0399/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0399/2022-S1 Sucre, 3 de junio de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional

Expediente: 44745-2022-90-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 0133/2021 de 17 de diciembre, cursante de fs. 1337 a 1342 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Grover Mamani Mamani, Secretario General; Luis Choque Ramírez, Secretario de Actas; Valentín Alvarez Torrez, Secretario de Cultura y Deportes; y, Cresencio Gutiérrez Salamanca, Secretario de Organización, todos miembros del Sindicato de Trabajadores Fabriles de Industrias de Cerámicas Oruro Limitada "INCEROR LTDA."; Wilson Aroja Álvarez, Rubén Bohórquez Benito, Héctor Bohórquez Benito, Florian Bohórquez Benito, Porfirio Calizaya Zarate, Luis Cochi, Edson Rilmar Chávez Llargo, Roberto Chambi Gutiérrez, Prudencia Chiara Vargas Vda. de Corani, Sergio Choque Ramírez, Gustavo Choque Mamani, Vladimir Fernández Mamani, Oscar Flores Flores, Agustín José Manuel Flores, David Fernández Huallpa, Policarpio Flores Gutiérrez, Rubén Pedro Flores Rodríguez, Alex Flores Aroja, Guido Flores Poma, Arturo Gutiérrez Quintana, Abel Gira Chara, German Huallpara Calle, Julio Benjamín Huayta Blanco, Félix Fernando Mamani Cruz, Bladimir Mamani, Vladimir Mamani Mamani, Elvira Vanessa Mamani Zarate, Cristian Marca Santos, Jhonatan Iris Mamani Choque, Miguel Ángel Mamani Tito, Jorge Armando Mamani Mamani, Gregorio Nicolás, Josué Marvin Paco López, Félix Pinaya Pinaya, Jesús Peña Gutiérrez, Jesús Gonzalo Peña Gutiérrez, Leandro Soliz Bautista, Remigio Selaez Mamani, Miguel Tenorio Condori, Rogelio Torrez Salamanca, Ever Ramiro Tola Vera, Marco Torrez Salamanca, Roger Velasco Condori, Ademar Velasco Condori, Bernardo Velasco Chiara, Edwin Vera Marza, Juana Zarate Morales, Segundina Zárate Chambi, José Luis León Huarachi, Henry Fernández Mamani, Juan Alfredo Selaez Mamani, Edwin Quispe Colque y, Grover Santiago Cochi Quispe, contra Omar Ferdin Vargas Paz y David Ramiro Paz Rojas, copropietarios de la referida Industria.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentado el 6 de diciembre de 2021, cursantes de fs. 93 a 106, y los de subsanación de 8 y 13 de igual mes y año, (110 y vta.; y, 131 y vta.), los accionantes expusieron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Son trabajadores con contratos indefinidos de INCEROR LTDA., con un Sindicato, cuyo Directorio se encuentra reconocido mediante Resolución Ministerial (RM) 114/2021; empero, el 30 de octubre de 2021, fueron sorprendidos con un comunicado interno que refería "...VACACIONES A TODO EL PERSONAL..." (sic) desde el 29 del indicado mes hasta el 3 de noviembre de ese año; comunicados que se fueron reiterando en sentido de ampliar las mismas, sin previa reunión con la Directiva Sindical, siendo pegados los mismos en el tablero de informaciones de portería; así, habiendo arribado a la fecha de culminación de las señaladas vacaciones, fueron convocados a reunión para el 10 de igual mes y año, la que se efectuó en presencia de un Notario de Fe Pública, funcionarios de la Industria y el abogado representante de ésta, quienes pusieron en la mesa de partes el Comunicado Interno COM-INCEROR 01/2021, que señalaba el cierre definitivo de la Industria ante la imposibilidad de continuar con su funcionamiento, por las pérdidas comprobadas en los estados financieros; consecuentemente, se procedía al cierre definitivo y se concluía con la relación laboral alegando como causal fuerza mayor; por lo que, los trabajadores debían pasar a recoger los cheques de sus correspondientes beneficios sociales.

De esta manera, ante la incertidumbre generada, solicitaron la presencia de los propietarios de INCEROR LTDA., a la vez que dejaron un Voto Resolutivo dando a conocer la negativa a más ampliación de vacaciones y su declaratoria en emergencia, sin recibir respuesta, lo que ameritó acudan a sentar denuncia por despido colectivo e injustificado, solicitando además su reincorporación, ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro, donde se emitió la citación con la referida denuncia, empezando así su peregrinación para encontrar a algún funcionario de INCEROR LTDA. a quien poder notificar, efectivizando la misma, con el auxilio de la de la fuerza pública en la persona de una funcionaria que realizaba los pagos en la oficina de un abogado, pues tanto la Industria como las agencias de la misma se encontraban atendiendo a puertas cerradas.

Instalada la audiencia el 16 de noviembre de 2021, la parte empleadora de limitó a señalar que INCEROR LTDA.se habría cerrado por falta de dinero; consecuentemente, no tendría razón de ser el Sindicato y peor aún, que era imposible la reincorporación, además de aseverar falsamente que todos los trabajadores habrían cobrado sus beneficios sociales; sin embargo, no pudieron demostrar un cierre justificado o una declaratoria de quiebra, ante lo cual, la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro emitió la Conminatoria M.T.E.P.S-J.D.T.OR/RERC/ 007/2021 de 22 de noviembre, conminando a los demandados a la reincorporación inmediata de todos los trabajadores al mismo puesto que ocupaban al momento de su despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales; empero, no obstante su notificación, el 25 de igual mes y año, no fueron reincorporados.

Así, se cuestionan que si se alega iliquidez, cómo es posible que uno a uno, a través de llamadas telefónicas de números privados se les ofrezca hasta el doble de sus beneficios sociales con la condición de que abandonen la Industria y desistan de su solicitud de reincorporación; hechos que sólo demuestran que lo que quieren es soslayar los derechos laborales que les asisten, logrando el cierre de la misma por unos meses para después volverla abrir, pero solamente con trabajadores eventuales; e, inclusive aseverando -en uso de su poder económico y maliciosamente- que no existe nadie que los obligue a cumplir con su reincorporación.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los accionantes consideran lesionados sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, citando al efecto los arts. 46.I y II; 48.I, II y III; 49.III; y, 51.I, III y VI de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda tutela impetrada, disponiendo la inmediata reincorporación a su fuente de trabajo, más el pago de salarios devengados hasta la fecha de reincorporación, en cumplimiento de la Conminatoria M.T.E.P.S-J.D.T.OR/RERC/ 007/2021 emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de Oruro.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 17 de diciembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 1326 a 1336 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de las personas demandadas

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

En audiencia a través de su abogado manifestó que, en principio la demanda fue dirigida contra su persona y otro de los socios, después se aclaró que la Conminatoria se orientó hacia sólo dos de la más de decena de socios; error y conculcación de derechos cometida primero por el Inspector de Trabajo y después por la Jefatura Departamental del Trabajo, que en una actitud de parcialización, no obstante haberse observado y pedido se subsane lo concerniente a la representación de INCEROR LTDA., no lo quisieron hacer.

I.2.4. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursan memorándums de agradecimiento de servicios, a través de los cuales Luis Canelas Velasco por INCEROR LTDA. se dirigió a Edwin Quispe Colque, Ladislao Juvenal Cadima Callapa, Julio Benjamín Huayta Blanco, Abel Gira Chara, Luis Cochi, Javier Barrios Torrez, Cresencio Gutiérrez Salamanca, Esteban Pinaya Mamani, Gustavo Choque Mamani, Freddy Miguel Gutiérrez Patiño, Juana Zarate Morales, Segundina Zarate Chambi, Hector Bohórquez Benito, Edwin Vera Marza, Agustín José Manuel Flores, Cresencio Gutiérrez Salamanca, Rodrigo Cristian Flores Huayta, Guido Flores Poma, Ever Ramiro Tola Vera, Rogelio Torrez Salamanca, Miguel Tenorio Condori, Miguel Ángel Mamani Tito, Jesús Peña Gutiérrez, Efraín Condori Fernández, Marco Torrez Salamanca, Arturo Gutiérrez Quintana, Armín Choque Vargas, Félix Fernando Mamani Cruz, Jesús Gonzalo Peña Gutiérrez, Alex Flores Aroja, Remigio Seláez Mamani, Elvira Vanessa Mamani Zarate, Prudencia Chiara Vargas Vda. de Corani, Rubén Pedro Flores Rodríguez, Valentín Álvarez Torrez, Beimar Barrios Corrales, Porfirio Calizaya Condori, Vladimir Mamani Mamani, Jorge Armando Mamani Mamani, German Huallpara Calle, Hilarión Gutiérrez Huanca, Juan Alfredo Seláez Mamani, Gregorio Nicolás, Bernardo Velasco Chiara, Ademar Velasco Condori, Edson Rolmar Chávez Llargo, Roger Velasco Condori, Rubén Bohórquez Benito, Florian Bohórquez Benito, Gonzalo Gutiérrez Huanca, Wilson Aroja Álvarez, Josué Marvin Paco López, Félix Pinaya Pinaya, Cristian Marca Santos, Valentín Gutiérrez Huanca, Alfredo Anselmo López Beltrán, Luis Choque Ramírez, Grover Mamani Mamani, Vladimir Fernández Mamani, Henry Fernández Mamani, David Fernández Huallpa, Roberto Chambi Gutiérrez, Bladimir Mamani, Sergio Choque Ramírez, Norberto Luque Choque, Oscar Flores Flores, Policarpio Flores Gutiérrez, José Luis León Huarachi y Leandro Solíz Bautista -ahora accionantes y otros-, comunicándoles formalmente el cierre definitivo de INCEROR LTDA. por "...causal de FUERZA MAYOR..." (sic); por lo que, se ven forzados de concluir la relación laboral con estas personas, solicitando además puntualidad para asistir a sus oficinas centrales para el cumplimiento del cobro de sus beneficios sociales (fs. 681 a 686 y 778 a 839).

II.2. Mediante Conminatoria M.T.E.P.S-J.D.T.OR/RERC/ 007/2021 de 22 de noviembre, la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, resolvió conminar a Omar Ferdin Vargas Paz y David Ramiro Paz Rojas, copropietarios de INCEROR LTDA. a la reincorporación inmediata de las y los trabajadores de dicha Industria al mismo puesto que ocupaban al momento de sus despidos, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de reincorporación, en favor de Agustín José Manuel Flores, Abel Gira Chara, Elvira Vanessa Mamani Zarate, Rubén Bohórquez Benito, Gregorio Nicolás, Juana Zarate Morales, Edson Rilmar Chávez Llargo, Gonzalo Gutiérrez Huanca, Jhonatan Iris Mamani Choque, Henry Fernández Mamani, Luis Cochi, Gustavo Choque Mamani, Alex Flores Aroja, Vladimir Mamani Mamani, Oscar Flores Flores, Héctor Bohórquez Benito, German Huallpara Calle, Arturo Gutiérrez Quintana, Cristian Marca Santos, Miguel Tenorio Condori, Rogelio Torrez Salamanca, Efraín Condori Fernández, Alfredo Anselmo López Beltrán, Juan Alfredo Selaez Mamani, Porfirio Calizaya Zarate, Leandro Soliz Bautista, Ever Ramiro Tola Vera, Prudencia Chiara Vargas Vda. de Corani, Ademar Velasco Condori, Valentín Gutiérrez Huanca, Roger Velasco Condori, Roberto Chambi Gutiérrez, Edwin Vera Marza, Jesús Peña Gutiérrez, Julio Benjamin Huayta Blanco, Félix Fernando Mamani Cruz, Beimar Barrios Corrales, Freddy Miguel Gutiérrez Patiño, Bladimir Mamani, Félix Pinaya Pinaya, Florian Bohórquez Benito, Cresencio Gutiérrez Salamanca, Miguel Ángel Mamani Tito, Edwin Quispe Colque, Wilson Aroja Alvarez, Hilarión Gutiérrez Huanca, Sergio Choque Ramírez, David Fernández Huallpa, Remigio Selaez Mamani, Jorge Armando Mamani Mamani, Valentín Álvarez Torrez, Grover Santiago Cochi Quispe, Josué Marvin Paco López, Esteban Pinaya Mamani, Guido Flores Poma, Jesús Gonzalo Peña Gutiérrez, Bernardo Velasco Chiara, Marco Torrez Salamanca, Policarpio Flores Gutiérrez, Jose Luis Leon Huarachi, Luis Choque Ramírez, Vladimir Fernández Mamani, Segundina Zárate Chambi y Grover Mamani Mamani. Sea en el plazo de tres días hábiles computables a partir de su legal notificación (fs. 4 a 10).

II.3. De acuerdo a la representación de 25 de noviembre de 2021, suscrita por Lucio Aguilar Guzmán, funcionario policial, éste en cumplimiento a la Conminatoria emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro se constituyó junto a los trabajadores demandantes a la localidad de Caracollo Km 34 a objeto de notificar a INCEROR LTDA. con la referida Conminatoria, procediendo a pegar la misma, en vista de que según lo manifestado por el sereno que no quiso identificarse, las instalaciones se encontraban abandonadas; asimismo, habiéndose dirigido a calle La Plata entre Ayacucho y Junín a oficinas de Lindon Santiago Fernandez Aneyva -abogado apoderado de la mencionada Industria- con el mismo fin, la Secretaria del nombrado le indicó que dejara la notificación en su escritorio (fs. 10 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los impetrantes de tutela denuncian que INCEROR LTDA., lesionó sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, esta Industria sin demostrar objetivamente un cierre justificado o declaratoria de quiebra, los despidieron de sus fuentes de trabajo; motivo por el cual, estos acudieron ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro denunciando su despido ilegal; motivo por el cual se emitió la Conminatoria M.T.E.P.S-J.D.T.OR/RERC/ 007/2021, que dispuso la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaban al momento de su despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales; sin embargo, la referida Industria, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, se niega a dar cumplimiento a la referida Conminatoria; razón por la cual, solicitan se les conceda la tutela impetrada disponiendo su inmediata reincorporación a su fuente laboral y el pago de sus sueldos devengados en cumplimiento de la referida Conminatoria, emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de Oruro.

III.1. Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante incumplimiento de las conminatorias de reincorporación

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en numerosas oportunidades se pronunció sobre el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, señalando que en estos casos procede directamente la acción de amparo constitucional. Así, las 0Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo y 0177/2012 de 14 de mayo1, establecen que debe hacerse abstracción del principio de subsidiariedad en aquellos casos en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente laboral ante un despido sin causa legal justificada, con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto de que estas entidades, una vez establecido el retiro injustificado, conminen al empleador a la reincorporación inmediata, en los términos previstos por el Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010; y ante su incumplimiento, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional2.

El anterior razonamiento fue modulado en la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre3, señalando que para el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación a través de la acción de amparo constitucional, se exige como presupuesto adicional que ésta se encuentre debidamente fundamentada y motivada.

Más adelante, la SCP 0900/2013 de 20 de junio4, moduló el entendimiento inicial contenido en las referidas Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 y 0177/2012, estableciendo que a efectos de conceder la tutela, debe efectuarse una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, las circunstancias y los supuestos derechos vulnerados, haciendo prevalecer la verdad material sobre la formal; señalando expresamente que: "... la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral por parte de las Jefaturas Departamentales de Trabajo, no provoca que, este Tribunal deba conceder la tutela y ordenar su cumplimiento, en su caso, se hará una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerado".

Finalmente, a través de la SCP 1712/2013 de 10 de octubre5, el Tribunal Constitucional Plurinacional moduló el entendimiento contenido en la citada SCP 0900/2013² y recondujo la línea jurisprudencial a la SCP 2355/2012; en ese sentido, estableció que la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato; por lo que, su inobservancia habilita la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional, a menos que en la tramitación del proceso administrativo se evidencien lesiones del derecho al debido proceso.

No obstante a las modulaciones referidas, posteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales a la emitida el 2012 -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0609/2016-S2, 0813/2016-S1, 1312/2016-S1, entre otras-, continuaron aplicando el entendimiento establecido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 y 0177/2012, que conceden la tutela provisional, sin exigir requisitos adicionales vinculados a la fundamentación de la conminatoria o el análisis integral del caso.

Ahora bien, en los casos en que este Tribunal Constitucional Plurinacional concedió la tutela impetrada ante incumplimiento de conminatorias de reincorporación, también se pronunció sobre los sueldos devengados y otros beneficios sociales establecidos por ley, por entender que forman parte de la reparación que debe brindar la justicia constitucional ante la lesión a los derechos fundamentales. En ese sentido, por ejemplo, la señalada SCP 0177/2012 aprobó la resolución del Tribunal de garantías que concedió la tutela y dispuso la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. De manera expresa, la SCP 1608/2012 de 24 de septiembre, entre otras, luego de conceder la acción de amparo constitucional, dispuso la cancelación de sueldos devengados.

No obstante lo anotado precedentemente la SCP 0083/2014-S3 de 27 de octubre6, refirió que la jurisdicción constitucional no puede dimensionar el alcance de los sueldos devengados y otros beneficios, con el argumento que son las autoridades administrativas o judiciales las que deben realizar dicha labor; entendimiento que fue reiterado por la SCP 1130/2017-S3 de 31 de igual mes, entre otras.

Efectuada la contextualización jurisprudencial anterior, debe recordarse una de las características de los derechos humanos contenida en el art. 13.I de la CPE, cuál es su progresividad, que implica, por una parte, que los derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, no son un catálogo cerrado, sino que de manera permanente se amplían en cuanto al reconocimiento de nuevos derechos, como también se desprenden de la cláusula abierta prevista en el art. 13.II de la Ley Fundamental. Por otra parte, el principio de progresividad supone que las conquistas alcanzadas respecto a un derecho, ya sea a nivel normativo o jurisprudencial, no pueden luego ser desconocidas; lo que significa que en materia de derechos humanos, no corresponde la regresividad; es decir, el retroceder en la protección de los derechos humanos.

El principio de progresividad fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2491/2012, 0210/2013², 1617/2013, entre muchas otras. Así en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional señaló que este principio amerita la responsabilidad para el Estado boliviano, de no desconocer los logros y el desarrollo alcanzado en materia de derechos humanos en cuanto a la ampliación en número, al desarrollo de su contenido y al fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para su protección, con el afán de buscar el progreso constante del derecho internacional de derechos humanos que se inserta en nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad -art. 410.II de la CPE-.

Conforme a lo anotado, las medidas adoptadas por los órganos estatales que tienden a menoscabar derechos ya reconocidos o desmejorar una situación jurídica favorable vinculada a un derecho, constituyen una afectación al principio de progresividad.

En el marco del principio de progresividad, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre7 y 0087/2014-S3 de 27 de octubre8, que razonaron sobre la teoría del estándar jurisprudencial más alto, como metodología para definir la sentencia aplicable en un determinado caso, ante una pluralidad de entendimientos; metodología que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Norma Suprema y en los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho.

Conforme a lo anotado y en el marco de la contextualización de la línea jurisprudencial vinculada a la tutela directa de la acción de amparo constitucional por incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, cabe señalar que el estándar jurisprudencial más alto se encuentra en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012 y 1608/2012, al contener razonamientos que aseguran la máxima eficacia de los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la reparación; por cuanto, por una parte, se concede la tutela ante el incumplimiento de la conminatoria, sin necesidad de efectuar otras consideraciones como la fundamentación o la legalidad de la misma, exigencias que no toman en cuenta los principios que informan la materia laboral, que se encuentran reconocidos en el art. 48 de la CPE, que establece que las normas laborales se interpretarán sobre la base de los principios, entre otros, de protección de las trabajadoras y trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; y, de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y trabajador. Cabe aclarar, que lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien como lo señaló la jurisprudencia, podrá acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegal conminatoria, con independencia de la concesión de la tutela.

Este entendimiento, por otra parte, ya está contenido en la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero9, que en el marco del estándar jurisprudencial más alto, recondujo el entendimiento que exigía el análisis de la fundamentación y legalidad de la conminatoria, al razonamiento contenido en la SCP 0177/2012, indicando que ante el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional, señalando expresamente que ésta se constituye en el medio eficaz e inmediato para materializar el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral y proteger el derecho al trabajo; aclarando además, que a la justicia constitucional no le corresponde ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación al tiempo de determinar la reincorporación o si los datos, hechos y circunstancias ameritaban su decisión, pues dicho análisis corresponde ser realizado por la jurisdicción ordinaria.

Por otra parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012 y 1608/2012, como se analizó, se pronunciaron sobre los sueldos devengados y otros beneficios sociales, conforme a los principios de interpretación referidos en el anterior párrafo y considerando que toda concesión de la tutela supone la reparación de la lesión del derecho o la garantía constitucional invocada como vulnerada, en el marco de lo señalado por el art. 113.I de la CPE, que establece: "La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna"; disposición constitucional que es coherente con las normas internacionales sobre derechos humanos, en concreto, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) -que forma parte del bloque de constitucionalidad- la que desarrolló la reparación como concepto genérico que contiene a varios elementos. Así, para la referida Corte IDH, la reparación supone la restitución integral10 del derecho que fue lesionado; es decir, su restablecimiento a la situación anterior a su lesión; pero también, implica la adopción de otras medidas como la indemnización, que es la reparación por daños materiales físicos o mentales, los gastos incurridos, las pérdidas de ingreso, entre otros; la rehabilitación, en los casos que corresponda, comprendiendo la atención médica y psicosocial requerida; la satisfacción pública, que consiste en el reconocimiento de la responsabilidad; y, las garantías de no repetición que tienen por objeto adoptar medidas estructurales para evitar la repetición de las vulneraciones a derechos.