0402/2019-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0402/2019-S3 Sucre, 8 de agosto de 2019

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional

Expediente: 27971-2019-56-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución AAC-0002/2019 de 6 de marzo, cursante de fs. 87 a 92, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Federico Chura Rojas contra Elva Terceros Cuéllar y Rufo Nivardo Vásquez Mercado, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Mediante memorial presentado el 18 de febrero de 2019, cursante de fs. 17 a 27, el accionante señaló que: I.1.1. Hechos que motivan la acción Es poseedor y propietario de un lote de terreno de 0.2338 ha de superficie, ubicado en el municipio de Tolata, provincia Germán Jordán del departamento de Cochabamba; registrado bajo Folio Real con Matrícula 3080300000343 Asiento 1 de 8 de septiembre de 2017. Instauró demanda de desalojo por avasallamiento contra Ramiro y Walter Torrico Flores; en consecuencia, la Jueza Agroambiental de Punata del departamento citado, dictó la Sentencia 14/2018 de 18 de septiembre, por la que declaró probada en parte la misma, determinando que los demandados desalojen voluntariamente la extensión superficial de 510 m2 en el plazo de noventa y seis horas, en caso de incumplimiento dispuso otorgar diez días perentorios para su ejecución con alternativa de auxilio de la fuerza pública de ser necesario una vez ejecutoriado el fallo, habiendo recurrido en casación, los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental Plurinacional emitieron el Auto Agroambiental Plurinacional S2a 94/2018 de 21 de noviembre, determinando anular obrados hasta el auto de admisión, ordenando a la enunciada Jueza reconducir el proceso conforme al análisis y entendimiento de la Resolución precitada. La Jueza a quo asignó valor probatorio a cada uno de los documentos presentados en juicio; en el cuarto Considerando de la Sentencia aludida, dio por acreditado el primer presupuesto que exige la demanda que planteó -su derecho propietario inscrito en Derechos Reales (DD.RR.)- asimismo, en cuanto al segundo presupuesto -la ocupación de hecho de una parte de la propiedad-, fundamentó que el Folio Real adjuntado por el codemandado del proceso ordinario, respaldó que Ramiro Torrico Flores y María Ivone Encinas Salvatierra de Torrico, son propietarios de una fracción de terreno de 690 99 m2 y no del total de 1 200 m2; en relación al terreno restante, presentaron documento privado de compraventa el mismo que al no estar registrado en DD.RR. no surte efecto contra terceros, de acuerdo a lo establecido por el art. 1538 del Código Civil (CC). Los Magistrados demandados efectuaron una valoración de la prueba apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad; toda vez que concluyeron que: "...[dada] la ponderación de derechos propietarios equivalentes que fueron valorados por la juzgadora de manera errónea y al no poderse determinarse el acto lesivo del avasallamiento por cuanto demandante y demandado acreditaron derechos de propiedad, cumpliendo así con la carga probatoria, la demanda se torna en improponible, porque no existe la posibilidad de re[s]guardar el derecho de propiedad del demandado en desmedro del demandado, consecuentemente al fallar de la forma (...) en la que Juez Agroambiental de Punata vulnera el debido proceso y el derecho a la propiedad y en total desconocimiento de la ley N° 477..." (sic), afirmación que resulta sesgada y parcializada en cuanto a la ponderación de derechos propietarios equivalentes, pues los codemandados demostraron documentalmente que sólo tienen derecho de una parte del predio debidamente registrado en DD.RR. con la fe probatoria otorgada por el art. 1538 CC y del resto del terreno cuentan con un documento privado -que además es inexistente en archivos del Órgano Judicial-, por lo que no tiene efecto contra terceros. Asimismo, determinaron que la demanda planteada se torna improponible y dispusieron la nulidad de obrados hasta el auto de admisión, lo que quiere decir que la Jueza Agroambiental deberá determinar en ese sentido, aspecto que vulnera su derecho al acceso a la justicia; por otro lado, cómo podría tomar esa decisión, si en el primer momento la autoridad judicial solamente tuvo conocimiento de la prueba ofrecida en la pretensión y no de los demás actuados que fueron anulados, entonces bajo qué argumento utilizó esos documentos para tal resolución. En el fallo impugnado no se fundamentó de qué manera se vulneró los derechos al debido proceso y a la propiedad de los demandados en la vía ordinaria, además por qué "...desconoce la ley..." (sic), el razonamiento dilucidado por la Jueza Agroambiental, así como tampoco explicaron qué pruebas fueron sometidas a la valoración legal y cuáles a la sana crítica, y el por qué se apartaron de la tasación legal que le asigna la ley a los documentos presentados. Los Magistrados demandados valoraron la prueba como equivalente bajo el supuesto de que demandante y demandado acreditaron derechos de propiedad, cuando el art. 1538 del CC expresamente determina que ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros, sino desde el momento de su inscripción en DD.RR., su derecho propietario se halla debidamente registrado, teniendo la fe probatoria que le asignan los arts. 1287 y 1538 del CC, los demandados del proceso ordinario presentaron copia legalizada de documento privado de compraventa de 2 de septiembre de 2010, el mismo que se encuentra reconocido simplemente por los compradores hecho que fue denunciado en audiencia de 4 de diciembre de 2018, por lo que carece de valor legal, a pesar de ese defecto consiguieron registrarlo en DD.RR. en la superficie de 690 99 m2; por otra parte, arrimaron documento privado de 2 de enero de 1990, inexistente conforme a la certificación de "fs. 17", por lo que tal literal carece de eficacia probatoria; razones por las que no podían considerarse equivalentes a documentos "fraguados" y que no tienen el valor probatorio que le asigna la ley. Los Magistrados concluyeron que los demandados "...al señalar que junto a su esposa María Ivone Encinas Salvatierra de Torrico, habrían adquirido de buena fe dos terrenos (...) bajo las Matriculas Nos. 3081050001797 y 3081050001790, terrenos que habrían sido transferidos por documento[s] de compra y venta, el primero de fecha 02/01/1990 y el segundo en fecha 02/09/2010, sobre los cuales estaría en quieta y pacifica posesión" (sic); sin embargo, no revisaron minuciosamente que los Folios Reales con Matrículas vigentes referidos se encuentran a nombre de Eveling Eguia de Terán y Mirian Eguia de Olmos; por lo que, basaron su decisión en una prueba que refleja un hecho diferente al utilizado en la argumentación. La demanda de despojo por avasallamiento planteada cumple con los requisitos exigidos por el art. 110 del Código Procesal Civil (CPC) y el interés tutelado se encuentra previsto en el art. 5 y ss. de la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013-, por lo que le negaron el acceso a la justicia pronta y oportuna. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante consideró como lesionados sus derechos a la propiedad privada y al debido proceso en sus componentes de acceso a la justicia pronta y oportuna, motivación y valoración de la prueba, citando al efecto los arts. 56, 115 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio