Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0395/2019-S1 Sucre, 19 de junio de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 26310-2018-53-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 09/2018 de 26 de octubre, cursante de fs. 561 vta. a 564 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ronald Alpire Ulloa contra Darwin Vargas Vargas y Janeth Fernanda Quiroga Aparicio, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 12 y 19 de octubre de 2018, cursantes de fs. 287 a 299; y, 354 a 366, el accionante señaló que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En su condición de propietario de un inmueble ubicado en la Provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz, zona del Palmar Arteaga, Urbanización Vecinal UV 169, con una superficie de "840759.00" m², debidamente registrado en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.) con Matrícula Computarizada "7011060072803" que fue avasallado por loteadores profesionales el 14 de abril de 2010, planteó un proceso interdicto de recobrar la posesión en contra de Hernán Soria Galvarro Arispe e Iver Illanez Orinochi; por lo que, previo trámite de rigor el entonces Juez de Instrucción en lo Civil y Comercial Décimo tercero del departamento de Santa Cruz (ahora Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Séptimo del mismo departamento) dictó Sentencia de 3 de agosto de 2010, que declaró probada su demanda, disponiendo la restitución del inmueble en grado de apelación, la misma fue confirmada por Auto de Vista de 17 de febrero de 2012.
Luego de seis años, por memorial de 18 de septiembre de 2017, Vladimir Carlos Alarcón Sánchez, María de la Cruz Limachi Martínez, Melizeth Morales Quispe, Pascual Mejía Rojas y otros, se apersonaron al proceso y plantearon incidente de nulidad de obrados hasta el decreto de admisión de la demanda, por no haber sido notificados con la citada Sentencia ni la orden de desalojo; asimismo, el 21 de igual mes y año plantearon incidente de nulidad de mandamiento de desapoderamiento, por indefensión y vulneración del debido proceso; ambos incidentes fueron rechazados mediante Auto Interlocutorio 219/18 de 7 de abril de 2018, no obstante en grado de apelación, las autoridades ahora demandadas, mediante Auto de Vista 064/2018 de 22 de junio, carente de fundamentación, motivación y congruencia revocaron el Auto impugnado disponiendo la nulidad de obrados hasta el decreto de admisión, sustentando que no fueron citados con la acción judicial ni con la orden de desapoderamiento. Sostiene que en ningún momento se vulneró derecho alguno de los incidentistas, siendo que ninguno ocupaba el predio motivo del proceso interdicto y que entraron en posesión a causa de ventas subrepticias que ilegalmente realizaron los avasalladores, lógicamente, si hubieran estado en posesión anterior habrían activado inmediatamente el incidente y no después de seis años.
No se valoraron las pruebas que presentó y por el contrario, se dio crédito a ciegas a las de contrario, sin previa revisión de sus condiciones de legalidad en su ofrecimiento y presentación, pues fueron obtenidas de forma posterior a la Sentencia; además, no se analizó el contenido de la , sobre la imposibilidad del demandante de identificar a todos los avasalladores, que luego reaparecen como víctimas de la restricción de sus derechos constitucionales.
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