Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0398/2019-S4 Sucre, 2 de julio de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 22151-2017-45-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 1/2018 de 29 de junio, cursante de fs. 123 a 126 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Armín Leoliver Cortez Aliaga, Ricardo Morales Aguilar, Luis Barrios Pérez, Israel Mamani Sanabria en representación legal de Esteban Urquizu Cuellar, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca contra Mirna Sandra Molina Villarroel y Elena Esther Lowenthal Claros de Padilla, actual y ex Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, respectivamente; y, Ximena Lucía Mendizábal Hurtado, Jueza de Instrucción Penal Tercera del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 30 de noviembre de 2017 cursante de fs. 18 a 24 vta.; y, de subsanación de 12 de diciembre del mismo año (fs. 34 a 36), la parte accionante a través de sus representantes legales, expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca (GADCH), que se dirige, contra Freddy Landívar Galean y otros, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, la Jueza de Instrucción Penal Tercera del referido departamento, ahora demandada, a través del Auto de 25 de febrero de 2016, declaró probada la excepción de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso y la de prescripción de la acción penal formuladas, disponiendo el archivo de obrados una vez ejecutoriada dicha determinación; por lo que, el 7 de abril de 2017, presentó recurso de apelación incidental, al igual que el Ministerio Público, solicitando se remitan las actuaciones al Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; sin embargo, la Jueza aludida, no remitió dicho medio de impugnación, sino que a través de providencia de 6 de julio de 2016, la declaró por desistida, conjuntamente con de la Fiscalía Departamental.
Contra la decisión descrita, el 5 de agosto de 2016 interpuso recurso de reposición, señalando que el actuar de la Jueza de Instrucción Penal Tercera del departamento de Chuquisaca vulneró el debido proceso, considerando que el recurso de apelación fue interpuesto en el plazo pertinente; a cuyo efecto, correspondía que dicha autoridad remita el cuaderno al superior en grado, al no hacerlo, evidenció una vulneración a las garantías constitucionales consagradas en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), que de manera específica garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; empero, a través del Auto interlocutorio de 9 de agosto de 2016, la Jueza cuestionada, declaró no ha lugar a la reposición planteada, viéndose obligado la parte ahora accionante, a interponer apelación amparado en el precitado artículo; el 6 de septiembre del mismo año, el que conoció la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, habiéndolo resuelto por Auto Vista 123/2017 de 23 de mayo, con la participación de su Vocal titular y su homónima de turno de la Sala Penal Segunda del indicado Tribunal, hoy codemandadas, refiriendo en su parte resolutiva que en ejercicio de la atribución que emerge del art. 51 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP) -Ley 1970 de 25 de marzo de 1999-, en la forma dispuesta por los arts. 399 en su segundo párrafo, y 402 en su parte in fine del Código adjetivo penal; sin ingresar al fondo, rechazó por inadmisible el recurso de apelación interpuesto, generando a la entidad estatal que preside, vulneración al debido proceso, a los derechos a la defensa y a la impugnación, por cuanto se limitaron a observar formalidades que evidentemente podían haber sido superadas bajo el principio de impugnación, no existiendo mayor fundamentación ni motivación en el Auto de 25 de febrero de 2016, Auto interlocutorio de 9 de agosto de igual año y Auto de Vista 123/2017 descritos.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
La parte impetrante de tutela, a través de sus representantes legales, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y de "impugnación", citando al efecto los arts. 115.II y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela, determinando la nulidad del Auto de Vista 123/2017, el Auto de 25 de febrero, providencia de 6 de julio y Auto interlocutorio de 9 de agosto, todos de 2016.
I.2. Trámite Procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional
I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional
La Jueza Pública de Familia Quinta del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 15/17 de 13 de diciembre de 2017, cursante a fs. 37 y vta., dispone como no presentada la presente acción de amparo constitucional; consecuentemente, la parte solicitante de tutela mediante memorial presentado el 19 de diciembre de 2017, impugnaron dicha determinación (fs. 39 a 44).
I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional
Por Auto Constitucional (AC) 0058/2018-RCA de 15 de febrero, cursante de fs. 49 a 57, la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), resolvió revocar la Resolución de 15/17 de 13 de diciembre de 2017, disponiendo en consecuencia, se admita la presente acción de defensa y se someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela, según corresponda en derecho.
I.3. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
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