0398/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0398/2022-S1 Sucre, 3 de junio de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad

Expediente: 47162-2022-95-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución de 30 de diciembre de 2021, cursante de fs. 58 a 67, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaclyn Paola Rebollo Hinojosa en representación sin mandato de su hijo menor de edad DTGR contra Diego Mauricio Gutiérrez Vargas.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de diciembre de 2021, cursante de fs. 19 a 21, el accionante a través de su representante sin mandato, aseveró lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del fenecido proceso de asistencia familiar, seguido por Diego Mauricio Gutiérrez Vargas, la Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, el 2 de octubre de 2020 dictó sentencia disponiendo la homologación de un acuerdo conciliatorio suscrito entre el nombrado y su persona, disponiendo entre otros puntos, la guarda a su favor de su hijo DTGR y en cuanto al régimen de visitas dispuso la visita a su hijo por parte del ahora demandado los días sábados, de horas 15:00 a 18:00, bajo supervisión de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Sin embargo, el ahora demandado incumplió con lo determinado por la Jueza, quebrantando el régimen de visitas, debido a que el sábado 18 de diciembre de 2021, de forma arbitraria y abusiva hasta la presente fecha, no le permitió el retorno de su hijo menor de edad, acto que no solo pone en riesgo la vida de su hijo, sino también contra su voluntad le priva su derecho a la libertad y por ende a la circulación.

El informe psicológico 0526/2020 de 24 de noviembre, emitido por la psicóloga del programa de asistencia social y familia del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, refirió que el menor "desea vivir con su mamá (...) denota cierto rechazo hacia la figura paterna" (sic); asimismo, se informó que el ahora demandado tiene varios procesos penales en su contra y malos antecedentes, y su hijo en estas circunstancias se encuentra en situación de vulnerabilidad corriendo en riesgo incluso su derecho a la vida. I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Alega la vulneración de sus derechos a la vida y libertad de locomoción de su hijo, citando al efecto el art. 46 y 47 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Efectuada la audiencia pública el 30 de diciembre de 2021, según acta cursante de fs. 52 a 57 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante ratificó de forma íntegra el contenido del memorial de la acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantía, mediante Resolución de 30 de diciembre de 2021, cursante de fs. 58 a 67, denegó la tutela solicitada, respecto a la supuesta vulneración del derecho a la vida; y, concedió la tutela solicitada en cuanto al derecho de locomoción; ordenando en consecuencia al particular demandado Diego Mauricio Vargas, que dentro del plazo de 24 horas de su legal notificación, bajo prevenciones de ley, restituya de forma inmediata al menor de edad al domicilio de la ahora impetrante de tutela, por tener esta la guarda otorgada y asimismo que la resolución sea remitida a la Jueza Pública de Familia Octavo; y, no ha lugar al pago de costas y costos.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:

II.1. Certificado de nacimiento del menor DTGR, nacido el 1 de agosto de 2013, donde figuran como sus padres Diego Mauricio Gutierrez Vargas y Jaclyn Paola Rebolledo Hinojosa (fs. 171 vta. y 172).

II.2. Mediante Informe Psicológico 526/2020 de 15 de diciembre, dirigido al Juzgado Público de familia Octavo por la psicóloga del Programa de Asistencia Social y Familiar (PASF) del Servicio Departamental de Políticas Sociales (SEDEPOS) del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, se tiene que los evaluados fueron Jaclyn Paola Rebolledo Hinojosa, Diego Mauricio Gutiérrez Vargas y el menor DTGR, y la psicóloga recomendó terapia psicológica individual para Jaclyn Paola Rebolledo Hinojosa y Diego Mauricio Gutiérrez Vargas, con la finalidad de continuar mejorando la comunicación por el bien de los mismos y por la salud emocional y mental de su hijo; también recomendó terapia psicológica del menor DTGR (fs. 6 a 10).

II.3. Mediante Sentencia 76/20 de 2 de octubre de 2020, la Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, señaló; que se homologa el acuerdo suscrito entre partes de forma separada, siendo de exclusiva responsabilidad el cumplimiento del mismo, lo cual forma parte de la Resolución, indicando en el punto 1, la guarda a favor de la madre -Jaclyn Paola Rebolledo Hinojosa-; y en el punto 3, el régimen de visitas los días sábados de horas 15:00 a 18:00, bajo supervisión de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (fs. 12 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Presentación directa de la acción de libertad en casos de niñas, niños y adolescentes El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0439/2018-S2 de 29 de agosto, asumió el siguiente razonamiento:

La Constitución Política del Estado, dedica una sección especial a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud; así, en su art. 58, señala:

Se considera niña, niño y adolescente, toda persona menor de edad, titular de derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ella, y de los derechos específicos inherentes a un proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones (las negrillas son nuestras).

El art. 59 de la referida Norma Suprema, determina que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. Asimismo, el art. 60 de la CPE, prescribe que: "Es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos (...)". En tal sentido, la Constitución Política del Estado, protege de manera integral y progresiva a los niños y adolescentes, con el entendido, que de acuerdo a su crecimiento y al desarrollo de su personalidad, asumen progresivamente derechos y obligaciones. Al respecto, la SC 0735/2010-R de 26 de julio, en el Fundamento Jurídico III.3, precisó que: "La protección a los niños, niñas y adolescentes se traduce en una constante que hace a la actividad del Estado como ente jurídico necesario, pues es trascendental para la preservación y continuidad de la sociedad para cuyo servicio existe..." .

Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, la acción de libertad no se rige por la subsidiariedad; sin embargo, a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero1, se señaló que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; entendimiento, que fue reiterado en numerosas Sentencias Constitucionales.

Sin embargo, tratándose de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes -al igual que de otros grupos de atención prioritaria-, la jurisprudencia constitucional señaló que la acción de libertad puede ser activada sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. Así, la SC 0818/2006-R de 21 de agosto, modulando el entendimiento contenido en la SC 0160/2005-R, estableció que es posible la presentación directa de esta acción de defensa, en los supuestos en los que: "...menores infractores se vean involucrados en la presunta comisión de delitos..."; criterio, reiterado en la SC 2378/2010-R de 19 de noviembre2.

Razonamiento jurisprudencial, enmarcado en las disposiciones del Código del Niño, Niña y Adolescente -Ley 2026 de 27 de octubre de 1999- (ahora abrogada), que establecía una edad mínima de aplicación de la responsabilidad social, comprendida entre los 12 hasta los 16 años. Actualmente, el Sistema Penal para Adolescentes previsto en el Código Niña, Niño y Adolescente -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, contempla la franja etaria de 14 a 18 años de edad, a quienes se aplica una responsabilidad penal atenuada, en mérito a la protección constitucional reforzada de la que goza; y en ese sentido, se les otorga una protección especial, a quienes no resulta aplicable la subsidiariedad excepcional desarrollada en la SC 0160/2005-R, al ser la acción de libertad de tramitación especial y sumarísima, reforzada por características como la inmediata protección de los derechos, que comprende su espectro de protección y el informalismo, entre otros.

Consiguientemente, no corresponde denegar la tutela impetrada por aspectos formales vinculados con la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, cuando es presentada a favor de niñas, niños o adolescentes; más aún, cuando el art. 60 de la CPE, establece que es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.

III.2. Las normas de protección y la jurisprudencia sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes

El art. 60 de la CPE, sostiene que:

Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.

Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, entre otros.

Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito.

Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH3, que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral4. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños5; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño6 incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro.

Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad.

La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (...). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño".