0399/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0399/2019-S2 Sucre, 24 de junio de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MS. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 27003-2018-55-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 01/2018 de 10 de diciembre, cursante de fs. 100 vta., a 103, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Alfaro Juro y Rita Pinto Céspedes por sí y en representación sin mandato de sus hijos AA, BB, CC, DD y EE contra Jhonnie Xavier Orinochi Ortiz, Juez Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Concepción; Rita Blanca Flores Velarde, Secretaria suplente del mencionado Juzgado; y, la persona particular demandada, Víctor Hugo Román Álvarez, representante del Banco Pyme Ecofuturo Sociedad Anónima (S.A.) todos del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2018, cursante de fs. 38 a 46 vta., los accionantes por sí y en representación de sus hijos, aseveraron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso monitorio sobre entrega de un bien inmueble, que sigue en su contra el Banco Pyme Ecofuturo S.A. ante el Juez Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Concepción del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución de 17 de noviembre de 2018 la autoridad jurisdiccional hoy demandada ordenó la emisión de un mandamiento de desapoderamiento, encomendando su ejecución al Oficial de Diligencias; sin embargo, la misma habría cambiado el mandamiento referido y encomendó su ejecución al Oficial de Diligencias o Secretaria de dicho Juzgado. Precisaron que, además, tienen otro proceso judicial que siguen contra la entidad financiera antes referida.

El 27 de noviembre de 2018, a horas 9:30 aproximadamente, la ahora codemandada, Secretaria del referido Juzgado, sin tener ninguna orden expresa, en presencia del representante legal del indicado Banco y conjuntamente quince efectivos policiales altamente armados, aprovechando que sus personas se encontraban en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se apersonaron al inmueble objeto de litis, que es su vivienda, habitad y lugar de trabajo (taller mecánico-tienda de moto repuestos), sin consideración alguna, ejecutaron dicho mandamiento, sacando a empujones y echando a la calle a su tres hijos menores AA, BB y CC y a su cuidadora, inclusive, quienes se encontraban solos en su vivienda, hecho que advierte como acto de violencia por cuanto los dejaron llorando, con la ropa en el cuerpo y únicamente con sus mochilas, no conforme con esto, a horas 10:00 del indicado día, procedieron a colocar candados, cadenas y otros objetos de seguridad, en todas las puertas con todos los muebles, enseres, maquinarias de trabajo, privándoles de este modo también el derecho al trabajo; en efecto, cuando sus otros dos hijos menores DD y EE, retornaron de clases, ya no pudieron entrar a su vivienda ni a cambiarse, menos sacar sus pertenencias, comida, ni dinero para sostenerse; no obstante, sus cinco hijos menores aguardaron en su domicilio hasta altas horas de la noche, a fin de poder ingresar, alimentarse y descasar, pero la Secretaria del Juzgado hoy demandada, les atendió únicamente para manifestarles que cumple órdenes del Juez.

Sostienen que su familia se encuentra en la calle, sin poder trabajar ni ejercer su actividad económica y comercial; porque todas sus pertenencias, están encerradas en el interior de su domicilio, aspectos que influyeron en los estudios de sus hijos, siendo causa de la violencia psicológica que sufren hasta el momento, puesto que no tienen ni un plato que comer ni vaso para tomar agua siquiera, asimismo, no tienen ropa para mandar a sus cinco hijos a la escuela, tampoco una cama donde descansar y menos vivires para poder alimentar a su hijos.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los accionantes por sí y en representación de sus hijos, alegan la lesión de sus derechos al trabajo, al comercio y actividad económica lícita, a la vivienda y hábitat, propiedad, al debido proceso y a una justicia transparente, así como los derechos a la integridad, dignidad, educación de los menores y el principio de interés superior, citando al efecto los arts. 17, 19.I, 46, 47.I; 56 y 85, 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Efectuada al audiencia pública, el 10 de diciembre de 2018; según consta en el acta cursante de fs. 99 a 100 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción