cada doce (12) meses desde la notificación con el presente fallo; deberá informar al Tribunal Agroambiental, vía el Juzgado Agroambiental de Quillacollo, sobre el cumplimiento del mandato legal en cuanto a la elaboración y aprobación del Plan de Uso de Suelo a que hace referencia el punto 1.-, además de los avances en el principio de ejecución y cumplimiento de dicho Plan, con cuyo instrumento de gestión, deberá ejecutar lo dispuesto en los puntos 2.- y 3.- precedentes; sea hasta que se inicie la implementación del referido Plan de Uso de Suelo. (fs. 59 a 86).

Los accionantes alegan la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la propiedad privada, al trabajo, a la vivienda y a la vida; toda vez que, la autoridad municipal y funcionarios demandados realizaron medidas de hecho avasallando sus terrenos sin contar con una orden judicial, ni mandamiento de desapoderamiento con la toma violenta de sus tierras, destruyendo la fuente de sustento, coaccionando y agrediéndoles físicamente; tal como lo demuestra el certificado médico forense, siendo evidente el riesgo a la vida e integridad física de sus familias compuestas de mujeres, niños y ancianos; por lo que, solicitan se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga lo siguiente:

1. a)El cese inmediato de avasallamiento ordenado por el Alcalde Municipal de Quillacollo, debiendo retirar todas sus maquinarias y funcionarios;
2. b)Las autoridades demandadas se abstengan de organizar y azuzar al gentío bajo sanciones pecuniarias progresivas y remisión de antecedentes al Ministerio Público;
3. c)Evitar cualquier amenaza a la vida e integridad física o prohibir el ingreso de cualquier persona ajena a su propiedad, mientras se resuelva definitivamente la situación jurídica de sus tierras; y,
4. d)La calificación de daños y perjuicios contra demandados, como responsables de avasallamiento.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, y para el efecto se analizarán los siguientes temas:

1. 1)Respecto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad;
2. 2)La tutela del derecho a la vida y derechos conexos a través de la acción de la libertad; 2.i) Para la activación de la acción de libertad, ante posibles lesiones o amenazas al derecho a la vida, las mismas deben ser ciertas, reales y directas; y,
3. 3)Análisis del caso concreto.

La Constitución Política del Estado estipula en su art. 125 que: "Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad" (las negrillas son añadidas). Constituye un medio de defensa extraordinario, inmediato, eficaz y sumarísimo, que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción; y, a la vida. Para que el accionante logre la tutela, cese la persecución indebida, se establezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad, se dispone los siguientes supuestos para su activación, cuando:

1. i)La vida se encuentre en peligro;
2. ii)Exista persecución ilegal o indebida;
3. iii)Haya procesamiento ilegal o indebido; y,
4. iv)Exista privación de libertad indebida.

El contenido del derecho a la vida consagrado en innumerables artículos de la Constitución Política del Estado y de las normas del bloque de constitucionalidad, se extiende no solo a representar la interdicción de la muerte arbitraria, sino que implica la creación de condiciones de vida digna1, que involucra, en lo conducente a la acción de libertad, a otros derechos conexos e interdependientes que no se encuentran en el ámbito de su protección2, como por ejemplo:

1. a)El derecho a la salud y la integridad personal de los privados de libertad3;
2. b)El derecho a la salud en problemas jurídicos vinculados con el derecho a la libertad de locomoción y arraigos4;
3. c)El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas5; incluso d) Cambiando la tradición jurídica civilista de considerar persona solo a las existentes físicamente; es decir, la consideración de sujeto de derecho y derechos a la persona fallecida y a su dignidad, en una visión plural del derecho a la vida digna en contextos de retenciones de cuerpos de pacientes en centros hospitalarios6, entre otros supuestos; razón por la cual, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida en condiciones acordes a su dignidad; resumiéndose estas obligaciones en dos sentidos; vale decir, su respeto y su protección7, respectivamente.