Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0398/2019-RCA Sucre, 18 de diciembre de 2019
Expediente: 32084-2019-65-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Beni
En revisión la Resolución 138/2019 de 19 de noviembre, cursante de fs. 49 a 51, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Manuel y María Lourdes, ambos Zelada Guayacuma contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizú, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 13 de noviembre de 2019, cursante de fs. 38 a 48 vta., los accionantes refieren que, dentro del proceso ordinario doble de reivindicación y usucapión decenal respecto del inmueble ubicado en la zona central de San Ignacio de Moxos del departamento de Beni, se emitió la Sentencia de 16 de mayo de 2018, declarando improbada la acción reivindicatoria y probada la demanda de usucapión; determinación que, fue objeto de recurso de apelación, emitiéndose en consecuencia el Auto de Vista 169/2018 de 28 de agosto, revocándola y declarando probada la mencionada reivindicación e improbada la también referida usucapión, disponiendo en su mérito la entrega del inmueble a su favor; no obstante, la parte contraria planteó recurso de casación contra tal disposición, que fue admitido por ; sin embargo, debió declararse su improcedencia debido al incumplimiento de los requisitos de forma y de fondo para ello, por no precisar con claridad la vulneración sus derechos ni el contexto de la infracción; dando lugar ello, a la emisión del , que casó el Auto de Vista impugnado y dejó incólume la Sentencia precitada; por ende, las Resoluciones expedidas por los Magistrados demandados, vulneraron derechos y garantías constitucionales.
I.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunciaron, la lesión del debido proceso en sus vertientes de tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, defensa, fundamentación, igualdad, objetividad y congruencia, citando al efecto los arts. 115, 117.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
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