0402/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0402/2019-S1 Sucre, 19 de junio de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 27037-2019-55-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 06-18 de 27 de diciembre de 2018, cursante de fs. 199 vta. a 201, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cynthia Carmiña Valencia Canedo en representación legal de la Sociedad Aceitera del Oriente (SAO) Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) contra Claudia Janneth Méndez Durán, Jueza Pública Civil y Comercial Tercera del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 21 y 24 de diciembre, ambos de 2018, cursantes de fs. 48 a 54 y de 146 a 147 vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Las arbitrarias medidas asumidas por la Jueza demandada, fueron impuestas en total desconocimiento del ordenamiento jurídico que regula los trámites de la ejecución forzosa, debido a que afectan la propiedad de terceros absolutos a dicho juicio ordinario, las mismas que recayeron sobre las cuotas de capital de tres empresas socias como son Betaco 1, 2 y 3, las cuales no juegan ningún rol en el juicio civil, del cual surgen las medidas precautorias, que tiene la única finalidad de proceder con el remate o venta forzosa de las cuotas de capital, existiendo por ello un riesgo inminente y peligro de daño irreparable, pues de continuarse con los trámites del remate se privaría de la propiedad a personas jurídicas que no son parte del proceso, lo que permite aplicar la excepción a la subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, pues las mismas fueron dispuestas en un momento que es materialmente imposible acudir ante la autoridad judicial que dispuso la medidas, dadas las vacaciones judiciales que corren hasta el 31 de diciembre de 2018; por lo cual, resulta urgente y necesaria la interposición de la presente acción tutelar. Asimismo, para hacer viable la excepción a la subsidiariedad, debe considerarse que como se señaló, existen obligaciones impostergables con los trabajadores, existiendo el riesgo inminente y el peligro irremediable de daño, por cuanto si las cuentas no son descongeladas, se vería imposibilitada de cumplir con los pagos de aguinaldo y doble aguinaldo quedando sujeta a penalidades.

Dentro del marco del proceso civil ordinario instaurado en su contra, se ordenó al Registro de Comercio de Bolivia, que anote preventivamente y se establezca una prohibición de innovar y de contratar sobre cuotas de capital que pertenecen a sus socios, quienes son terceros absolutos referente del proceso civil; por lo que, al haberse dispuesto dicha medida sobre bienes pertenecientes a terceros, se vulneró el marco jurídico más básico, pues se desconoció que es una persona jurídica, distinta, independiente y autónoma respecto de sus socios; asimismo, se ignoró que de acuerdo al ordenamiento jurídico objetivo, los mismos no responden con bienes propios (cuotas de capital) por las potenciales obligaciones contraídas por la sociedad de la que son socios, puesto que las cuotas de capital son bienes muebles de propiedad de los socios y no así de la sociedad, aspecto que se desprende de lo establecido en el art. 195 del Código de Comercio (Ccom), el cual limita la responsabilidad de los socios al monto de los aportes que efectúan a la sociedad. Por otro lado, también se desconoció que los tres propietarios de las cuotas de capital sobre las que recayeron ilegalmente las medidas precautorias, son los socios que se hallan inscritos en el Libro de Registro de Socios de la sociedad, conforme lo previsto en el art. 202 del citado Código; además, se desconocieron las normas previstas en el Código Civil relativas a la ejecución forzosa, que de manera explícita, señalan que, la ejecución forzosa recae sobre bienes propios del deudor y no así sobre bienes de terceros, como son los arts. 1335 y 1470 de la referida norma; por tal razón, al haberse establecido medidas precautorias sobre cuotas de capital de terceros absolutos que no revisten la calidad de deudores, se vulneró el debido proceso en su vertiente de aplicación objetiva de la ley.

Por otra parte, de igual forma las medidas precautorias establecidas vulneran su derecho al debido proceso en su vertiente de aplicación objetiva de la norma, puesto que en la práctica la retención dispuesta se extendió a un monto mayor del inicialmente ordenado, siendo claro el ordenamiento jurídico al determinar la medida máxima que puede alcanzar el embargo o retención de fondos, determinándose que en ningún caso dicha medida debe superar o exceder el monto suficiente para cubrir el crédito del acreedor, conforme lo previsto en el art. 1470 del Código Civil (CC); en el presente caso, los efectos de la retención dispuesta, fueron mucho más allá del límite legal objetivo previsto por la norma.