0394/2022-S3

Posteriormente, los Vocales ahora coaccionados emitieron el Auto de Vista 161/2018 de 24 de septiembre que revocó la Sentencia 12/2009 y declaró improbada la demanda presentada contra la entidad hoy tercera interesada, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa 103-2008, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Las notas de débito-crédito no se enmarcaron en el concepto de rescisión de servicios;
2. b)El sujeto pasivo expresó que las devoluciones se realizaron en cumplimiento de la "Sentencia N° 53/05";
3. c)La citada Sentencia 12/2009 modificó el cumplimiento de la señalada Resolución Determinativa, indicando que se trataba de rescisión de servicios, lo que no concuerda con los fallos dictados por la entonces Superintendencia de Electricidad y Corte Suprema de Justicia, respectivamente, por el periodo de octubre de 2005, que surgieron de la devolución de los montos cobrados en exceso por la venta de electricidad para el alumbrado público de los municipios de La Paz, El Alto y Viacha del departamento de La Paz, por parte del contribuyente; correspondiendo en instancia de apelación enmendar esas determinaciones;
4. d)Resulta evidente la vulneración de los arts. 192.2 y 397.II del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), porque esa Sentencia impugnada omitió el análisis de los antecedentes del proceso, la fundamentación de la prueba y citar las leyes en que se fundó, observaciones que serán enmendadas en instancia de apelación;
5. e)Se apartó del Informe Técnico cursante de "361-364 de obrados", considerando que la controversia del presente caso radica en una adecuada interpretación del orden legal respecto a la normativa aplicable a la causa con relación a los reparos dispuestos en la mencionada Resolución Determinativa, porque el objetivo principal de los Informes fue el análisis técnico y de auditoría contable referente a los argumentos demandados, lo que no aconteció en el caso concreto; asimismo, el juzgador no esta obligado a enmarcar su decisión a la opinión técnica del "Asesor", ya que constituye solo una opinión, siendo de competencia exclusiva de la autoridad judicial asumir la determinación que corresponda a la causa, conforme lo entendió el AS 011/13 de 20 de agosto de 2013; y,
6. f)El Juez de primera instancia no realizó un correcto análisis de los antecedentes del caso en análisis, ni de las normas legales aplicables al mismo. Bajo ese contexto, se constató que los Vocales ahora coaccionados en el mencionado Auto de Vista copiaron los argumentos expuestos por la entidad hoy tercera interesada; por consiguiente, no efectuaron una efectiva fundamentación acerca de la prueba aportada, así como del señalamiento expreso de normas vigentes; además que, de forma arbitraria determinaron que el Informe Técnico cursante de "fs. 361 a 364" era una simple opinión, apartándose de este sin realizar una adecuada fundamentación de las razones que los llevaron a asumir esa decisión.

En razón de lo anterior, por memorial de 8 de marzo de 2019, interpuso recurso de casación, bajo los siguientes argumentos:

1. 1)El Auto de Vista 161/2018 reiteró el recurso de apelación planteado por la entidad ahora tercera interesada; puesto que, se observaron inconsistencias en el análisis de los antecedentes considerados por la Sentencia 12/2009 y erradas conclusiones en la interpretación de las normas que fueron la base para la emisión de la señalada Sentencia y que ampararon su derecho legítimo de utilizar las notas de crédito-débito, cuando se cumplen los supuestos normativos, como en el presente caso;
2. 2)El art. 38 del Reglamento de Servicio Público de Suministro de Electricidad -Decreto Supremo (DS) 26302 de 1 de septiembre de 2001- citado por el Tribunal de apelación, no se constituyó en el respaldo normativo alegado en la demanda contencioso tributaria, es más el señalado Decreto Supremo no regula la forma de proceder para la devolución de los cobros en exceso a los municipios;
3. 3)La incorrecta interpretación y aplicación de dicho Reglamento; se evidenció, a partir del hecho de que el Tribunal de alzada omitió considerar el art. 8 inc. b) de la Ley de Reforma Tributaria (LRT) -Ley 843 de 20 de mayo de 1986-, cuyo alcance no fue referido por el indicado Auto de Vista al momento de valorar el agravio expuesto por la Administración Tributaria. Dicho artículo se refiere al Impuesto al Valor Agregado (IVA); en ese sentido, en el periodo mensual fiscal que se liquida dicho impuesto, el sujeto pasivo puede tener descuentos, rebajas, devoluciones, entre otros. En esos casos, del IVA que se liquide en el respectivo periodo mensual, corresponde en aplicación a la norma, deducir los importes que hubiesen sido objeto de devolución;
4. 4)Se procedió a la devolución de dinero a las "Alcaldías", dentro del marco del art. 8 de la LRT, y producto de un mandato judicial e instrucción posterior del regulador; sin embargo, el Tribunal de alzada aseveró que la mencionada Sentencia, al momento de modificar el cumplimiento de la Resolución Determinativa 103-2008, argumentó que se trataría de una rescisión de servicios y que ello no concordaba con las resoluciones emitidas, para luego de manera confusa indicar que las notas de crédito declaradas en la casilla "127" del Formulario "143" por el periodo de octubre de 2005, surgen de la devolución efectuada por el contribuyente; aspectos que según señaló ese Tribunal, no fueron considerados debidamente en la citada Sentencia, correspondiendo enmendar esas determinaciones;
5. 5)La controversia deviene del desconocimiento de la Ley aplicable contenida por dicho artículo, cuando se trata de la devolución de dinero determinada por el regulador; por lo cual, el Tribunal de apelación no puede considerar que debe enmendarse lo que entendió erróneamente que se trataría de una rescisión de servicios;
6. 6)El mencionado Auto de Vista omitió analizar y valorar supuestos fácticos y jurídicos acontecidos en virtud del mandato judicial hasta la devolución efectiva de importes cobrados en exceso por el alumbrado público, lo que se demostró cumpliendo con los supuestos previstos por el art. 8 inc. b) de la LRT, y su disposición reglamentaria;
7. 7)El Tribunal de alzada no refirió cuáles fueron los incumplimientos que se le atribuyó, por los que no sería aplicable la regulación normativa del referido artículo y la Resolución Administrativa (RA) 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999;
8. 8)El propio Tribunal de apelación reconoció que la causa se trataba de una devolución reconocida como un gasto necesario en el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE); aseveración que permitió confirmar que tiene el derecho legítimo de deducir, por efecto de esa devolución, el ajuste contable respecto al IVA en aplicación de la citada norma. De esa manera, el indicado Tribunal ingresó en contradicción al desconocer la acreditación efectuada mediante el ajuste contable a través de las notas de débito-crédito para efectos del IVA como consecuencia de la devolución efectuada; empero, reconoció el ajuste que conlleva su deducibilidad como gasto por efecto de dicha acreditación; y,
9. 9)El indicado Tribunal omitió fundamentar las normas que hubiese incumplido y que justificasen el rechazo al acceso del derecho establecido por el art. 8 inc. b) de la LRT; peor aún, reiteró los argumentos de la Administración Tributaria incidiendo en errores conceptuales que evidenció la falta de discernimiento en la valoración de los antecedentes que originaron la devolución de dinero en favor de las "Alcaldías", lo que dista de la rescisión de servicios como se probó en la documental cursante en antecedentes y que de manera equívoca pretende valorar aquel Tribunal. Bajo ese contexto se constató que el Tribunal de alzada realizó una errónea y arbitraria interpretación y aplicación de la normativa, forzándola para mantener firme y subsistente la indicada Resolución Determinativa 103-2008.

Por consiguiente, los Magistrados ahora accionados emitieron el AS 715/2019 de 29 de noviembre, bajo los siguientes fundamentos:

1. i)La emisión de las notas de débito-crédito, se enmarcaron en el concepto de rescisión de servicios; por lo que, no es aplicable para el presente caso la devolución de cobros en exceso realizados a las "Alcaldías" por parte de la empresa ELECTROPAZ S.A. -ahora empresa DELAPAZ S.A.- sino como indicó la entonces Superintendencia de Electricidad -como Órgano del sector- es el resultado de una errónea aplicación de criterios de facturación del consumo de electricidad en el alumbrado público;
2. ii)El art. 38 del Reglamento de Servicio Público de Suministro de Electricidad, establece el reembolso de pagos en exceso que debe realizar el distribuidor por cobros en demasía; norma que hace referencia a las eventualidades que produzcan anormalidades en la calidad de servicio, en la medición de la lectura, en la facturación, entre otros. En ese sentido, debe aclararse que dicho artículo es aplicable cuando se cobra en exceso por eventualidades que se produzcan como anormalidades en la calidad de servicio, en la medición de lectura, en la facturación, en la rescisión de contratos, entre otros;
3. iii)Asimismo, corresponde aclarar que la actividad principal de la referida empresa, es la generación, captación y distribución de energía eléctrica; es decir, que no se dedica a una actividad comercial mediante la que efectúe cambio de divisas; por lo que, la devolución efectuada no corresponde a una rescisión de servicios sino a un reembolso por una incorrecta aplicación de los criterios de facturación del consumo de electricidad del alumbrado público en los municipios de La Paz, El Alto, Viacha, Achacachi y Achocalla del departamento de La Paz. Por consiguiente, resulta evidente que la señalada empresa, en los periodos observados, tenía como única actividad la generación, captación y distribución de energía eléctrica sin tener como actividad el intercambio de dinero; por cuanto, de conformidad a las resoluciones dictadas por la entonces Superintendencia de Electricidad y "ratificada" por la Sentencia 53/2005 de 20 de abril, pronunciada por la entonces Corte Suprema de Justicia -que declaró improbada la demanda contencioso administrativa planteada por dicha empresa-, se concluyó que las devoluciones efectuadas corresponden a los montos cobrados en exceso a las "Alcaldías" por errores en aplicación de los criterios de facturación del consumo de electricidad del alumbrado público y no así como resultado de la rescisión de servicio; puesto que, el servicio de distribución de energía eléctrica del alumbrado público fue prestado por esa empresa de manera ininterrumpida;
4. iv)La Administración Tributaria estableció como reparo tributario la disminución en la declaración de ventas por el servicio de distribución de energía eléctrica, al observar la emisión de notas de débito-crédito, por lo cual dispuso la reparación en favor del fisco, en razón a que no se determinó los impuestos conforme a ley por expedir esas notas de débito-crédito a las "Alcaldías" y que no correspondían a rescisiones de servicios, originando una disminución en la declaración de ventas por el servicio de distribución de energía eléctrica; aspecto que contravino los arts. 1, 2, 7 y 8 de la LRT y la RA 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999, en sus numerales 144, 145 y 146, concluyéndose que se emitieron notas de débito-crédito al margen de lo determinado por la normativa vigente; debido a que, la devolución no corresponde a la rescisión de servicios; y,
5. v)Al no resultar ciertas las vulneraciones denunciadas en el recurso de casación corresponde resolverlo de conformidad al art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC) de acuerdo a la norma remisiva prevista por los arts. 214 y 297.II del Código Tributario abrogado (CTabrg) -Ley 1340 de 28 de mayo de 1992- y 74.2 del CTB.

La parte accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que:

1. a)Las notas de débito-crédito son utilizadas por la rama de la electricidad en todas las transacciones para definir los pagos generados en el mercado mayorista de electricidad que puede variar en ocasiones; por lo cual, se realiza una liquidación de cuánto se facturó o debió facturarse y cuánto tuvo que pagarse. De esa manera, dichas notas son usadas de forma reiterativa para pagar impuestos que ya fueron realizados. En el presente caso se generó una nota de débito, "...se paga un porcentaje del uso que va efectuar en este caso el Gobierno Municipal de: Achacachi, Patacamaya y otras zonas con las cuales se ha emitido las notas de débito, crédito. Por ejemplo si se ha utilizado 90 pero se ha pagado100, este monto de 10 debe ser devuelto como bien porque no se ha utilizado todo eso, lo que genera la controversia es que los Gobiernos Municipales que están exentos pagan impuestos entonces lo que ha hecho DELAPAZ es devolver, recobrar el bien que esta pagado de ese excedente de 10 y solamente pagar los 90 que se ha facturado" (sic);
2. b)Se estaría pretendiendo que se pague doble impuesto, porque las autoridades ahora accionadas consideraron que dichas notas de débito-crédito fueron emitidas para rescindir un servicio, cuando se trata de la devolución de un bien, siendo esa la controversia suscitada; por consiguiente, las resoluciones pronunciadas a lo largo del proceso contencioso tributario vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, además del principio de seguridad jurídica, al señalarse que se rescindió el servicio cuando en realidad se justificó la devolución de un bien que no fue utilizado por el "Gobierno Municipal";
3. c)Fueron vulnerados en todas las etapas del proceso contencioso tributario, los elementos del debido proceso como son la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones judiciales, ya que no se efectuó una correcta interpretación del art. 8 inc. b) de la LRT, omitiéndose la aplicación objetiva de la norma tributaria;
4. d)Si bien se alegó que la jurisdicción constitucional no puede efectuar la revisión de la legalidad ordinaria; empero, existen excepciones al respecto, cumpliéndose con los presupuestos al demostrarse que el AS 715/2019⁴ carece de fundamentación, motivación y congruencia, ya que se precisó cuáles fueron los derechos vulnerados y también se estableció el nexo de causalidad; por lo que, la Sala Constitucional se encuentra facultada para efectuar la interpretación de la legalidad ordinaria, debido a que la interpretación del Tribunal Supremo de Justicia resulta incorrecta, insuficiente, incongruente y absurda; en razón a que, omitió realizar el correspondiente análisis de la norma tributaria;
5. e)Respecto a la designación del Director de GRACO La Paz del SIN -entidad ahora tercera interesada-, se designó al "Dr. Valdivia"; sin embargo, toda institución debe tener un representante con poder específico para poder apersonarse a todos los procesos. En ese sentido, sí se reconoce el nombramiento; empero, se observó la falta de mandato especial y específico;
6. f)Las notas de débito-crédito no fueron utilizadas para rescindir servicios sino que la entidad hoy tercera interesada les dio otra interpretación, porque en caso de sobrar un monto en su favor, se otorga la nota de débito y crédito para que el próximo mes se pueda efectuar el pago existente; documentos que son usuales en el área de electricidad, cuya utilización se encuentra regulada por la "Superintendencia"; y,
7. g)Se pretende honrar el pago de impuestos; no obstante, el impuesto ya fue pagado; por lo que, estaría pagando el doble por el saldo existente. De esa manera, el mecanismo de la nota de débito-crédito se realiza para que el excedente "...no esté en el aire..." (sic); sin embargo, "todas las resoluciones" refieren la rescisión de servicios y alegaron que se tendría que devolver el servicio; sin embargo, el mismo ya se utilizó.

Carlos Alberto Egüez Añez y Ricardo Torres Echalar, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia -se hace constar que no cursa firma de este último-, mediante informe de 6 de "octubre" de 2020 -no cursa sello de recepción-, cursante de fs. 732 a 738, manifestaron que:

1. 1)Pese a la deficiente técnica recursiva del recurso de casación, se ingresó a considerar el contenido del mismo en virtud del art. 180.I de la CPE y la vasta jurisprudencia constitucional, limitándose a resolver los agravios expuestos por la parte recurrente -ahora accionante-;
2. 2)Se manifestó que el AS 715/2019⁴ se refirió de manera arbitraria y sin argumentación alguna a las notas de crédito- débito y facturas; no obstante, ese fallo estableció la definición de estas, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por la normativa regulada para el efecto;
3. 3)Se aclaró que la Resolución SSDE 94/2002, emitida por el Superintendente de Electricidad determinó instruir a la empresa ELECTROPAZ S.A. -hoy empresa accionante denominada DELAPAZ S.A.-, recalcular los importes facturados del alumbrado público de septiembre de 1999 a abril de 2002 de las "alcaldías municipales" a las que dicha empresa presta servicios de alumbrado público, debiendo procederse a la devolución de los montos indexados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), según corresponda, a aquellas entidades municipales en el plazo de sesenta días calendario. Luego, la referida empresa interpuso recurso de revocatoria que fue denegado por Resolución SSDE 145/2002 de 8 de julio, mediante la cual se dispuso que en el plazo de "90" días hábiles administrativos esa empresa realice la conciliación con los entes municipales que anteriormente se ordenó en dicha Resolución SSDE 94/2002. Una vez planteado el recurso jerárquico, se emitió la RA 536 de 28 de noviembre de 2002, que en su Artículo Único determinó confirmar en todas sus partes la citada Resolución SSDE 145/2002; fallo que se impugnó y que derivó en el pronunciamiento de la Sentencia 53/2005, que resolvió declarar improbada la demanda contenciosa administrativa formulada por la mencionada empresa, quedando subsistentes las referidas Resoluciones SSDE 94/2002 y SSDE 145/2002, ordenando a dicha empresa la devolución del monto cobrado en exceso, indexado al IPC; por lo que, no es evidente lo afirmado por la parte accionante, respecto a que esas Resoluciones se constituían elementos irrelevantes;
4. 4)La entidad hoy tercera interesada verificó que la referida empresa incumplió sus obligaciones tributarias, girando la Nota de Cargo de 16 de junio de 2008, por concepto de IVA de los periodos de octubre a noviembre de 2005; importe que comprende el tributo omitido por emisión de notas de débito-crédito, lo que originó una disminución en la declaración de las ventas por el servicio de la distribución de energía eléctrica, constituyendo una omisión de pago de conformidad al art. 162 del CTB, emitiéndose en consecuencia la Resolución Determinativa 103-2008, que dispuso establecer de oficio obligaciones impositivas al contribuyente -ahora empresa DELAPAZ S.A.- por los periodos de octubre a noviembre de 2005;
5. 5)Conforme a lo expresado en el AS 715/2019⁴, se evidenció que la emisión de las notas de débito-crédito se enmarcaban en el concepto de recisión de servicios, no siendo aplicable para la devolución de cobros en exceso; es decir, no corresponde a una rescisión de servicios sino a un reembolso por una incorrecta aplicación de los criterios de facturación del consumo de electricidad del alumbrado público a los municipios de La Paz, El Alto, Viacha, Achacachi y Achocalla del departamento de La Paz, estableciéndose con claridad la normativa aplicable al caso y el incumplimiento incurrido por la empresa DELAPAZ S.A.;
6. 6)El citado Auto Supremo indicó que el sujeto pasivo alegó en su recurso jerárquico que las devoluciones de dinero por el cobro en exceso fueron efectuadas en cumplimiento a la Sentencia "53/05" producto de un proceso contencioso administrativo seguido por la señalada empresa contra el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), dejándose claro que la indicada Sentencia no ordenó la emisión de notas de débito-crédito por los importes sobrefacturados por el consumo de alumbrado público, sino únicamente la devolución del monto cobrado en exceso indexado al IPC. Por lo anterior, se concluyó que la Administración Tributaria determinó como reparo tributario la disminución en la declaración de las ventas por el servicio de distribución de energía eléctrica al observar la emisión de notas de débito-crédito, determinando la reparación en favor del SIN al no establecer el ente contribuyente -ahora empresa accionante denominada DELAPAZ S.A.- sus impuestos conforme a ley porque emitió notas de débito-crédito a las "alcaldías" que no correspondían a rescisiones de servicios, originando una disminución en la declaración de ventas por el servicio de distribución de energía eléctrica, lo que transgredió lo determinado por los arts. 1, 2, 7 y 8 de la LRT; y, los numerales 144, 145 y 146 de la RA 05-0043-99; razones por las que dicho Auto Supremo concluyó que el contribuyente emitió notas de débito-crédito, al margen de lo determinado por la normativa vigente; por cuanto, la devolución no corresponde a la rescisión de servicios;
7. 7)La parte accionante no especificó de qué manera se vulneró el debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, menos justificó la medida en la que se hubieran conculcado sus derechos, ni identificó claramente los motivos de la presunta lesión de derechos ni la tutela requerida; presupuestos que debieron ser cumplidos y frente a su ausencia correspondía el "rechazo", al incumplirse los "...numerales 3, 4 y 6 del art. 77 de la LTCP..." (sic); y,
8. 8)El mencionado Auto Supremo cumplió con la debida fundamentación motivación y congruencia, el derecho a la defensa y el principio de legalidad, conteniendo la exposición de hechos, de derechos y de los elementos de juicio que permitieron conocer los criterios técnico-jurídicos que fundaron su decisión, expresados en su Considerando IV, al margen de cumplir con la valoración racional de los medios probatorios. Por lo anteriormente argumentado, pidieron se deniegue la tutela solicitada.

Iván Ramiro Campero Villalba, Vocal de la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 9 de septiembre de 2020, cursante de fs. 628 a 630 vta., manifestó lo siguiente:

1. i)La entidad hoy tercera interesada, debió ser notificada en calidad de tercera interesada, ya que la demanda contencioso tributaria fue planteada por la parte accionante en su contra;
2. ii)Se notificó el AS 715/2019⁴ a la parte accionante el 6 de enero de 2020; por lo que, la acción tutelar debía ser interpuesta -hasta- el 6 de julio de igual año; sin embargo, la parte accionante señaló que los plazos fueron suspendidos por Circular 13/2020 de 15 de abril, al respecto se aclara que el 8 de junio del mismo año, los funcionarios jurisdiccionales iniciaron nuevamente sus funciones y acudieron a las oficinas por turnos para tramitar las causas ordinarias. Asimismo, las Salas Constitucionales atendieron las acciones tutelares, entre otras; por consiguiente, no existen pretextos ni fundamento legal para que la acción de defensa sea presentada el 20 de julio del indicado año, correspondiendo declarar la improcedencia de la acción de amparo constitucional por no cumplirse con el plazo para su interposición;
3. iii)Virginia Crespo Ibáñez, no forma parte del mencionado Tribunal, menos firmó el Auto de Vista 161/2018; por cuanto, la nombrada carece de legitimación pasiva, debiendo disponerse la notificación a las autoridades que emitieron ese Auto de Vista;
4. iv)No se vulneró el debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, se aplicó de manera correcta la normativa tributaria que regula el procedimiento contencioso tributario, y la relación fáctica y de derecho concuerdan con la determinación asumida por dicho Tribunal; y,
5. v)No fue transgredido el principio de seguridad jurídica ni ningún derecho; por cuanto, el citado Auto de Vista se encuentra debidamente fundamentado, motivado y dictado en apego a las normas vigentes que rigen la materia. Por lo expuesto anteriormente, pidió se deniegue la tutela solicitada.

Posteriormente, Marco Javier Baldivia Saavedra, Gerente de GRACO La Paz del SIN, mediante informe presentado el 7 de octubre de 2020, cursante de fs. 718 a 725, manifestó lo siguiente:

1. a)La entonces Superintendencia de Electricidad emitió la Resolución SSDE 94/2002, ordenando a la empresa ELECTROPAZ S.A. -ahora empresa accionante denominada DELAPAZ S.A.- recalcular los importes facturados del alumbrado público del periodo de septiembre de 1999 a abril de 2002 de los municipios de La Paz, El Alto, Viacha, Achacachi y Achocalla del departamento de La Paz, ordenando la devolución del monto cobrado en exceso indexados al IPC; determinación que fue confirmada por Resolución SSDE 145/2002. Posteriormente, a raíz de la demanda contenciosa administrativa interpuesta por el contribuyente -hoy accionante- fue emitida la Sentencia 53/2005 que declaró improbada la demanda contenciosa administrativa planteada por la indicada empresa, y subsistentes las referidas Resoluciones "94/2002" y SSDE 145/2002, entonces, producto de la devolución efectuada de los montos cobrados en exceso por el servicio de alumbrado público a los municipios mencionados de La Paz, El Alto y Viacha, el sujeto pasivo ahora empresa accionante, emitió notas de débito-crédito declaradas en el Formulario "143" del IVA del periodo de octubre de 2005, disminuyendo la declaración de las ventas, lo cual fue observado por la Administración Tributaria dando inicio a un proceso de verificación a través de la Orden de Verificación Externa "2906OVE0002" notificada a la señalada empresa el 23 de marzo de 2006; proceso que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa 103-2008 que determinó que la emisión de las notas de débito-crédito no corresponde a rescisiones de servicios, originando una indebida disminución en la declaración de las ventas por el servicio de distribución de energía eléctrica. De esa forma, la referida empresa planteó demanda contenciosa tributaria alegando que las devoluciones se realizaron en cumplimiento a la Sentencia 53/2005, pronunciándose en consecuencia la Sentencia 12/2009 que declaró probada en parte la demanda y rebajó el monto estimado por la Administración Tributaria, indicando que el monto fue devuelto por la rescisión de servicios; ante lo cual, se planteó recurso de apelación alegando que las notas de crédito declaradas en el Formulario "143" del periodo de octubre de 2005 surgían de la devolución de los montos cobrados en exceso por el servicio de alumbrado público a los citados municipios, y no así a una rescisión de servicios, dictándose por consiguiente el Auto de Vista 161/2018 que revocó la mencionada Sentencia 12/2009 y declaró improbada la demanda; fallo que fue recurrido en casación y que mereció el AS 715/2019⁴ que declaró infundado ese recurso;
2. b)La parte accionante indicó que en ninguna de las resoluciones pronunciadas por los Magistrados hoy accionados y los Vocales ahora coaccionados, se analizó la esencia de las notas de débito y crédito que serían de uso frecuente en las transacciones en el mercado eléctrico mayorista; no obstante, en apelación y casación se demostró que la nota de débito-crédito es un documento utilizado con la finalidad de brindar una solución a las devoluciones o rescisiones efectuadas entre vendedores y compradores a petición de estos últimos, con posterioridad a la liquidación del impuesto y consiguiente presentación de la declaración jurada por parte del vendedor, de conformidad a lo dispuesto por el art. 10 de la LRT y el Reglamento del Impuesto al Valor Agregado -DS 21530R1 de 29 de junio de 1995-, cuyo uso es autorizado de acuerdo al numeral 135 de la RA 05-0043-99 emitida por el SIN, y su emisión debe realizarse en los términos establecidos en ese fallo; es decir, devoluciones de bienes parciales o totales y rescisiones de servicios efectuados luego de dos, tres, cinco o siete meses después de efectuada la transacción comercial y declarado el impuesto correspondiente, no siendo aplicable para el caso la utilización de notas de débito-crédito por devolución de cobros en exceso realizados a los municipios por parte de dicha empresa, por no tratarse de una rescisión de servicios sino por ser el resultado de una incorrecta aplicación de los criterios de facturación del consumo de energía eléctrica por concepto de alumbrado público, lo que tenía como finalidad el enriquecimiento ilegítimo por parte de esa empresa por los periodos de septiembre de 1999 a abril de 2002;
3. c)La Sentencia 53/2005 no dispuso la emisión de notas de débito-crédito por los importes sobrefacturados por el consumo de alumbrado público;
4. d)La parte accionante indicó que el AS 715/2019⁴ no efectuó un análisis en cuanto a la aplicación del art. 8 inc. b) de la LRT; empero, se probó que la RA 05-0043-99 establece el tratamiento específico para el uso de las notas de débito-crédito en aplicación del señalado artículo, enmarcando la validez y utilización de estas siempre y cuando exista la devolución total o parcial de bienes o rescisión de servicios y solo será aceptada para contribuyentes registrados al IVA; por lo que, no son aplicables para el presente caso de devolución de cobros en exceso a los municipios por parte de esa empresa, al no corresponder a una rescisión de servicios; más aún debe considerarse que la devolución efectuada fue reconocida como un gasto necesario en el IUE. Asimismo, del trabajo de control cruzado realizado a los municipios de La Paz, El Alto y Viacha del departamento de La Paz, se demostró que ninguna de las "Alcaldías" declaró las notas de débito remitidas por la citada empresa, en el Formulario "143" que correspondía al periodo fiscal de octubre de 2005, ya que las mismas no correspondían a una rescisión de servicios ni fueron solicitadas por los Gobiernos Autónomos Municipales; entidades que se encuentran facultadas a efectuar la devolución parcial o total de bienes o a requerir la rescisión del servicio; puesto que, estas son quienes efectuaron la operación comercial que devino en la adquisición del bien o la otorgación del servicio, y no viceversa;
5. e)Los Tribunales de apelación y casación, evidenciaron del listado de codificación de actividades económicas y padrón de contribuyentes, que en los periodos observados, la mencionada empresa se constituía en una empresa que tenía como única actividad la generación, captación y distribución de energía eléctrica, considerándose que su actividad económica no era la de intercambio de dinero, y que por lo tanto, se comprobó de forma fehaciente que las devoluciones efectuadas no fueron realizadas en virtud a una rescisión de servicio, porque este continuó siendo prestado por aquella empresa a los indicados municipios de La Paz, El Alto, Viacha, Achacachi y Achocalla de dicho departamento, de forma ininterrumpida; en ese sentido, esa devolución se hizo por concepto de reembolso por la incorrecta aplicación de los criterios de facturación del consumo de electricidad de alumbrado público; erogación que la parte accionante reconoció como un gasto necesario para el mantenimiento de la fuente; por consiguiente, fue declarado como gasto deducible para la determinación de la Utilidad Neta sujeta al IUE, de acuerdo a lo determinado por los arts. 36 y 47 de la LRT, y 7 del Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas -DS 24051 de 29 de junio de 1995-;
6. f)Los extremos anteriormente expuestos fueron debidamente analizados y valorados por los Tribunales de apelación y casación, conteniendo sus fallos la debida fundamentación, motivación y congruencia; por lo que, no existe ninguna vulneración a los derechos de la parte accionante;
7. g)La acción tutelar fue observada a través de Auto de 21 de julio de 2020; empero, la parte accionante en el memorial de subsanación presentado el 3 de agosto de igual año, no dio cumplimiento a lo observado por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sino que únicamente fue modificado el petitorio, sin señalar el acto u omisión vulneratoria, ni determinar concretamente la conexitud de los hechos con los derechos vulnerados, efectuando una vaga relación de los antecedentes;
8. h)La parte accionante pretende que la jurisdicción constitucional se constituya en una instancia más del proceso contencioso-tributario, por cuanto, requiere que dicha jurisdicción ingrese al análisis de fondo de la problemática planteada y deje sin efecto el Auto de Vista -161/2018- y el Auto Supremo -715/2019-, confirmándose la Sentencia -12/2009- que declaró probada en parte la demanda, no resultando pertinente que se revisen y retrotraigan obrados, cuando los aspectos de fondo de la problemática jurídico tributaria no pueden ser revisados por esa jurisdicción;
9. i)La parte accionante introdujo elementos conceptuales procedimentales en la acción de amparo constitucional propios de una instancia de impugnación, lo que desnaturaliza la esencia de la referida acción tutelar, la cual no puede ser activada para reparar incorrectas interpretaciones o indebidas aplicaciones del Derecho ni para revisar todo un proceso judicial o administrativo o la actividad probatoria de los tribunales, al no ser supletoria de otras jurisdicciones. Bajo ese contexto, la parte accionante denunció la presunta vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, más el principio de seguridad jurídica; sin embargo, confunde a la jurisdicción constitucional con una instancia de impugnación al momento de afirmar que la entidad ahora tercera interesada se tomó atribuciones interpretativas de la norma que se encuentran fuera de su alcance, aplicando de manera incorrecta el ordenamiento jurídico, lo cual no fue corregido en instancia de apelación ni casación; asimismo, pretendió que vía casación se realice una nueva valoración para forzar que el fallo sea emitido en su favor;
10. j)La parte accionante señaló que los Vocales hoy coaccionados copiaron los argumentos expuestos por la entidad ahora tercera interesada, al momento de emitir el Auto de Vista 161/2018; no obstante, ese hecho no fue alegado en el recurso de casación, por lo cual los Magistrados hoy accionados no debían pronunciarse sobre hechos que no fueron reclamados ni puestos a su conocimiento; consiguientemente, la omisión denunciada por la parte accionante es inexistente, advirtiéndose de ello que la acción de amparo constitucional interpuesta, incumplió el principio de subsidiariedad, correspondiendo declararla improcedente;
11. k)La interpretación efectuada por los jueces judiciales no puede ser valorada o analizada por la jurisdicción constitucional a no ser que se activen mecanismos específicos establecidos excepcionalmente por la jurisdicción constitucional. En el presente caso, la parte accionante no afectó los mecanismos específicos que determina la jurisprudencia constitucional para que se ingrese a analizar la labor interpretativa que realizaron los Magistrados ahora accionados y los Vocales hoy coaccionados; razón por la que, no corresponde suplir la omisión de carga argumentativa de la parte accionante; y,
12. l)Conforme a lo anterior, el AS 715/2019⁴ cumplió con la debida fundamentación, motivación y congruencia; por consiguiente, a criterio de la Administración Tributaria, no se vulneró el debido proceso; por lo que, pidió se declare la improcedencia de la acción tutelar o en su defecto se deniegue la tutela solicitada.

Asimismo, en audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, a través de sus abogados, manifestó que:

1. 1)La parte accionante indicó que la utilización de las notas de débito-crédito fue regulada por la entonces Superintendencia de Electricidad; aspecto que no es evidente al tratarse de documentos fiscales cuya utilización y procedimiento se encuentra regulado por la Administración Tributaria a través de la RA 05-00043-99; por lo que, la nombrada Superintendencia no tiene facultad alguna para regular la utilización de las referidas notas, que son usadas como documentos de ajuste cuando existe una rescisión o devolución total, y para ajustar el débito y el crédito del comprador y el vendedor; y,
2. 2)De los antecedentes se tiene que la parte accionante utilizó indebidamente las notas de débito-crédito para reducir el importe de sus ventas en el IVA, declaradas en octubre de 2005, para así pagar menos respecto al monto al cual se encontraba obligada.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 158/2020 de 13 de "octubre", cursante de fs. 743 a 747, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. i)La parte accionante al momento de enmendar su primera pretensión identificó el acto que calificó como vulneratorio, correspondiendo aclarar que no todo acto y omisión pueden ser objeto de una acción de defensa, debiendo verificarse en el presente caso si el AS 715/2019⁴ es o no un acto ilegal o indebido. De esa manera, la parte accionante consideró que aquel fallo es incongruente por omitir el pronunciamiento de su pretensión, y además que, vulneró los elementos de fundamentación y motivación al obviar fundar su decisión en una disposición normativa que recae en el tratamiento otorgado a las notas de débito-crédito;
2. ii)Por congruencia entre lo pedido y lo identificado en la acción tutelar, la legitimación pasiva únicamente podría recaer sobre los Magistrados hoy accionados;
3. iii)En cuanto a la revisión de la legalidad ordinaria la parte accionante cumplió parcialmente con identificar cómo la labor interpretativa fue absurda, arbitraria o rompió las reglas generales de la interpretación; asimismo, indicó los derechos supuestamente vulnerados por los intérpretes -Magistrados ahora accionados-; no obstante, no señaló el nexo de causalidad; por cuanto, no estableció con claridad el hecho, la situación ni la causa, tampoco la relevancia constitucional; y,
4. iv)Los Magistrados hoy accionados manifestaron que conocieron el recurso de casación independientemente de los defectos que contenía, declarándolo infundado; es decir, no advirtieron la existencia de errores in procedendo e in iudicando. En ese sentido, se evidenció la inexistencia de relevancia constitucional, ya que el fallo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia recaerá en los mismos criterios, no en razón a una arbitrariedad sino por la correspondencia entre el supuesto que generó la vulneración y su antecedente inmediato; puesto que, la regla para la decisión en casación es la pretensión del recurrente, y en el presente caso, la parte accionante obvió observar las condiciones para posibilitar la concesión de su recurso.

La parte accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, y al principio de seguridad jurídica; puesto que, el Auto de Vista 161/2018 de 24 de septiembre:

1. a)Reiteró los argumentos expuestos por la entidad hoy tercera interesada sin considerar sus alegatos;
2. b)No señaló los alcances del art. 8 inc. b) de la LRT; c) No aclaró cuáles fueron los incumplimientos en que se incurrió; y, d) No analizó cuál es la esencia de las notas de débito-crédito. Asimismo, el AS 715/2019 de 29 de noviembre:
3. 1)Se refirió en forma arbitraria y sin argumentación necesaria a elementos teórico conceptuales sobre las notas de débito-crédito y facturas que tienen su explicación y definición en la normativa vigente;
4. 2)Señaló antecedentes desde la emisión de la Resolución SSDE 94/2002 de 1 de mayo, pronunciada por la entonces Superintendencia de Electricidad, y de la Sentencia 53/2005 de 20 de abril, cuando se aclaró que estos eran elementos irrelevantes;
5. 3)Resulta contrario a lo determinado en el citado Auto de Vista, sobre la emisión de las notas de débito-crédito que efectuó;
6. 4)No analizó los alcances respecto a la aplicabilidad del art. 8 inc. b) de la LRT; y,
7. 5)No analizó cuál es la esencia de esas notas de débito-crédito.

1. a)La Circular 17/2020-SP-TDJ-LP de 15 de junio, ordena que a partir de la indicada fecha, se reanudan los plazos procesales, señalando en el apartado Séptimo: 'Así también se deja expresa constancia que las cuatro SALAS CONSTITUCIONALES de este Distrito Judicial, atenderán las acciones de defensa' (sic).

Sobre la procedencia del recurso de casación en el fondo, el Código Procesal Civil, en su art. 271.I prevé que el recurso de casación procede:

1. i)Ante la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley; en ese orden, cuando se acuse la infracción de la ley:
2. a)Tendrá que especificarse cómo se incurrió en la violación de una ley expresa;
3. b)Puntualizar expresamente cómo se incurrió en una equivocación respecto al contenido o sentido del precepto o ley sustantiva -interpretación errónea-; y,
4. c)Señalar qué precepto se aplicó erróneamente a hechos no regulados por ella -aplicación indebida de la ley-; y,
5. ii)Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o de hecho. Debiendo evidenciarse este último a través de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial. En síntesis, el recurso de casación en el fondo tiene por objeto invalidar una resolución de fondo pronunciada con infracción a la ley y que incide sustancialmente en el fallo.

...a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,

1. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
2. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
3. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
4. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
5. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre4 se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. a)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. b)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. c)Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación;
4. d)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y,
5. e)La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²6.

La SCP 2199/2013 de 16 de diciembre, estableció que: "Partiendo de que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o el derecho a una resolución motivada, se encuentra cimentado en la propia finalidad de la decisión que, siendo sometida a control permitirá verificar el respeto al orden jurídico y su eficacia en la resolución de conflicto, la SCP 0100/2013 de 17 de enero², estableció ciertos parámetros contrastables que determinan la existencia o no de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas; así, deberá observarse si en el fallo proferido existe: "1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad;

1. 2)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia;
2. 3)Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y,
3. 4)Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:

1. 1)El sometimiento manifiesto a la Constitución (conformada por: a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad art. 410.II) y a la ley, de la autoridad -Juez, autoridad administrativa, etc.- o persona privada; es decir, de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sobre conflictos o pretensiones traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad.

1. 2)Lograr el convencimiento, de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia.

1. a)Por una parte, la arbitrariedad, es contraria al Estado de derecho (Estado Constitucional de Derecho) y a la justicia (valor justicia art. 8.II de la CPE). En efecto, en el Estado de Derecho, o 'Estado bajo el régimen de derecho' con el contenido asumido por la Constitución bajo la configuración de 'Estado Constitucional de Derecho', cuya base ideológica es 'un gobierno de leyes y no de hombres' existe expresa proscripción que las facultades que ejercite todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sean arbitrarias y, por el contrario, existe plena afirmación de que el ejercicio de esas facultades deben estar en total sumisión a la Constitución y a la ley visualizando, con ello, claramente el reverso del ya sepultado 'Estado bajo el régimen de la fuerza'.

1. b)En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en:
2. b.1)una 'decisión sin motivación' o extiendo esta es
3. b.2)una 'motivación arbitraria'; o en su caso,
4. b.3)una 'insuficiente'.

1. b.1)Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una 'decisión sin motivación', debido a que 'decidir no es motivar'. La 'justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos

1. b.2)Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una 'motivación arbitraria'. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) 'Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales'.

1. b.3)De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una 'motivación insuficiente'.

1. c)La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación.