Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0400/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 54840-2023-110-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 0048/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 104 a 107, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gonzalo Ulloa Bonifaz contra José Antonio Revilla Martínez y Esteban Miranda Terán, ex Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante, por memoriales presentados el 13 y 25 de enero de 2023, cursantes de fs. 36 a 43; y, 49 a 50 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 28 de febrero de 2020, inició la demanda de reincorporación laboral contra la Compañía Eléctrica Sucre Sociedad Anónima (CESSA) -ahora tercera interesada-; en la que, trabajó durante catorce años a través de contratos a plazo fijo; por lo que, le correspondía ser contratado de manera indefinida de acuerdo a la Ley General del Trabajo; sin embargo, la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Cuarta de la Capital de Chuquisaca, por Sentencia 4/2021 de 23 de marzo, que fue citada el 1 de abril de 2021, declaró improbada dicha demanda, con el fundamento de que hubiese optado por el pago de beneficios sociales; decisión contra la cual interpuso recurso de apelación, emitiendo los Vocales de Sala Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, de manera justa y legal el Auto de Vista 644/2021 de 20 de septiembre, mediante el cual revocaron totalmente la indicada Sentencia, declarando probada su demanda de reincorporación laboral, más el pago de sueldos devengados desde el "día" de su ilegal destitución.
El 19 de noviembre de 2021, la entidad hoy tercera interesada interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 644/2021, el cual fue resuelto por los entonces Magistrados ahora accionados, quienes luego de un análisis totalmente equivocado, que no corresponde a la realidad de los hechos, emitieron el ; por el cual, resolvieron casar el mencionado Auto de Vista, manteniendo firme y subsistente la Sentencia 4/2021, considerando únicamente lo expuesto por la entidad hoy tercera interesada, sin ingresar a un análisis exhaustivo de su causa de cuáles fueron los hechos que alegó y las pruebas que presentó para acreditar que correspondía su reincorporación a su fuente laboral; empero, los entonces Magistrados ahora accionados señalaron que su persona optó por el cobro de sus beneficios sociales basándose en el finiquito y el comprobante de depósito por la suma de Bs3 143,42.- (tres mil ciento cuarenta y tres 42/100 bolivianos) sin efectuar una correcta valoración de la prueba; ya que, debieron contrastarla con su Estado de Cuenta de Fondo de Capitalización Individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que les hubiese permitido percatarse que ese finiquito no correspondía a la realidad de los hechos; puesto que, responde a un periodo de trabajo de diez meses y ocho días, cuando en su cuenta tiene acreditado aportes continuos de las gestiones 2018, 2019 y otras a partir del 2009, existiendo incluso aportes cuando trabajó para la indicada entidad a través de una empresa terciaria denominada "LUCURBS".
El , vulneró el principio de primacía de la realidad previsto por el art. 4.I.d) del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, debiendo tomarse en cuenta lo que verdaderamente sucedió en la realidad, sin importar la autonomía de la voluntad debiendo primar la realidad sobre la relación contractual; con base a dicho principio el art. 5 del referido Decreto Supremo, señala que cualquier forma de contrato, civil o comercial que pretenda encubrir la relación laboral no surtirá los efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente, concordante con el art. 48.III de la Constitución Política del Estado (CPE); principio que no fue aplicado por los entonces Magistrados hoy accionados; puesto que, de haber sido de esa manera hubiesen determinado que la entidad hoy tercera interesada, no le pagó beneficios sociales de acuerdo al tiempo real en el que prestó su trabajo durante catorce años, y si bien estampó su firma fue porque Recursos Humanos (RR.HH.) le indicó que se trataría de una formalidad y como todas las gestiones sólo descansaría uno o dos meses y se le volvería a llamar; por lo que, el finiquito y el depósito fueron hechos unilateralmente por la indicada entidad, pretendiendo seguir evadiendo cumplir con sus derechos laborales; asimismo, no se le consideró que tiene una hija de siete años de edad que padece de una condición delicada a consecuencia de un quiste en su cabeza que le impide su desarrollo normal.
I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo digno, a la estabilidad laboral, a la "seguridad jurídica", al debido proceso; y, a la inamovilidad laboral; así como, al principio de primacía de la realidad; citando al efecto los arts. 46.I, 48.II, 49.III, 77 y 115.II de la CPE.
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