Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0399/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 62391-2024-125-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 06/24 de 26 de enero de 2024, cursante de fs. 126 vta. a 129 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Dorys Carrillo Suarez, Blanca Justa Aguilera Justiniano, Judith Gutiérrez Vásquez, Antonio Matilde Vega Sosa, Adrián Pedraza Pedraza, Bernardo Cruz Zeballos, Mario Pedraza Álvarez, Gary Herman Suarez Medrano, José Amilcar Rivero Butrón, Luis Gualberto Castro Vaca y Federico Roca Osuna contra Freddy Larrea Melgar y Sergio Cardona Chávez, Vocales de la Sala Social, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Tributaria Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Los accionantes por memoriales presentados el 25 de octubre y 8 de noviembre de 2023; cursantes de fs. 55 a 64; y, 70 y 75; manifestaron lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro de la demanda laboral sobre cobros de sueldos devengados seguida por sus personas contra el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del departamento de Santa Cruz -hoy tercero interesado-, el 9 de julio de 2005, fue declarada probada dicha demanda, y confirmada mediante Auto de Vista de 17 de junio de 2006, adquiriendo calidad de cosa juzgada por Auto Supremo (AS) de 25 de marzo de 2008, momento desde el cual transcurrieron más de quince años, sin que "hasta la fecha" se hubiese gestionado el pago de la suma adeudada, no obstante que realizaron una serie de actos procesales, y radicarse el proceso laboral en varios juzgados y los operadores judiciales dando cumplimiento a la Constitución Política del Estado y la diferente normativa, determinaron el pago de los sueldos devengados en su favor.
Una vez radicada la causa ante el Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, durante todo ese tiempo; es decir, desde el 2008, la entidad municipal demandada, rehusó a cancelarles la totalidad de sus derechos laborales, dilatando la ejecución de fallos ejecutoriados, amedrentando a operadores de justicia; posteriormente, por Auto de Vista 120 de 7 de noviembre de 2022, emitido por los entonces Vocales de la Sala Social Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se dispuso el plazo máximo y definitivo de tres meses para el pago de salarios devengados a todos los trabajadores demandantes a computarse desde la fecha de notificación al Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca hoy tercero interesado; determinación que a pesar de afectar sus derechos decidieron acatar dicha disposición fue acatada en cumplimiento al art. 88.I del Código Procesal Civil (CPC), decisión que fue notificada el 9 de marzo de 2023, a la referida entidad municipal, momento desde el cual se esperó pacientemente el plazo otorgado a esa entidad municipal.
Señalan que una vez más con la intención de no pagar el saldo adeudado de sus sueldos devengados, ante la notificación realizada al Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca hoy tercero interesado, con la Comisión Instruida de 9 de marzo de 2023, emitida por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, el abogado de la Unidad Jurídica de esa entidad municipal, luego de ocho días de la notificación, devolvió la misma el 17 de igual mes y año, con el argumento de que no hubiese sido debidamente oficiada, sin señalar cuál sería el error, realizando una vez más una serie de argumentos ilógicos y descontextualizados para interponer el incidente de nulidad, el cual fue rechazado, conminándole incluso a dicho profesional a no realizar más actos dilatorios; sin embargo, volvió a interponer incidente de nulidad bajo los mismos argumentos reconociendo en su memorial de manera tácita que ya fue notificado con el Auto de Vista 120 de 7 de noviembre del citado año; es decir, que no podía solicitar la nulidad de un acto procesal cuando ya fue consentido tácitamente con el conocimiento de su contenido, al haber cumplido la notificación su cometido.
Finalmente, ante un nuevo incidente de nulidad con idénticos argumentos que los anteriores, se emitió el Auto 193/23 de 4 de agosto de 2023, contra el cual, la entidad municipal demandada interpuso recurso de apelación, sin señalar cuáles hubiesen sido los agravios cometidos al momento de emitirse el referido Auto; sin embargo, de manera ilegal y vulnerando sus derechos, los Vocales ahora accionados, emitieron el Auto de Vista 146 de 13 de octubre del citado año, anulando el Auto 193/23, cuando al momento de interponer el recurso de apelación contra esa determinación, ello no fue pedido.
I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a una resolución motivada y fundamentada, a la congruencia entre lo demandado y lo resuelto y el derecho al pago de sueldos devengados y al debido proceso en cuanto a la razonabilidad; citando al efecto los arts. 48 y 115.II, de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista 146/23 de 13 de octubre de 2023, disponiendo que se mantenga firme y subsistente el Auto 193/23 de 4 de agosto del citado año.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia virtual el 26 de enero de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 110 a 126 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
Los accionantes, a través de su abogado, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
I.2.2. Informe de las autoridades accionadas
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