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TCP

0393/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0393/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0393/2026-S2 Sucre, 20 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 55390-2023-111-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 084/2023 de 26 de abril, cursante de fs. 117 a 124, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edson Rodrigo Tola Coari contra Fausto Juan Lanchipa Ponce, entonces Fiscal General del Estado.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 22 y 30 de marzo de 2023, cursantes de fs. 23 a 28; y, 30 a 32, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue designado Fiscal de Materia III en el departamento de La Paz, siendo ilegalmente removido de su cargo como efecto de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/RJ-PD 095/2021 de 3 de septiembre, pronunciada por Fausto Juan Lanchipa Ponce, entonces Fiscal General del Estado -ahora demandado-, quien confirmó la sanción de desvinculación emergente de un proceso disciplinario instaurado en su contra; por lo que, promovió una primera acción de amparo constitucional, la cual fue resuelta a su favor mediante la Resolución 48/2022 de 9 de marzo, emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dejando sin efecto legal la mencionada Resolución Jerárquica por carecer de fundamentación suficiente.

En ese entendido, fue reincorporado al citado cargo y con posterioridad renunció al mismo; sin embargo, el Ministerio Público no procedió al pago de los salarios devengados por el periodo que fue ilegalmente destituido; vale decir, de diciembre de 2021 a julio de 2022; motivo por el cual, el 21 de octubre de ese año, solicitó dicha cancelación; en consecuencia, mediante Nota Cite: FGE/J.N. RRHH 671/2022 de 28 de octubre, se rechazó su petición con el único argumento de la existencia del Informe Jurídico FGE/DAJ/INF 000321/2022 emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, sin que este hubiera sido puesto a su conocimiento ni valoración de prueba alguna.

Ante dicha determinación interpuso "recurso de revocatoria", que mereció el Proveído FGE/DAJ/PROV 00028/2022 de 10 de noviembre, por el cual, Fausto Juan Lanchipa Ponce, entonces Fiscal General del Estado -demandado-, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática, se limitó a afirmar que su reincorporación fue resuelta a través de la Resolución 48/2022 y su Auto Complementario de 14 de marzo del mismo año, omitiendo toda consideración respecto al reclamo central referido al pago de haberes devengados, incurriendo en una falta de congruencia entre lo peticionado y lo resuelto.

Al respecto, el pago de haberes devengados -principal punto reclamado-, no se encuentra relacionado a la ejecución de la Resolución 48/2022 -emergente de una anterior acción tutelar que interpuso-; no obstante, el demandado no consideró los efectos del nuevo trámite; por lo que, el Proveído FGE/DAJ/PROV 00028/2022, también vulnera el derecho a la petición, puesto que el nombrado en ningún momento se pronunció en cuanto a los agravios vertidos, remitiéndose a la aludida Resolución constitucional que, si bien tiene conexión, no involucra el punto central de su reclamo que es el pago de haberes devengados, el que no se encuentra relacionado propiamente a la ejecución de dicho fallo en sede constitucional, puesto que su reincorporación no fue un trámite por sí mismo, sino que devino del efecto de anular los resultados de un proceso disciplinario cuya resolución fue declarada ilegal; en consecuencia, el demandado no motivó ni justificó suficientemente su decisión, además realizó una interpretación irracional de la norma aplicable respecto a los efectos de denegar la petición de un nuevo trámite, ajeno e independiente al proceso administrativo sancionador, incumpliendo las obligaciones que tiene el Ministerio Público como empleador.

Del mismo modo, al no resolver su "recurso de revocatoria", vulneró su derecho a la impugnación vinculado a los derechos a la defensa y al acceso a la justicia, debido a la respuesta incoherente e incongruente otorgada, pues, el demandado señaló que no existe forma de impugnar un decisorio que deniega el pago de haberes devengados y que su reincorporación fue determinada sin la orden expresa del pago; confundiendo de esa forma el resultado de una acción de amparo constitucional con los efectos de la nulidad de una resolución y la correspondencia de pago de haberes devengados ante un injusto e ilegal despido que en aras del derecho fue dejado sin efecto.

Finalmente, al haberse dejado sin efecto el acto administrativo por el cual fue desvinculado ilegalmente -Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/RJ-PD 095/2021-, se ingresó en un efecto retroactivo de su estado y condición, correspondiendo el pago de haberes devengados por el periodo que se le impidió trabajar, de ahí que, con la respuesta incoherente e incongruente otorgada a su solicitud, se afecta también su derecho a una remuneración justa, equitativa y satisfactoria.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; a la impugnación en vínculo con sus derechos a la defensa y acceso a la justicia; a una remuneración justa; y, a la petición, citando al efecto los arts. 46.I, 115.II, 117.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

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