0404/2021-S1

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se disponga:

1. a)La inmediata reincorporación al último cargo que desempeñaba con el mismo salario percibido; más el pago de salarios devengados y, demás derechos sociales; y,
2. b)La condenación de costas, costos, daños y perjuicios.

Héctor Freddy Montaño Totola, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, a través de su representante legal, presentó informe escrito el 23 de septiembre de 2020, cursante fs. 60 a 63, solicitando que no se dé curso a la reincorporación; e, informando que:

1. 1)Roxana Padilla Montecinos tenía un primer contrato bajo la modalidad de consultoría en línea del 28 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2018, en el cargo de Apoyo en el Servicio de Recojo y Limpieza de Basura, conforme a la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, y que no es considerado como contrato a plazo fijo, por lo que no puede ser contabilizado como un primer contrato; posteriormente es contratada a plazo fijo bajo la modalidad de contrato eventual desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019, siendo este el primer contrato a plazo fijo, sujeto a la Ley del Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999;
2. 2)Respecto a que la misma trabajó con contrato verbal, es falso ya que como institución pública toda persona es contratada bajo alguna modalidad de contratación con designación por ítem, no estando permitidas las contrataciones verbales, y que la accionante está afiliada a un Sindicato que realiza compromisos con los trabajadores de ser recontratados, empero estos compromisos son completamente independientes a la institución, y que los controles de asistencia en la institución son biométricos y no manuales;
3. 3)La Conminatoria MTEPS-JDT CO-026/2020 mediante la que se conminó al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba a proceder a la reincorporación de Roxana Padilla Montecinos, en el último cargo que venía desempeñando, así como al pago de salarios devengados y demás derechos laborales, no consideró ni valoró la prueba presentada por el referido Gobierno Autónomo Municipal, tampoco tomó en cuenta que de acuerdo al art. 5 del Decreto Supremo (DS) 012 de 19 de febrero de 2009 no gozan de beneficio de inamovilidad laboral la madre o el padre que incurran en causales de conclusión de la relación laboral; la inamovilidad laboral no se aplica en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales, o en contratos de obra; tampoco se consideró que el primer contrato era de consultoría en línea, sin que el consultor goce de ningún beneficio; y, no se consideró que el contrato a plazo fijo fue el primer contrato; y;
4. 4)Se considera a la accionante como si fuese una trabajadora plenamente sujeta a la Ley General del Trabajo (LGT) por la promulgación de la Ley 1156 de 12 de marzo de 2019, que modificó a la Ley 321 y que amplió la aplicación de la LGT a los Gobiernos Municipales que cuenten con once concejalas o concejales, como es el caso del Municipio de Quillacollo, empero para la aplicación de la Ley 1156 existe un periodo de transición, y que la Ley no es retroactiva; por lo que, estando amparados los trabajadores del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba desde el 12 de marzo de 2019, en ese entonces la impetrante de tutela solo tenía un primer contrato amparado por la LGT, dado que, no era procedente la reincorporación laboral de la trabajadora al no haber sido despedida, sino, al cumplimiento de su contrato; de manera que, la conminatoria de reincorporación laboral fue impugnada por recurso de revocatoria que aún no resolvió en la vía administrativa.

La Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba, mediante Resolución AAC-0048/2020 de 24 de septiembre, cursante de fs. 66 a 69 vta., concedió la tutela, disponiendo el cumplimiento inmediato de la Conminatoria MTEPS-JDT CO-026/2020 de 16 de junio; sin lugar a costas procesales y multas por no haberse demostrado documentalmente en esta instancia; determinación efectuada sobre la base de los siguientes fundamentos;

1. i)El Tribunal Constitucional Plurinacional señaló que la reincorporación dispuesta por la autoridad administrativa dictada por las Jefaturas Departamentales del Trabajo, debe se cumplida sin excusa ni demora alguna por el empleador, dada la protección que merece el derecho al trabajo por parte del Estado y en observancia de los principios de continuidad y estabilidad de la relación laboral; y,
2. ii)En el caso concreto, no se dio cumplimiento a la Conminatoria MTEPS-JDT CO-026/2020, que dispuso la reincorporación de la trabajadora.