Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0393/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad
Expediente: 54965-2023-110-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 21/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 15 a 16 pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Doris Huanca Reyes en representación sin mandato de Alex Fernando Poma Carlo contra Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 14 de abril de 2023, cursante de fs. 3 a 5 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Alex Fernando Poma Carlo -accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), mediante Resolución 244/2023 de 6 de marzo, el Juez de Instrucción Anticorrupción Primero contra la Violencia hacia la Mujer de El Alto del departamento de La Paz, dispuso detención domiciliaria, prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, prohibición de salir del país disponiendo el arraigo y el pago de fianza por la suma de Bs10 000.- (diez mil bolivianos) ante la última medida refiere que no se consideró la situación de que su persona es de escasos recursos económicos; por lo que, se ve imposibilitado de poder cancelar ese monto de dinero; siendo patrocinado por un abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), sin considerar lo establecido por el art. 241 del Código de Procedimiento Penal (CPP) de que "...la fianza económica se fijará teniendo en cuenta la situación patrimonial del imputado en ningún caso se fijará una fianza económica de imposible cumplimiento" lo cual no fue valorado por el citado Juez. Contra dicha determinación su defensa técnica en audiencia planteó recurso de apelación incidental de forma oral conforme al art. 251 del mencionado Código, a lo cual el señalado Juez en la parte final de la Resolución 244/2023 señaló que habiéndose formulado el recurso de apelación incidental, remítase antecedentes al Tribunal de alzada dentro del plazo establecido por ley. Sin embargo, una vez remitido el legajo del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, la Vocal ahora accionada emitió el Auto de Vista 198/2023 de 15 de marzo, declarando inadmisible ese recurso y en consecuencia confirmó la Resolución 244/2023 bajo los argumentos de que en audiencia su defensa técnica manifestó '"...vamos a interponer recurso de apelación..."' (sic), dicha expresión a criterio de la referida Vocal denotaría un tiempo futuro; empero, el Juez de la causa al admitir el citado recurso planteado de forma oral conforme lo establece el art. 404 del CPP, siendo responsabilidad de la "Sala Penal" resolver sin más trámite en audiencia dentro del plazo de los tres días de haber recibido las actuaciones sin recurso ulterior; empero, la "Sala Penal" declaró inadmisible dicho recurso dejándolo en total estado de indefensión, encontrándose privado de su libertad; puesto que, la medida impuesta por el Juez de primera instancia en cuanto a la fianza económica es de imposible cumplimiento al no ser proporcional a su realidad económica social. Es así que bajo el principio de favorabilidad que rige en el ordenamiento jurídico hizo notar ante el Juez de la causa que su persona es de escasos recursos muestra de ello es que es patrocinado por un abogado del SEPDEP; ya que, no puede cubrir los gastos de un patrocinio particular, y la medida impuesta al ser de imposible cumplimiento vulnera su derecho a la libertad. Por lo que, la Vocal ahora accionada al declarar inadmisible su recurso de apelación incidental, le deja en total estado de indefensión negándole la posibilidad de ser escuchado y poder fundamentar los agravios que viene sufriendo.
I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso y a recurrir; citando al efecto los arts. 23, 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), "1" de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH) y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (CADH).
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