Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0395/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 56681-2023-114-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 85/2023 de 2 de mayo, cursante de fs. 289 a 293, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eugenia Cristina Salazar Valle contra Rosario Verónica Sánchez Sánchez, Vocal de la Sala Civil Tercera e Iván Edgar Ordoñez Quijarro, Vocal de la Sala Civil Quinta, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La accionante, por memoriales presentados el 23 de septiembre y 17 de octubre de 2022, cursantes de fs. 121 a 136 y 140 a 144 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 29 de marzo de 2011, formuló demanda ordinaria civil sobre nulidad, anulabilidad y rescate de cuota hereditaria contra Bertha Tito Burgoa -compradora-, Mary Luz y Antonieta Marcy ambas de apellidos Salazar Valle, Jorge Edmundo del Castillo Salazar, hoy terceros interesados, Jani Marcelina y Damiana Teresa ambas de apellidos Salazar Valle -coherederos, vendedores-, siendo declarada la parte demandada rebelde por Auto de 24 de septiembre de dicho año; asimismo, por Auto de 6 de enero de 2015, se declaró la caducidad del recurso de casación presentado por Bertha Tito Burgoa, ahora tercera interesada, adquiriendo con ello ejecutoria el Auto de Vista 209/2014 de 16 de junio, que confirmó la Sentencia 010/2013 de 7 de enero, que declaró probada la demanda de rescate de cuota hereditaria disponiendo la anulabilidad de la Escritura Pública 423/2009 de 11 de noviembre, la nulidad de la Escritura Pública 157/2006 de 20 de abril, en efecto el rescate de las cuotas hereditarias en acciones y derechos que correspondían a los herederos y copropietarios: Mary Luz y Antonieta Marcy ambas de apellidos Salazar Valle, Jorge Edmundo del Castillo Salazar, ahora terceros interesados, Jani Marcelina y Damiana Teresa ambas de apellidos Salazar Valle, respecto del bien inmueble registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 2.01.4.01.0020265; debiendo darse estricto cumplimiento a la previsión del art. 1249 del Código Civil (CC), en cuanto, al rescate, de cuotas hereditarias y procederse a la devolución del monto cancelado por la demandada Bertha Tito Burgoa, ahora tercera interesada, por concepto de compra venta de dicho bien inmueble.
En ejecución de sentencia, a efectos de ejecutar la Sentencia relativa a la restitución de las cuotas hereditarias en acciones y derechos, el Juez de la causa por Auto de 7 de abril de 2015, dispuso que su persona proceda al depósito judicial de la suma de Bs80 000.- (ochenta mil bolivianos) por concepto de compra venta emergente de la Cláusula Segunda de la Escritura Pública 157/2006, la cual fue cumplida el 27 de abril de 2015. Asimismo, emitió la Resolución 271/2016 de 12 de julio, disponiendo: "...Que por ante oficinas de Derechos Reales de la ciudad de El Alto La Paz, se proceda a la cancelación de los asientos A-7, A-8, A-9, que corresponde al bien inmueble con matricula No 2.01.4.01.0020265, ubicado en la Urbanización de 12, Lote s/n, manzano 27, con una extensión superficial de 360 mst2 previa devolución del monto cancelado por la demandada Bertha Tito Burgoa por concepto de compra y venta del inmueble. Asimismo, por los efectos de la sentencia y la nulidad dispuesta se proceda a generar un nuevo asiento de derecho propietario solo y únicamente a favor de la demandante EUGENIA CRISTINA SALAZAR VALLE, a cuyo efecto líbrese los ejecutoriales de ley que corresponda y sea una vez ejecutoriada la presente resolución" (sic). De igual forma, se declaró por ejecutoriada la Resolución 271/2016, que dispuso la cancelación de derecho propietario de Bertha Tito Burgoa, hoy tercera interesada, y Auto Complementario de 27 de septiembre de 2016.
En ese sentido, resultó ser la única propietaria sobre el bien inmueble objeto de litis inscrito en el registro de la Oficina de DD.RR. desde 1 de noviembre de 2017, con base en la Escritura Pública 2013/2017 de 22 de septiembre, que contiene el testimonio judicial de todo el proceso civil ordinario concluido, la cual fue inscrito a su nombre el 1 de noviembre de 2017 en el Registro de la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 2.01.4.01.0020265, en los Asientos A-10, A-11, A-12, A-13, A-14 y A-15. Dejando de ser propietaria la demandada Bertha Tito Burgoa, hoy tercera interesada, desde la fecha indicada, cancelándose los Asientos A-7, A-8 y A-9 donde figuraba como copropietaria. Asimismo, los coherederos y codemandados Jorge Edmundo del Castillo Salazar, Mary Luz Salazar Valle y "ANTONIA" Marcy Salazar "DE BLANCO", ahora terceros interesados, dejaron de ser "copropietarios" desde el 17 de diciembre de 2009, como consta en los Asientos A-7, A-8 y A-9, por haber transferido sus acciones y derechos a Bertha Tito Burgoa, hoy tercera interesada; siendo en consecuencia, su persona la única y legitima propietaria del bien inmueble ubicado en la Urbanización 12, Lote s/n, manzano 27, con una extensión superficial de 360 m2, inscrito en la Oficina de DD.RR. en los Asientos A-10, A-11, A-12, A-13, A-14 y A-15 de la matrícula computarizada 2.01.4.01.0020265.
Es más en ejecución de sentencia, solicitó mandamiento de desapoderamiento con facultades de rupturas de candados y allanamiento de domicilio, la cual se ejecutó el 21 de febrero de 2020, en virtud del cual el Oficial de Diligencias -se entiende del Juzgado Civil y Comercial Cuarto de El Alto del departamento de La Paz- le entregó el bien inmueble, en presencia del Notario de Fe Pública -19-, constando en acta notarial de desapoderamiento; por lo que, desde la indicada fecha, se encuentra en posesión sobre el 50% de acciones y derechos del bien inmueble que fue objeto de rescate, haciendo constar que del otro 50% de acciones y derechos, ya era propietaria como constaría de los Asientos A-7, A-8 y A-9, siendo actualmente propietaria del 100% de acciones y derechos; reiterando que los coherederos y demandados Jorge Edmundo del Castillo Salazar, Mary Luz Salazar Valle y "ANTONIA" Marcy "SALAZAR DE BLANCO", ahora terceros interesados, ya no tienen derecho propietario; puesto que, sus acciones y derechos lo transfirieron a la demandada Bertha Tito Burgoa, hoy tercera interesada, los cuales fueron rescatadas por su persona; en consecuencia, no pueden devolver la suma de $us55 000.- (cincuenta y cinco mil dólares estadounidenses) a la demandada -Bertha Tito Burgoa-; ya que, en los Asientos 1 al 15, los nombrados coherederos, desde el Asiento 7 a 15, ya no tienen derecho propietario en la Oficina de DD.RR.; por cuanto, en el Asiento 1, figuraban como copropietarios: Victoria Valle Vda. de Salazar, Mary Luz Salazar Valle, ahora tercera interesada, Jani Marcelina Salazar Valle, Antonieta "Mary" Salazar Valle, hoy tercera interesada, Damiana Teresa Salazar Valle, Jorge Edmundo del Castillo Salazar, ahora tercero interesado, y Eugenia Cristina Salazar Valle -accionante-. En los Asientos 2 a 6, figuraban como copropietarios a título de sucesión hereditaria: Mary Luz Salazar Valle, hoy tercera interesada, Jani Marcelina Salazar Valle, Antonieta "Mary" Salazar Valle, ahora tercera interesada, Damiana Teresa Salazar Valle, Jorge Edmundo del Castillo Salazar hoy tercero interesado, y Eugenia Cristina Salazar Valle, accionante. En los Asientos 7 a 9 figuraban como copropietarios Eugenia Cristina Salazar Valle accionante, y Bertha Tito Burgoa, ahora tercera interesada. En los Asientos 10 a 15 figura "actualmente" como única propietaria su persona sobre el bien inmueble descrito, inscrito en la Oficina de DD.RR. como se evidencia en los Asiento A-10, A-11, A-12, A-13, A-14 y A-15 de la matrícula computarizada 2.01.4.01.0020265.
En ese contexto, refirió que las autoridades demandadas vulneraron el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; ya que, el Juez de primera instancia, emitió la Resolución 09/2021 de 12 de enero, determinando:
- a)No ha lugar al incidente de prejudicialidad de documento público acusado de falso, promovido por Bertha Tito Burgoa, hoy tercera interesada;
- b)Dispuso que la accionante proceda a la devolución de "dinero recibido" por concepto de compra y venta del bien inmueble de la suma de $us55 000.- en favor de la demandada Bertha Tito Burgoa, ahora tercera interesada; y,
- c)Dejó sin efecto el Auto de 7 de abril de 2015. Contra esa decisión interpuso el recurso de apelación, alegando que en ningún momento recibió dinero de parte de la demandada Bertha Tito Burgoa, hoy tercera interesada, por concepto de compraventa; no obstante, los Vocales ahora accionados mediante Auto de Vista 96/2022 de 31 de marzo, confirmaron en parte la resolución apelada, con la modificación que debe restarse la suma de Bs80 000.-, incurriendo en los siguientes errores:
- 1)Incurrieron en error de derecho en la fundamentación del Auto de Vista 96/2022, al disponer la devolución del dinero en aplicación del art. 547.I del CC como efecto de nulidad; cuando el art. 1249.I del citado Código, sobre el "DERECHO DE PRELACION", sería clara al señalar que: "...El coheredero que quiere vender su cuota o parte de ella a un extraño, debe notificar su propuesta de venta los otros coherederos, los cuales tienen derecho de prelación y deben ejercerlo en el plazo de dos meses desde las notificaciones. Sí se omite la notificación los coherederos pueden rescatar la cuota del adquirente o ulterior causahabiente mientras dura el estado de indivisión hereditaria". En el presente caso tanto en la Sentencia y Auto de Vista, aplicaron correctamente el art. 1249.I del CC, protegiendo su derecho de prelación de rescatar las acciones y derechos de sus hermanas que fueron vendidas a una extraña, la cual en virtud a sentencia con calidad de cosa juzgada, rescató el 50% de las acciones y derechos de sus hermanas. Sin embargo, con el Auto de Vista 96/2022, se vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación; debido a que, no se fundamentó la devolución del dinero en "aplicación" del art. 1249.I del citado Código, sino erróneamente con la aplicación del art. 547.I del CC, que regula los efectos de la nulidad, siendo lo correcto la devolución de dinero de la suma de $us55 000.-, en función del rescate de cuota hereditaria que se dispuso en Sentencia -010/2013-, más aun cuando los coherederos fueron desapoderados el 21 de febrero de 2020, donde el Oficial de Diligencias -se entiende del Juzgado Civil y Comercial Cuarto de El Alto del departamento de La Paz-, le entregó el bien inmueble a su persona en presencia del Notario de Fe Pública.
- 2)Existe fundamentación incongruente en el Auto de Vista 96/2022; por cuanto, en la parte considerativa dispusieron la devolución de dinero a los coherederos y en la parte resolutiva confirmaron en parte la resolución apelada, que ordenaba la devolución de dinero a su persona; por lo que, no hay certeza y seguridad sobre quién debe realizar la devolución de dinero; por cuanto, el Auto de Vista 96/2022, en la parte Considerativa II.4, refiere: "...Corresponde aclarar, que habiéndose procedido al desapoderamiento del inmueble, con lo cual se habría dado cumplimiento a una parte de lo dispuesto en Sentencia. Lo correcto es que se cumpla con la devolución del monto cancelado de $us55.000,- para lo cual se debe tener en cuenta que si bien la parte apelante no es la persona que recibió esa suma de dinero, son los co-propietarios Jorge Edmundo del Castillo Salazar, Mary Luz Salazar Valle y Antonia Mary Salazar de Blanco, quienes percibieron ese pago y serían los llamados a devolverlo, por lo cual el Juez en ejercicio de fallos debe considerar que los mismos aún siguen siendo copropietarios en acciones y derechos, y, ya están en posesión del bien inmueble, debiendo la autoridad adoptar las medidas pertinentes para el cumplimiento de la sentencia, conforme le faculta el art. 399 parg. I y II del C.P.C. que establece: "i) La etapa de ejecución se circunscribirá a la realización o aplicación de lo establecido en la sentencia, II) La autoridad judicial dirigirá el proceso con potestad plena adoptando todas las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia. Las partes actuaran en un plano de igualdad, limitándose exclusivamente al control del cumplimiento de la sentencia", y concluye: "Por lo expuesto no corresponde acoger el recurso interpuesto habida cuenta que la decisión tomada por el juez es correcta y se ha sujetado a las normas legales al pronunciar la Resolución Apelada" (sic). Sin embargo, en su parte dispositiva confirmaron en parte la Resolución 09/2021, con la modificación que debe restarse el monto cancelado en el depósito judicial, por Bs80 000.- del monto adeudado de $us55 000.-, manteniéndose en lo demás firme y subsistente la Resolución apelada. En ese sentido, los Vocales hoy accionados incurrieron en una incoherencia e incongruencia; ya que, por un lado en la parte considerativa disponen que se devuelva la suma de $us55 000.-, a Jorge Edmundo del Castillo Salazar, Mary Luz y Antonieta Marcy ambas de apellidos Salazar Valle, ahora terceros interesados, en su calidad de coherederos y supuestos copropietarios en aplicación del art. 547.I del CC; empero, en la parte resolutiva, confirmaron en parte la Resolución 09/2021, que dispuso que la actora -accionante- es quien debe devolver la suma de $us55 000.-, con la modificación de restarse la suma de Bs80 000.-, como consta en el depósito judicial. Cuando en cumplimiento de la parte resolutiva del Auto de Vista 96/2022, ya realizó los depósitos judiciales por la suma de Bs156 417.- (ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos diecisiete bolivianos) y por la suma de $us21 000.- (veintiún mil dólares estadounidenses); por lo que, a la fecha tendría cancelado la suma de $us55 000.-. Sin embargo, el Juez de la causa, apoyándose en la parte considerativa del Auto de Vista 96/2022, mediante Auto Interlocutorio 492/2022 de 8 de agosto, dispuso que los coherederos Jorge Edmundo del Castillo Salazar, Mary Luz y Antonieta Mary ambas de apellidos Salazar Valle, hoy terceros interesados, cumplan con el Auto de Vista 96/2022, debiendo mantenerse en suspenso la orden de restitución de depósito judicial realizado por su persona, determinación que la confunde; debido a que, no tendría la certeza por la incongruencia e incoherencia entre la parte considerativa y resolutiva del Auto de Vista 96/2022.
- 3)Denuncia que incurrieron en error de hecho en la fundamentación del Auto de Vista 96/2022, al afirmar que: Mary Luz y Antonieta Marcy ambas de apellidos Salazar Valle y Jorge Edmundo del Castillo Salazar, hoy terceros interesados, continúan siendo copropietarios en acciones y derechos, y, que están en posesión del bien inmueble, cuando los nombrados coherederos dejaron de ser propietarios desde el 17 de diciembre de 2009; ya que, desde esa fecha la demandada Bertha Tito Burgoa, ahora tercera interesada, fue propietaria por efecto de la compra como consta en los Asientos A-7, A-8, A-9 de la matrícula computarizada 2.01.4.01.0020265; empero, desde el 1 de noviembre de 2017, su persona sería la única y exclusiva propietaria, por efecto del rescate de las cuotas hereditarias que fueron transferidas a la demandada; es decir, del 50% de acciones y derechos de sus hermanas; aparte de que los coherederos, entregaron físicamente sus acciones y derechos a la adquirente Bertha Tito Burgoa, hoy tercera interesada, desde 2006, perdiendo posesión desde el 20 de abril de dicho año, como constaría en la Escritura Pública 157/2006. En ese orden, con el Auto de Vista 96/2022, se desconoció y se omitió valorar los folios reales así como la Resolución 271/2016 de 12 de julio, que determinó: "...Que por ante oficinas de Derechos Reales de la ciudad de El Alto La Paz, se proceda a la cancelación de los asientos A-7, A-8, A-9, que corresponde al bien inmueble con matricula No 2.01.4.01.0020265, ubicado en la Urbanización de 12, Lote s/n, manzano 27, con una extensión superficial de 360 mst2 previa devolución del monto cancelado por la demandada Bertha Tito Burgoa por concepto de compra y venta del inmueble. Asimismo, por los efectos de la sentencia y la nulidad dispuesta se proceda a generar un nuevo asiento de derecho propietario solo y únicamente a favor de la demandante EUGENIA CRISTINA SALAZAR VALLE, a cuyo efecto líbrese los ejecutoriales de ley que corresponda y sea una vez ejecutoriada la presente resolución" (sic).
- 4)No consideraron los fundamentos de derecho expuestos en la Sentencia 010/2013; con relación a la pretensión de rescate de cuota hereditaria; ya que, en la citada Sentencia, el juez declaró probada la demanda interpuesta, considerando en hechos probados, Numeral 5) lo siguiente: "Por otro lado, se encuentra plenamente demostrado que los codemandados y vendedores, conforme lo previsto por el Art. 1249 del Sustantivo Civil, en cuanto al derecho de prelación, no han notificado su propuesta de venta a la demandante, coheredera y "copropietaria" en sus acciones y derechos, quien al imperio de esta norma tenía todo el derecho de preferencia para poder hacer uso de este derecho referencial con relación a terceras personas, haciéndose pasible a las previsiones contenidas en esta norma legal" (sic). "Asimismo, en la especie existe: la concurrencia de hechos delictivos, que han demostrado la existencia de delitos, sobre todo la falsedad de la Escritura Pública sobre Aclaración de datos técnicos, la cual fue suscrita unilateralmente por la compradora Bertha Tito Burgoa, falseando la concurrencia del resto de los suscriptores viciando de nulidad absoluta todos les actos emergentes de la misma" (sic). Del mismo modo, el Juez en el Segundo Considerando fundamentó de forma clara, concisa y motivada, señalando que: "...Así pues, el derecho de prelación, al espíritu del contenido de la norma antes citada, otorga a su titular la facultad de adquirir un bien determinado con preferencia a cualquier otro adquiriente hipotético, cuando se proyecte su enajenación y por lo tanto su propietario quería enajenarlo. Consiste pues, en el derecho de prelación (preferencia) que el co-heredero tiene para la adquisición de una cosa en el caso de que su dueño quiera enajenarla. El titular de este derecho tiene la facultad de que el co-propietario y coheredero le notifique acerca de la enajenación proyectada, indicándole su precio y demás condiciones esenciales, el cual una vez notificada tiene el derecho preferente de adquirir la cosa en las mismas condiciones ofrecidas al tercero. En el caso de autos, la legitimación activa para el ejercicio del derecho, de prelación, lo fundamenta la actora en la existencia de un contrato de compra venta, por el cual los hermanos - coherederos de esta, mediante Escritura Pública N° 157/2006 de fecha 20 de abril de 2006, suscrito ante notario de Fe Pública a cargo de Delia Sillerito Peñaylillo, suscribieron un contrato de compra venta a favor de Bertha Tito Burgoa (Extraña a la comunidad hereditaria), los derechos sucesoriales del bien inmueble, lote signado S/N, manzana No 27, Av. Raúl Salmon zona 12 de Octubre con una superficie de 177,98 ts2, de una superficie total de 360 mts2; por lo cual es evidente, como expresa la demandante que, el comunero puede ejercitar el derecho de prelación cuando el extraño a la comunidad hereditaria adquiere el derecho de propiedad de un inmueble, como producto de una compra venta" (sic). En ese sentido, el Juez de la causa aplicó correctamente el art. 1249.I del CC, protegiendo su derecho de prelación de rescatar las acciones y derechos de sus hermanas que fueron vendidas a una extraña -Bertha Tito Burgoa ahora tercera interesada-, quién para subsanar dicha omisión falsificó su firma. Sin embargo, los Vocales hoy accionados desconociendo el art. 1249.I del citado Código, dispusieron la devolución de la suma $us55 000.- en aplicación del art. 547.I del CC, referido a los efectos de nulidad, siendo la única persona llamada por ley su persona para devolver la suma de $us55 000.-, por efecto de rescate de la cuota hereditaria, no por haber recibido dinero por compraventa, sino por efecto del rescate de cuota hereditaria.
Mostrando 15 de 73 parrafos.