Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0400/2019-S2 Sucre, 24 de junio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad
Expediente: 27372-2019-55-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución de 3/2019 de 25 de enero, cursante de fs. 35 a 36, dictada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roberto Rodolfo Valverde Olmos contra Rafael Alcón Aliaga, Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 23 de enero de 2019, cursante de fs. 3 a 4 vta., el accionante expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Que mediante Sentencia de 12 de octubre de 2015, el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz lo condenó a una pena privativa de libertad de cuatro años.
Alegó que al amparo y cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), interpuso un incidente de Redención, que fue de conocimiento del Juez hoy demandado. En ese orden, cumplidos los trámites de ley, se emitió la Resolución 698/2018 de 17 de diciembre, mediante la cual redimió ocho meses y ocho días del tiempo de su condena. Posteriormente, según refiere el cómputo de Pena cumplida de 9 de enero de 2019, elaborado por el Secretario del Juzgado, se determinó que el tiempo total de pena cumplida, ascendía a cuatro años, cuatro meses y veintidós días, demostrándose que la pena habría sido cumplida inclusive por demás a la condena impuesta.
Denunció que en base al informe referido, solicitó al Juez hoy demandado la emisión del correspondiente mandamiento de libertad, autoridad que en un principio ordenó se practique el cómputo y un informe por Secretaría del Juzgado; sin embargo y pese al cumplimiento de lo ordenado no se emitió la respectiva Resolución, ante lo cual nuevamente pidió se resuelva el incidente de Redención, empero la autoridad ahora demandada dispuso que el solicitante debía esperar la definición del recurso de apelación incidental interpuesto por "Jacqueline Quisberet Valdez". Sin haber tomado en cuenta que las apelaciones no causan estado en etapa de ejecución penal y que se encontraría cumpliendo una pena superior a la dispuesta en su Sentencia.
I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados
Denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a una justicia plural, oportuna y sin dilaciones, así como los principios de seguridad jurídica, celeridad e inmediatez, consagrados en los arts. 13, 22, 23.I, 74.I, 115.I y II, 117.II y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela que impetra y se disponga que se emita el correspondiente mandamiento de libertad, "debiendo imponerse ADEMAS las sanciones de responsabilidad civil y penal correspondientes" (sic).
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Celebrada la audiencia de acción de libertad el 25 de enero de 2015, conforme el acta cursante de fs. 31 a 34, se realizaron los siguientes actuados:
I.2.1.Ratificación de la acción
El accionante por intermedio de su abogado, ratificó in extenso los términos de la acción de libertad interpuesta, manifestando también que:
- a)Conforme lo dispone el art. 18 de la LEPS, el Juez de Ejecución Penal y en su caso el Juez de la causa deben garantizar a través de una permanente control jurisdiccional, la observancia estricta de los derechos y garantías que consagran el orden constitucional, los tratados y convenios internacionales y las leyes, a favor de las personas privadas de libertad;
- b)El art. 432 del Código de Procedimiento Penal (CPP) refiere que la Fiscalía y el imputado, podrán plantear incidentes relativos a la ejecución de la pena y que el mismo debe ser resuelto por el Juez de Ejecución Penal en audiencia oral y pública, que será convocada dentro de los cinco días siguientes a su promoción. La norma dispone que el Auto que resuelva el incidente puede ser apelado ante la "Corte Superior de la Justicia"; y,
- c)En relación a la impugnación planteada contra la Resolución de Redención, la misma refiere a la reparación de daños y perjuicios pretendida de parte de la víctima; sin embargo, pese que la Sentencia determina su pago, estas deben ser tramitadas por otro vía.
I.2.2. Informe de la autoridad demandada
Rafael Alcón Aliaga, Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito de 25 de enero de 2019, cursante a fs. 29, manifestó lo siguiente:
- 1)Es evidente que el accionante, mediante Resolución 698/2018, fue beneficiado con la Redención de la pena impuesta en su contra, dicha Resolución fue objeto de apelación incidental por parte de la víctima Jacqueline Cresencia Quisbert Valdez, disponiéndose el tramite previsto en los arts. 396 y 405 del CPP; y,
- 2)El art. 396.1 del mismo cuerpo adjetivo penal, señala que los recursos tienen efecto suspensivo salvo disposición en contraria, en consecuencia estando la impugnación planteada en trámite y pendiente de resolverse, la Resolución 698/2018 no se encuentra ejecutoriada. Por otro lado, se manifestó que el condenado tiene una pena cumplida tres años, ocho meses y veintinueve días.
I.2.3. Resolución
La Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/2019 de 25 de enero, cursante de fs. 35 a 36, concedió la tutela, disponiendo que el Juez demandado, emita el correspondiente mandamiento de libertad; decisión jurisdiccional asumida conforme a los siguientes argumentos:
- i)Por Resolución 698/2018, el Juez de Ejecución Penal Primero del mismo departamento declaró probado el incidente de Redención interpuesto por Roberto Rodolfo Valverde Olmos, mediante el cual se redimió al tiempo de condena, ocho meses y ocho días, en virtud al trabajo y estudio realizado por el interno, los cuales sumados al tiempo de condena parcial de 3 años, tres meses y quince días, al 16 de diciembre de 2018, resulta un total de cuatro años, tres meses y veintitrés días; y,
- ii)Por el computo de pena cumplida, elaborado por el Secretario Abogado, Raúl Gallo Ordoñez, se tiene que hasta el 9 de enero de 2019 el accionante habría cumplido cuatro años, cuatro meses y veintidós días de pena, lo cual supera la Sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del mismo departamento, en consecuencia en cumplimiento del art. 39 de la LEPS, corresponde al Juez demandado expedir el correspondiente mandamiento de libertad.
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